Luis Gaspar Alonzo Guardado

Expediente 77/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 43 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
77/2022
Año
2022
Actuaciones
43
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Gaspar Alonzo Guardado
  • Alejandrina Vallejo Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con veinte minutos del catorce de diciembre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de noviembre del año en curso, dictado en el cuaderno principal del juicio constitucional 570/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese la copia certificada del oficio 28700/2023, mediante el cual el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, solicita se rinda informe justificado. Atento a su contenido, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, ríndase de inmediato, y remítase vía interconexión el informe justificado que se solicita, en el sentido de que NO ES CIERTO el acto reclamado, como lo señala el quejoso **** en su escrito inicial de demanda; LO CIERTO ES, que en el juicio de amparo 294/2021, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió un acuerdo, cuyo contenido es el siguiente: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ****, mediante el cual solicita se le informe el estado que guarda el presente juicio de amparo y en cuanto tiempo será dictada la sentencia, atento a su contenido, se acuerda: Determinación Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, y dígase al promovente que el suscrito secretario encargado del despacho por licencia de la titular, por el momento no cuenta con autorización por parte del Consejo de la Judicatura Federal, para dictar aquellas sentencias de asuntos en los que fueron celebradas las audiencias constitucionales previamente por la titular y que se encuentran pendientes de emitir la resolución correspondiente, por lo que una vez que sea designada o autorizada a la persona facultada para fallar el presente asunto, se procederá a su emisión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Batres Antonio, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, encargado del despacho por licencia de la titular, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el diverso 175 de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, asistido de Adolfo Arreygue y Arreygue, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Dos firmas ilegibles." (foja 414 del juicio de amparo 294/2021). Asimismo, se informa que en el citado juicio de amparo, en auto de diez de octubre del año en curso (fojas 392 y 393 del juicio de amparo 294/2021), se dejó sin efectos la audiencia constitucional celebrada el quince de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos expuestos en el mismo. Por último, se comunica que en acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 422 a 426 del juicio de amparo 294/2021), se ordenó la acumulación del presente juicio de amparo al diverso 77/2022, por los razonamientos contenidos en el mismo. Se invoca causa de improcedencia El suscrito estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]". El numeral transcrito establece que, el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto se explica, porque no es dable que los actos emitidos por los jueces de amparo puedan ser considerados como actos reclamados en un diverso juicio de derechos humanos, toda vez que se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos de autoridad; esto es, se ejercería control constitucional sobre un órgano creado ex profeso para velar que los actos emitidos por las autoridades en contra de los gobernados, no sean contrarios a la Constitución, lo cual afectaría incluso la seguridad jurídica y la cosa juzgada constitucionalmente. Al respecto, resulta ilustrativo, en la parte conducente, el criterio que se contiene en la jurisprudencia 57/2018 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018315; que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Por lo antes dicho, la improcedencia que establece la norma transcrita no debe entenderse en el sentido de que la actuación del juez constitucional se dé únicamente en una "resolución" y que sólo respecto de éstas sea improcedente el amparo, sino como en el caso nos ocupa -una omisión o dilación-, la cual, como se dijo, no existe. Así, atendiendo a su objeto y sistematicidad, esta causal de improcedencia debe entenderse como referida, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias. El anterior tópico, ya fue dilucidado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 2/97, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 5, la que a saber dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. En su ejecutoria, el Pleno del Más Alto Tribunal de la Nación, al abundar respecto a la imposibilidad de que actos de un juez de amparo, puedan ser materia de escrutinio en la misma vía constitucional, expuso: "Con independencia de lo anterior, y a mayor abundamiento, debe decirse que la contravención a las garantías individuales por parte del Juez de Distrito, cuando actúa como órgano de control constitucional, no puede ser materia de un diverso juicio de amparo, porque éste sería improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que dice que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Anteriores razonamientos por los cuales -se itera-, este juzgador de amparo estima se actualiza la causa de improcedencia de trato, respecto al acto tildado de inconstitucional. Finalmente, se remite copia fotostática certificada de las constancias que acreditan el informe que se rinde. Notifíquese.

  3. Principal

    En TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, siendo las nueve horas, notifico a la tercero interesada ALEJANDRINA VALLEJO MORALES, EN SU CÁRACTER DE ALBACEA DEL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE PEDRO MARTÍNEZ SANDOVAL; el auto de treinta de octubre del año en curso por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el citatorio de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés.- Doy fe.

  4. Principal

    En CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, siendo las nueve horas, notifico a RUBÉN TOLEDO AVIÑA, EN SU CARÁCTER DE DEFENSOR PÚBLICO DEL QUEJOSO LUIS GASPAR ALONZO GUARDADO; el auto de treinta de octubre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el aviso de fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés.- Doy fe.

Quedan 39 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano