Luis Martín Soto Llanes

Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
144/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Martín Soto Llanes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente y el incidente de suspensión son conservables, conforme lo establece el numeral artículo 17, fracción III, incisos a) y b), respectivamente, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De este modo, en términos del numeral 9 del citado Acuerdo General, el presente expediente y el incidente de suspensión deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la citada certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni histórico y no obran documentos originales, en términos del General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 144/2023, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 144/2023- VI, promovido por ******* o *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado, en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 144/2023-VI; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a los terceros interesados. Asimismo, en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada Jefa del Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , atendiendo a la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: 1. Al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: 2. La orden de aprehensión dictada el tres junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. 3. Al Fiscal General del Estado, residente en la capital de esta entidad federativa, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia y Subcoordinador Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, en esta ciudad. La ejecución del citado mandamiento de captura. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Subcoordinador Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora del Área de Amparo Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, y Director de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado, al rendir informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de las constancias requeridas al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se desprende la existencia de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, el tres junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Por tanto, se desvirtúan dichas negativas, y se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Es infundado el concepto de violación vertido por el inconforme, sin que la suscrita advierta materia para suplir la deficiencia de la queja; y para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que la parte quejosa menciona que en la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, se vulneraron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen lo siguiente: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la actuación que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal, toda vez que los citados artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Al respecto, es oportuno precisar que en el capítulo III titulado formas de conducción del imputado al proceso, en la sección I, denominada citatorio, órdenes de comparecencia y aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se deben cumplir con los requisitos siguientes: 1. Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); 2. Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; 3. Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; 4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 5. Que exista la necesidad de cautela. 6. Que la resolución de la autoridad judicial esté debidamente fundada y motivada. Ahora, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por el Juez responsable como justificación de su informe, consistente en copia certificada de la solicitud orden de aprehensión de dos de junio de dos mil veintidós y mandamiento de captura dictado el tres de junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******; documentos públicos, que se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el primer elemento se cumplió, en virtud de que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como es el Juez en cita, quien analizó el hecho que la ley señala como delito cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con los numerales 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 133 y 141 fracción III, Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al segundo de los requisitos, de las constancias que en copia certificada remitió el Juez de Control responsable, específicamente de los registros de investigación que obran dentro de la carpeta *******, que dio origen a la causa penal *******, se advierte la existencia de la ******* formulada por la madre de la víctima, el cinco de enero de dos mil veintidós, en la cual manifestó lo siguiente "*********************" De igual forma, el tercer requisito para el dictado de la orden de aprehensión, relativo a que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito también está debidamente satisfecho; lo anterior, toda vez que, el criterio del juzgador responsable es objetivamente correcto en cuanto tuvo por acreditado que se llevó a cabo la conducta denominada violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, que establecen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: . II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Si el delito fuere cometido previa suministración de algún estupefaciente o psicotrópico a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento, la pena se aumentará en dos terceras partes. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: . II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; Ello, toda vez que el juez responsable acertadamente consideró que hasta ese momento, se demostraba un hecho que la ley señala como delito de violación con penalidad agravada, con los datos de prueba consistentes en los siguientes: 1.- Denuncia interpuesta ante el Agente del Ministerio Público, el cinco de enero de dos mil veintidós, por *******, madre de la víctima, en la que manifestó: "*********************" 2.- Comparecencia de la niña de iniciales *******, ante la Representación Social, acompañada de su madre *******, el cinco de enero de dos mil veintidós; quien señaló: "*********************" 3.- Informe de agresiones sexuales de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, elaborado por la perita médico legista *******, adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, mismo que realizó a la niña de iniciales *******, quien acompañada de su madre en relató: "*********************" Informe en el cual la experta concluyó que en la exploración ginecológica la niña víctima no presentó datos clínicos positivos de penetración vaginal de data antigua ni reciente; y que en la exploración proctológica no presentó datos clínicos compatibles con penetración anal de data antigua o reciente, y que contaba con una edad biológica de seis años. 4.