Luis Huerta Brito

Expediente 942/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
942/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Luis Huerta Brito

Actuaciones

  1. Principal

    II. De la certificación de cuenta, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción.

  2. Principal

    II. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, concedido a la quejosa, para cumplir con el requerimiento inserto en auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés y ésta no lo hizo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda de amparo. Hágase la anotación en los Libros físico y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    II. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************; contra actos del "Juez de la Unidad Especial número 12 del Honorable Tribunal de Justicia de la Ciudad de México" y otras autoridades; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio ******************** Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica; por lo que únicamente se agregarán al expediente físico lo siguiente: *Promociones que se entreguen físicamente. *Constancias de notificación que se realicen de manera física. *Demás documentos entregados físicamente, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial "C", el oficial de partes y la oficial judicial "A". No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial "A" en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. IRREGULARIDADES En el artículo 108 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos para la formulación de la demanda de amparo indirecto. Y, el diverso 114 de la Ley de Amparo prevé los supuestos en los que se mandará requerir a la parte promovente para que aclare la demanda en caso de actualizarse alguna de las irregularidades descritas en el artículo señalado en párrafo anterior. Así, los preceptos transcritos facultan a este órgano de control constitucional para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad o se haya omitido alguno de los requisitos que señala el citado artículo 108 de la propia ley. PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO.- Como parte de los antecedentes del acto reclamado y a fin de determinar la competencia de este Juzgado de Distrito bajo protesta de decir verdad, deberá precisar la colonia, Municipio y Estado en el que aduce, el nueve de junio del año en curso, "acudieron" los que denominó "policías ministeriales" y le manifestaron a sus "familiares" que tenían una orden de aprehensión en su contra, dado que en el apartado de "ANTECEDENTES", se concretó a señalar lo siguiente: Y, en el apartado de "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO", se concretó a reproducir el que señaló como "depacho" ubicado en ********************, en el que inclusive afirmó que era para "recibir toda clase de documentos aún los de carácter personal"; de ahí que no se desprende el domicilio en el cual aduce se presentaron las autoridades a pretender ejecutar la orden de aprehensión reclamada, porque agregó: "temo me priven de mi libertad las autoridades que meniono como ejecutoras, en virtud de que por razones de trabajo me desenvuelvo en dicgas entidades como lo son en la Ciudad de México, Puebal y Veracruz", pero no señala el lugar que denominó como "su domicilio" y en el que aduce se presentaron las responsables. Lo anterior, resulta indispensable, porque la competencia es un presupuesto procesal de estudio prioritario a efecto de que de ser procedente la admisión de su demanda, el asunto sea resuelto por la autoridad que legalmente tiene la competencia para emitir dicha determinación, tal y como lo prevén las reglas de la competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO PENAS Por ende, deberá proporcionar dicha información, apercibido de las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" En el entendido de que no se encuentra en los casos de excepción a que alude dicho numeral, porque el acto reclamado se dictó dentro de un procedimiento judicial, APERCIBIMIENTO MULTA Asimismo, se le apercibe que de señalar de "mala fe" un domicilio o autoridad que no lo sea, con el fin de dar competencia a este juzgado Federal, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del propio ordenamiento legal, que dice: "Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Así como con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. SEGUNDO. Deberá precisar las denominaciones correctas de las autoridades responsables que señaló como: Ello en virtud, de que son plurales, ambiguas y genéricas, así como la diversa autoridad ejecutora "Agente Investigador de Puebla", en donde no se hace señalamiento alguno si pertenece a alguna unidad especializada o se encuentra adscrita a alguna fiscalía dentro de la ciudad de Puebla. Lo que resulta impreciso ya que las autoridades antes mencionadas se pueden encontrar distintos distritos judiciales dentro de las zonas territoriales que hace mención. Lo anterior porque, conforme al artículo 108, fracción III, de la ley que rige la materia, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, no es posible fijar los correspondientes vínculos, si no existe el señalamiento legalmente requerido, el cual, cabe añadir, persigue el respeto eficaz de los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, establecidos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el error o imprecisión de la gobernada, al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares, de ser así el órgano constitucional no podría sustituirla en la expresión de la autoridad responsable, sino, como ocurre en el caso, prevenirla para que subsane el defecto en el que haya incurrido. Además, de que la obligación de proporcionar la denominación actual, completa y correcta de las autoridades responsables, resulta indispensable a fin de establecer de manera correcta la litis del juicio en que se actúa y requerir de forma adecuada los informes justificados en caso de que su demanda de amparo sea procedente. TERCERO. Deberá proporcionar el nombre y domicilio del tercero interesado, en virtud de que contrario a lo que manifestó en el apartado correspondiente de su demanda, en el presente asunto le recae tal carácter a la víctima u ofendido en términos de lo establecido en el artículo 5, fracción lll, inciso c); de ahí que le corresponde la carga procesal de proporcionar dicho dato; para que sea emplazado al presente asunto o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce, como lo prevé la fracción II del artículo 108, de la Ley de amparo, que establece que la parte quejosa deberá proporcionar: "(..) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad (.)" Y, en el caso el promovente del amparo, si bien es cierto, formuló la protesta de decir verdad, no menos cierto lo es que sólo se concretó a señalar "QUE EN EL PRESENTE CASO NO EXISTE", como se lee de la imagen que se inserta: Lo que evidentemente, no colma el supuesto del ordinal en comento, porque éste es claro en señalar que deberá proporcionar el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, "manifestarlo así bajo protesta de decir verdad", más no como en el caso acontece que refirió que no existe, que no es lo que prevé la ley. Se estima aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 448, cuyo rubro es: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." APERCIBIMIENTO Se apercibe al quejoso que de no cumplir con los requerimientos indicados, con apoyo en el ordinal 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del numeral 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda, por el promovente del amparo. Se tiene por autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tener registrada cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Atento a la certificación de cuenta, se advierte que el usuario ******************** sí existe, por lo que se autoriza la consulta del expediente electrónico. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a aperturar los campos necesarios y el Actuario deberá verificar que estén habilitados y asentar la razón correspondiente al juicio. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En ese sentido, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose dejar constancia de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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