Luis Mario Hernández Rodríguez
Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
- Luis Mario Hernández Rodríguez y Otros.
- Luis Mario Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene al Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se aceptó la competencia y se admitió a trámite el juicio de amparo del cual deriva el presente cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, en virtud de lo expuesto en el párrafo que precede y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio atinente al sobreseimiento decretado en el mismo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que por una parte sobreseyó y por otra se declaró incompetente en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Asimismo, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
atento a su contenido y como lo solicita el licenciado Emilio González Román, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, y de conformidad con el numeral 278 del ordenamiento adjetivo civil federal, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las copias de las constancias que señala obrantes en el presente incidente de suspensión, previa toma de razón que se deje en autos; en el entendido de que será conforme las labores del juzgado lo permitan, tomando en cuenta las circunstancias y el personal limitado con que nos encontramos trabajando debido a la pandemia covid-19. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 64/2021-V-A, promovido por Luis Mario Hernández Rodríguez, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de enero del dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, Luis Mario Hernández Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistente en: "V.- ACTO RECLAMADO: 1.- De la PRIMER AUTORIDAD RESPONSABLE en su calidad de ordenadora, la resolución bajo el toca N 44/19, dictado en fecha 19 de noviembre del año 2019, por la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, consistente en la modificación de la resolución del procedimiento abreviado bajo la causa penal 1579/19 y que tiene como objeto la modificación del beneficio de la condena condicional otorgada a favor del hoy quejoso, como se evidencia en sus resolutivos primero y quinto, que a la letra dice: Primero.- Se modifica la resolución apelada únicamente por lo que hace al beneficio de la condena condicional, dejándola intocada respecto a los demás temas que fueron motivo de la sentencia del procedimiento abreviado. Quinto.- Se niega a los sentenciados el beneficio de la condena condicional por existir una restricción a dicho beneficio en el artículo 19 bis del código penal. 2.- De la SEGUNDA AUTORIDAD RESPONSABLE ordenadora en relación a la carpeta de ejecución No. 1031/2019, procedimiento ordinario de ejecución que se sigue en contra del hoy quejoso, así como el oficio No. 1036-2021 (c-te), que me fue notificado en fecha 18 de enero, en donde se requiere al hoy quejoso para que en un término de 5 días se interne de manera voluntaria al centro de reinserción social número 03 a fin de compurgar la pena del procedimiento antes descrito, así mismo, ante la negativa del quejoso se ordenó girar oficio para su orden de aprehensión inmediata, teniendo relación lo anterior lo expuesto con la resolución del toca que constituye el acto reclamado de la autoridad responsable ordenadora señalada como primera en el presente escrito. 3.- De las AUTORIDADES DENOMINADAS COMO EJECUTORAS la orden de aprehensión en perjuicio del quejoso, misma que tiene su origen en la resolución del toca N 44/19 dictado por la Tercera Sala Penal Regional y del procedimiento de ejecución No. 1031/19 ante el Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, ya que atenta contra mi libertad personal y que de llevarse a cabo dicha orden de aprehensión por dichas autoridades causarían un daño irreparable en mi persona, al situarme en dicho supuesto, en un completo estado de indefensión al no tener medio alguno de protección y tutela que haya valer mis derechos fundamentales ante autoridad competente alguna. Asimismo y encontrándome en tiempo, forma y derecho conforme al artículo 17 fracción II de la Ley de Amparo, es que se me tenga señalando los actos reclamados ya antes descritos por dichas autoridades." SEGUNDO. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El veintinueve de enero del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 64/2021-V-A; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se dio intervención como terceros interesados a los agentes del Ministerio Público que actúan en el toca penal y causa penal de origen; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que algunos de los actos reclamados, se atribuye a unas autoridades del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: a). La resolución de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada en el toca N 44/19, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante la cual modificó la resolución dictada en el procedimiento abreviado en la causa penal 1579/19, respecto a la negativa del beneficio de condena condicional otorgado a favor del quejoso. b). El oficio 1036-2021, ordenado en la carpeta de ejecución 1031/19, con motivo de la resolución de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada en el toca N 44/19, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y en el cual se le requiere al quejoso para que dentro del término de cinco días se interne de manera voluntaria al Centro de Reinserción Social Estatal Tres, a fin de compurgar la pena que le fue establecida en la resolución combatida. c). La orden de aprehensión, emitida en contra del quejoso, con motivo de la resolución dictada en el toca N 44/19, y en el procedimiento de ejecución 1031/19. Sin embargo, tal y como se advierte de los actos descritos en párrafos que preceden, en el presente asunto únicamente se resolverá lo relativo al acto señalado con el inciso c), esto es, en relación a la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso; y respecto a los diversos actos señalados en los incisos a) y b), atendiendo a los motivos que se expondrán en considerandos subsecuentes, por dichos actos se remite el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que por razón de turno le corresponda, por estimarse que son de su competencia y a efecto de que resuelva lo pertinente a los referidos actos materia de reclamo. TERCERO. El Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisione Estatal de Seguridad, Zona Norte; y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en eta ciudad; y Director General Jurídico, en representación legal del Fiscal General del Estado, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión y su ejecución), pues refiere la mencionada en primer término que no ha emitido orden de aprehensión en contra del quejoso. Al respecto, la parte agraviada no aportó pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al anterior razonamiento, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Las autoridades responsables, Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; y Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos que les reprochan, respecto a los identificados en el presente fallo, con los incisos a) y b), incluso la autoridad referida en primer término, en su informe que al respecto emitió, señaló que en la resolución de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada dentro del toca penal N 44/19, se modificó la sentencia condenatoria, únicamente por lo que hace al beneficio de la condena condicional, dejándola intocada respecto a los demás temas que fueron motivo de la sentencia del procedimiento abreviado, emitida al sentenciado aquí quejoso, dentro de la causa penal 1579/2019. Asimismo, la autoridad Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, agregó a su informe que el cinco de diciembre del dos mil diecinueve, emitió auto de radicación, al tener por recibido el oficio mediante el cual se le remitió copia de la sentencia dicta por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad y otras autoridades, en los autos del toca penal N 44/19, y dio por iniciado el procedimiento de ejecución, asignándole la carpeta de ejecución 1031/2019, notificándole al quejoso el oficio 1036/2021, el dieciocho de enero del dos mil veintiuno, mediante el cual se le requirió que se internara de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social Estatal Tres, a compurgar la pena de prisión que se le impuso, apercibido que de no hacerlo se ordenaría su aprehensión inmediata. A fin de acreditar su informe las autoridades remitieron diversas documentales, tales como copia certificada del toca de apelación N 44/19, y dos discos ópticos del audio y video relativos a la causa penal 1579/2019; asimismo, como copia certificada de constancias que integran la carpeta de ejecución 1031/2019. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIA CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. QUINTO. Ahora bien, como se expuso en el último párrafo del considerando segundo de esta resolución, respecto a los actos señalados con los incisos a) y b), materia de reclamo del impetrante del amparo, este juzgado estima carecer competencia para resolver sobre los mismos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, por los motivos que en seguida se expondrán. En principio, cabe destacar que la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados está prevista por el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.". En efecto, del numeral transcrito con antelación se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito, son legalmente competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, en el acto identificado con el inciso a), se advierte que se duele de la resolución diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada en el toca penal N 44/19, del índice de la autoridad responsable, en la cual, en sus puntos resolutivos se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la resolución apelada, únicamente por lo que hace al beneficio de la condena condicional, dejándola intocada respecto a los demás temas, que fueron motivo de la sentencia de procedimiento abreviado. SEGUNDO.- [LUIS MARIO HERNANDEZ RODRÍGUEZ] y [SAÚL EDUARDO GALINDO BARRAZA] son penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en perjuicio de la menor de [Javier Sánchez López]; por hechos ocurrido el tres de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las dos horas con diez minutos, en el cruce de las calles [Pradera de Baeza y Lucero], del fraccionamiento [Praderas de la Sierra], de esta ciudad. TERCERO.- Por tal conducta se le impone a los sentenciados una pena consistente en UN AÑO, DOS MESES DE PRISIÓN. La pena privativa de libertad, la deberán de compurgar en el establecimiento penitenciario que se le determine por el Juez de Ejecución de Penas Correspondiente, por lo que, se ordena a la Juez de Control que en términos del tercer párrafo del artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remita testimonio autorizado de esta determinación al Juez de Control de Ejecución de Penas que corresponda a fin de que dé inició al Procedimiento de Ejecución respectivo. En el entendido de que deberá computarse a favor de los sentenciados el tiempo que con motivo de estos hechos permanecieron privados de su libertad. CUARTO.- Se absuelve a los sentenciados de la reparación del daño, dado que no hubo petición al respecto por parte del Ministerio Público, así como del pago de la multa, correspondiente. QUINTO.