Luis Manuel Loza García
Expediente 735/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Manuel Loza García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil veintidós. VISTOS los autos para dictar la resolución de cumplimiento en el juicio de amparo indirecto 735/2021-VI, promovido por *******, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad quien le reclama, la omisión de substanciar el procedimiento laboral *******, en los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el juicio el amparo 735/2021-VI; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, en la cual se determinó conceder el amparo, para que lo siguiente: [.]lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, requiera a la autoridad omisa, a fin de que le remita copia certificada del expediente *******, con los apercibimientos de ley; y si dicha autoridad no cumpliera con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes. [.] TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. El veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, al no haberse presentado recurso alguno en contra de la mencionada sentencia, se declaró su ejecutoria y en el mismo proveído se requirió el cumplimiento a la responsable. CUARTO. Determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, la responsable, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo al Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remitiendo las copias certificadas del expediente *******; y por desahogado el medio de prueba ofrecido por la parte actora; asimismo, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, concedió a las partes un término común de dos días hábiles a efecto de que por escrito formularan sus alegatos. A tales documentales descritas, se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en original, con firmas autógrafas. QUINTO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordenó dar vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación al respecto, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, de los que se advierte que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, requirió a la autoridad omisa, a fin de que le remita copia certificada del expediente *******, con los apercibimientos de ley; y mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo al Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, remitiendo las copias certificadas del expediente *******; por desahogado el medio de prueba ofrecido por la parte actora; y, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, concedió a las partes un término común de dos días hábiles a efecto de que por escrito formularan sus alegatos. Por todo lo expuesto, se declara que la ejecutoria dictada en este juicio de amparo ha quedado cumplida. Además, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 195, 107 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo indirecto ha quedado cumplida. Notifíquese por lista; y personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita; y por oficio a la autoridad responsable. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: [.] lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, requiera a la autoridad omisa, a fin de que le remita copia certificada del expediente **********, con los apercibimientos de ley; y si dicha autoridad no cumpliera con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes. [...] Ahora, deviene innecesario requerir el cumplimiento a la junta responsable, en virtud de que del estado que guardan los autos se advierte que mediante oficio STPS/2015/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, recibido en la misma data, la responsable informó que recibió copia certificada del expediente ********** y les concedió a las partes el termino común de dos días para alegatos, lo que acreditó con impresión con firmas autógrafas del proveído de nueve de diciembre pasado. Consecuentemente, con el citado oficio y anexo, dese vista a la parte quejosa a fin de que en un término de tres días legalmente computado manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que con manifestación o sin ella, se resolverá sobre el cumplimiento con las constancias que obran en autos, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el siguiente efecto: [.] lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, requiera a la autoridad omisa, a fin de que le remita copia certificada del expediente **********, con los apercibimientos de ley; y si dicha autoridad no cumpliera con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes. [...] Ahora, deviene innecesario requerir el cumplimiento a la junta responsable, en virtud de que del estado que guardan los autos se advierte que mediante oficio STPS/2015/2021 de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, recibido en la misma data, la responsable informó que recibió copia certificada del expediente ********** y les concedió a las partes el termino común de dos días para alegatos, lo que acreditó con impresión con firmas autógrafas del proveído de nueve de diciembre pasado. Consecuentemente, con el citado oficio y anexo, dese vista a la parte quejosa a fin de que en un término de tres días legalmente computado manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que con manifestación o sin ella, se resolverá sobre el cumplimiento con las constancias que obran en autos, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 735/2021-VI, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos que la quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 735/2021-VI, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a una omisión cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de constancias que integran el juicio, se desprende que la quejosa reclama de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de substanciar el procedimiento laboral ******* en los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; adjuntando para tal efecto copia certificada del expediente *******. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por una funcionaria dotada de fe pública, como lo es la Secretaria adscrita a la Junta responsable. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de ninguna causal de improcedencia, se continúa con esta sentencia y se estudia el acto reclamado, el cual no se transcribirá en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En principio, se indica que en este asunto, opera la suplencia de la queja en favor de la quejosa, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tiene el carácter de parte trabajadora en el juicio laboral del cual derivan los actos reclamados. Ahora bien, la parte quejosa reclama de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la omisión de substanciar el procedimiento laboral ******* en los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, el artículo 17 Constitucional, establece lo siguiente: 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que el derecho humano de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia Pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, tal derecho de administración de justicia, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de manera que, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Bajo ese contexto, la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no acatar lo dispuesto por los numerales 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos. (lo subrayado es propio) Del análisis de las porciones normativas que anteceden, se advierten los procedimientos que deberán observar los Tribunales del Trabajo en los juicios laborales sometidos a su potestad, relativos al ofrecimiento y desahogo de pruebas, procedimientos que los constriñe a actuar y pronunciarse de conformidad con lo establecido, y dentro de los términos señalados para tal efecto. En el caso, de las constancias que obran en autos se advierte que en el expediente ******* el siete de mayo de dos mil veintiuno, en la audiencia de desahogo de pruebas, giró oficio a la Secretaría General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de que remitiera copia certificada del diverso expediente laboral ******* ofrecida en vía de prueba por la parte actora. Asimismo, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se giró oficio de nueva cuenta a la referida autoridad, para los efectos antes precisados. Lo anterior, sin que de las constancias que hasta este momento obran el presente asunto, se advierta la recepción de dichas constancias. Lo anterior en franca contravención a los citados artículos de la Ley Federal del Trabajo, aplicable, así como al numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia IV.3o.T. J/57, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, visible a página 1283, del texto siguiente: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relatadas circunstancias, se insiste, no cabe duda que la autoridad responsable, ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte quejosa, vulnerando con tal proceder lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los citados numerales de la Ley Federal del Trabajo, aplicable, ya que no ha actuado con el debido imperio que tiene en su encargo y es manifiesta la omisión en que ha incurrido, de tramitar el juicio dentro de los términos establecidos, la cual es imputable, en principio, a la autoridad responsable, en atención a lo previsto por la ley laboral. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las responsables en términos de lo dispuesto por los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, requiera a la autoridad omisa, a fin de que le remita copia certificada del expediente ******* con los apercibimientos de ley; y si dicha autoridad no cumpliera con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, para el efecto precisado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por medio de lista electrónica. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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