Luis Lamberto Lárraga Schleske

Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
904/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Luis Lamberto Lárraga Schleske
  • Juez Decimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 904/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el presente asunto (fojas 48 a 62) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintiuno de octubre de dos mil veintidós (fojas 32 a 36 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se advierte que mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintidós (fojas 42 y 43), se tuvo al Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias anexas a su informe justificado -con las cuales se formó un cuaderno de pruebas-; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el cuaderno de pruebas aludido, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en el presente asunto (fojas 48 a 62) HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de veintiuno de octubre de dos mil veintidós (fojas 32 a 36 del original del incidente de suspensión relativo al presente asunto) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, se advierte que mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintidós (fojas 42 y 43), se tuvo al Juez Decimocuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias anexas a su informe justificado -con las cuales se formó un cuaderno de pruebas-; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el cuaderno de pruebas aludido, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la tercero interesada la sentencia engrosada el doce de enero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 904/2022, y R E S U L T A N D O :.... PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito ese mismo día, Luis Lamberto Larraga Schleske promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-19). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; señalar fecha y hora para la audiencia constitucional y emplazar a la tercera interesada Zayra Reyes Pimentel (fojas 20-24) misma que fue emplazada el catorce de octubre de dos mil veintidós (fojas 29-30). Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por apersonada a juicio a la tercero interesada Zayra Reyes Pimentel sin que hiciera valer causal de improcedencia (fojas 32-39). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 41) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 45-46) quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio1 y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad civil, atinente a un derecho 1 Transitorio: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."fundamental de carácter familiar, como lo representa la resolución en que se deja sin efecto un auto para que no se lleve acabo la convivencia con el padre no custodio dentro de un proceso jurisdiccional, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: ? La resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 601/2022 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de Veracruz, Veracruz, en la que se declaró procedente la reclamación interpuesta por la aquí tercera interesada Zayra Reyes Pimentel y se deja sin efecto el auto de once de mayo de dos mil veintidós, para que no se lleve acabo la convivencia solicitada por el quejoso Luis Lamberto Larraga Schleske con su menor hijo de iniciales L.L.R. (fojas 300-303 Tomo I Cuaderno de Pruebas) (resolución que fue notificada por lista de acuerdos el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós foja 303 vuelta). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 300-303). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 300-303 Tomo I Cuaderno de Pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."2 2 Quinta Época, registro: 394182, Pleno; Jurisprudencia, tesis 226; Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153; materia(s): Común. Jurisprudencia que si bien se integró con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la misma resulta vigente y aplicable en tanto que no se opone a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio, lo cual es aplicable a las demás tesis que se citen en la presente resolución. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."3 QUINTO. Constitucionalidad del acto. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en razón de que se dilucidan derechos de una menor de edad en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo son infundados. Lo que se hace así, en tanto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2004-PS, determinó que la suplencia es una institución cuya observancia deben respetar los tribunales federales, la cual opera invariablemente cuando estén de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de menores de edad o de incapaces, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 3 De la de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 5, tomo XXI, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. carácter de quien sea el promovente del juicio de amparo, atendiendo a la circunstancia que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 191/20054 de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." MARCO NORMATIVO I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal,5 en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga 4 Visible en la página ciento sesenta y site, XXXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175053. 