Luis Manuel Torres Manricker

Expediente 349/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
349/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Manuel Torres Manricker

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. SE RECIBE OFICIO Y TESTIMONIO DEL CUADERNO DE AMPARO. Agréguese a los autos el oficio que remite el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de quince de junio del año en curso, declaró firme el diverso auto por el que se desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso Luis Manuel Torres Manricker, al no haberse interpuesto el recurso de reclamación. ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 2664/2020, al que también se anexó el testimonio autorizado del presente cuaderno de amparo, para los efectos a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de junio de dos mil veintiuno. ACUSA RECIBO E INFORMA QUE DESECHÓ EL RECURSO DE QUEJA. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el cuaderno de amparo número VI-349/2021, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos; asimismo informa a este órgano jurisdiccional que por proveído de treinta y uno de mayo pasado, desechó por extemporáneo el citado recurso de queja, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. INTERPONE QUEJA Visto el escrito que signado por Luis Manuel Torres Manricker , mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno; a través del cual se desechó la demanda de garantías que originó el presente cuadernillo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, que es cierto el acto recurrido, toda vez que en el citado proveído se desechó por su notoria improcedencia la demanda de garantías promovida por Luis Manuel Torres Manricker, contra actos de la Directora de Salud del Ayuntamiento de Morelia y otras autoridades. Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios, remítase copia certificada del presente cuadernillo de amparo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en el que se tiene por desechada la demanda de garantías, por lo que no existen partes en el juicio. SEÑALA NUEVO DOMICILIO Finalmente, téngasele señalando como nuevo domicilio el que refiere en el escrito que se provee. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, que suscribe la parte quejosa, a través del cual cumple con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de veintiocho de abril del año en curso. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".la baja del servicio social del aquí quejoso por parte de la autoridad responsable Director de Salud Municipal del Ayuntamiento de Morelia, con residencia en esta ciudad." Respecto del mismo, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por su parte los numerales 61, fracción XIV en relación con los artículos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Conforme a estos supuestos existen tres reglas de graduación del conocimiento de los actos reclamados. En el primer supuesto, se requiere una notificación expresa en forma, la cual debe constar probada de modo directo, sin inferencias con base en presunciones. En este supuesto, se atenderá a la fecha en que surta sus efectos dicha notificación conforme a la ley que rija al acto reclamado. En la segunda hipótesis ya no se hace referencia a una notificación, sino al día en que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución. Y a falta de notificación expresa o de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos o de su ejecución, operará la tercera y última regla, conforme a la cual se atenderá simplemente a aquella en que la parte que promueve se hubiera ostentado sabedora de los actos reclamados. En seguimiento a lo anterior se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La Jurisprudencia que precede y que se considera afín a la Ley de Amparo vigente, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a). Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo. b). Una persona afectada por tal acto. c). La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d). El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e). El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES. Si bien es cierto que el artículo 73 de la Ley de Amparo prevé diversas causales de improcedencia que conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio sin analizar el fondo del asunto, ello no significa que todas esas causales de improcedencia que pueden surtirse en el juicio constitucional sean de la misma preferencia en su análisis para su actualización, pues existen algunas de estudio preferente a otras. Así la fracción XVIII del precepto antes citado, permite la actualización de aquellas causales de improcedencia que si bien no están establecidas expresamente en las 17 fracciones anteriores que contiene el propio artículo, pueden derivarse de alguna otra disposición de la propia ley. De esta manera, relacionando el artículo 21 de la ley de la materia, con la fracción XVIII del multicitado artículo 73, se da la posibilidad jurídica de que se cuestione la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo ante el órgano judicial, para que éste determine si la presentación de la demanda de garantías está dentro del término que establece el artículo 21 o 22 de la Ley de Amparo, según sea el caso, y poder admitir a trámite la demanda respectiva, o bien, examinar, si no se actualiza otra diversa causal de improcedencia, el fondo del asunto. Esta causal de improcedencia que se contiene en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, es de análisis preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En cambio, si la acción se ejercitó dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgador está en posibilidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los requisitos necesarios que se requieren por la ley para que proceda el estudio del fondo del asunto o de la controversia planteada, como es la legitimación del promovente, el interés jurídico, que no exista recurso ordinario pendiente de agotar, que el acto reclamado no está consentido, etc." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En efecto, el presente juicio de amparo resulta improcedente ante la extemporaneidad de la demanda, pues en el primer escrito aclaratorio que presentó electrónicamente el veintisiete de abril del año en curso, el quejoso hizo una narración de hechos bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la baja o cancelación del servicio social al menos desde el veinticuatro de febrero del año en curso, ello en razón de que desde el quince de febrero pasado, se le pidió firmar de recibido la solicitud de la cancelación del servicio social, motivo por el cual refiere que acudió el veinticuatro de dicho mes y año a la Dirección de Servicio Social donde incluso aceptó haber firmado de recibido, por lo que se le dijo que al haber signado las actas y la cancelación de su servicio, él había aceptado su remoción y cancelación del servicio social. Circunstancia que resulta evidente y notoria incluso porque a su primer escrito aclaratorio acompaña diversos documentos, entre los que destaca el escrito fechado del veinticinco de febrero pasado y signado por el quejoso en el que acepta haber firmado de recibido los documentos relativos a las actas de amonestación y a la solicitud de cancelación de su servicio social, de ahí que incluso presentó un diverso ocurso fechado del dos de marzo pasado, en el que solicita la reincorporación a otro programa de servicio social citando el contenido del artículo 37, fracción XVIII, del Reglamento respectivo, que refiere expresamente a los casos de suspensión y cancelación del programa de servicio social, lo cual evidencia que tenía conocimiento de que había sido dado de baja o que se había cancelado su programa de servicio social, motivo por el cual solicitaba la reincorporación, además destaca que al haber firmado, así fuera de recibido se impuso de las constancias respectivas y conoció las actas que dieron origen al acto reclamado. Por tanto, si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito hasta el día veintidós de abril de la presente anualidad, es incuestionable que ésta se presentó en forma extemporánea, es decir, después de los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que al haber tenido conocimiento del acto reclamado al menos desde el veinticuatro de febrero pasado, fecha en la cual se le reiteró que su baja o cancelación del servicio social, tal como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su primer escrito aclaratorio, toda vez que si bien es cierto, que refiere que posteriormente le iban a proporcionar su expediente para conocerlo, lo cierto es que ello no era necesario para acudir a este instancia constitucional, ello en razón de al aceptar el quejoso que firmó los documentos respectivos, incluyendo su baja, en dicho acto se impuso de los mismos y conoció el origen del acto reclamado, tan es así que incluso en su referido escrito aclaratorio acepta haber recibido las amonestaciones escritas, además de que sabía que la Secretaría de Salud había solicitado a la Dirección de Servicio Social la cancelación de su servicio social, motivo por el cual en escrito fechado de dos de marzo pasado, solicitó su reincorporación a otro programa de servicio social, por lo que bastaba con que conociera el acto reclamado y las actas que sirvieron de sustento para tal determinación, para saber cuál era la afectación que producía a su esfera jurídica, ya que incluso sabía cuáles eran las autoridades a las que se les atribuían tales hechos, datos inequívocos y que bastaban para que presentara su demanda de garantías, pues en caso de que existiera la participación de una diversa, en su momento, una vez rendidos los informes justificados estaría en posibilidad de ampliar su demanda por las autoridades que estimara pertinentes, así como sus conceptos de violación, de ahí que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado con antelación y desde aquel entonces se encontraba en total aptitud de promover el juicio de amparo. Por tanto, el término de quince días con que contaba la parte quejosa para promover el juicio de amparo, transcurrió en exceso, siendo que dicho libelo fue presentado hasta el veintidós de abril pasado, por lo que resulta extemporánea su presentación. En este orden de ideas, en virtud de que en autos quedó comprobado que el término para la presentación de la demanda de amparo que originó el presente juicio de amparo, excede el término de quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y al no estar en alguna de las hipótesis de excepción que prevé dicho numeral, se concluye que el presente juicio de amparo RESULTA IMPROCEDENTE, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al resultar consentido tácitamente el auto de formal prisión reclamado. En tales condiciones, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo. Sin que obste para ello el hecho de que en su escrito inicial de demanda el quejoso haya señalado diversos actos como reclamados, tales como la omisión de agregarlo a la lista del personal de salud a vacunar, así como la omisión de informarle oportunamente cuándo será vacunado el personal de salud que no es de primera línea y la negativa verbal de vacunarlo, ello en razón de que tales actos derivan, son consecuencia directa o están íntimamente vinculados con la baja o cancelación de su servicio social, ya que al habérsele desincorporado del programa respectivo dejó de considerársele como personal de salud activo y por tanto no forma parte del plan de vacunación para dicho sector en particular, pues no pueden desvincularse los derechos o prerrogativas que tendría como elemento activo de la baja reclamada. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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