Luis Marín Cervantes Ayometzi
Expediente 1553/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Marín Cervantes Ayometzi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del auto de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 201 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, tomando en consideración que los cumplimientos de las ejecutorias de amparo, son de orden público se procede a proveer sobre el mismo. Mediante sentencia terminada de dictar el veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia federal, para el efecto de que: "(.) la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, pudiendo ser en el mismo sentido o en otro, en la que, fundada y motivadamente: a) Precise por qué no es necesario que se haya acreditado la propiedad de los bienes robados a la ofendida María Judith Aguilar Flores, para tener por demostrado el cuerpo del delito de robo y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. b) Al analizar el cuerpo del delito, las calificativas del mismo y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, expresara con precisión el valor probatorio de las declaraciones ministeriales del quejoso y sus coinculpados, tomando en consideración que en la causa penal no obran las constancias de la detención del quejoso y sus coacusados, para determinar su legalidad, para que posteriormente se establezca cuál es la participación del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, desarrollando un genuino ejercicio argumentativo respecto a las circunstancias de tiempo modo y lugar, en que se cometió el delito de robo. c) Siguiendo las puntualizaciones de este fallo y tomando en consideración que el quejoso señaló en su demanda de amparo que fue torturado, al momentos de rendir su declaración ministerial, por lo tanto, la juez responsable deberá ordenar dar vista al representante social para investigación de los actos de tortura; debiendo además dar vista a la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala a fin de que verifique la investigación de la existencia o no de tortura se realice con imparcialidad. (.)" Por acuerdo de fecha diecisiete de noviembre del año próximo pasado, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable, que cumpliera con la misma. Mediante oficio 4081/2016 de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, que demuestran el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informó que mediante resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, resolvió en su segundo punto resolutivo "que dejó insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en que se dictó Auto de Libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la Ley a favor de Luis Marín Cervantes Ayometzi, o Marín Cervantes Ayometzi, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO cometido en agravio de ELADIO CASTRO LOBATO y FRANCISCO JAVIER CASTRO RUIZ, ilícito previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323 fracción IV, 324, 328 fracciones I y II, 329 fracción VI del Código Penal vigente en la entidad. Con dicho cumplimiento se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que realizara diversas manifestaciones. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo IX, Marzo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Ahora bien, del análisis de la totalidad de las constancias que obran en el sumario, se llega al convencimiento de que en la especie, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; ya que la autoridad responsable, acreditó que dejó insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en que se dictó Auto de Libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la Ley a favor de Luis Marín Cervantes Ayometzi, o Marín Cervantes Ayometzi en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO cometido en agravio de ELADIO CASTRO LOBATO y FRANCISCO JAVIER CASTRO RUIZ, ilícito previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323 fracción IV, 324, 328 fracciones I y II, 329 fracción VI del Código Penal vigente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo vigente, en el momento procesal oportuno archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, tomando en consideración que los cumplimientos de las ejecutorias de amparo, son de orden público se procede a proveer sobre el mismo. Mediante sentencia terminada de dictar el veinte de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia federal, para el efecto de que: "(.) la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, pudiendo ser en el mismo sentido o en otro, en la que, fundada y motivadamente: a) Precise por qué no es necesario que se haya acreditado la propiedad de los bienes robados a la ofendida María Judith Aguilar Flores, para tener por demostrado el cuerpo del delito de robo y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. b) Al analizar el cuerpo del delito, las calificativas del mismo y la probable responsabilidad penal de la parte quejosa, expresara con precisión el valor probatorio de las declaraciones ministeriales del quejoso y sus coinculpados, tomando en consideración que en la causa penal no obran las constancias de la detención del quejoso y sus coacusados, para determinar su legalidad, para que posteriormente se establezca cuál es la participación del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, desarrollando un genuino ejercicio argumentativo respecto a las circunstancias de tiempo modo y lugar, en que se cometió el delito de robo. c) Siguiendo las puntualizaciones de este fallo y tomando en consideración que el quejoso señaló en su demanda de amparo que fue torturado, al momentos de rendir su declaración ministerial, por lo tanto, la juez responsable deberá ordenar dar vista al representante social para investigación de los actos de tortura; debiendo además dar vista a la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala a fin de que verifique la investigación de la existencia o no de tortura se realice con imparcialidad. (.)" Por acuerdo de fecha diecisiete de noviembre del año próximo pasado, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable, que cumpliera con la misma. Mediante oficio 4081/2016 de fecha veintitrés de noviembre del año en curso, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, que demuestran el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informó que mediante resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, resolvió en su segundo punto resolutivo "que dejó insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en que se dictó Auto de Libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la Ley a favor de Luis Marín Cervantes Ayometzi, o Marín Cervantes Ayometzi, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO cometido en agravio de ELADIO CASTRO LOBATO y FRANCISCO JAVIER CASTRO RUIZ, ilícito previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323 fracción IV, 324, 328 fracciones I y II, 329 fracción VI del Código Penal vigente en la entidad. Con dicho cumplimiento se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que realizara diversas manifestaciones. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo IX, Marzo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Ahora bien, del análisis de la totalidad de las constancias que obran en el sumario, se llega al convencimiento de que en la especie, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida; ya que la autoridad responsable, acreditó que dejó insubsistente el acto reclamado y en su lugar emitió otro en que se dictó Auto de Libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de la Ley a favor de Luis Marín Cervantes Ayometzi, o Marín Cervantes Ayometzi en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO cometido en agravio de ELADIO CASTRO LOBATO y FRANCISCO JAVIER CASTRO RUIZ, ilícito previsto y sancionado por los artículos 321, 322, 323 fracción IV, 324, 328 fracciones I y II, 329 fracción VI del Código Penal vigente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo vigente, en el momento procesal oportuno archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del distrito Judicial de Sánchez Piedras; y anexos que acompaña consistentes copia certificada del oficio 4082 y copia simple del oficio 0509/2017, en atención a su contenido, se tiene a la misma dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de febrero del presente año, para los efectos legales procedentes; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. Por otra parte, glósese a sus autos el oficio número 0470/2017, que signa el Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco Tlaxcala, por medio del cual manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración, que por auto de veinticinco de noviembre del año próximo pasado, se mandó a reservar el oficio número 4081/2016, registrado ante este juzgado con el número 22007, signado por el Juez Segundo Penal del distrito Judicial de Sánchez Piedras, con anexo, por el que manifestó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, dése vista al amparista por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal federal, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente.
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