- Dictamen pericial en materia de psicología de seis de enero de dos mil veintidós, realizado por la perito en psicología licenciada *******, adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer, realizado a la niña víctima, quien en su relato dijo: "*********************" Pericial en la cual la experta concluyó que la víctima examinada contaba con síntomas de estrés postraumático y ansiedad asociados al factor abuso sexual infantil y maltrato psicológico infantil; que provoca un malestar clínicamente significativo y propicia deterioro emocional y en el desempeño; que se encontraba ante la presencia de un testimonio creíble acorde a los elementos cognitivos afectivos y conductuales, los cuales eran comprensibles y estaban en consonancia con la narración expuesta la cual poseía consistencia lógica y coherencia contextual así como adecuación espacio temporal acorde a la entrevista. 5.- Parte informativo, de dieciséis de enero de dos mil veintidós, realizado por la agente estatal de investigación única, licenciada Pahola Isabel Rodríguez Ruiz, en que asentó las entrevistas realizadas el siete de enero de dos mil veintidós, a: a) la niña de iniciales *******, quien manifestó: "*********************". b) a la madre de la niña víctima, *******, quien expuso: "*********************" c) a *******, tía de la niña, en la cual manifiesto: "*********************". d) Tres fotografías del domicilio señalado por la niña víctima y madre de ésta, ubicado en *******, en esta ciudad. Datos de prueba que la responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción II; Constitucional, 259, 260, 261, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoró de manera libre y lógica, considerándolos suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******, por hechos ocurridos entre el diecinueve de marzo al mes de agosto de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen de la orden de aprehensión, contrario a lo argumentado por el quejoso en su único concepto de violación, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito violación con penalidad agravada, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse para emitir ese medio de conducción al proceso, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. En el mismo sentido, respecto al cuarto requisito, relativo a que exista la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del delito, de igual forma, se encuentra debidamente satisfecho; toda vez que, es acertado lo señalado por el juzgador responsable al haber tenido como demostrada la participación, en esta etapa en un grado de probabilidad, del aquí quejoso, en la comisión del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la solicitud de la orden de aprehensión; por ende, basta que existan datos de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la conducción al imputado al proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, con los datos de investigación justipreciados previamente, consistentes en la denuncia interpuesta ante el Agente del Ministerio Público, el cinco de enero de dos mil veintidós, por *******, madre de la víctima; comparecencia de la niña de iniciales *******, ante la Representación Social, acompañada de su madre *******, de cinco de enero de dos mil veintidós; informe de agresiones sexuales de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, elaborado por la médico legista *******, adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia; dictamen pericial en materia de psicología de seis de enero de dos mil veintidós, realizado por la perito en psicología licenciada *******, adscrita a la Fiscalía Especializada, realizado a la víctima; parte informativo, de dieciséis de enero de dos mil veintidós, elaborado por la Agente Estatal de Investigación, licenciada *******, en el que asentó las entrevistas realizadas a la víctima *******, así como a ******* (tía de la víctima) y ******* (madre de la niña); y fotografías del domicilio donde ocurrieron los hechos señalados por la víctima y madre de ésta. En otro orden de ideas, en relación al diverso requisito para la emisión de la orden de aprehensión, consistente en la necesidad de cautela, cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b)Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en los numerales 168, 169 y 170 del citado Código Nacional, que establecen lo siguiente: Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de cautela, el Juez de Control consideró que esta se colmaba con la hipótesis prevista por el legislador en el artículo 167 del ordenamiento en cita con relación al 19 constitucional, el cual previene los ilícitos que debe decretarse la prisión oficiosa; dentro de los que se ubican los delitos de naturaleza sexual, precisando que podía verse demorada la presencia del imputado, dado a que debía imponerse -invariablemente- la prisión preventiva; y a efecto de asegurar que dicho activo no pretendiera evadirse de la acción de la justicia, aunado a que -sin prejuzgar- en el procedimiento que se iniciara debería estar privado de su libertad, lo que permite concluir que no se sometería voluntariamente a la formulación de imputación y por tanto, estimó que existía la necesidad de librar la citada orden, sin previa cita. Además, refirió que tenía obligación convencional y constitucional de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, adoptando las medidas necesarias para prevenir factores de riesgo y propiciar una respuesta inmediata y efectiva a los actos que afectan sus derechos; y que estimar lo contrario comprometería la responsabilidad internacional del Estado Mexicano. Ante ello, el Juzgador consideró que existía la necesidad de cautela, actualizándose de esta manera el supuesto contemplado en la fracción III del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo así la emisión de la orden de captura. Finalmente, en cuanto al último requisito, en el caso, está debidamente acreditado al estar debidamente fundada y motivada la orden de captura combatida; pues el Juez responsable citó los preceptos aplicables al caso y con un razonamiento propio encuadró el hecho delictivo a la hipótesis normativa citada, señalando los datos de prueba que lo justifican, lo que permite establecer la probable participación del quejoso en su comisión. Bajo ese contexto, los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para conducir al imputado a proceso, al estar reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relacionadas condiciones, desestimado el concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Fiscal General del Estado, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia y Subcoordinador Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al no haberse reclamado por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* o *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión dictada el tres junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, LA CUAL A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 144/2023- VI, promovido por ******* o *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado, en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 144/2023-VI; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a los terceros interesados. Asimismo, en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad denominada Jefa del Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , atendiendo a la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: 1. Al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: 2. La orden de aprehensión dictada el tres junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. 