- Se NIEGA a los sentenciados el BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL, por existir una restricción a dicho beneficio en el artículo 91 bis del Código Penal. SEXTO.- Se absuelve a los sentenciados del pago por concepto de gastos del proceso. SÉPTIMO.- Remítase testimonio de esta resolución a la Jueza de Control, a efecto de que notifique a las partes procesales de la misma, previa transcripción y engrosándose al Toca correspondiente. En su oportunidad, archívese el asunto. ASÍ LO RESOLVIÓ y firma la licenciada DORA IMELDA RODRÍGUEZ DÍAZ, Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Doy Fe." De lo antes expuesto, se advierte que el acto materia de reproche identificado con el inciso a), corresponde a una sentencia condenatoria, que pone fin al juicio en el que fue emitida. Asimismo, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el diverso acto identificado con el inciso b), es un acto emitido como consecuencia de la sentencia condenatoria definitiva, la cual aun no se encuentra firme, por lo cual, su análisis no se puede realizar de manera autónoma, por ende, su estudio debe ser por el Tribunal Colegiado competente. En esa virtud, y toda vez que el acto que reclama el quejoso, identificado con el inciso a), constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio, dado que es parte de una sentencia condenatoria que pone fin al juicio y el diverso acto identificado con el inciso b), que es emitido como consecuencia de la referida sentencia definitiva, se concluye que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda que promueve el quejoso Luis Mario Hernández Rodríguez, únicamente respecto a los actos identificados con el inciso a) y b). Por lo que, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en eta ciudad, para que resuelva lo pertinente a los actos mencionados en los incisos a) y b); lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales en su orden establecen: ".Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito..". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) en materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas...". Los preceptos legales transcritos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. En mérito de lo expuesto en párrafos que preceden, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común relativa, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1, fracción I, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Luis Mario Hernández Rodríguez, contra el acto y autoridades precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en dicho considerando. SEGUNDO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, declara carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio de amparo, respecto de los actos indicados en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Remítasele el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común relativa, a fin de que resuelva lo pertinente en relación con los actos indicados en el considerando quinto, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir esta sentencia, asimismo, atendiendo la suspensión de plazos y términos que se han realizado en los órganos jurisdiccionales con motivo de la pandemia que actualmente se vive. Doy Fe.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 64/2021-V-A, promovido por Luis Mario Hernández Rodríguez, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de enero del dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, Luis Mario Hernández Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistente en: "V.- ACTO RECLAMADO: 1.- De la PRIMER AUTORIDAD RESPONSABLE en su calidad de ordenadora, la resolución bajo el toca N 44/19, dictado en fecha 19 de noviembre del año 2019, por la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, consistente en la modificación de la resolución del procedimiento abreviado bajo la causa penal 1579/19 y que tiene como objeto la modificación del beneficio de la condena condicional otorgada a favor del hoy quejoso, como se evidencia en sus resolutivos primero y quinto, que a la letra dice: Primero.- Se modifica la resolución apelada únicamente por lo que hace al beneficio de la condena condicional, dejándola intocada respecto a los demás temas que fueron motivo de la sentencia del procedimiento abreviado. Quinto.- Se niega a los sentenciados el beneficio de la condena condicional por existir una restricción a dicho beneficio en el artículo 19 bis del código penal. 2.- De la SEGUNDA AUTORIDAD RESPONSABLE ordenadora en relación a la carpeta de ejecución No. 1031/2019, procedimiento ordinario de ejecución que se sigue en contra del hoy quejoso, así como el oficio No. 1036-2021 (c-te), que me fue notificado en fecha 18 de enero, en donde se requiere al hoy quejoso para que en un término de 5 días se interne de manera voluntaria al centro de reinserción social número 03 a fin de compurgar la pena del procedimiento antes descrito, así mismo, ante la negativa del quejoso se ordenó girar oficio para su orden de aprehensión inmediata, teniendo relación lo anterior lo expuesto con la resolución del toca que constituye el acto reclamado de la autoridad responsable ordenadora señalada como primera en el presente escrito. 3.