Luis Joel Gomez Hernandez
Expediente 200/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Joel Gomez Hernandez
Actuaciones
- Incidental
...Téngase por recibida la pieza postal de cuenta, que contiene el oficio 6217/2021, dirigido al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal sede Irapuato, Base Silao de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, devuelta por el servicio de mensajería acelerada "Estafeta" con el motivo: "D03 Envío rehusado por el destinatario" y la leyenda "No les pertenece". En atención a lo anterior, del expediente principal (199/2021 y su acumulado 200/2021) del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que dicha parte procesal tiene su domicilio en calle 5 de Mayo, número 13, Oficinas de la Fiscalía General del Estado, Región B (Agencias del Ministerio Público), Silao, Guanajuato; y, que cuenta con el correo electrónico rruiz@guanajuato.gob.mx, que constituye un medio de contacto. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase la referida comunicación a la citada autoridad en el domicilio o el medio tecnológico antes señalados, o bien, a través de cualquier vía que permita su envío inmediato, dada la imposibilidad que existió para su entrega física...
- Incidental
.... CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez responsable al rendir su informe previo, aceptó los actos que se le atribuyen; razón suficiente para tenerlos como ciertos. Por tanto, se procede a pronunciarse sobre la suspensión solicitada. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia que el quejoso solicita que se conceda la medida cautelar, contra el acto reclamado. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el seguimiento de la causa penal de origen en sus etapas procesales, que incluso, podría dejar sin materia el presente asunto en caso de que se decrete el cierre de la etapa intermedia, lo que puede ocasionar al quejoso la continua molestia o privación de sus derechos, o bien, la privación de su libertad por la tramitación del proceso penal. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se trate de actos privativos de libertad o que la afecten de manera indirecta, como acontece en el caso, la suspensión se decretará cuando de una ponderación entre el perjuicio al interés social y la contravención a las disposiciones de orden público frente a los daños y perjuicios que se pudieran causar al quejoso con la ejecución del acto, los últimos deban prevalecer. Auto de vinculación a proceso (Paralización del procedimiento). En cuanto a la suspensión total del procedimiento, debe decirse que no se satisface el requisito que establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la medida cautelar. Se afirma lo anterior, en virtud que el numeral en cita establece como requisito para el efecto de otorgar la suspensión definitiva, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado; al contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En esas condiciones, de concederse la medida cautelar en los términos solicitados conllevaría a la paralización injustificada de una causa penal, como herramienta legal con que cuenta el Estado para la persecución e investigación de los delitos, así como que se castigue a quienes resulten responsables, pues en el caso, se dispone de los procesos penales para ese fin. Por tanto, de ordenarse su interrupción, se afectarían disposiciones de orden público, inmersas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es contrario al contenido del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada del acto reclamado por lo que hace a los efectos en estudio, en virtud de que la consecución de los procesos penales salvaguarda en mayor medida el interés social. Dicho en otra palabras, de concederse la suspensión solicitada ocasionaría la paralización de la investigación por parte de las autoridades competentes, cuya función de perseguir y sancionar los delitos se vería menoscabada, en tanto no se analice la constitucionalidad del acto reclamado; lo que atenta el interés social, pues la colectividad se encuentra interesada en que se realice la debida investigación y persecución de los delitos; de ahí que, no sea factible suspender el acto como lo propone la parte quejosa. Ello, con la observación que en el acuerdo dictado el treinta de marzo del año en curso en el juicio principal del que deriva esta incidencia, se ordenó hacer del conocimiento de la autoridad responsable la obligación que le impone el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, de suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez cerrada la instrucción o una vez concluida la etapa intermedia. Así, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva respecto del acto en estudio. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega ***, la suspensión definitiva por las razones aludidas en el considerando sexto de la presente interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
...Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Juez de Control actuando en la base de Silao de la Victoria, Guanajuato del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado, mediante el cual rinde su informe previo; en ese sentido, se tiene por rendido el informe de mérito.1 Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia de ley. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora federal que rinde informe previo dirigido al incidente 199/2021 y su acumulado 200/2021, sin embargo, se tramitan por separado; en tanto que del contenido de la misiva de cuenta, se advierte que lo dirige al segundo...
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