Luis Miguel Corona Chávez
Expediente 620/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Miguel Corona Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria certifica: que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el presente juicio transcurrió del catorce al veintisiete de diciembre del dos mil veintiuno, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado el diez de diciembre pasado; con la anterior certificación y con el estado procesal se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. Archivo. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************3. Incidente de suspensión. Sin hacer pronunciamiento, toda vez que no se tramitó.********************4. Devolución de copias certificadas. Devuélvase las copias certificadas, derivadas del SIPE 681/2019, relativo al procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso, que anexó como complemento a su informe justificado el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; solicítese acuse de recibo.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza
- Principal
TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Cuarto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado5, negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto 2 Consultable en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 3 Tesis: P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255. 4 Denominación correcta de la autoridad señalada por el quejoso como: "C. JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS DEL CUARTO JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO". 5 Registrado en la Oficialía de Partes de este juzgado con número de folio 14821. a la solicitud realizada por el defensor público del quejoso, relativa al otorgamiento de la libertad preparatoria prevista en el artículo 84 del Código Penal Federal, en relación con la pena de prisión impuesta en la causa penal 14/2013-II, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. A efecto de acreditar dichas afirmaciones, la responsable allegó diversas constancias relativas al incidente no especificado de libertad preparatoria con número 53/2021, las cuales merecen valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es ilustrativa, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cabe aclarar que de las constancias de mérito se advierte que, mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el licenciado Pedro de Jesús Arenas Núñez (defensor público del aquí quejoso), solicitó la concesión a su patrocinado del beneficio de la libertad preparatoria contemplada en el artículo 84 del Código Penal Federal, con relación a la pena de prisión impuesta en la causa penal 14/2013-II, del índice del 6 Visible en la página 153, del tomo VI, materia común, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Asimismo, que fue hasta el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que mediante resolución dictada dentro del incidente no especificado de libertad preparatoria con número 53/2021, la Juez Cuarto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, se pronunció respecto del fondo de la referida petición. En esas condiciones, es evidente que al ocho de noviembre de dos mil veintiuno (fecha en que se presentó la demanda de amparo)7, la omisión de proveer respecto a la solicitud de libertad preparatoria formulada por la defensa del aquí quejoso subsistía, de ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a la juez responsable. Se estima así, debido a que cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado. Es aplicable, la tesis II.1º.C.T217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito8, de texto y rubro: 7 Tal y como se advierte de la boleta que contiene el sello de recepción de la demanda de amparo (foja 1). CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, es así, ya que al ser de carácter omisivo; la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, entonces, teniendo en cuenta que dicha conducta no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, la promoción del juicio de amparo contra actos que involucren omisiones de las autoridades, no se encuentran sujetos al término genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo10. la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,12 cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de 12 Visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758. examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como se precisó, el quejoso, reclama de la Juez Cuarto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la omisión de proveer respecto a la solicitud realizada por el defensor público del quejoso, consistente en el otorgamiento de la libertad preparatoria prevista en el artículo 84 del Código Penal Federal, en relación con la pena de prisión impuesta en la causa penal 14/2013-II, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Ahora, a efecto de dar claridad al problema jurídico planteado, es pertinente traer a colación, los antecedentes que derivan del incidente no especificado de libertad preparatoria con número 53/2021, de las que se advierte que: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, Pedro de Jesús Arenas Núñez, en cuanto defensor público de Luis Miguel Corona Chávez, solicitó en favor de su defendido la aplicación del beneficio de libertad preparatoria; por lo que promovió incidente no especificado. 2. La solicitud de referencia, fue turnada el diez de mayo de dos mil veintiuno al Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, quien, en proveído de trece siguiente, lo registró con número de expediente SD 53/2021, relativo al incidente de libertad preparatoria; y previo a analizar la procedencia de lo solicitado, se requirió al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS Michoacán", en Buenavista Tomatlán, Michoacán (lugar de reclusión del quejoso), y al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", en Villa Aldama, Veracruz, para que remitieran una serie de informes relativas a la reclusión del aquí quejoso. 3. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró fundado el incidente de remisión parcial de pena en favor de Luis Miguel Corona Chávez, y al encontrar satisfechos los requisitos previstos en el artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y 18 constitucional, se concedió a Miguel Corona Chávez, la remisión parcial de la deuda; y en consecuencia, se ordenó su inmediata libertad y excarcelación, única y exclusivamente por lo que se refiere al proceso 14/2013, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; por lo que, se estimó innecesario el estudio del beneficio de libertad preparatoria solicitada. En tal virtud, si el acto reclamado por el quejoso se hace consistir en la conducta omisiva de la Juez responsable de proveer respecto a la solicitud de libertar preparatoria formulada por conducto de su defensor; y si de las documentales que anexó la responsable se desprende, que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se resolvió respecto a la petición formulada, la cual se substanció mediante el incidente SD 53/2021, en el que, se concedió a Miguel Corona Chávez, la remisión parcial de la deuda; y en consecuencia, se ordenó su inmediata libertad y excarcelación, única y exclusivamente por lo que se refiere al proceso 14/2013, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, destaca la razón actuarial de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que el actuario adscrito a este juzgado, asentó que se constituyó en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, fue atendido por María Auxilio Jaimes, auxiliar administrativo del departamento jurídico, quien le informó que Luis Miguel Corona Chávez, fue puesto en libertad el catorce de noviembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, es inconcuso que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues es evidente que la omisión reclamada por la parte quejosa, cesó en sus efectos, al haberse dado la respuesta solicitada por el quejoso, incluso en forma favorable a sus pretensiones. Es aplicable, por las razones jurídicas que la informan, la tesis aislada número LXIX, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación13, cuyo título y rubro literalmente dicen: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto 13 Visible en la página 3750 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, con número de registro 353639. por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación14, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado que se analiza respecto al citado quejoso, se hace innecesario el análisis de su constitucionalidad, pues la posible afectación causada al impetrante de garantías ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado (omisión de proveer respecto a la solicitud de libertad preparatoria del quejoso) y en consideración a la nueva situación en la que se sitúa, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada. 14 Consultable en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196820. En mérito de las anteriores consideraciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 71, tomo VI, noviembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,15 cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia 15 Consultable en la página 57, del tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 214593. que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". ALEGATOS. En otro contexto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la fiscal federal de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen.16 SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos 16 Criterio sustentado por Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 23/93, visible en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Miguel Corona Chávez, contra los actos reclamado a la autoridad responsable precisadas en la consideración segunda, por las razones expuestas en el diverso quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la s
- Principal
En veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 15327. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito presentado por el Defensor Público Federal Juventino Rosas Aceves. 2. Representante especial acepta y protesta cargo. Téngase a Juventino Rosas Aceves, Defensor Público Federal, aceptando y protestando el cargo de representante especial de la parte quejosa; en esa virtud, dese vista con todo lo actuado dentro del presente juicio. Téngasele proporcionando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso; asimismo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a Nicolás Dimas Pérez. Además, con apoyo en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando los correos electrónicos que indica, a fin de gestionar la práctica de las notificaciones que deriven del presente juicio; por tanto, manténgase bajo resguardo, a fin de que sean utilizados como medios especiales y expeditos de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. En ese mismo contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar las determinaciones recaídas en autos, la sentencia dictada, así como las subsecuentes que deriven del presente asunto a través del usuario "juroace"; para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. 3. Notificación a la parte quejosa. Finalmente, dado que la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que le notifique el presente proveído y le entregue copia del mismo, siguiendo los lineamientos en auto de veintiuno del mes y año en curso. Finalmente, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con dos oficios, el primero recibido vía SISE Interconexión, mientras que el segundo recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo los folios 15171 y 15174. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el escrito suscrito por Armando Ibarra Aguilar, sin embargo, dígasele que no ha lugar a lo solicitado, ya que por auto de diez del mes y año en curso, el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, designó como representante especial del quejoso al licenciado Juventino Rosas Aceves. 2. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Jueza Cuarto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, rindiendo su informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de reclusión y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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