Luis Licona Trejo

Expediente 533/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
533/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2019

Partes del expediente

  • Luis Licona Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de doce de junio del presente año, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por LUIS LICONA TREJO, en contra de los actos reclamados a Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de Justicia del Distrito de Calpulalpan, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Mixta Cuarto del Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, con sede regional en Apan, Hidalgo, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 533/2019. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la parte quejosa reclama la omisión de girar oficio de colaboración para que se elaboren dictamen de los vehículos involucrados en la carpeta de investigación A.I.CALP-1/377/2019; dicha demanda es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página 648, tomo IX, enero de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página 648, tomo IX, enero de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por lo tanto, la suscrita estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de girar oficio para elaborar dictámenes sobre los vehículos asegurados dentro de la carpeta de investigación A.I.CALP-1/377/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Se explica. En ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que resolvió la contradicción de tesis 233/2017 -invocada como hecho notorio-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, si la parte quejosa insta la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Para llegar a esa conclusión, el Alto Tribunal medularmente estableció que de acuerdo con artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio comprende las siguientes fases: I. La de investigación, que se conforma: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que va de la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que es desde que se recibe el auto de apertura a juicio y finaliza con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Destacó la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado; inicia con la denuncia o querella y estará a cargo del Ministerio Público -en su primera fase-, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. Agregó el Alto Tribunal, que el Ministerio Público en la fase de investigación puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; es decir, incumpla su obligación de investigación, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes; conducta que si carece de justificación legal, es evidente que puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Enfatizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la figura del juez de control, está prevista en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya tarea es resolver de forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran de control judicial; así como garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea conforme a derecho. Adicionó la Primera Sala, que el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese tenor, sostuvo el Máximo Tribunal del país que el juez de control tiene dos funciones (cautelar y cognición), a saber: vigilar que todos los actos de investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Estableció el Alto Tribunal que los derechos de la víctima u ofendidos, a impugnar ante la autoridad judicial las decisiones el Ministerio Público, están contemplados en los artículos 20, apartado C, de la Carta Magna y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisó la Primera Sala que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y ofendidos por el delito, y evitar que el propio Ministerio Público sea obstáculo en sus intereses, así como conseguir mayor comunicación entre esas partes y los encargados de protegerlos. Adujo el Máximo Tribunal, que con la reforma de dos mil ocho, se incorporó un derecho importante para las víctimas y ofendidos, relativo a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público de la investigación de delitos, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; por tanto, con ello, el juez puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para el mejoramiento de la función ministerial y protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el principio de definitividad, destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, el accionante tiene la obligación de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario que proceda y, que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta a su esfera jurídica. Agregó el Alto Tribunal del país, que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Destacó que el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en lo conducente establece, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma; asimismo, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En ese contexto, sostuvo el Máximo Tribunal del país que para que opere el principio definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. Refirió que, precisamente en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, se estipula como derecho de la víctima u ofendido, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, adujo que de los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que hace su transcripción, se aprecia que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el numeral 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que conduce a que previo a promover la acción de amparo, debe agotar ese medio de impugnación, pues la impugnación en sede judicial ordinaria, de las omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de sus funciones, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, tiene como finalidad que el juez de control de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, decida si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no; por tanto, contra el fallo de la autoridad judicial, la víctima u ofendido podrá promover el juicio de amparo indirecto, en virtud de que la determinación del juez de control no admite recurso ordinario alguno. Reiteró la Sala que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, para el efecto de que el juez de control revise la legalidad de éstas, lo que conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en citado numeral 258 (a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Enfatizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones de la representación social, es que de considerar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por ello, estima en el caso de la omisión ministerial en la fase de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación que corresponda. Así, la Primera Sala concluyó que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de control por el medio de defensa previsto en el artículo 258 del aludido código. Por consiguiente, si la parte quejosa promueve la acción constitucional sin haber agotado este recurso, provoca la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. Tal ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitida