Luis German Locadio
Expediente 669/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/07/2018
Partes del expediente
- Luis German Locadio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental, así como el original del incidente, pues se negó y se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Ahora, devuélvase al Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Oral de Ixtlahuaca, Estado de México el anexo que remitió, sin que sea necesario que acusen recibo, en virtud de ser copias certificadas.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 669/2018; y, RESULTANDO: ÚNICO. Mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente a éste órgano jurisdiccional; Luis German Locadio o Luis German Leocadio, por conducto de su defensor solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución General la República, 36, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos; en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento de naturaleza penal, que producen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable los siguientes: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México: 1. La medida cautelar de prisión preventiva justificada emitida en la audiencia inicial de nueve de abril de dos mil dieciocho. 2. El auto de vinculación a proceso de trece de abril de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta administrativa 32/2018, por el delito de robo agravado por haberse empleado violencia en su comisión, así como por haberse emitido en contra de una escuela, cometido en agravio de la Escuela Secundaria Oficial 0449, Cuitláhuac. Del Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de Ixtlahuaca, Estado de México: La ejecución del auto de vinculación a proceso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México (foja 30) y al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de Ixtlahuaca, Estado de México (foja 24), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Certeza que se corrobora con la copia certificada de la carpeta administrativa 32/2018, y tres discos en formato DVD, constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. De un análisis de las constancias que obran en autos, respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en la audiencia inicial de nueve de abril de dos mil dieciocho; este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda fue promovida de manera extemporánea, y por ende, fue consentido dicho acto. En efecto, el citado precepto, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. Al efecto, conviene transcribir los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra los que no se promueve dentro del plazo genérico de quince días; con excepción de los casos en que: Se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. Se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. Se reclamen actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Se reclamen actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, el acto reclamado no se encuadra en alguno de los casos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se combate la constitucionalidad de una ley con motivo de entrada en vigor; tampoco la sentencia definitiva en un proceso penal que condena a una pena privativa de libertad, ni se dirimen cuestiones de un núcleo de población ejidal o comunal y tampoco se reclaman actos que pongan en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; pues si bien el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, este fue emitido por un juez dentro de la carpeta administrativa 32/2018. De igual forma no se trata de una incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El numeral transcrito previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución; como lo es el caso de las personas que son parte en el procedimiento las cuales pueden y deben ser notificadas, por lo que tratándose de estas, el término de la interposición de la demanda debe ser computado a partir de que surta efectos dicha notificación; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas; de ahí que para ellas el cómputo para la interposición de la demanda deberá hacerse a partir del día siguiente al que se compruebe que hayan tenido conocimiento o en su caso al que se ostentaran sabedores. En tal contexto, si el quejoso es el imputado en la carpeta administrativa 32/2018 del índice del juzgado responsable, en la que en audiencia de nueve de abril de dos mil dieciocho se le fijó como medida cautelar la de prisión preventiva justificada; es evidente que es parte en dicho procedimiento, es decir, se encuentra en la primer hipótesis que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio natural; por lo que tuvo que promover la demanda que dio origen al juicio de amparo en que actúa, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación que se le hiciera de la resolución que reclama. Luego, el término de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se hubiera presentado la demanda de amparo, porque como se aprecia del sello de recepción, de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, la demanda de amparo se presentó hasta el siete de mayo de dos mil dieciocho, esto es con posterioridad a los quince días que el agraviado tuvo para impugnar, por medio del juicio constitucional el acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado fue notificado personalmente al quejoso, en la propia audiencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que empezó a correr al día siguiente, conforme a lo señalado en el artículo 94 de dicho ordenamiento en cita, que establece que los plazos corren a partir del día en que surten efectos la notificación; en consecuencia, el término para recurrir dicha resolución, transcurrió del diez al treinta de abril de dos mil dieciocho, debiendo descontarse los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril del año en curso por ser sábados y domingos, lo anterior, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la demanda que originó el presente juicio de amparo se presentó el siete de mayo de dos mil dieciocho, se concluye que no fue interpuesta dentro del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la misma resulta extemporánea, ya que transcurrió el término para su interposición. En esas condiciones, si el agraviado consintió de manera tácita el acto reclamado, por no promover juicio de amparo en su contra dentro del término legal, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento únicamente respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en la audiencia inicial de nueve de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. . QUINTO. Estudio de fondo. Al no advertirse la actualización de alguna diversa causa de improcedencia, procede el estudio de fondo del asunto, respecto del resto de los actos reclamados. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones: En primer lugar es necesario establecer que el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió acorde con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, el que se rige por los artículos 14, 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero, así como el apartado A del numeral 20, todos de la Constitución Federal, a partir de las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho. De forma legal, se rige por los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De los que se desprende que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo. I. REQUISITOS FORMALES. A. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra cubierto pues en la carpeta administrativa de origen se ventilan hechos posiblemente constitutivos de un delito, por lo cual el conocimiento es competencia de un juzgado en materia penal. Asimismo, dada la temporalidad de los hechos (siete de abril de dos mil dieciocho) y atento a las reformas constitucionales y legales locales, al proceso penal que nos ocupa se le debe aplicar el nuevo sistema de justicia penal de tipo acusatorio, adversarial y oral. En relación a la competencia, la responsable fundamentó su actuar. En el particular, el auto de vinculación a proceso impugnado, fue emitido por una Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, al haber tenido verificativo los hechos puestos de su conocimiento en la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac, ubicada en el domicilio conocido en la manzana quinta de Jiquipilco, que corresponde al Distrito Judicial del propio municipio; autoridad judicial que de conformidad con las disposiciones antes citadas ejerce jurisdicción en materia penal, su ámbito de competencia territorial incluye la municipalidad donde se suscitó el hecho delictuoso, y corresponde a la misma resolver sobre la vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio vigente en la entidad. En consecuencia, el requisito en comento se encuentra colmado. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el indiciado sea puesto a disposición del juez penal; plazo que se puede prorrogar a ciento cuarenta y cuatro horas, a petición de aquél. Este elemento se desprende del artículo 19 constitucional, el cual dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas (a excepción de que el imputado o su defensor soliciten la ampliación de dicho término constitucional), sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. Ahora, conforme al esquema del sistema penal acusatorio, la observancia de la disposición constitucional de mérito corresponde exclusivamente al Juez de Control a cuya disposición es puesto el inculpado para la resolución de su situación jurídica en relación a los hechos que se le imputan. En la especie, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que cumplió con este requisito, ya que el quejoso, fue puesto a su disposición a las dos horas con cuarenta minutos del nueve de abril de dos mil dieciocho. Luego, al hacerle saber al imputado los plazos constitucionales con que contaba para resolver su situación jurídica, previa comunicación con su defensa, refirió que era su deseo de se duplicara el plazo constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas, en la misma audiencia de nueve de abril de dos mil dieciocho (como se advierte del acta mínima de la audiencia inicial de la fecha referida foja 35 vuelta, así como de la videograbación contenida en el disco relativo a la citada audiencia 33:35 minutos). Luego, si la juez responsable decretó la vinculación a proceso del quejoso a las doce horas con veintidós minutos del trece de abril de dos mil dieciocho (según consta del acta mínima relativa a la audiencia de continuación de la inicial y de la segunda parte de la video grabación contenida en el disco correspondiente minuto 40:18, resulta inconcuso que el auto de término constitucional se emitió en tiempo. C. Que se haya formulado imputación. En primer término cabe señalar que, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al indiciado en presencia de la Juez de Control, de que desarrolla una investigación contra el imputado, respecto de su probable intervención en uno o más hechos delictuosos determinados. En este sentido se obtiene que los artículos 309 y 310, del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente, prevén cómo debe formularse la imputación a personas detenidas y en libertad; asimismo el artículo 311 del mencionado código prevé el procedimiento para formular la imputación. En relación al presente, en la audiencia inicial, después de haber verificado la Juez que el imputado conoció sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecer la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye, así como el nombre de su acusador. Hecho lo anterior, se preguntará al imputado o su defensor si entienden los hechos que sustentan la imputación y si es su deseo contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración. De las constancias que integran la carpeta administrativa, así como de la videograbación respectiva, se desprende que la audiencia inicial tuvo verificativo el nueve de abril de dos mil dieciocho. Luego, previa individualización de los asistentes, se hizo del conocimiento del imputado sus derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, designó defensa y calificó de legal la detención de Luis German Leocadio (como se advierte del acta mínima de la audiencia inicial de nueve de abril de dos mil dieciocho, así como de la videograbación contenida en el disco relativo a la citada audiencia 13:10 minutos). Una vez llevado a cabo lo anterior, el juez de la causa dio el uso de la voz a la representación social, quien formuló imputación contra del quejoso, y otro por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante por haberse empleado violencia en su comisión, y cometerse contra un centro educativo previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción IV, 290, fracción I, inciso c) y fracción XVII, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac, (como se advierte de la videograbación de la audiencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, así como de la contenida en el disco relativo a la citada audiencia 16:55 minutos). De lo que se sigue que el apuntado requisito se cumplió en el particular. D. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. En el asunto del que emana el acto reclamado, el aludido requisito fue observado. En efecto, de la primera videograbación de la audiencia de mérito de nueve de abril de dos mil dieciocho, permite apreciar que la juez responsable, una vez formulada imputación contra el quejoso, le informó su derecho a declarar o guardar silencio, y previo asesoramiento de su defensor manifestó que si era su deseo rendir declaración, y en ese acto la emitió (como se advierte del acta mínima de la audiencia inicial de nueve de abril de dos mil dieciocho, así como de la videograbación contenida en el disco relativo a la citada audiencia 21:46 minutos). E. Que no exista alguna causa de la extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el expediente generador del acto reclamado se obtiene, tal y como lo manifestó correctamente el juez señalada como responsable (como se desprende de la segunda parte de la video grabación contenida en el disco de la audiencia de trece de abril de dos mil dieciocho, minuto 39:43), no se advierte en la causa penal alguna causa de excluyente o extinción del delito o que las partes la hayan hecho valer; por tanto se tiene por colmado este requisito. F. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. El requisito de mérito se encuentra colmado, toda vez que el auto de vinculación impugnado en la presente instancia constitucional fue dictado en contra del quejoso por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante por haberse empleado violencia en su comisión, y cometerse contra un centro educativo previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracción I, inciso c) y fracción XVII, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac,; en correspondencia con el hecho circunstanciado expuesto por la representación social al momento de formular imputación, variando únicamente la fracción dispuesta en el artículo 289 del citado ordenamiento legal, en relación al monto de lo robado, bajando el expuesto por la representante social, lo que fue en beneficio del quejoso. F. Debe estar fundado y motivado. Igualmente este aspecto se encuentra cubierto, pues no obstante que el proceso se lleve vía oral, nuestro máximo Tribunal ya estableció que la videograbación en que se sustente el dictado del auto de vinculación a proceso es la forma en la que las autoridades deben fundar y motivar sus determinaciones, tal y como en el caso aconteció, ya que de la reproducción del disco que contiene la audiencia de trece de abril de dos mil dieciocho, se advierte que la responsable citó una serie de preceptos legales que consideró aplicables al caso en concreto, asimismo expresó los argumentos y razones que estimó pertinentes para tener por demostrado el hecho delictuoso y la probable intervención del imputado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015127, cuyo texto y rubro, establecen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." G. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. De la misma forma, la juez responsable precisó las circunstancias referidas y, en cuanto al lugar indicó que los hechos ocurrieron en la parada denominada la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac, ubicada en el domicilio conocido en la manzana quinta de Jiquipilco, en el Municipio de Jiquipilco, Estado de México. Respecto al tiempo precisó que los hechos presumiblemente constitutivos de antijurídico, se suscitaron el siete de abril de dos mil dieciocho, aproximadamente a las tres horas con veinticinco minutos. En cuanto al modo de ejecución señaló que ".el día siete de abril de dos mil dieciocho aproximadamente a las tres horas con veinticinco minutos Eduardo González Dionisio, velador de la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac, se encontraba laborando en el segundo nivel de dicho inmueble, cuando escuchó que alguien golpeaba la puerta de la dirección tratando de abrirla, por lo que solicitó apoyo institucional, después bajó a la dirección, lugar donde se encontró al ahora investigado Luis German Leocadio, quien traía en sus dos manos una laptop, el cual al percatarse de su presencia, la dejó sobre un escritorio y salió corriendo, fue entonces cuando la víctima le dio alcance en un pasillo que se encuentra enseguida de la dirección, empezando a forcejar, es cuando Luis German Leocadio lo empuja tratando de zafarse y enseguida le da un golpe con su mano derecha, en la cabeza del lado izquierdo con un