Luis Manuel Rivera Duran

Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
45/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Manuel Rivera Duran

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el [la] secretario [a] del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de queja 32/2021, cuyo[s] resolutivo[s] dice[n]: [P]RIMERO. Es INFUNDADO el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto recurrido. TERCERO. Se DESECHA de plano la demanda de amparo promovida por Luis Manuel Rivera Durán, respecto del acto y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente; el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, dado que no existen documentos originales exhibidos por las partes, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Arnoldo Davila Mayorga, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual se interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito de queja, copias del mismo y el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que por razón de turno le corresponda, para la calificación y, en su caso, substanciación del recurso de queja de que se trata. Mientras tanto, fórmese cuaderno de antecedentes para que supla el expediente original durante la sustanciación del citado medio de impugnación, en el entendido que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se rinde el informe materia de la queja, expresando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, pues se dictó el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio constitucional en que se actúa.

  4. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Manuel Rivera Duran, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Distribución Unidad de Negocio Golfo Centro, zona de distribución de Tampico, Tamaulipas, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 45/2021-II-B. Integración de expediente electrónico. Así´, con base en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo; por tanto, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará´ a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rti´culo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el o´rgano jurisdiccional debera´ resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los arti´culos 15 y 20 de esta Ley debera´ proveerse de inmediato. Arti´culo 113. El o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligacio´n de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Asi´, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la accio´n de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque este´n probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliacio´n, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena conviccio´n de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no seri´a factible obtener una conviccio´n diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de este juzgador, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el arti´culo en el arti´culo 61, fraccio´n XXIII, en relacio´n con los diversos numerales 1° y 5°, fraccio´n II, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el arti´culo 103 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, establece: [A]rti´culo 103.- Los Tribunales de la Federacio´n resolvera´n toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garanti´as individuales II. Por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberani´a de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Por su parte, la fraccio´n XXIII, del arti´culo 61, de la Ley de Amparo, asi´ como los diversos numerales 1°, fraccio´n I, y 5°, fraccio´n II, de la citada legislacio´n, sen~alan lo siguiente: [A]rti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los dema´s casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.[...] Arti´culo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n por la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] Arti´culo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal cara´cter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a dichas situaciones juri´dicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendra´n la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los te´rminos de esta fraccio´n, y cuyas funciones este´n determinadas por una norma general. De la interpretacio´n armo´nica de los citados arti´culos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los dema´s casos en que resulte de alguna disposicio´n de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. A su vez, el arti´culo 5°, fraccio´n II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones juri´dicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse creari´a, modificari´a o extinguiri´a dichas situaciones juri´dicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendra´n la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los te´rminos de esta fraccio´n, y cuyas funciones este´n determinadas por una norma general. En tanto que la fraccio´n I, del numeral 1° de la legislacio´n de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garanti´as otorgadas para su proteccio´n por la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, asi´ como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cua´ndo se esta´ ante un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Estudio de los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo Es preciso puntualizar los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y la clasificacio´n teo´rica de las relaciones juri´dicas de coordinacio´n y supra a subordinacio´n; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformacio´n de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Para una mejor comprensio´n de lo anterior, debe partirse, adema´s, del concepto de autoridad para los efectos del amparo que establecio´ el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n en la tesis P. XXVII/97, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUE´LLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PU´BLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURI´DICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el nu´mero 300 aparece publicado en la pa´gina 519 del Ape´ndice al Semanario Judicial de la Federacio´n 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El te´rmino 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pu´blica en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, este´n en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos pu´blicos, por el hecho de ser pu´blica la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, ma´ximo inte´rprete de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajusta´ndolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervencio´n de los entes