3. Al Fiscal General del Estado, residente en la capital de esta entidad federativa, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia y Subcoordinador Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, en esta ciudad. La ejecución del citado mandamiento de captura. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Subcoordinador Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Encargada de la Coordinación Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Agente del Ministerio Público en funciones de Coordinadora del Área de Amparo Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, y Director de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado, al rendir informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, de las constancias requeridas al Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se desprende la existencia de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, el tres junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Por tanto, se desvirtúan dichas negativas, y se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Es infundado el concepto de violación vertido por el inconforme, sin que la suscrita advierta materia para suplir la deficiencia de la queja; y para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que la parte quejosa menciona que en la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, se vulneraron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen lo siguiente: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la actuación que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal, toda vez que los citados artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Al respecto, es oportuno precisar que en el capítulo III titulado formas de conducción del imputado al proceso, en la sección I, denominada citatorio, órdenes de comparecencia y aprehensión, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se deben cumplir con los requisitos siguientes: 1. Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); 2. Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; 3. Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; 4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 5. Que exista la necesidad de cautela. 6. Que la resolución de la autoridad judicial esté debidamente fundada y motivada. Ahora, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por el Juez responsable como justificación de su informe, consistente en copia certificada de la solicitud orden de aprehensión de dos de junio de dos mil veintidós y mandamiento de captura dictado el tres de junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******; documentos públicos, que se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el primer elemento se cumplió, en virtud de que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como es el Juez en cita, quien analizó el hecho que la ley señala como delito cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con los numerales 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 133 y 141 fracción III, Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al segundo de los requisitos, de las constancias que en copia certificada remitió el Juez de Control responsable, específicamente de los registros de investigación que obran dentro de la carpeta *******, que dio origen a la causa penal *******, se advierte la existencia de la ******* formulada por la madre de la víctima, el cinco de enero de dos mil veintidós, en la cual manifestó lo siguiente "*********************" De igual forma, el tercer requisito para el dictado de la orden de aprehensión, relativo a que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito también está debidamente satisfecho; lo anterior, toda vez que, el criterio del juzgador responsable es objetivamente correcto en cuanto tuvo por acreditado que se llevó a cabo la conducta denominada violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, que establecen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: . II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Si el delito fuere cometido previa suministración de algún estupefaciente o psicotrópico a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento, la pena se aumentará en dos terceras partes. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: . II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; Ello, toda vez que el juez responsable acertadamente consideró que hasta ese momento, se demostraba un hecho que la ley señala como delito de violación con penalidad agravada, con los datos de prueba consistentes en los siguientes: 1.- Denuncia interpuesta ante el Agente del Ministerio Público, el cinco de enero de dos mil veintidós, por *******, madre de la víctima, en la que manifestó: "*********************" 2.- Comparecencia de la niña de iniciales *******, ante la Representación Social, acompañada de su madre *******, el cinco de enero de dos mil veintidós; quien señaló: "*********************" 3.- Informe de agresiones sexuales de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, elaborado por la perita médico legista *******, adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, mismo que realizó a la niña de iniciales *******, quien acompañada de su madre en relató: "*********************" Informe en el cual la experta concluyó que en la exploración ginecológica la niña víctima no presentó datos clínicos positivos de penetración vaginal de data antigua ni reciente; y que en la exploración proctológica no presentó datos clínicos compatibles con penetración anal de data antigua o reciente, y que contaba con una edad biológica de seis años. 4.- Dictamen pericial en materia de psicología de seis de enero de dos mil veintidós, realizado por la perito en psicología licenciada *******, adscrita a la Fiscalía Especializada de la Mujer, realizado a la niña víctima, quien en su relato dijo: "*********************" Pericial en la cual la experta concluyó que la víctima examinada contaba con síntomas de estrés postraumático y ansiedad asociados al factor abuso sexual infantil y maltrato psicológico infantil; que provoca un malestar clínicamente significativo y propicia deterioro emocional y en el desempeño; que se encontraba ante la presencia de un testimonio creíble acorde a los elementos cognitivos afectivos y conductuales, los cuales eran comprensibles y estaban en consonancia con la narración expuesta la cual poseía consistencia lógica y coherencia contextual así como adecuación espacio temporal acorde a la entrevista. 5.