Luis López Rivadeneyra
Expediente 723/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Bacilio Hernández Camarero
- Luis López Rivadeneyra
- Clara Luz Domínguez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 723/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexos signado por el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual remite los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 559/2021 de su índice, así como tres billetes de depósito con registro N907784, N907785 y N907786, cada uno por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). En virtud de lo anterior, téngasele dando cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales procedentes y, se ordenar formar por duplicado el cuaderno incidental, vinculado al juicio de amparo 723/2021 del índice de este Juzgado, por lo que se ordena agregar la carátula de los incidentes. Acúsese recibo. Ahora, vistos los autos de los cuadernos incidentales remitidos, se advierte que el once de agosto de dos mil veintiuno, el homólogo federal, se pronunció en relación con la suspensión definitiva, en el sentido de concederla; por ello, se convalidan todas las actuaciones realizadas dentro de los autos de dicha incidencia. Asimismo, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, proceda el secretario del juzgado a guardar los citados billetes de depósito, en la caja de seguridad, que para tal efecto lleva este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó de acordar lo conducente respecto del presente expediente y de los cuadernos incidentales derivados del mismo, en relación a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), hasta en tanto se recibieran los autos originales del incidente de suspensión, así como las citadas garantías, lo cual ya aconteció. En tales condiciones, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, en los autos del incidente de suspensión recibidos en esta misma data, se advierte que en proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al a los quejosos, exhibiendo los billetes de depósito con registro N907784, N907785 y N907786, cada uno por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida. En tales condiciones, y considerando que los promoventes cumplieron con el requisito de exhibir la garantía solicitada en la suspensión definitiva, requiéraseles a efecto de que comparezcan al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declararan prescritos los billetes y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
III. Boca del Río, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio y anexos signado por el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual remite los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 559/2021 de su índice, así como tres billetes de depósito con registro N907784, N907785 y N907786, cada uno por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). En virtud de lo anterior, téngasele dando cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales procedentes y, se ordenar formar por duplicado el cuaderno incidental, vinculado al juicio de amparo 723/2021 del índice de este Juzgado, por lo que se ordena agregar la carátula de los incidentes. Acúsese recibo. Ahora, vistos los autos de los cuadernos incidentales remitidos, se advierte que el once de agosto de dos mil veintiuno, el homólogo federal, se pronunció en relación con la suspensión definitiva, en el sentido de concederla; por ello, se convalidan todas las actuaciones realizadas dentro de los autos de dicha incidencia. Asimismo, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, proceda el secretario del juzgado a guardar los citados billetes de depósito, en la caja de seguridad, que para tal efecto lleva este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó de acordar lo conducente respecto del presente expediente y de los cuadernos incidentales derivados del mismo, en relación a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), hasta en tanto se recibieran los autos originales del incidente de suspensión, así como las citadas garantías, lo cual ya aconteció. En tales condiciones, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, en los autos del incidente de suspensión recibidos en esta misma data, se advierte que en proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al a los quejosos, exhibiendo los billetes de depósito con registro N907784, N907785 y N907786, cada uno por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida. En tales condiciones, y considerando que los promoventes cumplieron con el requisito de exhibir la garantía solicitada en la suspensión definitiva, requiéraseles a efecto de que comparezcan al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sean devueltos los citados billetes de depósito; lo cual deberá hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declararan prescritos los billetes y se harán efectivos a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Lo que se notifica por este conducto a la parte quejosa por asi estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, recibido en línea, en virtud de que dicho oficio cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase al homólogo federal informando que mediante auto de nueve de noviembre del año en curso, remitió vía mensajería acelerada "estafeta" el original y duplicado del incidente de suspensión relativos al presente asunto, así como los billetes de depósito N907784, N907785 y N907786, cada uno por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). En tales condiciones, estese en espera de la recepción de las referidas constancias, para acordar lo conducente respecto a su destino. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama un acto de autoridad jurisdiccional de naturaleza laboral, que según la quejosa sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, en tanto que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el siguiente: El proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado con sede en Xalapa, Veracruz, dentro de la sección de ejecución del juicio laboral 568/2010, mediante el cual se hizo efectiva la medida de apercibimiento a los quejosos consistente en arresto en su carácter de ediles del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, así como la ejecución de dicha orden. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos atribuidos al 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ambos con sede en Xalapa, Veracruz, puesto que así lo indicaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 150 y 133, respectivamente). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas deducidas del juicio laboral 568/2010 del Tribunal responsable, las cuales remitió como sustento de su informe justificado, en las que se advierte el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno (fojas 104 a 112) en el que se ordenó la aplicación de la medida de apremio a los quejosos consistente en la orden de arresto por una hora; documentales que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la causal invocada por la autoridad responsable 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En efecto, el citado tribunal alegó que en el caso se surte el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo al haber cesado los efectos de los actos reclamados. MARCO NORMATIVO A ese respecto, es preciso establecer que en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la lectura del precepto reproducido, se desprende que si los efectos del acto que reclama un quejoso se interrumpen o finalizan, es decir, se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo; entonces, el juicio de amparo es improcedente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ANTECEDENTES 1. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede Xalapa, dictó laudo en el juicio laboral 568/2010, en el que condenó al Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, al pago de diversas prestaciones en favor de Luis Texon Popo (fojas 5 a 13 del tomo de pruebas). 2. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, en la que, tomando en cuenta el estado de autos, se ordenó requerir al Ayuntamiento Constitucional de Tlacojalpan, Veracruz para que se efectuara a favor de Luis Texon Popo, el pago de $347,759.98 (trescientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 98/100 M.N.) derivado de las sumas derivadas de los conceptos de indemnización, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados, por lo que se comisionó al Juzgado Municipal de Tlacojalpan, Veracruz para que en unión de la parte actora y en auxilio de las labores de dicho Tribunal se constituyeran en el domicilio ampliamente conocido del Palacio Municipal de Tlacojalpan, Veracruz, a efecto de requeriré el pago antes referido a través del Síndico Único y representante legal de dicho ayuntamiento, apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de la realización de dicha diligencia se procedería en términos del numeral 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz (fojas 22 vuelta y 227). 3. A pesar de dicha orden y diversas dictadas posteriormente para el año dos mil veintiuno, no se ha logrado el cumplimiento del citado laudo; por lo que el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se determinó requerir de manera enérgica al Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz por conducto de su cabildo integrado por Clara Luz Domínguez Vargas, Presidenta Municipal; Luis López Rivadeneyra, síndico único y Bacilio Hernández Camarero, Regidor Primero o a través de quienes ostentan dichos cargos al momento del requerimiento a efecto de que realizaran el pago a favor de Luis Texon Popo por la cantidad de $858,472.00 (ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) resultante de los conceptos ya señalados; apercibidos que en caso de no dar cumplimiento o de no informar dentro del plazo de cinco días hábiles las gestiones realizadas para obtener los recursos para dicho pago (a través de los medios que se ejemplifican en dicho proveído) se les impondría la medida de apremio contemplado en el artículo 198, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, esto es, se impondría a cada uno arresto hasta por treinta y seis horas y se daría vista al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz en su artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (fojas 29 a 42 del cuaderno de prueba). 4. Finalmente el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se determinó que nuevamente los funcionarios del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz incurrió en desacato e incumplimiento del laudo dictado en el expediente 568/2010, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno y se ordenó imponer a Clara Luz Domínguez Vargas, Luis López Rivadeneyra y Bacilio Hernández Camarero, un arresto como medio de apremio de una hora (fojas 104 a 112 del tomo de prueba) Auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SUBSUNCIÓN.La citada causal de improcedencia resulta infundada. En efecto, la autoridad responsable basa la cesación de efectos de la orden de arresto reclamada, en el hecho que mediante auto expedido por dicho Tribunal el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se suspendió la orden de arresto ordenada en proveído de veintidós de junio del presente año, sin que se hubiera hecho efectiva dicha medida de apremio, lo que se informó a la autoridad ejecutora (2. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con sede en Xalapa, Veracruz) en esa misma fecha. Sin embargo, contrario a lo estimado por el citado órgano jurisdiccional, dicha circunstancia no actualiza el supuesto contempla en la referida fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que para ello es necesario que los efectos del acto que se reclama se destruyan o desvanezcan de forma total, de manera que ya no incidan en la esfera jurídica de los quejosos y pueda considerarse que volvieron al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional. En contraste en el caso a estudio y tal como lo manifiesta la propia autoridad, la orden de arresto impugnada se suspendió en cuanto su cumplimiento, esto es, no fue dejada sin efectos, ni cancelada, lo que implica que por instrucción emitida por el Tribunal responsable puede reactivarse la misma y hacerse efectiva, ello máxime que la razón para la pausa en la ejecución de la citada medida de apremio no fue alguna actuación procesal efectuada en el propio juicio, sino el acatamiento a la suspensión concedida en el presente juicio de garantías, de tal forma que en caso que la misma quedara sin efectos, se podría inmediatamente continuar con el cumplimiento del arresto ordenado. Guarda relación la tesis IV.3o.A.50 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito de rubro y testo siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN OTORGADA AL QUEJOSO, ORDENE DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO RECLAMADO. De la interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo se obtiene que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable lo derogue o revoque, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando la responsable deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En estas condiciones, dicha causa no se actualiza cuando la autoridad, en cumplimiento de la suspensión otorgada al quejoso, ordena dejar sin efectos el acto reclamado, ya que no debe perderse de vista que actuó en virtud de la concesión de la medida suspensiva y, por tanto, la determinación controvertida se encuentra sub júdice, sujeta al resultado del fondo de la controversia constitucional, lo que implica que el ente administrativo no puede prevalerse de ello para solicitar la improcedencia del juicio. En efecto, el hecho de que la autoridad haya procedido, por ejemplo, a ordenar la liberación y destrabe de cuentas bancarias aseguradas en cumplimiento de la suspensión dada con ese fin, hace innegable que esto recae en mero cumplimiento a dicha medida, sin que pueda asumirse, por tanto, que el acto reclamado ha sido dejado sin efectos en forma total e incondicional." Sin que sea óbice para considerar lo anterior, que se haya seguido actuando en la sección de ejecución del citado juicio laboral y se haya continuado formulando requerimientos a la autoridad responsable para el cumplimiento del respectivo laudo, puesto que ninguna de las medidas posteriores han dejado sin efectos de manera total la orden de arresto reclamada, ni han dado por concluido el expediente de origen de forma definitiva; motivo por el que se reitera, la causal de improcedencia invocada resulta improcedente. Por otra parte, no se advierte diversa causa de improcedencia del juicio de amparo hecha valer por las partes ni se advierte alguna de oficio, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, cuya transcripción se omite al ser innecesaria y no existir disposición que lo exija. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, se concluye que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados; sin que se advierta queja deficiente que suplir a pesar de tratarse de un acto que afecta la libertad personal de los quejosos. MARCO NORMATIVO. En de ahí que al señalarse como uno de los numerales transgredidos debe precisar que el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece lo siguiente: "[.] Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El precepto constitucional transcrito contiene la garantía de audiencia, la cual establece el derecho o la oportunidad que debe tener cualquier gobernado de defender sus bienes o derechos antes de que sea privado definitivamente de ellos. El respeto a esta garantía presupone el requisito de que los hechos y datos o documentos en que la autoridad se basó para dar curso a un procedimiento, que puede culminar con la privación de derechos, se comuniquen al afectado a través de un adecuado y eficaz acto de notificación para que se entere de la pretensión dirigida en su contra y los hechos, datos o fundamentos que sustenta el inicio de dicho procedimiento, y así esté en aptitud de defenderse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se cita: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica." Jurisprudencia que si bien se integró con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la misma resulta vigente y aplicable en tanto que no se opone a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. Asimismo, es oportuno transcribir el artículo 16 Constitucional que, en su párrafo primero, señala: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". Cabe decir que el artículo precisado, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas" De igual forma, resulta aplicable el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Jurisprudencias que si bien se integraron con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, las mismas resultan vigentes y aplicables en tanto que no se oponen a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia, máxime cuando se está en presencia de un procedimiento de naturaleza laboral, en cuanto a que en el mismo se ven involucrados valores fundamentales que reconoce y privilegia nuestro sistema jurídico. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Por su parte, el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, el cual establece: "ARTICULO 198.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Salas en su caso, podrán emplear cualquiera de los medios de apremio necesarios, conjunta o indistintamente, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia sea indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Los medios de apremio que pueden emplearse son: I.- Multa, hasta de 15 veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; II.- Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y III.- Arresto hasta por treinta y seis horas." Hasta aquí las premisas normativas SUBSUNCIÓN Los quejosos expresan como concepto de violación esencialmente, que con la orden de arresto reclamada se transgreden sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que no se respetan los principios de seguridad jurídica y legalidad, que imponen la obligación a las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, conforme con las leyes que rigen el acto explicando la forma en la que las mismas resultan aplicables al acto reclamado. Lo anterior puesto que alegan los quejosos que al hacer efectivo el apercibimiento que les fue formulado a los impetrantes de garantías, la autoridad ordenó imponerles un arresto por treinta y seis horas, sin expresar los razonamientos que la llevaron a determinar que ese es el periodo que corresponde con la omisión que se les atribuye. Ahora, dado que con independencia del concepto de violación ya señalado, los quejosos de forma genérica expresaron que no se cumplen los requisitos que señala el artículo 16 constitucional, se estima pertinente estudiar si el proveído reclamado contiene los requisitos que todo acto de autoridad debe respetar. En el caso a estudio, de las constancias remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede Xalapa, se advierte que se encuentran cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento, pues existe un proceso laboral que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en contra del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, del expediente laboral 568/2010, emitiendo el laudo en fecha veintiocho de febrero del dos mil catorce, condenando a dicho Ayuntamiento a pagar al actor cantidades por diferentes conceptos. Por ello, en diversas ocasiones, el Tribunal responsable requirió a Clara Luz Domínguez Vargas, Luis López Rivadeneyra y Bacilio Hernández Camarero, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Único y Regidor Único, respectivamente del Ayuntamiento Constitucional de Tlacojalpan, Veracruz, el cumplimiento del laudo, pero el Ayuntamiento incumplió con tales requerimientos. Motivo por el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede Xalapa, en auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, realizó nuevo requerimiento a Clara Luz Domínguez Vargas, Luis López Rivadeneyra y Bacilio Hernández Camarero, para el cumplimiento del laudo, en el que se les señaló que debían realizar las acciones pertinentes dentro de sus atribuciones para allegarse de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas del citado laudo, máxime que el artículo 30, fracción XVI de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece la obligación de las entidades públicas de fijar en sus presupuestos de egresos las cantidades destinadas para el pago de indemnizaciones laborales y que en el caso particular se encuentra pendiente de cumplimiento la sentencia de amparo 1045/2016 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, en la que se concedió la protección constitucional para el efecto que se cumpliera el citado laudo, por lo que se les indicó que debían aprobar la modificación de su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 (el que debió quedar aproado la segunda quincena de septiembre de 2020, cuando ya existía el adeudo en cuestión) a modo que se les permitiera cumplir con dicha obligación; asimismo, se requirió a cada uno de los ediles que remitieran a dicho tribunal copia certificado del inventario general y avalúo de los bienes que conforman el patrimonio municipal de cualquier naturaleza que sean. Lo que fue notificado a las autoridades en cuestión por la actuaria adscrita al H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz el diez de junio de dos mil veintiuno, con el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo requerido se les impondría a cada uno de ellos el medio de apremio contemplado en el artículo 198, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, esto es, arresto hasta por treinta y seis horas. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se emitió acuerdo en el que se indicó que pasado el plazo de cinco días concedido a la autoridad responsable, feneció sin que se recibiera documento alguno en que constara el cumplimiento dado al laudo; ello con independencia que mediante escrito de veintiuno junio de dos mil veintiuno, los integrantes de dicho cabildo informaran que fue rechazada su petición a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado dado que no existían recurso adicionales destinados a ese ayuntamiento. Sin embargo dicha respuesta no se consideró por la autoridad responsable, como medida contundente que conlleve al efectivo cumplimiento del laudo, ya que en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se concede a los ayuntamientos la facultad exclusiva de administrar su hacienda, máxime que en el requerimiento notificado se le informó de los fundamentos con los que se