Luis Héctor Godínez García
Expediente 385/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Héctor Godínez García
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio que remite la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, mediante el cual devuelve, sin diligenciar por las razones que expone, el despacho 250/2019 (número de orden 1081/2019), que le fue enviado a efecto de notificar al quejoso Luis Héctor Godínez García. Dese de baja la comunicación oficial y hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. Ahora, de la razón actuarial de veinte de agosto del año en curso, se desprende que en el domicilio señalado por el quejoso para recibir notificaciones, no vive ahí; en esa virtud, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez.
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de agosto de dos mil diecinueve. AUTO DESACHAMIENTO Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. REGISTRO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta el cuaderno de incompetencia 551/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Luis Héctor Godínez García, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán, y otras autoridades. 1.1 Ahora bien, de la resolución de quince de julio de dos mil diecinueve, emitida por la superioridad, se advierte que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida en la vía directa, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, ni una resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3 Regístrese la demanda de amparo bajo el número 385/2019. 2. EXAMEN DE LA DEMANDA Y PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados, en: 2.1. El ilegal emplazamiento a juicio, así como la orden de embargo ordenada y/o ejecutada en bienes de su propiedad, y el registro ordenado de dicho embargo, actos dictados por el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil de Tanhuato, Michoacán, en el juicio ejecutivo mercantil 204/2019. 3. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En el caso, en relación a la diligencia de emplazamiento reclamada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado mediante el incidente de nulidad de actuaciones. En ese orden de ideas, conviene destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo... En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo que establecen los artículos 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1394, 1395 y 1414 del Código de Comercio: "Artículo. 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Artículo. 1,350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. Artículo. 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. Artículo. 1,352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional. Artículo. 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. Artículo. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores...En tales circunstancias, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113, en relación con el 61 fracciones XVIII y XXIII, en concordancia con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo. 3. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. La parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Madero, número 74, centro de Tanhuato, Michoacán. 3.1. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán, para que por su conducto ordene a quien corresponda, notifique a la parte quejosa el presente proveído; asimismo, la requiera para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le correrán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al Juez auxiliar para que, de estimarlo necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario notificador lleve a cabo la diligencia encomendada. En ese orden, se tienen por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Luis Arturo Pahua Rojas, Juan Pablo Álvarez García y Esteban Ulices Avalos García, por así haberlo solicitado expresamente. 4. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, tomado en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3161/2019; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz. Doy fe.
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