desarmador, entonces la víctima tomó un palo que se encontraba en ese mismo lugar dándole un golpe en la cabeza intercambiando golpes y en un descuido logró zafarse e intentó huir corriendo hacia las canchas deportivas de la institución, en donde se encontraba una barda tipo jardinera de aproximadamente cincuenta centímetros, pero al intentar brincarla tropieza con la misma y cayó al piso, momento en el que la víctima lo alcanzó y lo detuvo, subiéndose encima de él, por lo que siguieron forcejeando, logrando someterlo por el cuello para que no se diera a la fuga, arribando a ese lugar los elementos captores aproximadamente a las tres horas con cincuenta y cinco minutos, a quienes se les hizo entrega del imputado, posteriormente llegó el director de la escuela de nombre Crescenciano Aguilar Jiménez quien al revisar la dirección se percató que la puerta estaba abierta y la chapa forzada, observando que en el estante donde guardaba cinco lap tops estaban apiladas, por lo que continuó revisando las demás áreas y se dio cuenta que un barrote de seguridad del área de supervisión se encontraba desoldado. " (como se desprende de la segunda parte de la video grabación contenida en el disco de la audiencia de trece de abril de dos mil dieciocho,). II. REQUISITOS DE FONDO. I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Al respecto, hay que establecer en primer término el hecho delictuoso y posteriormente la probable participación del imputado. En esta tesitura, el hecho delictuoso de que se trata es el antijurídico de robo con modificativa agravante por haberse empleado violencia en su comisión y haberse cometido en un inmueble destinado a la educación, previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracción I, inciso c) y fracción XVII, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac. Los numerales 287, 289 fracción I, 290, fracción I, inciso c) y fracción XVII, del citado ordenamiento legal, disponen: "Artículo 287.- Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco del objeto de apoderamiento. El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena mueble desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Para efectos de este capítulo, se entiende por Unidad de Medida y Actualización, a la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos vigente al momento de cometerse el delito." "Artículo 289. El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: (.) I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a cien días multa." "Artículo 290. Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes: I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. c) Sobre los bienes: cuando para perpetrar el delito se rompa una o varias paredes, techos o pisos, se horade o excave interiores o exteriores, se fracturen puertas, ventanas, cerraduras, aldabas o cierres, se use llave falsa, o la verdadera que haya sido sustraída o hallada, ganzúa u otro instrumento análogo. XVII. Cuando se cometa a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, se impondrán de tres a doce años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días multa." Una vez establecido que previo a la emisión del acto reclamado se observaron las formalidades que rigen el procedimiento, es importante señalar que a juicio de este juzgador se advierte que acertadamente la juez responsable, resolvió que sí existen datos que establecen que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de robo con modificativa agravante de haberse empleado violencia en su comisión y haberse cometido en una escuela, entendido éste como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, con los datos de pruebas siguientes: 1. Entrevista del oficial remitente Enrique Hernández Cruz. 2. Informe policial homologado 3. Entrevista de la víctima Eduardo González Dionicio. 4. Entrevista del director de la escuela Crescenciano Aguilar Jiménez. 5. Documental consistente en el nombramiento del director de la escuela Crescenciano Aguilar Jiménez. 6. Documental consistente en tarjetas de resguardo de cinco computadoras lap top. 7. Certificado médico psicofísico y lesiones a favor de Eduardo González Dionicio. 9. Certificado médico psicofísico y lesiones a favor del imputado que inicialmente adujó que se llamaba Domingo Suárez Francisco. 10. Informe del centro de medidas cautelares. 11. Inspección Ministerial del lugar de los hechos. 12. Informe pericial en criminalística de campo. 10. Dictamen en materia de valuación de objetos respecto de las cinco computadoras, con un valor total de $37,700 (treinta y siete mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional). Por lo que hace al defensa del ahora quejoso y su defensa, se incorporaron los siguientes datos de prueba: 11. Ampliación de la entrevista del policía remitente Enrique Hernández Cruz. 12. Informe pericial en materia de dactiloscopia respecto del desarmador y las cinco lap tops, a efecto de ubicar marcas decadactilares y confrontarlas con las huellas del imputado. Con los citados datos de prueba reseñados con anterioridad, el juez responsable debidamente consideró que estaba acreditado el hecho delictivo constitutivo del ilícito de robo con modificativa agravante por haberse empleado violencia en su comisión y haberse cometido en un inmueble destinado a la educación, previsto y sancionado en los artículos 287, 289, fracción I, 290, fracción I, inciso c) y fracción XVII, en relación con los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitlahuac. Así el juez responsable precisó que el apoderamiento se acreditaba con la entrevista de Eduardo González Dionisio, quien precisó que: ". el día siete de abril de dos mil dieciocho aproximadamente a las tres horas con veinticinco minutos Eduardo González Dionisio, velador de la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitláhuac, se encontraba laborando en el segundo nivel de dicho inmueble, cuando escuchó que alguien golpeaba la puerta de la dirección tratando de abrirla, por lo que solicitó apoyo institucional, después bajo a la dirección, lugar donde se encontró al ahora investigado Luis German Leocadio, quien traía en sus dos manos una laptop, el cual al percatarse de su presencia, la dejó sobre un escritorio y salió corriendo, fue entonces cuando la víctima le dio alcance en un pasillo que se encuentra enseguida de la dirección, empezando a forcejar, es cuando Luis German Leocadio lo empuja tratando de zafarse y enseguida le da un golpe con su mano derecha, en la cabeza del lado izquierdo con un desarmador, entonces la víctima tomó un palo que se encontraba en ese mismo lugar dándole un golpe en la cabeza intercambiando golpes y en un descuido logró zafarse e intentó huir corriendo hacia las canchas deportivas de la institución, en donde se encontraba una barda tipo jardinera de aproximadamente cincuenta centímetros, pero al intentar brincarla tropieza con la misma y cayó al piso, momento en el que la víctima lo alcanzó y lo detuvo, subiéndose encima de él, por lo que siguieron forcejeando, logrando someterlo por el cuello para que no se diera a la fuga, arribando a ese lugar los elementos captores aproximadamente a las tres horas con cincuenta y cinco minutos, a quienes se les hizo entrega del imputado, En el entendido que si bien la fiscalía refirió que se trataban de cinco lap tops, cuyo valor total del dictamen en materia de valuación de objetos arrojaba un total de $37,700 (treinta y siete mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional), por lo que lo encuadro en la hipótesis prevista en el artículo 289, fracción IV del Código Penal vigente en el Estado de México. El cual establece: "Artículo 289.- El delito de robo se sancionará en los siguientes términos: IV. Cuando el valor de lo robado exceda de cuatrocientas pero no de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a doscientos cincuenta días multa. Sin embargo, de la entrevista de Eduardo González Dionisio, únicamente se advertía el apoderamiento de una lap top y si bien de la entrevista del director de la escuela se advertía que habían sustraído del estante cinco laptops que se encontraron apiladas, lo cierto es que la fiscalía no había aportado diversos datos de prueba para robustecer la existencia del estante y que las computadoras se encontraran en ese lugar, ni había podido establecer cómo el activo se apoderó de las mismas. Razón por la cual precisó que únicamente tendría en cuenta la entrevista de Eduardo González Dionisio, para tener por acreditado el apoderamiento de una computadora, y como no podía establecer el valor de la misma, ya que del dictamen en materia de valuación de objetos no se apreciaba el valor individual de cada una de ellas, la tendría en la mínima, por lo que hacía la recalificación correspondiente y establecía que se encuadraba en la hipótesis prevista en el artículo 289, fracción I del Código Penal vigente en el Estado de México. Asimismo, el juez responsable estableció que el elemento consistente a que sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, se acreditaba con la entrevista del director de la escuela Crescenciano Aguilar Jiménez, quien presentó denuncia por el delito de robo. Así como con el informe de criminalística, que avala la existencia de la escuela. Lo que se robustecía con la inspección del lugar de los hechos, de la que se desprendía que las chapas de la dirección y orientación estaban forzadas y el barrote de supervisión se encontraba desoldado. Datos de prueba que el Juez de Control, entrelazó en términos de los artículos 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que son idóneos, ya que por su naturaleza corresponden al objeto del medio de prueba que están referidos; son pertinentes, porque del contenido se aprecia su relación con el hecho delictuoso y en conjunto suficientes para establecer la existencia del hecho delictuoso de robo, al haberse acreditado que el activo desplegó una conducta de acción, de consumación instantánea, en razón de que, se agotó su consumación, en el momento mismo de que se actualizaron todos sus elementos, tal como lo previenen los artículos 7° y 8°, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado de México; es decir, se desplegó un comportamiento positivo, consistente en una acción que se traduce en apoderarse de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él, conforme a la ley, lo que desde luego implicó un resultado material, afectándose el bien jurídico tutelado por la norma que lo es la propiedad y el patrimonio de una persona; toda vez que se dio un cambio o modificación en el mundo exterior del pasivo, al haber sufrido un menoscabo en su patrimonio y bienes; demostrándose así, el nexo causal, entre la conducta desplegada por el vinculado de referencia y el resultado causado; toda vez que, el mismo, es consecuencia directa de la conducta desplegada por el activo. Datos de prueba apreciados de acuerdo con las reglas de valoración de la prueba en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y atendiendo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el caso a estudio, como acertadamente lo señaló el juez responsable, resultaron idóneos, pertinentes y suficientes conforme al artículo 261 del código citado, para establecer de manera probable que Luis German Leocadio, se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 11, fracción I, inciso c), del Código penal vigente en la entidad como autor material, ante la existencia de un señalamiento hacia el activo como el realizador conductual del apoderamiento materia de la imputación. En cuanto a las pruebas de descargo, ofrecidas por el imputado, el juez estableció que de la ampliación de la entrevista del oficial remitente Enrique Hernández Cruz, únicamente se apreciaba que robustecía lo inicialmente expuesto y en cuanto al