pu´blicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectori´a del Estado en materia econo´mica, que a su vez modifico´ la estructura estadual, y gesto´ la llamada administracio´n paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participacio´n estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicacio´n generalizada de e´ste en la actualidad conduce a la indefensio´n de los gobernados, pues estos organismos en su actuacio´n, con independencia de la disposicio´n directa que llegaren a tener o no de la fuerza pu´blica, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a trave´s de los cuales crean, modifican o extinguen por si´ o ante si´, situaciones juri´dicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los o´rganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les esta´n atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pu´blica la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera juri´dica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pu´blica o bien a trave´s de otras autoridades. En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en te´rminos de la fraccio´n II del arti´culo 5o de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolucio´n del juicio de amparo determinan que e´ste resulta improcedente. Ahora, en relacio´n con esta distincio´n entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el ana´lisis de la clasificacio´n de las relaciones juri´dicas de coordinacio´n y de supra a subordinacio´n que, como se dijo li´neas arriba, tambie´n se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinacio´n presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinacio´n surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho pu´blico, que tambie´n establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuacio´n de los o´rganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este u´ltimo tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garanti´as individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Estudio de la demanda Del ana´lisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa sen~ala como acto reclamado la orden de suspensión y corte del suministro de los servicios de energía eléctrica, que tiene contratados con la Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, en el domicilio que precisa en su demanda. Asimismo, de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa reconoce que [1] tiene contratado el servicio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, mismo que se presta en el domicilio ubicado en Séptima Avenida, número 115 A, Barda Gasera, Villahermosa, Tampico, Tamaulipas; [2] que se presentaron en el domicilio citado personal de la Comisio´n Federal de Electricidad con la finalidad de realizar el corte del suministro del servicio de energía eléctrica en virtud de adeudos y recargos extras que presenta el quejoso, y (3) que el quejoso sostiene que ha efectuado los pagos correspondientes al suministro de energía eléctrica puntualmente. De igual manera, se tiene la certeza y plena conviccio´n [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque con el escrito de demanda, la parte quejosa exhibio´ recibo expedido por la Comisio´n Federal de Electricidad para el cobro del servicio suministro de energi´a electrica, de los que se acredita que el quejoso es titular de dicho servicio. En consecuencia, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fraccio´n XXIII, en relacio´n al 1° fraccio´n I y 5° fraccio´n II, de la Ley de Amparo, consistente en que los actos reclamados no son de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que su naturaleza es mercantil; ello, puesto que la responsable actuo´ en un plano de coordinacio´n con el impetrante, al derivar su relacio´n con la que refiere como autoridad responsable, de un contrato de suministro de energi´a ele´ctrica, que es de naturaleza mercantil. En efecto, la relacio´n juri´dica entablada con motivo del acto reclamados, consistente en la orden de corte o suspensio´n del suministro de los servicios de energi´a ele´ctrica, respecto del domicilio que precisa la parte quejosa en su demanda, efectuada por la responsable, desde el punto de vista de los tipos de relacio´n, se ubica dentro de las denominadas de coordinacio´n que, como se ha visto, excluye la idea del acto de autoridad que es la que impera en las relaciones de supra a subordinacio´n. En esas condiciones, toda vez que los actos reclamados por la parte quejosa esta´n directamente relacionados con el contrato de prestacio´n de servicio de suministro de energi´a ele´ctrica celebrado entre ella y la Comisio´n Federal de Electricidad, lo que revela que es de naturaleza materialmente mercantil. En este sentido, queda de manifiesto el vi´nculo contractual que existe entre el solicitante de amparo y la autoridad responsable; en consecuencia, la controversia que plantea el promovente, en todo caso, se debe ventilar en la vi´a ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fraccio´n II, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, que preve´ la competencia de los Tribunales de la Federacio´n para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicacio´n de leyes federales, asi´ como que cuando so´lo se afecten intereses de particulares, a eleccio´n del actor, podra´n conocer de aquellas los jueces y Tribunales del orden comu´n. Es aplicable a lo expuesto, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n en la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), cuyo rubro y texto son: COMISIO´N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGI´A. La interpretacio´n teleolo´gica del re´gimen juri´dico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahi´ que no la ejerce en un plano de supra a subordinacio´n porque el contrato de adhesio´n no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; ma´xime que su contenido es verificado por la Comisio´n Reguladora de Energi´a y la Procuraduri´a Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cla´usulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en te´rminos del contrato, forman parte de esa relacio´n comercial y la vi´a procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera sen~alar como autoridad responsable. Cuestio´n que debera´ ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. E´nfasis an~adido. De igual manera, cobra especial relevancia la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), que dispone: COMISIO´N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGI´A ELE´CTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PU´BLICO RELATIVA PROCEDE LA VI´A ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretacio´n de los arti´culos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Co´digo de Comercio deriva que