Luis Guerrero Perez
Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/02/2023
Partes del expediente
- Luis Guerrero Perez
Actuaciones
- Principal
III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se especifica lo siguiente: Criterio de valoración "Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo" A) Expedientes destruibles "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: Cuadernos de antecedentes; Expedientes varios; Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. B) Plazo para destrucción. "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. Impedimentos; Recusaciones Excusas; Returnos; Incompetencias; Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó la demanda de amparo. 2.1.- Orden de notificación. Toda vez que en el presente expediente la parte quejosa exhibió documentos originales, notifíquese de manera personal a dicha parte procesal el presente acuerdo a fin que dentro de un plazo de noventa días hábiles, acuda al local de este Juzgado de distrito y recupere tales documentos, con el apercibimiento de no hacerlo será destruidos con el presente expediente. En el entendido que quien acuda para ello deberá presentarse debidamente identificado, dentro del horario asignado para la actividad presencial de este Juzgado de Distrito, que es de 09:30 a 14:30 horas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid.19 y reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones, relativas a la utilización de diversos medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. 2.2.- Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del +++, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta signado por el quejoso mediante el cual aduce desahogar la prevención formulada en auto de cinco de enero de dos mil veintitrés y exhibe diversas documentales; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Ahora, en el auto en cita, se previno a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: "PRIMERO. Indique con claridad el acto que reclama. a) La invalidez de la constancia de alineamiento de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; b) Oficios OTZ/DDU/CAO640/2022, OTZ/DDU/CAO602/2021 en el que se aplican restricciones a su propiedad y la devolución del pago generado con motivo de la expedición de los mismos; c) