Luis Miguel Acupeña Arellana

Expediente 625/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
625/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Miguel Acupeña Arellana
  • Titular del Departamento Juridico de Regulación Migratoria, del Instituo Nacional de Migración

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte la comunicación oficial 248/2021, despacho 50/2021 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, no fue dada de baja; por tanto, se ordena dar de baja y hacer las anotaciones en el libro electrónico correspondiente, toda vez que en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó su archivo definitivo. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la suspensión de plano, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada Verónica Uranga Luviano, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 625/2021-VI, promovido por Luis Miguel Acupeña Arellana, contra actos del Titular del Departamento Jurídico de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentada el once de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado en la misma fecha, Luis Miguel Acupeña Arellana, solicitó la protección constitucional, contra actos de las autoridades señaladas como responsables Titular del Departamento Jurídico de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad Titular del Departamento Jurídico de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades, de quienes se reclamó los siguientes actos: "IV.- ACTOS RECLAMADOS 1. De las autoridades señaladas como responsables, les reclamo la ilegal e inconstitucional TENER ASEGURADO, PRIVADO DE LA LIBERTAD Y RESTRINGIRLE LA LIBERTAD DE TRÁNSITO POR EL PAÍS, y según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los tratados internacionales de los refugiados. 2. Reclamo la violación a la Ley de Refugiados, EXISTE EL TEMOR FUNDADO DE SER DEPORTADOS A SU PAIS DE ORIGEN ECUADOR, lo cual nos causaría un agravio a nuestra persona de difícil de reparar, pues el haber salido de mi natal Ecuador fue ante el temor de perder la vida ante la violencia que actualmente existe dentro de mi país debido a la pandilla denominada mara salvatrucha y delincuencia organizada." Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 11, 24, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de que se trata, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, en virtud de que los actos que se reclaman le son imputados a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, el acto siguiente: La ilegal e inconstitucional privación de la libertad y restricción del libre tránsito por el país de los quejosos, así como el temor fundado de que sea deportado a su país de origen Ecuador. TERCERO. La autoridad responsable, Titular del Departamento de Asuntos Jurídicos, adscrito a la Oficina de Representación de Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna a fin de demostrar lo contrario a lo informado por las autoridades responsables. En esa virtud, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. La autoridad responsable, Representante Local de la estación Migratoria de Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chihuahua, y Jefe del Departamento de Operación Seguridad y Custodia de la estación Migratoria Janos, Chihuahua, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificada para tales efectos, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos del presente juicio de amparo, y haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para rendir su informe respectivo; en consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen como presuntivamente ciertos los actos que se les reclaman. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación, pues en ellos la quejosa alega, básicamente que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que pretenden deportarlos, expulsarlos o repatriarlos a su país de origen (Ecuador), así como mantenerlo privado de su libertad y restringirle el libre tránsito en el país. Ahora bien, previo a examinar el cuestionamiento aludido, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. El indicado precepto legal, estatuye: "Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley.". Cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del Juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, a que hace referencia el diverso numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no emerge en el caso justiciable, merced a que, este supuesto solamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión del fallo respectivo. Empero, cuando la autoridad es omisa o advierte la certeza del acto reclamado en su informe justificado, no tiene aplicación el antedicho artículo 75, párrafo tercero, ya que en esta hipótesis debe aplicarse el precepto 117 de la ley de la materia, que establece, en términos genéricos, que corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional, cuando no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Es ilustrativa a la anterior consideración, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6530, Tomo LXXII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Retomando el examen del artículo 117 de la Ley de Amparo, se advierte que prevé dos aspectos distintos, a saber: a) La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. b) Cuando se da la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo. Sobre los destacados puntos, cabe abundar que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no así, respecto de las circunstancias que lo rodean, como es su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues, el dispositivo en análisis, es claro en contemplar que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, entre otras cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ilustra las acotaciones anteriores el criterio jurisprudencial 2a./J. 23/94 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, página veinte, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de amparo, lo único que debe tenerse por cierto es el acto reclamado, sin embargo, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, en virtud de que no hay precepto que así lo establezca. En lo que atañe a la segunda parte del tercer párrafo del supradicho numeral 117, se establece, como regla general, que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; empero, prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario queda relevado de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Así pues, lo que determina si la carga probatoria recae en el impetrante de amparo, es precisamente, la circunstancia de que el acto sea o no violatorio de derechos fundamentales en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría apegado a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por tanto, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos fundamentales no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Carta Magna surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De aceptarse lo contrario, se llegaría al extremo de que ante un acto inconstitucional en sí mismo, se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que, el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. Resulta aplicable en el caso, la tesis II.2o.93 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 301, Tomo XIII, marzo de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal." De acuerdo con las consideraciones anteriores es válido concluir, que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de deportación de la parte quejosa, y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y restricción de libre tránsito en el país de la impetrante del amparo, que se tuvieron como ciertos en virtud de la omisión de las autoridades citadas en rendir su informe justificado, de ninguna manera es inconstitucional en sí mismo, ya que la impetrante del amparo no acreditó que en la emisión de dicho mandamiento de molestia, así como su ejecución, la autoridad responsable actuara fuera de los márgenes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es preciso destacar lo que al efecto establecen diversas disposiciones normativas aplicables al caso concreto: "Artículos 1º, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Además el artículo 1º, 7º, 66, 67 y 68 de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1º de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: LEY DE MIGRACIÓN. "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." "Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley. El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria." "Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos." Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley. "REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN. "Artículo 1º Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." En consecuencia, al no estimarse que el acto reclamado, sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas con los que cuente la responsable y, que en la especie correspondía a la parte quejosa la carga de probar tal evento, sin que así lo hubiera hecho, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer. Consecuentemente, al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que respecta a la orden de deportación reclamada, y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y restricción de libre tránsito en el país del impetrante del amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 216, 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Miguel Acupeña Arellana, respecto de los actos atribuidos la autoridad señalada en el considerando tercero de la presente resolución y por los motivos mencionados en el referido considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Miguel Acupeña Arellana, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el escrito y oficio de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Ahora bien, y en atención a que del mismo se desprende que el quejoso Luis Miguel Acupeña Arellana, se desiste lisa y llanamente del presente juicio de garantías, requiérasele para que en un término que no exceda de tres días, contados a partir del en que quede notificado del presente proveído, se presente ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma del escrito de referencia, en la inteligencia que de no hacerlo, se continuará con el trámite de este expediente. Lo anterior es así, tomando en consideración que el querellante de garantías, puede desistirse del juicio de amparo en cualquier etapa del mismo, siempre y cuando, no cause ejecutoria el fallo constitucional que eventualmente se emita en el controvertido de amparo en el que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Tomo: XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que con el texto: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como une de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Ahora bien, se hace del conocimiento de la parte quejosa que previamente deberá de agendar cita para su comparecencia a este Juzgado, en el horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes, en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales" dentro del cual encontrarán la "Agenda OJ", la cual genera entre otras, el desahogo de comparecencias a través de un proceso automatizado que otorga a solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante, siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional a consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Por otra parte, se tiene a la Sub Directora Estancia Migratoria Janos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Janos, Chihuahua, rindiendo su correspondiente informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada por este Tribunal Federal, y haciendo las manifestaciones a que hacen referencia, lo cual será tomado en consideración en su momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE, HACIÉNDOLO PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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