dictamen pericial en materia de dactiloscopia, la perito oficial precisó que no se encontraron huellas decadactilares en los objetos evaluados; sin embargo, ello no es trascendental para avalar la versión del sujeto activo, quien en su entrevista ante el juez de control expuso que el iba pasando por afuera de la escuela cuando vio la puerta abierta ingreso y al llegar a la dirección fue sorprendido por el velador, quien le gritó a otra persona y lo comenzaron a golpear. Lo anterior es así, toda vez que de la exposición del dictamen que hizo la perito, precisó que de acuerdo a la estructura de los objetos examinados no se podría encontrar huellas decadactilares; razón por la cual acertadamente el juez responsable concluyó que ese dato de prueba no era suficiente para revertir la imputación directa que había hecho en su contra Eduardo González Dionisio. Máxime que la versión que él propio imputado adujó es que sí se introdujo en la escuela y el delito de robo no prevé tentativas, además de que de la inspección judicial y pericial en criminalística se advierte que las puertas fueron forzadas, lo que no fue desvanecido por el imputado. Señalamiento que este juzgador comparte, ya que la versión que expuso el imputado no se encuentra concatenada con otro dato de prueba, además de que fue claro en precisar que él se introdujo en la escuela para ver que encontraba lo que robusteció el dicho de la víctima y con la inspección judicial de los hechos y pericial en criminalística. Expuesto lo anterior, se procede a abordar el segundo requisito de fondo que es precisamente la probable participación del imputado. II. Probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del hecho delictuoso. La probabilidad de que el imputado participó en la comisión de un ilícito penal, la autoridad responsable la consideró acreditada, principalmente con lo relatado por con la entrevista de Eduardo González Dionisio, lo que se encontraba robustecido con la entrevista el oficial remitente Enrique Hernández Cruz, quien refirió que atendió una llamada del centro de operaciones quienes le informaron que una persona había avisado que se estaba cometiendo un robo en la Escuela Secundaria Oficial número 0449 Cuitláhuac, por lo que se dirigió al lugar y al llegar escuchó una voz que le grito que no podía abrirle y que buscara la forma de entrar, razón por la cual se brincó e ingreso a la escuela, caminando hacia donde estaba la voz, por lo que al llegar a las canchas de la escuela vio a la víctima que sometía al imputado, por lo que procedió a auxiliarlo. Con los anteriores datos de prueba, la responsable consideró acreditado hasta el momento en que fue dictado el auto de vinculación reclamado, la conducta de apoderamiento llevada a cabo por el sujeto activo, y hasta el momento en que se dictó el auto de vinculación a proceso, son suficientes para presumir la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, cometió el hecho delictivo. Por lo que acertadamente, como la responsable lo estableció, la forma de intervención del inculpado hoy quejoso, como autor material en términos del artículo 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México, puesto que se tuvo por justificado de forma razonable, bajo las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución se apoderó de una lap top, lo que justificó con la entrevista Eduardo González Dionisio, por ser la persona que resintió de manera directa el hecho. Por otra parte, respecto a la agravante prevista en el artículo 290, fracción I, c) del Código Penal del Estado de México, consideró que hasta ese momento en que se dictó el auto de vinculación a proceso, se encontraba acreditada, con la entrevista de Eduardo González Dionisio y con la inspección del lugar de los hechos y el dictamen en criminalística de campo, de la que se desprendía que las chapas de la dirección y orientación estaban forzadas y el barrote de supervisión se encontraba desoldado. Consideraciones que a juicio de este juzgador se estiman correctas, toda vez que consideró idóneos, o adecuados los datos de prueba para justificar el ejercicio de la violencia material, porque ésta fue referida por la víctima, además de advertirse que se hizo constar la existencia de fracturas en las puertas de la dirección, orientación y el barrote de la supervisión desoldado, lo que concatena la versión de la víctima respecto de que escuchó que el activo forzaba la puerta de la dirección. Con lo anterior, se tuvo por correctamente acreditada este tipo de agravante prevista en el artículo 290, fracción I, inciso c), que consistente en que para perpetrar el delito se rompa una o varias paredes, techos o pisos, se horade o excave interiores o exteriores, se fracturen puertas, ventanas, cerraduras, aldabas o cierres; por ende, de manera correcta el juez responsable estableció que sí se cumplió con el presupuesto de violencia física sobre las cosas, pues consideró fueron empleadas como un medio comisivo para consumar el ilícito. Por otra parte, respecto a la diversa agravante prevista en el artículo 290, fracción XVII del Código Penal del Estado de México, relativa a que se hubiera cometido en una escuela se acreditaba con la entrevista de Eduardo González Dionisio y con el informe de criminalística, que avala la existencia de la escuela. Por todo lo anterior, a criterio del suscrito y contrario a lo que expresa la parte quejosa, la resolución reclamada, no resulta violatoria del contenido del artículo 19 de nuestra Carta Magna, ello es así, pues se estima que con los datos de prueba aportados, quedó acreditado el hecho delictivo y la posible participación del quejoso en el ilícito que se le imputa. Así, contrario a lo aducido por la parte quejosa, de la resolución materia de la litis constitucional, se advierte que el auto de vinculación a proceso, fue emitido por una autoridad previamente establecida, en el