- Parte informativo, de dieciséis de enero de dos mil veintidós, realizado por la agente estatal de investigación única, licenciada Pahola Isabel Rodríguez Ruiz, en que asentó las entrevistas realizadas el siete de enero de dos mil veintidós, a: a) la niña de iniciales *******, quien manifestó: "*********************". b) a la madre de la niña víctima, *******, quien expuso: "*********************" c) a *******, tía de la niña, en la cual manifiesto: "*********************". d) Tres fotografías del domicilio señalado por la niña víctima y madre de ésta, ubicado en *******, en esta ciudad. Datos de prueba que la responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción II; Constitucional, 259, 260, 261, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoró de manera libre y lógica, considerándolos suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******, por hechos ocurridos entre el diecinueve de marzo al mes de agosto de dos mil veinte, en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen de la orden de aprehensión, contrario a lo argumentado por el quejoso en su único concepto de violación, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito violación con penalidad agravada, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse para emitir ese medio de conducción al proceso, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. En el mismo sentido, respecto al cuarto requisito, relativo a que exista la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del delito, de igual forma, se encuentra debidamente satisfecho; toda vez que, es acertado lo señalado por el juzgador responsable al haber tenido como demostrada la participación, en esta etapa en un grado de probabilidad, del aquí quejoso, en la comisión del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I, y último párrafo, en relación con el numeral 175, fracción II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la solicitud de la orden de aprehensión; por ende, basta que existan datos de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la conducción al imputado al proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, con los datos de investigación justipreciados previamente, consistentes en la denuncia interpuesta ante el Agente del Ministerio Público, el cinco de enero de dos mil veintidós, por *******, madre de la víctima; comparecencia de la niña de iniciales *******, ante la Representación Social, acompañada de su madre *******, de cinco de enero de dos mil veintidós; informe de agresiones sexuales de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, elaborado por la médico legista *******, adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia; dictamen pericial en materia de psicología de seis de enero de dos mil veintidós, realizado por la perito en psicología licenciada *******, adscrita a la Fiscalía Especializada, realizado a la víctima; parte informativo, de dieciséis de enero de dos mil veintidós, elaborado por la Agente Estatal de Investigación, licenciada *******, en el que asentó las entrevistas realizadas a la víctima *******, así como a ******* (tía de la víctima) y ******* (madre de la niña); y fotografías del domicilio donde ocurrieron los hechos señalados por la víctima y madre de ésta. En otro orden de ideas, en relación al diverso requisito para la emisión de la orden de aprehensión, consistente en la necesidad de cautela, cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b)Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en los numerales 168, 169 y 170 del citado Código Nacional, que establecen lo siguiente: Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de cautela, el Juez de Control consideró que esta se colmaba con la hipótesis prevista por el legislador en el artículo 167 del ordenamiento en cita con relación al 19 constitucional, el cual previene los ilícitos que debe decretarse la prisión oficiosa; dentro de los que se ubican los delitos de naturaleza sexual, precisando que podía verse demorada la presencia del imputado, dado a que debía imponerse -invariablemente- la prisión preventiva; y a efecto de asegurar que dicho activo no pretendiera evadirse de la acción de la justicia, aunado a que -sin prejuzgar- en el procedimiento que se iniciara debería estar privado de su libertad, lo que permite concluir que no se sometería voluntariamente a la formulación de imputación y por tanto, estimó que existía la necesidad de librar la citada orden, sin previa cita. Además, refirió que tenía obligación convencional y constitucional de garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, adoptando las medidas necesarias para prevenir factores de riesgo y propiciar una respuesta inmediata y efectiva a los actos que afectan sus derechos; y que estimar lo contrario comprometería la responsabilidad internacional del Estado Mexicano. Ante ello, el Juzgador consideró que existía la necesidad de cautela, actualizándose de esta manera el supuesto contemplado en la fracción III del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo así la emisión de la orden de captura. Finalmente, en cuanto al último requisito, en el caso, está debidamente acreditado al estar debidamente fundada y motivada la orden de captura combatida; pues el Juez responsable citó los preceptos aplicables al caso y con un razonamiento propio encuadró el hecho delictivo a la hipótesis normativa citada, señalando los datos de prueba que lo justifican, lo que permite establecer la probable participación del quejoso en su comisión. Bajo ese contexto, los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para conducir al imputado a proceso, al estar reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relacionadas condiciones, desestimado el concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Fiscal General del Estado, Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Coordinadora Regional Zona Norte de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia y Subcoordinador Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al no haberse reclamado por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, y 75, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* o *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión dictada el tres junio de dos mil veintidós, en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a las partes, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil veintitrés. Ministerio Público de la Causa informa Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia, en esta ciudad; atento a su contenido, téngase a la oficiante informando la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de tres de abril del año en curso, por las razones que expone. Ordena emplazamiento de tercero interesada Ahora, del propio estado de autos, específicamente de las constancias remitidas por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, se advierte que *******, es madre de la tercera interesada de iniciales *******, y que la misma, tiene su domicilio en *******, en esta ciudad. En ese sentido, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción a fin de que emplace a la tercera interesada por conducto de *******, en el domicilio antes señalado, corriendo traslado con copia simple de la demanda y auto de admisión, haciéndole saber que se encuentran fijadas las once horas con treinta minutos del dos de mayo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la tercero interesada. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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