Luis Mario Sustaita Espinosa
Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Mario Sustaita Espinosa
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] el autorizado de la parte quejosa realiza manifestaciones en relación a la vista otorgada en autos respecto a las actuaciones realizadas por la responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto; por tanto, este juzgador ordena que dicho[s] comunicado[s] debe[n] obrar como constancia; y, en atención a su contenido, dígase al promovente que al respecto se esté a lo acordado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no cumplida la sentencia de amparo.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Mario Sustaita Espinosa, contra actos del Juez de Control de la Sexta Región del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, 20 y 22 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración del expediente. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 576/2020-IV. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: (...). Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen lo siguiente: El ordinal 61, fracción XII, de la ley de la materia, establece: (...). Por su parte, el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala: (...). Estudio de interés jurídico. Ahora, del texto y de los artículos transcritos, se advierte que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, para esos casos se debe acreditar que el acto reclamado afecta el interés jurídico del quejoso. Lo anterior, en razón de que el juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, tiene como finalidad proteger a la persona de algún perjuicio que pueda resentir en su integridad personal, patrimonio o derechos como consecuencia de la ejecución del o de los actos que provienen de esas autoridades y que estima ilegales, entendiéndose por ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, el perjuicio o la ofensa directa que se hace a los derechos e intereses de los que es titular. Esto es, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, en donde el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, implica la existencia de dos presupuestos, a saber: a) La titularidad de un derecho subjetivo; y, b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Consecuentemente, por interés se debe entender, la aspiración legítima de orden pecuniario, moral o, en algunos casos jurídicos, que representa para una persona la satisfacción o la realización de una determinada conducta y la relación entre las necesidades de una persona o de un grupo de personas de las cualidades de un bien o con las consecuencias que se deriven de la existencia de una cierta situación o de una determinada conducta, en cuanto pueden ser aptas para satisfacer aquellas necesidades. El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones: a) Un interés exclusivo, actual y directo. b) Reconocido y tutelado por la ley. c) Esta protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. Sirve de sustento, la tesis 2a. LXXX/2013, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (...). De igual manera, ilustra lo antes expuesto, la tesis 104, que dice: INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUÁNDO EXISTEN.(...). En esa tesitura, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, es oportuno observar lo establecido por el artículo 141, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: (...) El precepto transcrito faculta al Juez de Control, para que a solicitud del ministerio público cite al imputado a la audiencia inicial en la cual podrá ser vinculado o no a proceso, y en su caso ser sometido a una medida cautelar, citación que por sí sola no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Publico, encaminada al requerimiento de su presencia para el desarrollo de la audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará a la imputación respectiva. Sin que pase desapercibido lo establecido en la fracción segunda del citado numeral que autoriza el uso de la fuerza pública para lograr la comparecencia del imputado, lo cual se encuentra condicionado a dos circunstancias: 1) Que el imputado al haber sido citado previamente a la materialización de la audiencia no asista sin justificación; y, 2) La solicitud del ministerio público. Lo anterior, para la formulación de imputación contra el quejoso, deviene incuestionable que no es un acto que afecta su libertad personal y, por ende, tampoco su esfera jurídica, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de dicha diligencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; de lo que se sigue que, no se trata de un acto de que afecte de manera inmediata algún derecho sustantivo, pues no tiene por objeto privar de los derechos de audiencia y legalidad al peticionario de amparo, pues es hasta la resolución de plazo constitucional o en su duplicidad, cuando se reflejará, en su caso, esa afectación; pero, sus efectos pueden quedar destruidos no sólo en el supuesto de dictarse una sentencia absolutoria, sino anticipadamente, si se decreta la no vinculación a proceso; de ahí que, es improcedente el juicio de amparo cuya resolución nos ocupa, además, como lo informa la autoridad responsable, la solicitud de comparecer a la audiencia inicial de imputación, fue por teléfono, por lo que no se advierte se le haya citado con el apercibimiento de la fuerza pública, mismo que de serlo así, sería un acto futuro de realización incierta. Además, la facultad que ejerce el Juez de Control al emitir el acto reclamado (auto en el que señala fecha para formular imputación) no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la imputada en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. Por lo que, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al quejoso no se le causa un perjuicio en sus derechos, como es la libertad, es decir, en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste podría materializarse hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente vincularla o no a proceso, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. Considerar lo contrario, implicaría entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así, no puede considerarse que la citación a la audiencia inicial, ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad a la imputada, es decir, la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine vincularlo a proceso y, de ser el caso, la imposición de una medida cautelar. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, la orden de citación para el desahogo de una audiencia inicial dentro de la causa penal 216/2020, lo que no afecta su libertad personal y por ende tampoco su esfera jurídica. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señala que [1] se le dejó un citatorio para el desahogo de la audiencia inicial en la causa penal 216/2020; además, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, [2] porque el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al quejoso no se le causa un perjuicio en sus derechos. Lo contrario, generaría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema de justicia penal. Criterio sustentado en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018, que a la letra dice: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución, este último interpretado a contrario sensu. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados a Néstor Fernando Gómez Hernández y Josué Gómez López en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y en los mismos términos al diverso profesionista que indica, en virtud de así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea.
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