Luis Humberto Martínez Martínez

Expediente 364/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
364/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Humberto Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    causa estado desechamiento de demanda

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Humberto Martínez Martínez, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. Registro de demanda Fórmese expediente físico y electrónico; y regístrese con el número 364/2022-5, que es el que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO De un estudio integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente, por los motivos que a continuación se expresan. Cabe precisar que los preceptos antes señalados son del literal siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "[.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". [...]" Respecto de este último precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último acto dictado en ese procedimiento. Así también, que por "última resolución", para los efectos de los actos dictados en ejecución de sentencia, debe tenerse a aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad física o jurídica de cumplirla. Esto se sostiene en la jurisprudencia P./J. 32/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 190035, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las excepciones al criterio general antes aludido y que dan posibilidad para atacarlos sin necesidad de esperar a la última resolución, exclusivamente son: a) Cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos (la integridad física, la libertad y los bienes); y, b) Cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Esta última excepción contiene la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse de forma irreparable. Esta consideración se contiene en la jurisprudencia P./J. 108/2010, del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 163152, que refiere: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Establecido lo anterior, es importante destacar algunos antecedentes del acto que ante esta vía constitucional se reclama, siendo los siguientes: I. Por resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se declaró la nulidad del testamento público abierto otorgado por María Trinidad Martínez Flores; lo anterior derivado del expediente 479/2019, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad. II. En cumplimiento a dicha resolución, por auto de dos de marzo del año que transcurre, el juzgado responsable ordenó girar oficio al Director de Asuntos Notariales del Estado, a fin de que hacerle de su conocimiento dicha determinación judicial. III. El oficio girado para tal efecto, fue presentado ante el Director de Asuntos Notariales del Estado, el siete de abril de este año, sin que hasta la presente fecha haya dado cumplimiento a la resolución de mérito. Asentado lo anterior, es necesario destacar que la parte quejosa señala como actos reclamados -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia- la omisión de vigilar y dar cumplimiento a la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del expediente 479/2019, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, en etapa de ejecución de sentencia. En ese tenor, como los actos reclamados no constituyen el último dictado en el juicio de origen, entendido éste como el pronunciamiento respecto a la declaración de que se encuentre enteramente cumplido lo sentenciado o bien, que se reconozca la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; cuya declaración o situación permite acceder a la vía constitucional. Luego, los actos reclamados, deberán impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se intente contra la última resolución del juicio en la que se declare su cumplimiento o imposibilidad. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis 2a. VIII/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 196894, del tenor siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia, al quedar de manifiesto que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede como se adelantó es desechar de plano la demanda de amparo indirecto. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Gutiérrez número 3310, entre las calles Morelos y Allende, sector Centro, en esta ciudad, y como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona, con excepción de Enrique Martínez Muñiz, hasta en tanto registre su cédula profesional de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, a éste último únicamente téngasele como autorizado del promovente en términos del artículo 24, párrafo segundo, del referido ordenamiento, para oír y recibir notificaciones. Acceso electrónico A su vez, se le autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico con la cuenta FIREL que tiene dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "jorgemiranda" y así como el envío y recepción de notificaciones electrónicas, así como para la presentación electrónica de promociones en el presente juicio. Para efectos de esto último, con apoyo en la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, la autorizada deberá ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esa ley, en un plazo máximo de dos días, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A", realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "jorgemiranda", únicamente por lo respecta al juicio de amparo en que se actúa. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de Juicio en Línea Por otra parte, tomando en consideración el fenómeno de salud pública que se vive, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. Se requiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y correo electrónico De igual modo, con apoyo en el artículo 5, fracción I del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya invocado, se requiere a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con el objeto de establecer un contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Se hace del conocimiento a las partes el sistema de citas para consulta de expedientes o comparecencias En otro entorno, conforme los artículos 2°, fracción VIII, 3°, 4° y 6° todos del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes señalado, se hace del conocimiento de las partes que desde del tres de agosto de dos mil veinte, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccion ales, dentro del cual los justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, encontrarán el apartado "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas con el objeto de consultar expedientes, el desahogo de comparecencias o requerimientos. En cuanto a la generación de citas, cuando desee acudir una persona vulnerable frente al Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto se establezcan. Publicaciones en lista de acuerdos Por otra lado, dado que aún no se permitirá la entrada libre de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace de su conocimiento que las listas de acuerdos serán colocadas en un espacio de fácil acceso en el edificio, para quienes acudan sin contar con una cita. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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