Luis Humberto Hernandez Palma
Expediente 650/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2018
Partes del expediente
- Luis Humberto Hernandez Palma
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de siete de mayo del presente año, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido, así como los subsecuentes, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado en auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista el proveído de siete de mayo del año en curso, al tenor siguiente: RADICACIÓN Y ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ... regístrese bajo el número 650/2018-V-A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, según se desprende de la tesis siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. A lo anterior resulta aplicable, en lo conducente, la siguiente tesis que dice: "LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Entonces, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple, es decir, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que el mismo encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de los datos de identificación y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del juicio de origen se advierte que el quejoso comparece al presente sumario reclamando la orden de detención de los vehículos particulares que prestan el servicio ... Acto que el promovente lo hace depender de que "el día 23 de abril de 2018, llegó a mi correo personal un mail proveniente de ... en el cual expresaba su preocupación por las detenciones que estaba realizando la Secretaría de Movilidad de Toluca y con las cuales se pretende privarme del sustento con el cual proveo a mi familia, acto que desde luego es injusto e ilegal, ya que contraria totalmente a los mandatos emanados en los artículos 1°, 5°, 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al carecer de fundamentación y motivación jurídica, transgrediéndose con ello los principios jurídicos de legalidad y seguridad jurídica y que desde luego van en perjuicio de mi persona." De lo referido con antelación, se advierte que el acto reclamado no le causa agravio a la parte quejosa, ya que según el promovente lo expresa, bajo protesta de decir verdad, a la fecha de la emisión del presente acuerdo, no se cuenta con dato alguno que permita advertir algún acto de molestia que se haga patente sobre los derechos del quejoso, pues únicamente se obtiene que el amparista denuncia una presunción de orden detención, más no alguna ley, mandamiento u omisión, del que se desprenda que particularmente el vehículo que aduce el quejoso será detenido. Lo anterior porque, la posible existencia de algún otro mandamiento de detención de diversos automotores, no significa necesariamente que el bien mueble que defiende el amparista sea también afectado, y en esas condiciones, se afirma que el aquí quejoso sólo tienen una expectativa de derecho, de ahí que carece de interés jurídico en el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso no resiente perjuicio con motivo de la citada orden de detención aducida, por consiguiente carece de legitimación para combatir su validez al no poder sufrir una afectación de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, al no ser todavía titular de un derecho legítimamente tutelado, por ello, es improcedente el presente juicio de amparo. Esto es así, porque el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse por la parte a quien perjudique directamente el acto o la ley que se reclama y, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso, las siguientes tesis, que establecen: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso." "AMPARO. PERJUICIO INDIRECTO, NO LEGITIMA A QUIEN LO SUFRE PARA PROMOVER EL. La circunstancia de que los bienes que pudiesen ser afectados como consecuencia de una resolución en que se condene a los demandados al pago de determinadas prestaciones, hubiesen sido embargados en otro juicio por un tercero ajeno al procedimiento en que se dictó la resolución, no legitima a este último para reclamar a través del juicio de amparo la condena impuesta a cargo de terceras personas, porque la posible afectación que pudiese sufrir en todo caso constituiría un perjuicio indirecto el cual puede repararse en el procedimiento de ejecución al que deberá ser llamado como acreedor para que haga valer sus derechos, los cuales no lo facultan para promover el juicio de garantías con el objeto de que se analice la legalidad de la condena impuesta a los demandados en un juicio en el que no fue parte, ya que la fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de garantías, mas no así quien por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda por notoriamente improcedente, de conformidad a lo establecido por el numeral 113, de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que esto se avala en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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