Luis Manuel Castro Lopez
Expediente 475/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Manuel Castro Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, que signa el Secretario de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual, acusa recibo del diverso 3894/2021 girado en este asunto, con el que se le remitió el toca ***, en un tomo, original del juicio oral ordinario *** y un sobre, circunstancia de la cual toma conocimiento este Juzgado Federal.
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid 19" se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2 se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio" Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa no allegó documentos. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, se ordena devolver al Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en Guanajuato, las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente el original del Toca ********************de su índice, en un tomo (III) y original del expediente del juicio oral ordinario sobre pago de alimentos ********************, un tomo (tomo II) y un sobre (tomo I) de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Salamanca, Guanajuato, por ser innecesaria su conservación. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, se requiere a las diversas autoridades para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
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...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama al Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en Guanajuato, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Acto que se corrobora con el original del expediente del juicio oral ordinario sobre pago de alimentos **********, del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Salamanca, Guanajuato, así como el Toca de apelación **********, que el Magistrado responsable remitió adjuntó al informe en comento, documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en razón de que estas no se encuentran desvirtuadas. CUARTO. Examen de procedencia. El análisis de la improcedencia del juicio de amparo es de carácter oficioso, de orden público y estudio preferente conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo. Acorde al estudio de los autos, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción V, a contrario sensu de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Del primer artículo preinserto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el segundo establece que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conviene destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación y al respecto emitió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo antepuesto, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues en estos últimos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Entonces, en estos casos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque la reparación sería ya imposible, con lo cual se violentaría la estructura del amparo, en tanto que en estas situaciones no habría oportunidad de proteger los derechos fundamentales del afectado. Por el contrario, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de esos derechos encuentra su fin último en su reparabilidad, ya sea a través de la obtención de una sentencia favorable o bien al recurrirlos en segunda instancia, en tanto que si esto sucede, los efectos de la transgresión procesal son subsanados desapareciendo de la realidad, esto es, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. La gravedad de las violaciones de ejecución irreparable está en la infracción inmediata de los derechos fundamentales o sustantivos, en razón de que éstos constituyen una especie de los que la ley fundamental reserva al gobernado como género; mientras el supuesto de los segundos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, esto es, únicamente hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolver la controversia, motivo por el cual es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia que, al ser favorable, traerá como resultado que tales efectos o consecuencias se extingan en la realidad de los hechos, sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Precisado lo anterior, conviene destacar, de manera breve, los antecedentes más relevantes del acto reclamado en la presente instancia, de lo que se sigue que tuvo su génesis en el juicio oral ordinario sobre pago de alimentos ********** del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Salamanca, Guanajuato, promovido por ********** en representación de su menor hija de iniciales **********, contra el aquí quejoso **********; radicado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 12 a 15 del tomo II de pruebas); en el mismo proveído se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de la menor, el veinte por ciento del salario, demás prestaciones ordinarias y extraordinarias, así como cualquier otra prestación que percibiera el demandado, previas las deducciones de ley, (foja 13 vuelta y 14 Id); parte demandada que fue emplazada al juicio natural y produjo contestación por escrito presentado ante el juzgado de instancia el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 63 a 65). Seguido el juicio en sus cauces legales, el treinta y uno de enero de dos mil veinte la Juez de instancia dictó sentencia en la que declaró procedente la vía oral ordinaria promovida por la parte actora, condenó al aquí quejoso al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la menor de iniciales **********, consistente en el trece por ciento de su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que reciba de su fuente de trabajo, previas las deducciones de ley, y absolvió al demandado del pago de costas (fojas 225 a 233 ídem). Inconforme, la parte actora, aquí tercera interesada, interpuso recurso de apelación (fojas 4 a 25 del tomo III de pruebas), recurso que fue radicado con el número de Toca **********, por el Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (fojas 28 a 33 del tomo III de pruebas), quien mediante resolución de diecinueve de marzo del presente año, resolvió ordenar la reposición del procedimiento del juicio de origen a fin que el juzgado de instancia recabara debidamente la prueba pericial en materia de trabajo social, previamente desahogada en el juicio natural, y del que se advirtieron diversas inconsistencias, por lo cual ordenó al juzgado de origen realizara lo siguiente: "a). Ordene de nueva cuenta, en complemento del dictamen pericial en Trabajo Social, la aclaración de los puntos que fueron detallados en el presente fallo en incisos anteriores, debiendo requerir al perito que haga la investigación conducente, pero a través de valores objetivos, es decir, que de la investigación se obtenga certeza de las actividades y los gastos que las partes generan, la menor hija de éstas, y en su caso, una vez que precise el parentesco de la diversa menor mencionada respecto a la familiar del reo, también de ésta, debiendo en su caso exhibir comprobantes, recibos y justificación de todo gasto encausado a esas actividades y precisar en el complemento, así como la precisión de los gastos si se toma de nueva cuenta en consideración la norma aludida por la perito en su dictamen; qué se obtiene y cómo es que