5 Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204,6 de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 6 Publicada en la página 166, Tomo VI, del Apéndice de 1917-2000. aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005,7 cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 7 Consultable en la página 162, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época. jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR La obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 10, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012592, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todosesenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Así, se encuentra constitucional y convencionalmente justificado que se ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien incluso, en su caso, insta la acción constitucional, cuando sus intereses son adversos a los de cualquier menor, cuyos derechos fundamentales se relacionan con el acto reclamado, porque constituye un imperativo de la sociedad la protección de éstos con una mayor intensidad, ubicado por encima de la protección que debe darse a los derechos de los adultos, no obstante que a éstos les asista el carácter de quejosos, pues los derechos fundamentales de los menores no pueden estar subordinados a los de aquéllos. Sin que dicho actuar vulnere el principio de relatividad de las sentencias porque el derecho de los adultos no puede prevalecer frente al interés superior de los menores, el cual resulta de mayor entidad; de igual manera ocurre por cuanto hace al principio de agravio o instancia de parte, considerando que, cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción al principio en mención. Debido a lo anterior, el respectivo asunto debe ser analizado bajo el parámetro objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, cuando se advierta que existen obligaciones soslayadas o incompletamente determinadas en el propio acto reclamado, toda vez que al encontrarse involucrada la situación jurídica de tres menores, se justifica la excepción de que el estudio atinente se elabore en beneficio de éste, aunque materialmente implique ampliar el ámbito de las obligaciones previamente determinadas, de las que se duele el promovente del amparo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor involucrado. Así también, orienta lo considerado la Jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006593, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, dada su trascendencia, la protección en cita no puede limitarse al cumplimiento de requisitos de carácter formal, de tal manera que considerando que la protección de los menores es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, no puede estimarse que éstos deban sufrir la consecuencia del error o negligencia en la actuación de quien omitió instar la protección constitucional en su nombre, por lo que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlos inauditos. De igual forma, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así también, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 406, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES A continuación, se destacan los antecedentes pertinentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, tuvo a la aquí tercero interesada Zayra Reyes Pimentel, presentando por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales L.L.R. escrito de demanda en contra de Luis Lamberto Larraga Schleske (aquí quejoso) radicándose el juicio ordinario civil 601/2022-IV de ese índice. Asimismo, se decretó la prohibición al demandado de acercarse él o sus familiares al domicilio de la parte actora Zayra Reyes Pimentel, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales L.L.R., en términos del artículo 254 Sexties, fracción I y II, del Código Civil del Estado de Veracruz (fojas 19-23 Tomo I de pruebas). 2). El ahora quejoso Luis Lamberto Larraga Schleske, fue emplazado al juicio civil 601/2022-IV, mediante diligencia de doce de abril de dos mil veintidós, corriéndole traslado con la demanda y auto de treinta y uno de marzo de la citada anualidad, que contiene la medida de restricción de referencia (fojas 26-30 Tomo I de pruebas) 3). En proveído de once de mayo de dos mil veintidós, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, tuvo a Luis Lamberto Larraga Schleske, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo excepciones y defensas, ofreciendo pruebas, así como interponiendo el recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada; dejando a vista de la parte actora por el término de tres días el escrito de contestación de demanda y reclamación para LEONOR HERNANDEZ ORTIZ que manifestara a lo que sus intereses legales conviniera. Aunado a lo anterior, señaló convivencia de transición entre el menor de iniciales L.L.R. y su progenitor (aquí quejoso) los días sábados de la semana en un horario de 10:00 a 18:00 horas, ordenando que el padre debiera pasar a recoger al menor al domicilio donde habita (fojas 33 y 34 Tomo I de pruebas). 