en la contradicción de tesis 233/2017, dio origen a las Jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, páginas 945 y 943, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Ello es así, pues de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado es: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la primera autoridad responsable ordenadora, reclamo la omisión de haber girado oficio correspondiente al C. Encargado del Departamento de Instigación del Delito e Interino de la Subprocuraduría de Operaciones del Estado de Tlaxcala, para que a su vez gire oficio de Colaboración a su homólogo del Estado de Hidalgo, y se sirva girar instrucciones y designe al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que se elaboren los dictámenes en identificativa y valuación vehicular, toda vez que como se desprende de actuaciones la puesta a disposición de los vehículos referidos, se encuentra fuera de la circunscripción del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral con sede en Calpulalpan, Tlaxcala, así también solicitó de este último gire oficio correspondiente al Jefe del Departamento de Servicios Periciales adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y dicho perito emita su dictamen a la brevedad posible, ya que como se desprende de actuaciones a la fecha han transcurrido cinco meses. Por lo tanto solicito que se desahoguen todas y cada una de las diligencias que resulten, para que en su momento se me ha la devolución de mi vehículo siendo este: Marca: Volkswagen; tipo: Jetta; Versión: Trendline; modelo 2007; color Blanco Campanella; número de Serie: 3VWYV49M77M653267; MOTOR NÚMERO: BHP 197100; placas de circulación: HNT-868A particulares del Estado de Hidalgo. DE la segunda autoridad responsable reclamo la omisión de anexar a las actuaciones la puesta a disposición de Policía Federal Estación Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, para que a la brevedad posible sean remitidas dichas actuaciones o en su caso, si aún no le han remitido dicha puesta a disposición, realice las gestiones necesarias y las remita a la brevedad posible al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral, con sede en Calpulalpan, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dicha puesta a disposición para que esta se agregue a la Carpeta de Investigación A.I.CALP-1/377/2019. .". Así, en el asunto que nos ocupa, la parte quejosa reclama la omisión de integrar la carpeta de investigación A.I.CALP-1/377/2019, al omitirse girar oficio para la elaboración de los dictámenes correspondientes del vehículo materia de la investigación. Acto que se encuentra dentro de las hipótesis analizadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias citadas. En consecuencia, previo a instar la acción constitucional, el impetrante, debió agotar ante el juez de control, el medio de defensa ordinario previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con apoyo en la fracción VII del Apartado C del ordinal 20 de la Constitución Federal. En ese sentido, respecto el acto reclamado consistente en la omisión de integrar la mencionada carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por lo que, se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para tal efecto a las personas que refiere. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ***Vista la demanda de amparo promovida por LUIS LICONA TREJO, en contra de los actos reclamados a Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral de Justicia del Distrito de Calpulalpan, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Mixta Cuarto del Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, con sede regional en Apan, Hidalgo, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 533/2019. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la parte quejosa reclama la omisión de girar oficio de colaboración para que se elaboren dictamen de los vehículos involucrados en la carpeta de investigación A.I.CALP-1/377/2019; dicha demanda es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página 648, tomo IX, enero de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página 648, tomo IX, enero de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por lo tanto, la suscrita estima que respecto al acto reclamado consistente en la omisión de girar oficio para elaborar dictámenes sobre los vehículos asegurados dentro de la carpeta de investigación A.I.CALP-1/377/2019, se actualiza la causal de improcedencia prevista contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Se explica. En ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, que resolvió la contradicción de tesis 233/2017 -invocada como hecho notorio-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, si la parte quejosa insta la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal. Para llegar a esa conclusión, el Alto Tribunal medularmente estableció que de acuerdo con artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal acusatorio comprende las siguientes fases: I. La de investigación, que se conforma: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que va de la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que es desde que se recibe el auto de apertura a juicio y finaliza con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Destacó la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado; inicia con la denuncia o querella y estará a cargo del Ministerio Público -en su primera fase-, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. Agregó el Alto Tribunal, que el Ministerio Público en la fase de investigación puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; es decir, incumpla su obligación de investigación, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes; conducta que si carece de justificación legal, es evidente que puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. Enfatizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la figura del juez de control, está prevista en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya tarea es resolver de forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran de control judicial; así como garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea conforme a derecho. Adicionó la Primera Sala, que el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. En ese tenor, sostuvo el Máximo Tribunal del país que el juez de control tiene dos funciones (cautelar y cognición), a saber: vigilar que todos los actos de investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Estableció el Alto Tribunal que los derechos de la víctima u ofendidos, a impugnar ante la autoridad judicial las decisiones el Ministerio Público, están contemplados en los artículos 20, apartado C, de la Carta Magna y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precisó la Primera Sala que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y ofendidos por el delito, y evitar que el propio Ministerio Público sea obstáculo en sus intereses, así como conseguir mayor comunicación entre esas partes y los encargados de protegerlos. Adujo el Máximo Tribunal, que con la reforma de dos mil ocho, se incorporó un derecho importante para las víctimas y ofendidos, relativo a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público de la investigación de delitos, las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; por tanto, con ello, el juez puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para el mejoramiento de la función ministerial y protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Refirió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el principio de definitividad, destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, el accionante tiene la obligación de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario que proceda y, que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta a su esfera jurídica. Agregó el Alto Tribunal del país, que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Destacó que el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en lo conducente establece, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma; asimismo, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En ese contexto, sostuvo el Máximo Tribunal del país que para que opere el principio definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. Refirió que, precisamente en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, se estipula como derecho de la víctima u ofendido, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, adujo que de los preceptos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los que hace su transcripción, se aprecia que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el numeral 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales; lo que conduce a que previo a promover la acción de amparo, debe agotar ese medio de impugnación, pues la impugnación en sede judicial ordinaria, de las omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de sus funciones, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, tiene como finalidad que el juez de control de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, decida si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no; por tanto, contra el fallo de la autoridad judicial, la víctima u ofendido podrá promover el juicio de amparo indirecto, en virtud de que la determinación del juez de control no admite recurso ordinario alguno. Reiteró la Sala que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, para el efecto de que el juez de control revise la legalidad de éstas, lo que conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en citado numeral 258 (a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Enfatizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones de la representación social, es que de considerar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por ello, estima en el caso de la omisión ministerial en la fase de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación que corresponda. Así, la Primera Sala concluyó que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el juez de control por el medio de defensa previsto en el artículo 258 del aludido código. Por consiguiente, si la parte quejosa promueve la acción constitucional sin haber agotado este recurso, provoca la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. Tal ejecutoria de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, emitida en la contradicción de tesis 233/2017, dio origen a las Jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, páginas 945 y 943, cuyo rubro y texto son: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Ello es así, pues de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado es: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la primera autoridad responsable ordenadora, reclamo la omisión de haber girado oficio correspondiente al C. Encargado del Departamento de Instigación del Delito e Interino de la Subprocuraduría de Operaciones del Estado de Tlaxcala, para que a su vez gire oficio de Colaboración a su homólogo del Estado de Hidalgo, y se sirva girar instrucciones y designe al Agente del Ministerio Público que corresponda, para que se elaboren los dictámenes en identificativa y valuación vehicular, toda vez que como se desprende de actuaciones la puesta a disposición de los vehículos referidos, se encuentra fuera de la circunscripción del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral con sede en Calpulalpan, Tlaxcala, así también solicitó de este último gire oficio correspondiente al Jefe del Departamento de Servicios Periciales adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y dicho perito emita su dictamen a la brevedad posible, ya que como se desprende de actuaciones a la fecha han transcurrido cinco meses. Por lo tanto solicito que se desahoguen todas y cada una de las diligencias que resulten, para que en su momento se me ha la devolución de mi vehículo siendo este: Marca: Volkswagen; tipo: Jetta; Versión: Trendline; modelo 2007; color Blanco Campanella; número de Serie: 3VWYV49M77M653267; MOTOR NÚMERO: BHP 197100; placas de circulación: HNT-868A particulares del Estado de Hidalgo. DE la segunda autoridad responsable reclamo la omisión de anexar a las actuaciones la puesta a disposición de Policía Federal Estación Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, para que a la brevedad posible sean remitidas dichas actuaciones o en su caso, si aún no le han remitido dicha puesta a disposición, realice las gestiones necesarias y las remita a la brevedad posible al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Integral, con sede en Calpulalpan, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, dicha puesta a disposición para que esta se agregue a la Carpeta de Investigación A.I.CALP-1/377/2019. .". Así, en el asunto que nos ocupa, la parte quejosa reclama la omisión de integrar la carpeta de investigación A.I.CALP-1/377/2019, al omitirse girar oficio para la elaboración de los dictámenes correspondientes del vehículo materia de la investigación. Acto que se encuentra dentro de las hipótesis analizadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias citadas. En consecuencia, previo a instar la acción constitucional, el impetrante, debió agotar ante el juez de control, el medio de defensa ordinario previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con apoyo en la fracción VII del Apartado C del ordinal 20 de la Constitución Federal. En ese sentido, respecto el acto reclamado consistente en la omisión de integrar la mencionada carpeta de investigación, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por lo que, se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para tal efecto a las personas que refiere. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, en observancia al artículo 3º. de la Ley de Amparo, al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expediente (FESE) asimismo, en acatamiento a los artículos 3 y 5 de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de octubre de dos mil catorce, procédase a la digitalización e integración del expediente electrónico del presente asunto a fin de contar con copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente.

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