el servicio de suministro de energi´a ele´ctrica proporcionado por la Comisio´n Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relacio´n de coordinacio´n y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energi´a ele´ctrica o con motivo de e´ste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Pu´blico de Energi´a Ele´ctrica, deben ventilarse y decidirse en la vi´a ordinaria mercantil. En consecuencia, es indudable y manifiesto que se actualiza la causa de improcedencia antes analizada, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en la vi´a Constitucional del amparo indirecto, al no emanar de una autoridad con cara´cter de responsable para efectos del juicio de amparo; es decir, no se trata de actos que hubieran sido emitidos en ejercicio de su imperio o sus atribuciones de mando, que por ley le resultare ineludible su aplicacio´n; ni mucho menos se trata de un acto que implique que en ejercicio de las facultades, de forma unilateral, hubiere creado, modificado o extinguido situacio´n juri´dica alguna que afecte la esfera legal del solicitante de amparo; sino que se trata de actos relacionados con los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energi´a ele´ctrica que proporciona Comisio´n Federal de Electricidad, por lo que se trata de cuestiones formal y materialmente mercantiles, ya que la entidad sen~alada como responsable actuo´ en cara´cter de proveedor de un servicio y no como ente gubernamental y, se insiste, en todo caso, tales cuestiones deben ser atendidas y resueltas por la autoridad judicial que corresponda. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el arti´culo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el arti´culo 61, fraccio´n XXIII, en relacio´n con los diversos numerales 1° y 5°, fraccio´n II, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 43/2014 (10a.), que dice: COMISIO´N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGI´A ELE´CTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La Comisio´n Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, trata´ndose de la determinacio´n y el cobro del servicio de suministro de energi´a ele´ctrica, pues: 1) el origen de dicha actuacio´n es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones reci´procos, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relacio´n entre proveedor y particular; 2) la relacio´n juri´dica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinacio´n), sino a una de coordinacio´n entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, 3) el corte del suministro de energi´a ele´ctrica ante el incumplimiento del usuario no genera que la relacio´n de coordinacio´n se transforme en una de supra a subordinacio´n, sino so´lo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legi´timo derecho de retencio´n de la obligacio´n que genera cualquier relacio´n contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecucio´n dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendri´a que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Esto es, no todo acto emitido por un o´rgano de la administracio´n pu´blica ni la aplicacio´n de cla´usulas contractuales de retencio´n de la obligacio´n ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad o son equiparables a e´ste para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relacio´n de supra a subordinacio´n frente al particular. Asi´, el aviso recibo por concepto de suministro de energi´a ele´ctrica emitido por la Comisio´n Federal de Electricidad, inclusive cuando contenga una advertencia de corte del servicio, no constituye ni es equivalente a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Adema´s, la existencia de dichos criterios jurisprudenciales que definen especi´ficamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo a la Comisio´n Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del ocurso constitucional, pues es inconcuso que si la naturaleza de esos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n en jurisprudencia, de observancia obligatoria en te´rminos del arti´culo 217, pa´rrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los o´rganos de menor jerarqui´a, no hay ninguna posibilidad de que dicho obsta´culo declarado por el Ma´ximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado. Consecuentemente, al haber quedado demostrado que la naturaleza de los actos reclamados ha sido definida mediante jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n como no proveniente de una autoridad para los efectos del juicio constitucional - como es el caso-, ello constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia que hace innecesario esperar a examinar los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, porque de ninguna manera podri´a superarse el criterio jurisprudencial que resulta de observancia obligatoria en toda la Repu´blica Mexicana. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), cuyo tenor literal es el siguiente: COMISIO´N FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUE´LLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto so´lo cuando de e´sta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisio´n Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Ma´ximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en te´rminos del arti´culo 217, pa´rrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los o´rganos de menor jerarqui´a, vedando asi´ cualquier posibilidad de que el obsta´culo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicari´a admitir que un o´rgano de menor jerarqui´a puede revisar un criterio obligatorio que derivo´ de un ejercicio hermene´utico del contenido de una norma, lo que seri´a tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad juri´dica que genera la definicio´n del tema vi´a jurisprudencia del ma´ximo inte´rprete constitucional. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Jorge David Segura Arias, Felipe Ibarra Ramírez, y Carlos Arturo Gómez Velázquez, en virtud de que tiene[n] inscrita su[s] cédula[s] profesional[es] en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Acceso al expediente electrónico Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indica. Notificaciones electrónicas Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se le hagan vía electrónica, en el entendido de que la[s] parte[s] que así lo solicita[n] quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J.71/2019 (10a.), que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDENHECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica . Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Juana Lugo Coronado, que autoriza y da fe. Doy fe. JUEZ SECRETARI@

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