4) En proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo a Zayra Reyes Pimentel, interponiendo recurso de reclamación en contra del auto de once de mayo de dos mil veintidós (fojas 136-137 Tomo I de pruebas) 5) En proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se dejó a vista del demandado el recurso de reclamación planteado por Zayra Reyes Pimentel, en contra del auto de once de mayo de de dos mil veintidós (fojas 256-273 Tomo I de pruebas) misma que se tuvo por desahogada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, ordenándose turnar los autos para resolver (foja 288). 6) Resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio ordinario civil 601/2022-V del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, en la que declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por Zayra Reyes Pimentel, dejando sin efectos el auto de once de mayo de la anualidad en curso (acto reclamado) única y exclusivamente, para que no se lleve a cabo la convivencia entre Luis Lamberto Larraga Schleske con el menor de iniciales L.L.R. (fojas 300-303 Tomo I de pruebas). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la resolución reclamada se observa que la autoridad responsable basó toralmente su decisión en lo siguiente: ? En primer término, el Juez responsable indicó que Zayra Reyes Pimentel dijo que le causa agravios el auto de once de mayo de dos mil veintidós, respecto del régimen de visitas o convivencias, ya que se debe de estar a lo acordado en el auto de inicio o radicación, lo cual se otorgó a su favor lo que dispone el artículo 254 sexies fracciones I y II del Código Civil del Estado y prohíbe al demandado Luis Lamberto Larraga Schleske acercarse él o sus familiares a su domicilio; que su menor hijo se encuentra depositado judicialmente, lo cual se acredita con las copias certificadas del depósito judicial de persona que obra dentro de los autos del expediente civil 490/2022 del índice Juzgado Décimo Segundo Especilizado en Materia Famiiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, teniendo la calidad de depositaria judicial Mariela Reyes Pimentel, por lo tanto se opone a tal convivencia fijada en los términos que se indicaron en el auto de fecha once de mayo de dos mil veintidós, porque el actor refiere e indica actos de violencia tal y como se menciona en su escrito de demanda, en la cual se agregó la constancia de que se presentó denuncia por violencia familiar. ? Asimismo el Juez de origen, adujo que en efecto Zayra Reyes Pimentel ofreció como prueba copias certificadas de la diligencia de depósito de personas (fojas 155-171 Tomo I de pruebas) el expediente civil 490/2022 del índice Juzgado Décimo Segundo Especilizado en Materia Famiiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, con las que acredita que se decretó el depósito judicial del menor de iniciales reservada L.L.R. y de la recurrente a favor de Mariela Reyes Pimentel decretado con fecha treinta de marzo de dos mil veintidós; asimismo, que cuenta con la carpeta de investigación número VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022 la cual refirió obra en el secreto de ése órgano juridiccional bajo el número 52/22 el cual dijo tener a la vista en ese momento compuesta de once fojas; pruebas que les concedió valor probatorio de conformdad con los artículos 235 fracción II, 161 fracción II y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con las que refirió que la actora acredita que denunció por violencia familiar al demandado Luis Lamberto Larraga Schleske. ? También el Juez responsable adujo que por cuanto hace al desahogo de vista de la reclamación interpuesta por Luis Lamberto Larraga Schleske, la tuvo por reproducida como si a la letra se insertara por economía procesal. ? Concluyendo la autoridad responsable que del material valorado declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por Zayra Reyes Pimentel, porque si bien es cierto el derecho de convivencias del menor con el padre no custodio, es un derecho del menor y que es de orden público y social. Aplicando al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y contenido se leen:8 "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." 8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2007795, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 600, Tipo: Aislada. También lo es que aunque sea de manera indiciaria se advierte la existencia de violencia familiar realizada por Luis Lamberto Larraga Schleske en contra de Zayra Reyes Pimentel y del menor de iniciales L.L.R.; sin que en ese momento tuviera conocimiento alguno de que el Juez penal haya dictado en contra de Luis Lamberto Larraga Schleske auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva en su contra en la comisión del delito que se le imputa en la citada carpeta de investigación, aunado a que el demandado en ese momento procesal no ofertó prueba alguna para desvirtuar lo anterior, aunado a que se está ante una medida provisional y transitoria y no definitiva, ya que para decretarla se requiere únicamente acreditar indidicariamente la supuesta violencia ejercida en contra de su menor hijo, en la que atendiendo al interés supeior del niño, se debe evitar cualquier posibilidad de riesgo que pudiera correr en su integridad física y psicológica con motivo de la convivencia. Apoyando su determinación en la Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y contenido dicen: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2005919, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CVIII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Tipo: Aislada. "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Por lo expuesto, la autoridad responsable, dejó sin efecto el auto de once de mayo de dos mil veintidós, única Y exclusivamente para que no se lleve acabo la convivencia solicitada por Luis Lamberto Larraga Schleske con su menor hijo de iniciales L.L.R. en su escrito de demanda, quedando intocado en sus demás partes dicho auto. Hasta aquí las consideraciones de la autoridad. El suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que la autoridad responsable se sujetó al principio orientador del Interés Superior del Menor, de ahí que la citada resolución se encuentra fundada y motivada. Se sostiene lo anterior ya que el Juez Responsable apoyó de manera toral su resolución en que aunque sea de manera indiciaria se advierte la existencia de violencia familiar realizada por Luis Lamberto Larraga Schleske en contra de Zayra Reyes Pimentel y con su menor hijo de iniciales L.L.R. en virtud de que cuenta con la carpeta de investigación número VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022 la cual refirió obra en el secreto de ése órgano juridiccional bajo el número 52/22, la cual tuvo a la vista al momento de resolver. Ahora bien, en relación con el derecho de visitas y convivencias, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme al artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres.9 En este sentido, destacó que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. 9 Ver tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de rubro: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 600, registro número 2007795. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. En ese contexto, si las visitas y convivencias entre los progenitores y sus hijos menores de edad están orientadas a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre padres y sus descendientes que por algún motivo no pueden vivir juntos; siendo su finalidad enriquecer esa comunicación espiritual y afectivamente, lo que es en beneficio de los niños; entonces, salvo que esté demostrado que esa convivencia entre el menor y su progenitor representa un riesgo para ellos, no es factible conceder la convivencia; por ser de orden público e interés social asegurar e incentivar el ejercicio de la convivencia entre padres e hijos. En el caso concreto, y toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para el suscrito que en los autos del incidente de suspensión 488/2022, del índice de este Juzgado, promovido por Zayra Reyes Pimentel -aquí tercero interesada- contra la resolución de once de mayo de este año, dictado en el juicio ordinario civil 601/2022, por el cual se ordenó la convivencia del menor con el padre no custodio; el cualse tiene a la vista al momento de resolver, sin embargo, expuso que el tercero interesado Luis Lamberto Lárraga Schleske -aquí parte quejosa- ha ejercido violencia familiar tanto en su contra como de su hijo; que ha denunciado esos hechos, y se inició la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022, además que les concedieron a ambos medidas de protección a fin de que el denunciado se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia en contra de ambos; asimismo, que solicitó su depósito con su hermana por el riesgo que corren viviendo en el mismo domicilio que el tercero interesado, y el propio juez responsable, en el auto admisorio del proceso natural, les concedió una medida de protección consistente en que el reo no se acerque a su domicilio (fojas 19-23 del Tomo I de pruebas) todo lo cual se contraviene con el decreto de convivencia reclamado. Como prueba de ello, exhibió en dicho juicio de amparo 488/2022, copias certificadas y simples de dichas actuaciones, las cuales, concatenadas entre sí, junto con las manifestaciones que Zayra Reyes Pimentel, aquí tercero interesada, profirió bajo protesta de decir verdad, sirvieron para demostrar que existe un indicio sobre la violencia manifestada, pues en ellas obran sus declaraciones y las de dos testigos que dicen haber presenciado actos de violencia por parte del tercero interesado; concediéndose tanto la suspensión provisional como definitiva para el efecto de que no se lleve a cabo la convivencia de menor con el padre no custodio. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, al indicar que fue denunciado ante la fiscalía especializada, iniciando la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022, por violencia familiar en contra de la tercero interesada y del menor. Por ende, el suscrito juzgador, coincide con lo resuelto por la autoridad responsable, al considerar correcto y apegado a derecho declarar procedente el recurso de reclamación presentado Zayra Reyes Pimentel, y en consecuencia son infundados los conceptos de violación del quejoso, ya que el Juez responsable no vulneró ningún derecho fundamental del quejoso, pues atendió al interés superior del menor al advertir de manera indiciaria la existencia de violencia familiar realizada por Luis Lamberto Larraga Schleske en contra de Zayra Reyes Pimentel y con su menor hijo de iniciales L.L.R. Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. 10 Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES".11 CONCLUSIÓN 10 Tal definición está contenida en la Jurisprudencia 1a./J 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, con el rubro siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDO MEXICANOS, SUS ALCANCES". 11 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre 2013, Tomo 2, página 906. En esa tesitura al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y por ende, no haberse acreditado que se transgredan en su perjuicio derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los arábigos 74 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Luis Lamberto Larraga Schleske, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el doce de enero de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 904/2022, y R E S U L T A N D O :.... PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito ese mismo día, Luis Lamberto Larraga Schleske promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-19). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; señalar fecha y hora para la audiencia constitucional y emplazar a la tercera interesada Zayra Reyes Pimentel (fojas 20-24) misma que fue emplazada el catorce de octubre de dos mil veintidós (fojas 29-30). Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por apersonada a juicio a la tercero interesada Zayra Reyes Pimentel sin que hiciera valer causal de improcedencia (fojas 32-39). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 41) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 45-46) quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio1 y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad civil, atinente a un derecho 1 Transitorio: "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."fundamental de carácter familiar, como lo representa la resolución en que se deja sin efecto un auto para que no se lleve acabo la convivencia con el padre no custodio dentro de un proceso jurisdiccional, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: ? La resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós en el juicio ordinario civil 601/2022 del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de Veracruz, Veracruz, en la que se declaró procedente la reclamación interpuesta por la aquí tercera interesada Zayra Reyes Pimentel y se deja sin efecto el auto de once de mayo de dos mil veintidós, para que no se lleve acabo la convivencia solicitada por el quejoso Luis Lamberto Larraga Schleske con su menor hijo de iniciales L.L.R. (fojas 300-303 Tomo I Cuaderno de Pruebas) (resolución que fue notificada por lista de acuerdos el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós foja 303 vuelta). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 300-303). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 300-303 Tomo I Cuaderno de Pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."2 2 Quinta Época, registro: 394182, Pleno; Jurisprudencia, tesis 226; Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153; materia(s): Común. Jurisprudencia que si bien se integró con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la misma resulta vigente y aplicable en tanto que no se opone a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio, lo cual es aplicable a las demás tesis que se citen en la presente resolución. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."3 QUINTO. Constitucionalidad del acto. Se anticipa, que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su respectiva demanda, aun suplidos ante su deficiencia, en razón de que se dilucidan derechos de una menor de edad en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo son infundados. Lo que se hace así, en tanto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2004-PS, determinó que la suplencia es una institución cuya observancia deben respetar los tribunales federales, la cual opera invariablemente cuando estén de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de menores de edad o de incapaces, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el 3 De la de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 5, tomo XXI, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. carácter de quien sea el promovente del juicio de amparo, atendiendo a la circunstancia que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a menores, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 191/20054 de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE." MARCO NORMATIVO I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal,5 en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga 4 Visible en la página ciento sesenta y site, XXXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 175053. 