que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho; además, la resolución reclamada está debidamente fundada y motivada, pues se expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y también se señaló, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto; existiendo además, adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuraron las hipótesis normativas. Luego, es dable concluir que la resolución reclamada en estudio, como se dijo en párrafos precedentes, satisface la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, prevista por el ordinal 16 de la Carta Magna, toda vez que de su análisis previamente efectuado, se desprende que la juez responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, según así fue razonado. En este apartado cabe citar que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental, además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Además, correctamente se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que fueron tomadas en consideración para la emisión de éste pues se ponderaron los datos de prueba que fueron aportados, y se expusieron las razones por las que otorgó ese grado de eficacia convictiva a manera de indicio; sin que este juzgado advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Con todo lo anterior queda por demás claro que, en el caso, el juez responsable estuvo en lo correcto al decretar el auto de que se trata, por lo menos ante datos de prueba aptos y suficientes para estimar acreditado el hecho que la ley señala como delito de robo agravado con modificativa agravante, así como la probable responsabilidad del impetrante al efecto, de ahí que lo conducente en la especie es desestimar, por infundados, los citados concepto de violación. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada el cuatro de agosto de dos mil diecisiete en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Ahora respecto, del concepto de violación relativo a que de los datos de prueba fueron hechizos, ya que no se advertía que se hubiese robado cinco computadoras, pues de la entrevista del oficial remitente no se advierte que indicara el objeto material del robo, ni del informe policial homologado, además de que de la entrevista de Eduardo González Dionisio únicamente se hacía alusión a una lap top y no a cinco, el mismo deviene infundado. En efecto, de la entrevista del oficial remitente y del informe policial no se desprende el objeto motivo del apoderamiento, pues dicho elemento el juez responsable consideró que se encontraba acreditado con la entrevista de Eduardo González Dionisio y si bien es cierto, de ella únicamente se advertía la existencia de una lap top, esa fue precisamente la razón que llevó al juez a hacer una recalificación del delito y considerar sólo el apoderamiento de una lap top y no de cinco, encuadrando la hipótesis en la fracción I del artículo 289 del Código Penal del estado de México y no en la fracción IV, que inicialmente precisó el representante social, atendiendo al monto de lo robado. Respecto a que la entrevista de Eduardo González Dionisio quedaba desacreditada con las actuaciones del ministerio público, ya que no es creíble que el indiciado tuviera lesiones tan graves cuando del certificado de la víctima se advertían apenas unas cuantas lesiones, por lo que no era creíble que hubiesen estado forcejando, por lo que el juez no debió tomar en consideración las lesiones de la víctima que jamás fueron probadas, para ser la base y fundamentación que el juez de control tomo para dictar el auto de vinculación a proceso por el delito de robo con violencia en las personas. Dicho concepto de violación deviene infundado, pues del análisis del auto de vinculación a proceso y de lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia se advierte que la agravante relativa a que el robo se cometió con violencia, no se sustentó en la hipótesis de violencia sobre las personas, sino en violencia sobre los bienes en términos de lo dispuesto en el artículo 290 fracción I, inciso c), lo que se tuvo por acreditado con las fracturas sufridas en las puertas de la dirección y orientación así como con en el barrote desoldado en la subdirección. De ahí que el juez responsable jamás tomo en consideración las lesiones de Eduardo González Dionisio para tener por configurada la citada agravante. Respecto de que de los datos de prueba no se acreditaba que hubiese sido el quien forzó la puerta de la dirección, contrario a lo expuesto por el quejoso, si existe una imputación directa en su contra, ya que de la entrevista de Eduardo González Dionisio, se advierte claramente que precisó que escuchó que forzaban la puerta de la dirección y que al bajar encontró al imputado con una lap top en las manos y al verlo intento huir; de donde se desprende la imputación directa que la víctima hizo respecto de que fue el aquí quejoso quien forzó la puerta de la dirección, imputación directa que el imputado no desvirtúo con dato de prueba alguna, y al haber sido desacreditada su presunción de inocencia con la imputación que obra en su contra a éste correspondía la carga de la prueba de demostrar que no había sido él quien forzó la puerta, además de que no se debe pasar por inadvertido que de su propia entrevista rendida ante el juez de control se advierte que él se ubicó en circunstancias de modo tiempo y lugar, con lo que robusteció el dicho de la víctima. En relación al concepto de violación relativo a que el juez responsable permitió que no se violaran las formalidades esenciales del procedimiento al no contar con una adecuada defensa. El mismo deviene infundado, toda vez que el juez responsable le indicó que tenía derecho a una adecuada defensa y le preguntó si era su deseo nombrar como su defensa al defensor público a lo que este manifestó de propia voz que sí. Máxime que el imputado no puede argumentar que su defensa fue nula, ya que contrario