Luis Mario Fuentes Chagoya
Expediente 1340/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Mario Fuentes Chagoya
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de enero de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual SE DESECHÓ por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta mediante el cual el apoderado del quejoso cumple con las prevenciones formuladas en acuerdo de cinco de los actuales, al manifestar que desiste en nombre y representación de su poderdante de señalar como responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y exhibe las copias de su ocurso, por lo que se procede a proveer lo siguiente. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa reclama en esta vía de amparo el citatorio expedido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Carpeta de Investigación de la fiscalía regional de Morelia, así como todo lo actuado en la carpeta de investigación ********************. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Se inicia el análisis de procedencia o improcedencia de la demanda. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción III, inciso b), y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Por su parte, el artículo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". De una interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se obtiene que las causas de improcedencia debe emprenderse en forma oficiosa; por esa razón, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de garantías debe examinar el escrito de demanda y de advertirse la existencia de alguna causa que torne improcedente el juicio, deberá desecharla de plano. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se endereza contra actos relacionados con la acción penal como lo es en este caso, la apertura, inicio o integración de una carpeta de investigación, ya que dicha facultad constitucionalmente corresponde únicamente a la institución del Ministerio Público, incluyendo actos fuera de juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Del análisis integral de la demanda, anexos y escrito aclaratorio de la misma, se considera que dicho libelo resulta improcedente por cuanto a que en los actos reclamados consistentes en el citatorio de treinta de noviembre del año en curso, suscrito por agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dentro de la capeta de investigación ********************, así como todo lo actuado en la misma, al actualizarse la causal de improcedencia se actualiza las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo y del artículo 21 Constitucional. Cabe decir que, los actos que provienen fuera de juicio de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos y de trabajo, tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Acotado lo anterior, se establece que el citatorio de treinta de noviembre del año en curso, suscrito por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, únicamente tendría como fin la comparecencia del quejoso ante dicha autoridad, para el efecto de tomarle sus declaraciones en cuanto imputado en la citada carpeta de investigación, no le afecta derechos sustantivos de manera irreparable, ya que simplemente se la autoridad ministerial formuló cita dentro de una carpeta de investigación, a fin de tomarle sus declaraciones en cuanto imputado en la carpeta de investigación de origen. En sentido, es importante hacer notar que la citación de una persona en una carpeta de investigación no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. Precisado lo anterior, se destaca que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas: 1. La de investigación, que abarca las fases de: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o su equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y, b) La complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3. La de juicio, que inicia con el auto de apertura a juicio y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En el caso, la etapa que interesa, es la de investigación inicial, en lo atinente a los deberes de investigación conferidos al agente del Ministerio Público, previstos en el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales; la cual deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y demás personas a quienes les resulte cita dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado que se analiza, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación a la esfera de derechos del quejoso, pues en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación es un acto tendente y procesalmente indispensable en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la accionante, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no es un acto de imposible reparación ya que no afecta derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable al caso por analogía jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Página: 239 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." La aplicabilidad de dicha jurisprudencia se debe a que la citación del Ministerio Público para investigar un delito es similar a la que se emite para que el imputado se presente ante el Juez, porque ambas se dictan en el procedimiento penal; además de que en el caso concreto el citatorio reclamado a la autoridad ministerial. Cabe destacar que cualquier orden de citación y/o presentación forzosa dictadas en una carpeta de investigación constituyen la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; lo que no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable y que convalida aún más la causa de improcedencia antes invocada. En esa virtud, si en el caso concreto el citatorio que se reclama al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, a fin de lograr la compareciera para recabarle sus declaraciones, el juicio de amparo es improcedente, pues se trata de un acto que no afecta derechos sustantivos de imposible reparación, sin que se soslaye