5 Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204,6 de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 6 Publicada en la página 166, Tomo VI, del Apéndice de 1917-2000. aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005,7 cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 7 Consultable en la página 162, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época. jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR La obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 10, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012592, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todosesenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Así, se encuentra constitucional y convencionalmente justificado que se ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien incluso, en su caso, insta la acción constitucional, cuando sus intereses son adversos a los de cualquier menor, cuyos derechos fundamentales se relacionan con el acto reclamado, porque constituye un imperativo de la sociedad la protección de éstos con una mayor intensidad, ubicado por encima de la protección que debe darse a los derechos de los adultos, no obstante que a éstos les asista el carácter de quejosos, pues los derechos fundamentales de los menores no pueden estar subordinados a los de aquéllos. Sin que dicho actuar vulnere el principio de relatividad de las sentencias porque el derecho de los adultos no puede prevalecer frente al interés superior de los menores, el cual resulta de mayor entidad; de igual manera ocurre por cuanto hace al principio de agravio o instancia de parte, considerando que, cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción al principio en mención. Debido a lo anterior, el respectivo asunto debe ser analizado bajo el parámetro objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, cuando se advierta que existen obligaciones soslayadas o incompletamente determinadas en el propio acto reclamado, toda vez que al encontrarse involucrada la situación jurídica de tres menores, se justifica la excepción de que el estudio atinente se elabore en beneficio de éste, aunque materialmente implique ampliar el ámbito de las obligaciones previamente determinadas, de las que se duele el promovente del amparo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor involucrado. Así también, orienta lo considerado la Jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006593, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, dada su trascendencia, la protección en cita no puede limitarse al cumplimiento de requisitos de carácter formal, de tal manera que considerando que la protección de los menores es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, no puede estimarse que éstos deban sufrir la consecuencia del error o negligencia en la actuación de quien omitió instar la protección constitucional en su nombre, por lo que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlos inauditos. De igual forma, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así también, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 406, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES A continuación, se destacan los antecedentes pertinentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, tuvo a la aquí tercero interesada Zayra Reyes Pimentel, presentando por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales L.L.R. escrito de demanda en contra de Luis Lamberto Larraga Schleske (aquí quejoso) radicándose el juicio ordinario civil 601/2022-IV de ese índice. Asimismo, se decretó la prohibición al demandado de acercarse él o sus familiares al domicilio de la parte actora Zayra Reyes Pimentel, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales L.L.R., en términos del artículo 254 Sexties, fracción I y II, del Código Civil del Estado de Veracruz (fojas 19-23 Tomo I de pruebas). 2). El ahora quejoso Luis Lamberto Larraga Schleske, fue emplazado al juicio civil 601/2022-IV, mediante diligencia de doce de abril de dos mil veintidós, corriéndole traslado con la demanda y auto de treinta y uno de marzo de la citada anualidad, que contiene la medida de restricción de referencia (fojas 26-30 Tomo I de pruebas) 3). En proveído de once de mayo de dos mil veintidós, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, tuvo a Luis Lamberto Larraga Schleske, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo excepciones y defensas, ofreciendo pruebas, así como interponiendo el recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada; dejando a vista de la parte actora por el término de tres días el escrito de contestación de demanda y reclamación para LEONOR HERNANDEZ ORTIZ que manifestara a lo que sus intereses legales conviniera. Aunado a lo anterior, señaló convivencia de transición entre el menor de iniciales L.L.R. y su progenitor (aquí quejoso) los días sábados de la semana en un horario de 10:00 a 18:00 horas, ordenando que el padre debiera pasar a recoger al menor al domicilio donde habita (fojas 33 y 34 Tomo I de pruebas). 4) En proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo a Zayra Reyes Pimentel, interponiendo recurso de reclamación en contra del auto de once de mayo de dos mil veintidós (fojas 136-137 Tomo I de pruebas) 5) En proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, se dejó a vista del demandado el recurso de reclamación planteado por Zayra Reyes Pimentel, en contra del auto de once de mayo de de dos mil veintidós (fojas 256-273 Tomo I de pruebas) misma que se tuvo por desahogada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, ordenándose turnar los autos para resolver (foja 288). 6) Resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en los autos del juicio ordinario civil 601/2022-V del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, en la que declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por Zayra Reyes Pimentel, dejando sin efectos el auto de once de mayo de la anualidad en curso (acto reclamado) única y exclusivamente, para que no se lleve a cabo la convivencia entre Luis Lamberto Larraga Schleske con el menor de iniciales L.L.R. (fojas 300-303 Tomo I de pruebas). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la resolución reclamada se observa que la autoridad responsable basó toralmente su decisión en lo siguiente: ? En primer término, el Juez responsable indicó que Zayra Reyes Pimentel dijo que le causa agravios el auto de once de mayo de dos mil veintidós, respecto del régimen de visitas o convivencias, ya que se debe de estar a lo acordado en el auto de inicio o radicación, lo cual se otorgó a su favor lo que dispone el artículo 254 sexies fracciones I y II del Código Civil del Estado y prohíbe al demandado Luis Lamberto Larraga Schleske acercarse él o sus familiares a su domicilio; que su menor hijo se encuentra depositado judicialmente, lo cual se acredita con las copias certificadas del depósito judicial de persona que obra dentro de los autos del expediente civil 490/2022 del índice Juzgado Décimo Segundo Especilizado en Materia Famiiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, teniendo la calidad de depositaria judicial Mariela Reyes Pimentel, por lo tanto se opone a tal convivencia fijada en los términos que se indicaron en el auto de fecha once de mayo de dos mil veintidós, porque el actor refiere e indica actos de violencia tal y como se menciona en su escrito de demanda, en la cual se agregó la constancia de que se presentó denuncia por violencia familiar. ? Asimismo el Juez de origen, adujo que en efecto Zayra Reyes Pimentel ofreció como prueba copias certificadas de la diligencia de depósito de personas (fojas 155-171 Tomo I de pruebas) el expediente civil 490/2022 del índice Juzgado Décimo Segundo Especilizado en Materia Famiiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, con las que acredita que se decretó el depósito judicial del menor de iniciales reservada L.L.R. y de la recurrente a favor de Mariela Reyes Pimentel decretado con fecha treinta de marzo de dos mil veintidós; asimismo, que cuenta con la carpeta de investigación número VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022 la cual refirió obra en el secreto de ése órgano juridiccional bajo el número 52/22 el cual dijo tener a la vista en ese momento compuesta de once fojas; pruebas que les concedió valor probatorio de conformdad con los artículos 235 fracción II, 161 fracción II y 265 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, con las que refirió que la actora acredita que denunció por violencia familiar al demandado Luis Lamberto Larraga Schleske. ? También el Juez responsable adujo que por cuanto hace al desahogo de vista de la reclamación interpuesta por Luis Lamberto Larraga Schleske, la tuvo por reproducida como si a la letra se insertara por economía procesal. ? Concluyendo la autoridad responsable que del material valorado declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por Zayra Reyes Pimentel, porque si bien es cierto el derecho de convivencias del menor con el padre no custodio, es un derecho del menor y que es de orden público y social. Aplicando al caso la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y contenido se leen:8 "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." 8 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2007795, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 600, Tipo: Aislada. También lo es que aunque sea de manera indiciaria se advierte la existencia de violencia familiar realizada por Luis Lamberto Larraga Schleske en contra de Zayra Reyes Pimentel y del menor de iniciales L.L.R.; sin que en ese momento tuviera conocimiento alguno de que el Juez penal haya dictado en contra de Luis Lamberto Larraga Schleske auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva en su contra en la comisión del delito que se le imputa en la citada carpeta de investigación, aunado a que el demandado en ese momento procesal no ofertó prueba alguna para desvirtuar lo anterior, aunado a que se está ante una medida provisional y transitoria y no definitiva, ya que para decretarla se requiere únicamente acreditar indidicariamente la supuesta violencia ejercida en contra de su menor hijo, en la que atendiendo al interés supeior del niño, se debe evitar cualquier posibilidad de riesgo que pudiera correr en su integridad física y psicológica con motivo de la convivencia. Apoyando su determinación en la Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y contenido dicen: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2005919, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CVIII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 538, Tipo: Aislada. "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial." Por lo expuesto, la autoridad responsable, dejó sin efecto el auto de once de mayo de dos mil veintidós, única Y exclusivamente para que no se lleve acabo la convivencia solicitada por Luis Lamberto Larraga Schleske con su menor hijo de iniciales L.L.R. en su escrito de demanda, quedando intocado en sus demás partes dicho auto. Hasta aquí las consideraciones de la autoridad. El suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que la autoridad responsable se sujetó al principio orientador del Interés Superior del Menor, de ahí que la citada resolución se encuentra