- De las AUTORIDADES DENOMINADAS COMO EJECUTORAS la orden de aprehensión en perjuicio del quejoso, misma que tiene su origen en la resolución del toca N 44/19 dictado por la Tercera Sala Penal Regional y del procedimiento de ejecución No. 1031/19 ante el Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, ya que atenta contra mi libertad personal y que de llevarse a cabo dicha orden de aprehensión por dichas autoridades causarían un daño irreparable en mi persona, al situarme en dicho supuesto, en un completo estado de indefensión al no tener medio alguno de protección y tutela que haya valer mis derechos fundamentales ante autoridad competente alguna. Asimismo y encontrándome en tiempo, forma y derecho conforme al artículo 17 fracción II de la Ley de Amparo, es que se me tenga señalando los actos reclamados ya antes descritos por dichas autoridades." SEGUNDO. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El veintinueve de enero del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 64/2021-V-A; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se dio intervención como terceros interesados a los agentes del Ministerio Público que actúan en el toca penal y causa penal de origen; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que algunos de los actos reclamados, se atribuye a unas autoridades del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: a). La resolución de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada en el toca N 44/19, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante la cual modificó la resolución dictada en el procedimiento abreviado en la causa penal 1579/19, respecto a la negativa del beneficio de condena condicional otorgado a favor del quejoso. b). El oficio 1036-2021, ordenado en la carpeta de ejecución 1031/19, con motivo de la resolución de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada en el toca N 44/19, por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y en el cual se le requiere al quejoso para que dentro del término de cinco días se interne de manera voluntaria al Centro de Reinserción Social Estatal Tres, a fin de compurgar la pena que le fue establecida en la resolución combatida. c). La orden de aprehensión, emitida en contra del quejoso, con motivo de la resolución dictada en el toca N 44/19, y en el procedimiento de ejecución 1031/19. Sin embargo, tal y como se advierte de los actos descritos en párrafos que preceden, en el presente asunto únicamente se resolverá lo relativo al acto señalado con el inciso c), esto es, en relación a la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso; y respecto a los diversos actos señalados en los incisos a) y b), atendiendo a los motivos que se expondrán en considerandos subsecuentes, por dichos actos se remite el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que por razón de turno le corresponda, por estimarse que son de su competencia y a efecto de que resuelva lo pertinente a los referidos actos materia de reclamo. TERCERO. El Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisione Estatal de Seguridad, Zona Norte; y Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en eta ciudad; y Director General Jurídico, en representación legal del Fiscal General del Estado, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión y su ejecución), pues refiere la mencionada en primer término que no ha emitido orden de aprehensión en contra del quejoso. Al respecto, la parte agraviada no aportó pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Es aplicable al anterior razonamiento, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Las autoridades responsables, Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua; y Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, al rendir su informe justificado convinieron en la existencia de los actos que les reprochan, respecto a los identificados en el presente fallo, con los incisos a) y b), incluso la autoridad referida en primer término, en su informe que al respecto emitió, señaló que en la resolución de diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada dentro del toca penal N 44/19, se modificó la sentencia condenatoria, únicamente por lo que hace al beneficio de la condena condicional, dejándola intocada respecto a los demás temas que fueron motivo de la sentencia del procedimiento abreviado, emitida al sentenciado aquí quejoso, dentro de la causa penal 1579/2019. Asimismo, la autoridad Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, agregó a su informe que el cinco de diciembre del dos mil diecinueve, emitió auto de radicación, al tener por recibido el oficio mediante el cual se le remitió copia de la sentencia dicta por la Magistrada de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en la localidad y otras autoridades, en los autos del toca penal N 44/19, y dio por iniciado el procedimiento de ejecución, asignándole la carpeta de ejecución 1031/2019, notificándole al quejoso el oficio 1036/2021, el dieciocho de enero del dos mil veintiuno, mediante el cual se le requirió que se internara de manera voluntaria en el Centro de Reinserción Social Estatal Tres, a compurgar la pena de prisión que se le impuso, apercibido que de no hacerlo se ordenaría su aprehensión inmediata. A fin de acreditar su informe las autoridades remitieron diversas documentales, tales como copia certificada del toca de apelación N 44/19, y dos discos ópticos del audio y video relativos a la causa penal 1579/2019; asimismo, como copia certificada de constancias que integran la carpeta de ejecución 1031/2019. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 188, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIA CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. QUINTO. Ahora bien, como se expuso en el último párrafo del considerando segundo de esta resolución, respecto a los actos señalados con los incisos a) y b), materia de reclamo del impetrante del amparo, este juzgado estima carecer competencia para resolver sobre los mismos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, por los motivos que en seguida se expondrán. En principio, cabe destacar que la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados está prevista por el artículo 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.". En efecto, del numeral transcrito con antelación se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito, son legalmente competentes para conocer del juicio de amparo directo, el cual procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa, en el acto identificado con el inciso a), se advierte que se duele de la resolución diecinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dictada en el toca penal N 44/19, del índice de la autoridad responsable, en la cual, en sus puntos resolutivos se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la resolución apelada, únicamente por lo que hace al beneficio de la condena condicional, dejándola intocada respecto a los demás temas, que fueron motivo de la sentencia de procedimiento abreviado. SEGUNDO.- [LUIS MARIO HERNANDEZ RODRÍGUEZ] y [SAÚL EDUARDO GALINDO BARRAZA] son penalmente responsables del delito de ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en perjuicio de la menor de [Javier Sánchez López]; por hechos ocurrido el tres de mayo de dos mil diecinueve, aproximadamente a las dos horas con diez minutos, en el cruce de las calles [Pradera de Baeza y Lucero], del fraccionamiento [Praderas de la Sierra], de esta ciudad. TERCERO.- Por tal conducta se le impone a los sentenciados una pena consistente en UN AÑO, DOS MESES DE PRISIÓN. La pena privativa de libertad, la deberán de compurgar en el establecimiento penitenciario que se le determine por el Juez de Ejecución de Penas Correspondiente, por lo que, se ordena a la Juez de Control que en términos del tercer párrafo del artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, remita testimonio autorizado de esta determinación al Juez de Control de Ejecución de Penas que corresponda a fin de que dé inició al Procedimiento de Ejecución respectivo. En el entendido de que deberá computarse a favor de los sentenciados el tiempo que con motivo de estos hechos permanecieron privados de su libertad. CUARTO.- Se absuelve a los sentenciados de la reparación del daño, dado que no hubo petición al respecto por parte del Ministerio Público, así como del pago de la multa, correspondiente. QUINTO.- Se NIEGA a los sentenciados el BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL, por existir una restricción a dicho beneficio en el artículo 91 bis del Código Penal. SEXTO.- Se absuelve a los sentenciados del pago por concepto de gastos del proceso. SÉPTIMO.- Remítase testimonio de esta resolución a la Jueza de Control, a efecto de que notifique a las partes procesales de la misma, previa transcripción y engrosándose al Toca correspondiente. En su oportunidad, archívese el asunto. ASÍ LO RESOLVIÓ y firma la licenciada DORA IMELDA RODRÍGUEZ DÍAZ, Magistrada de la Tercera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Doy Fe." De lo antes expuesto, se advierte que el acto materia de reproche identificado con el inciso a), corresponde a una sentencia condenatoria, que pone fin al juicio en el que fue emitida. Asimismo, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el diverso acto identificado con el inciso b), es un acto emitido como consecuencia de la sentencia condenatoria definitiva, la cual aun no se encuentra firme, por lo cual, su análisis no se puede realizar de manera autónoma, por ende, su estudio debe ser por el Tribunal Colegiado competente. En esa virtud, y toda vez que el acto que reclama el quejoso, identificado con el inciso a), constituye una resolución definitiva que pone fin al juicio, dado que es parte de una sentencia condenatoria que pone fin al juicio y el diverso acto identificado con el inciso b), que es emitido como consecuencia de la referida sentencia definitiva, se concluye que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la demanda que promueve el quejoso Luis Mario Hernández Rodríguez, únicamente respecto a los actos identificados con el inciso a) y b). Por lo que, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en eta ciudad, para que resuelva lo pertinente a los actos mencionados en los incisos a) y b); lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales en su orden establecen: ".Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito..". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) en materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas...". Los preceptos legales transcritos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente. En mérito de lo expuesto en párrafos que preceden, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común relativa, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1, fracción I, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Luis Mario Hernández Rodríguez, contra el acto y autoridades precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en dicho considerando. SEGUNDO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, declara carecer de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio de amparo, respecto de los actos indicados en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Remítasele el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común relativa, a fin de que resuelva lo pertinente en relación con los actos indicados en el considerando quinto, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario que autoriza las actuaciones y da fe, hasta el día de hoy dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir esta sentencia, asimismo, atendiendo la suspensión de plazos y términos que se han realizado en los órganos jurisdiccionales con motivo de la pandemia que actualmente se vive. Doy Fe.
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