que dicho citatorio fue realizado con apercibimiento legal, para el caso de incomparecencia del aquí quejoso, con la imposición de los medios de apremio que establece el artículo 104, fracción I, del invocado Código Nacional de Procedimientos Penales. Dado que el referido apercibimiento de dicho citatorio no afecta a la libertad personal del amparista, de ahí que no ocasiona un perjuicio de imposible reparación, ya que no le precisó cuál o cuáles de ellos sería aplicados, ya que dicho artículo, en su orden menciona la amonestación, multa, uso de la fuerza pública o arresto, de manera que al no estar precisado que medida de apremio le sería impuesta no puede considerarse como un acto de imposible reparación dicho apercibimiento. Ahora, en lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la todo lo actuado en la múltireferida carpeta de investigación, traducido en la integración de la misma, como ya se adelantó en el análisis del primero de los actos reclamados, también es improcedente la demanda, por tratarse de actos de investigación y persecución de delitos, Constitucionalmente reservados para el investidura del Ministerio Público, institución ésta que representa a la sociedad y no a los particulares individualmente considerados, de manera que éstos no tienen dentro de su patrimonio dicha acción, ni constituye un derecho privado de los mismos. Lo anterior, conduce a estimar que, si conforme a lo dispuesto por el invocado precepto constitucional, la acción penal se depositó en manos de la institución del Ministerio Público, a manera de monopolio, no puede impedirse o limitarse el ejercicio de esa función mediante la vía constitucional, pues de hacerlo equivaldría a dejar al arbitrio de los tribunales de la federación, la investigación de los delitos, cosa que no está dentro de sus facultades, al no quedar ese actuar del representante social, sometido al control constitucional del juicio de amparo, por no contemplarlo así el artículo 21 Constitucional, dado que, como ya se señaló, la acción penal está excluida del patrimonio privado. De manera que, a través del juicio de amparo, no se puede exigir que el representante social la resuelva y determine las consecuencias jurídicas de las averiguaciones de los delitos que son de su conocimiento en un sentido determinado, sino que a esa institución corresponde conforme a sus facultades constitucionales la integración de las carpetas de investigación y persecución de los delitos, así como la consignación de las mismas. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: XXVII.3o.48 P (10a.) Página: 1947 CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.". Ahora, aun cuando el Ministerio Público al integrar una carpeta de investigación, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo cual como ya se expuso no acontece; lo mismo pasa cuando acuerda sobre la consignación de la carpeta de investigación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, será la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderado, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia,. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por David Viveros Vázquez en cuanto apoderado de Luis Mario Fuentes Chagolla, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral región Morelia y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECONOCE CARÁCTER. Con apoyo en los artículos 6 y 10 de la ley de la materia y en términos del instrumento notarial adjunto a la demanda, se reconoce a David Viveros Vázquez el carácter de apoderada del quejoso Luis Mario Fuentes, con el que promueve demanda de amparo. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con los diversos 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. Manifieste si insiste en señalar como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, en cuyo caso deberá precisar a qué Región pertenece ya que no lo indica en su libelo, así como el acto que le reclama, ya que de las constancias allegadas con su demanda se conoce que quien emitió el citatorio reclamado fue un agente del Ministerio Público y no el juez; además, lo actuado dentro de la carpeta de investigación que también reclama, son actuaciones efectuadas por el representante social y no por la referida autoridad jurisdiccional. Se cita en apoyo a lo anterior la tesis del rubro y texto siguiente. "Registro digital: 202853 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XX.57 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 871 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". 2. Solventado lo anterior, deberá exhibir cuatro copias de su escrito aclaratorio, necesarias para correr traslado a todas las partes, considerando que se requieren dos para las autoridades responsables, una para el cuaderno incidental y una más para para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo anteriormente requerido, se tendrá por no presentada la demanda, lo anterior con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES. Se tiene a la parte quejosa señalando medio electrónico para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, el usuario "MauroPano", de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; usuario con el que también se autoriza el acceso al expediente electrónico. En ese orden de ideas, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En lo referente al domicilio procesal que físicamente proporciona, dígale que una vez que manifieste expresamente que es su deseo que las notificaciones personales se le practiquen en dicho lugar, se proveerá lo conducente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona indicada en la demanda, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que le fueron conferidas y exhibe copia cotejada de su cédula profesional. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Rcl Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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