fundada y motivada. Se sostiene lo anterior ya que el Juez Responsable apoyó de manera toral su resolución en que aunque sea de manera indiciaria se advierte la existencia de violencia familiar realizada por Luis Lamberto Larraga Schleske en contra de Zayra Reyes Pimentel y con su menor hijo de iniciales L.L.R. en virtud de que cuenta con la carpeta de investigación número VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022 la cual refirió obra en el secreto de ése órgano juridiccional bajo el número 52/22, la cual tuvo a la vista al momento de resolver. Ahora bien, en relación con el derecho de visitas y convivencias, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que conforme al artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres.9 En este sentido, destacó que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. 9 Ver tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de rubro: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 600, registro número 2007795. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. En ese contexto, si las visitas y convivencias entre los progenitores y sus hijos menores de edad están orientadas a fomentar las relaciones humanas y la comunicación entre padres y sus descendientes que por algún motivo no pueden vivir juntos; siendo su finalidad enriquecer esa comunicación espiritual y afectivamente, lo que es en beneficio de los niños; entonces, salvo que esté demostrado que esa convivencia entre el menor y su progenitor representa un riesgo para ellos, no es factible conceder la convivencia; por ser de orden público e interés social asegurar e incentivar el ejercicio de la convivencia entre padres e hijos. En el caso concreto, y toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio para el suscrito que en los autos del incidente de suspensión 488/2022, del índice de este Juzgado, promovido por Zayra Reyes Pimentel -aquí tercero interesada- contra la resolución de once de mayo de este año, dictado en el juicio ordinario civil 601/2022, por el cual se ordenó la convivencia del menor con el padre no custodio; el cualse tiene a la vista al momento de resolver, sin embargo, expuso que el tercero interesado Luis Lamberto Lárraga Schleske -aquí parte quejosa- ha ejercido violencia familiar tanto en su contra como de su hijo; que ha denunciado esos hechos, y se inició la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022, además que les concedieron a ambos medidas de protección a fin de que el denunciado se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia en contra de ambos; asimismo, que solicitó su depósito con su hermana por el riesgo que corren viviendo en el mismo domicilio que el tercero interesado, y el propio juez responsable, en el auto admisorio del proceso natural, les concedió una medida de protección consistente en que el reo no se acerque a su domicilio (fojas 19-23 del Tomo I de pruebas) todo lo cual se contraviene con el decreto de convivencia reclamado. Como prueba de ello, exhibió en dicho juicio de amparo 488/2022, copias certificadas y simples de dichas actuaciones, las cuales, concatenadas entre sí, junto con las manifestaciones que Zayra Reyes Pimentel, aquí tercero interesada, profirió bajo protesta de decir verdad, sirvieron para demostrar que existe un indicio sobre la violencia manifestada, pues en ellas obran sus declaraciones y las de dos testigos que dicen haber presenciado actos de violencia por parte del tercero interesado; concediéndose tanto la suspensión provisional como definitiva para el efecto de que no se lleve a cabo la convivencia de menor con el padre no custodio. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, al indicar que fue denunciado ante la fiscalía especializada, iniciando la carpeta de investigación VER/DXVII/FEMUJ/F2/875/2022, por violencia familiar en contra de la tercero interesada y del menor. Por ende, el suscrito juzgador, coincide con lo resuelto por la autoridad responsable, al considerar correcto y apegado a derecho declarar procedente el recurso de reclamación presentado Zayra Reyes Pimentel, y en consecuencia son infundados los conceptos de violación del quejoso, ya que el Juez responsable no vulneró ningún derecho fundamental del quejoso, pues atendió al interés superior del menor al advertir de manera indiciaria la existencia de violencia familiar realizada por Luis Lamberto Larraga Schleske en contra de Zayra Reyes Pimentel y con su menor hijo de iniciales L.L.R. Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. 10 Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES".11 CONCLUSIÓN 10 Tal definición está contenida en la Jurisprudencia 1a./J 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Abril de 2007, página 124, con el rubro siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDO MEXICANOS, SUS ALCANCES". 11 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre 2013, Tomo 2, página 906. En esa tesitura al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y por ende, no haberse acreditado que se transgredan en su perjuicio derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los arábigos 74 al 77 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Luis Lamberto Larraga Schleske, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

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