obtiene datos. Haciendo también un análisis comparativo de las necesidades que un menor en la edad que se encuentra la hija de las partes materiales requiere por conceptos actualmente. b). Deberá la A quo, requerir a las partes para efecto de que aporten al sumario todo documento que tengan en su poder, relativo a los gastos que se han erogado a favor de la menor de iniciales **********, por concepto de alimentos por el lapso de dos años anteriores, si es que lo tuvieren, o en su caso hacer la investigación correspondiente y solicitar información, esto atendiendo a los padecimientos que fueron manifestados a la perito. c). En caso de reticencia de las partes a dar la información necesaria y requerida por la perito, podrá auxiliarse del Tribunal para efecto de solicitar cualquier informe, medida, documento o datos que le sean necesarios de cualquier dependencia o institución para poder integrar su dictamen pericial. d). Podrá la A quo allegarse de todo medio de prueba que estime necesario para efecto de obtener la información necesaria, objetiva y justificada que le permita tomar una decisión atingente en relación con los alimentos de la menor involucrada." Actuaciones en las que señaló que se permitiera la participación activa del Ministerio Público adscrito al Juzgado de instancia, así como de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Y, superado lo anterior, emitiera sentencia en la que atendiendo al interés superior del menor, ponderando su sano desarrollo y crecimiento dicte una nueva resolución (fojas 44 a 54 Tomo III de pruebas). Los antecedentes descritos, ponen de manifiesto que la resolución reclamada no resulta de ejecución irreparable, porque no atenta materialmente por sí misma, algún derecho sustantivo constitucional o convencional de la parte quejosa. En efecto, la reposición tiene como consecuencia que el juzgador de origen se allegue de mejores elementos para decretar la pensión alimenticia que fue reclamada, esto a través de valores objetivos que estimó la Sala responsable, no se encuentran en el dictamen pericial en materia de trabajo social que fue desahogado por la perito, pues de éste advirtió diversas inconsistencias que arribaron en la conclusión de ser irregular o deficiente para el objeto que fue desahogado. Luego, si bien la Sala responsable ordenó a la A quo que atienda, en complemento del dictamen pericial en Trabajo Social, la aclaración de los puntos entre los que se encuentra que la perito realice una investigación de la que obtenga certeza de las actividades y los gastos que las partes generan, debiendo en su caso exhibir los comprobantes de los que se obtengan éstos, y la forma en cómo los obtuvo; y que la juzgadora de instancia requiera a las partes para que aporten al sumario todo documento que tengan en su poder de los gastos erogados de la menor por concepto de alimentos por el lapso de dos años anteriores, si es que los tuvieren. Circunstancia que no constituye una violación a sus derechos sustantivos, pues únicamente entraña que la juzgadora recabe mayores elementos sobre los gastos que genera la menor, así como mayor información sobre los deudores alimentarios a efecto de ponderar de manera objetiva las necesidades de la menor frente a las posibilidades de los deudores. Es así pues, la reposición aludida implica volver a poner el proceso en la etapa de sustanciación del juicio, cuestión que, en sí misma, no genera una afectación de imposible reparación, pues implica solamente que se lleve a cabo un acto meramente procesal, del que las consecuencias legales se constriñen en recabar o perfeccionar medios probatorios que resulten suficientes para determinar los requerimientos alimentarios de la menor involucrada; circunstancia que, se insiste, no afecta derechos sustantivos de la parte promovente. Además, si con tal determinación la parte quejosa estima que se afectan sus defensas, en caso de que esa situación trascienda al resultado del fallo, puede hacerlo valer como violación procesal en el amparo directo que, en su caso, promueva. Por tanto, a juicio de esta Juzgadora, la resolución reclamada en el presente juicio no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, en tanto que puede resultar en un fallo favorable para el propio quejoso. Es así pues, no se advierte que se genere un efecto en las cosas o las personas que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que únicamente consiste en que se desahogue el complemento de una prueba en materia de trabajo social que ya fue previamente realizada pero sus extremos resultaron insuficientes para el objeto que se realizó; sin que ello, necesariamente, signifique que se dictará una resolución contraria a los intereses de la parte demandada, hoy quejosa; motivo por el cual, se insiste, el acto reclamado en esta instancia no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. En tanto que la exhibición de los comprobantes sobre los gastos realizados tampoco constituye una violación a la secrecía de las partes, pues se trata de los gastos generados por los afectados y se encuentra compelida a que sean aportados por los deudores alimentarios, con el objeto de que se obtengan mayores elementos tanto de los deudores como de la menor a fin de que la determinación del monto sea asequible a los deudores y atienda las necesidades de la menor, circunstancia que como se dijo, no violenta los derechos sustantivos de la parte promovente. Luego, si el desahogo del complemento de la pericial en trabajo social, en los términos señalados por la Sala, tampoco el secreto y la confidencialidad de la información de las partes que hicieren procedente el presente juicio de garantías , resulta en un acto que vulnere los derechos sustantivos del quejoso de forma tal que sean de imposible reparación. Sirve de apoyo, por las consideraciones que sustenta, la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2012245 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.) Página: 1180 "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". Contradicción de tesis 97/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Cuarto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, Primero y Segundo, ambos del Noveno Circuito, Tribunal Colegiado en Materia Penal y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Tercero en Materia Civil del Cuarto Circuito. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Criterios contendientes: El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 98/2014, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver la queja 42/2013, el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja 2/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 70/2014, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja 148/2014, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 304/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver la queja 36/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja 8/2014. Tesis de jurisprudencia 87/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En consecuencia, queda actualizada la causa de improcedencia que se dio noticia, procede sobreseer el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
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...Audiencia constitucional...
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