a lo expuesto por este el defensor público de oficio, si lo asesoró pues se le otorgó tiempo en secrecía para tal efecto, aunado a que del video se advierte que le aconsejó no contestar a las preguntas de la representante social; además de que ofreció pruebas de descargó y otorgó los elementos para que estas se llevaran a cabo; y vertió diversas argumentaciones jurídicas unas de ellas que incluso sirvieron de base para que el juez responsable recalificara el delito y lo encuadrara en una hipótesis menor, al establecer que no se había acreditado el apoderamiento de cinco computadoras, ya que de la entrevista de la víctima sólo se hacía relación a una. Y si bien es cierto, el juez responsable le llamó la atención por no cuestionar a la perito en dactiloscopia, cuando precisó que no era posible obtener huellas dado la forma de los objetos, lo cierto es que con ello, no descalificó la capacidad del defensor público, como para considerar que su defensa fue inadecuada. Pues si bien, es obligación del juzgador respetar, garantizar y velar por la salvaguarda del derecho fundamental del imputado a una defensa técnica adecuada en el proceso penal acusatorio; deber que se extiende al grado de prevenir al imputado, cuando se advierta la manifiesta y sistemática incapacidad técnica de su defensor, para que designe uno diverso. Sin embargo, para cumplir con sus deberes, el juzgador, también cuenta con la facultad de conminar a las partes a sujetarse a los principios y reglas del proceso penal acusatorio, lo que no se traduce en una determinación tendente a cuestionar la capacidad técnica del defensor que representa al imputado, mucho menos en una disposición encaminada a prevenirlo para que designe otro pues, en este caso, es pertinente evidenciar que fue manifiesta y sistemática la incapacidad del defensor que había nombrado, conceptos que deben someterse a un ejercicio de razonabilidad, de tal forma que para determinar que una defensa no es adecuada, se tenga que estar en presencia de errores graves, trascendentales y constantes; lo que en la especie no se advierte. Además el derecho a la adecuada defensa no se traduce en el derecho del imputado de obtener lo que pretende, sino que su defensa se lleve a cabo en los términos de ley, lo que en la especie aconteció; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Por tanto, al advertirse que no existió violación a las leyes del procedimiento, que transgreda el derecho fundamental de debido proceso legal, ni que se vulnerara el derecho de legalidad resultando infundados los conceptos de violación que se hicieron valer por el quejoso, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado. Lo cual se hace extensivo a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios. Es aplicable, la tesis sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis German Locadio o Luis German Leocadio, contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada en la carpeta administrativa 32/2018, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México por las consideraciones expuestas en considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luis German Locadio o Luis German Leocadio, contra el auto de vinculación a proceso de trece de abril de dos mil dieciocho y su ejecución, dictado en la carpeta administrativa 32/2018, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México y otra autoridad, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria Tania Rosalinda Méndez López, que da fe. El Juez La Secretaria
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Toluca, Estado de México, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO Intégrese el oficio signado por la secretaria particular de la Coordinadora General de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con el cual desahoga el requerimiento de doce de los cursantes (foja 64), y remite copia certificada de la constancia de emplazamiento de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Litigación del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, en esta entidad ... por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Asimismo, téngase por legalmente emplazada a juicio a la fiscal aludida, para los efectos legales a que haya lugar
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Toluca, Estado de México, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de nueve de mayo de dos mil dieciocho, se giró oficio al Director General de Litigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, para que por su conducto requiriera la carpeta de investigación relacionada con la diversa administrativa ... al Agente del Ministerio Público que intervino en la misma -las cuales ya obran en autos-; sin embargo, se omitió ordenar el emplazamiento correspondiente. En tal sentido, a fin de evitar posibles nulidades; con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), 26, fracción II, inciso b) , en relación con el segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Amparo; gírese nuevo oficio al Director de Litigación de la Fiscalía de Justicia del Estado de México, para que en el término de veinticuatro horas, notifique a ... (Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Litigación del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México), la radicación del presente asunto y, remita las constancias que así lo acrediten. Con apercibimiento, que de no cumplir con lo requerido, o de no informar lo conducente, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. La información puede ser enviada al fax al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite3@correo.cjf.gob.mx confirmada en la diversa extensión 3256.
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- Luis Guillermo Alameda Rangel331/2022
- Luis Guillermo Mejia Martínez1356/2017
- Luis Guzman Rosas970/2018
- Luis Guzman Solano1240/2021
- Luis Humberto Hernandez Palma650/2018