podía justificar la asignación de los recursos correspondientes; por ello el Tribunal responsable consideró que el ayuntamiento en cita incurrió en incumplimiento al auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Acto seguido el órgano jurisdiccional hizo un recuento de las ocasiones en que se ha requerido el citado cumplimiento del laudo de veintiocho de febrero de dos mil catorce, al Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, esto en fechas diecinueve de noviembre de dos mil catorce, veinte de agosto de dos mil quince, doce de mayo de dos mil dieciséis, veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dieciséis de enero, veinte de febrero, diez de abril, veintiuno de mayo, cinco de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, veintinueve de enero, veintiocho de febrero, veinticinco de junio, veintiuno de agosto, tres de octubre, trece de noviembre de dos mil diecinueve, diecisiete de enero, diecisiete de septiembre y treinta de noviembre de dos mil veinte, veintiséis de enero, veintiséis de marzo, tres de mayo y veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. De ahí que ante las reiteradas omisiones por parte de los funcionarios del Ayuntamiento en cita a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por el Tribunal responsable, este último consideró que existían elementos graves de incumplimiento por parte de aquellos y determinó hacer efectivo el apercibimiento realizado a través de proveído de veintisiete de mayo del presente año, notificado el diez de junio siguiente y con fundamento en el artículo 198, fracción III de la Ley del Servicio Civil de Veracruz, ordenó imponer un arresto a Clara Luz Domínguez Vargas, Luis López Rivadeneyra y Bacilio Hernández Camarero, como medio de apremio, el cual se graduó en una hora, siendo éste el mínimo contemplado en la legislación correspondiente. De ahí que deba considerarse que la autoridad responsable expresó los motivos que lo llevaron a decretar la orden de arresto, realizando un análisis sobre la existencia del juicio laboral 568/2010, del índice del Tribunal responsable, el dictado de laudo en fecha veintiocho de febrero del dos mil catorce, el cumplimiento del mismo, el cual no fue realizado dentro de los parámetros que marca la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Por lo que se consideran cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento y, por tanto, no se le dejó a los quejosos en estado de indefensión, sobre todo, del hecho de que, desde el diecinueve de noviembre dos mil catorce se ha requerido al Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, el cumplimiento del laudo dictado, sin que a la fecha haya ejecutado alguna medida eficaz para ello, no obstante que estuvo en posibilidad de afectar su hacienda pública durante los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y aun el dos mil veintiuno, sin haberlo siquiera intentado, a sabiendas de la autonomía de que goza para ello. Resulta aplicable al caso la tesis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." En ese mismo sentido, por lo que hace a la manifestación de los quejosos relativa a que no se fundó y motivó suficientemente el arresto por treinta y seis horas que se impuso a cada uno de ellos como medida de apremio. Esto es así, puesto que contrario a lo manifestado por los impetrantes de garantías, el arresto que se ordenó por parte de la autoridad responsable fue por el lapso de una hora, que constituye la mínima prevista en la legislación local, de ahí que no existe necesidad de que la autoridad explique detalladamente las circunstancias que la decidieron por graduar la pena de tal forma, puesto que una vez establecido que no se acató el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, y en consecuencia se imponía hacer efectivo el apercibimiento realizado, lo único que restaba era modular la duración de dicha medida, de manera que, si se impuso la mínima aplicable esto no requiere explicación puesto que por debajo de tal límite inferior no es factible imponer medida de tal naturaleza. Guarda relación, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 127/99 d ela Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima." De ahí que los conceptos de violación señalados por los quejosos deben de considerarse como infundados. CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el acto reclamado se llevó a cabo por las autoridades competentes y éste se encuentra debidamente fundado y motivado, no se percibe violación a los derechos fundamentales de los quejosos. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al acto que se reclama a la autoridad ejecutora, consistentes en el cumplimiento de la citada orden de arresto, por no haber sido atacada su actuación por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución impugnada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Todo lo anterior, con independencia que, de considerar el 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de acuerdo al estado que guarde el cumplimiento del laudo antes señalado por parte de los integrantes del Ayuntamiento de Tlacojalpan, Veracruz, ya no sea necesario hacer efectiva la medida de apremio estudiada, se encuentra en aptitud de acordar lo conducente. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del dos mil veinte.Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Clara Luz Domínguez Vargas, Luis López Rivadeneyra y Bacilio Hernández Camarero, en contra de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Lo anterior se notifica por este medio a la parte quejosa y tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
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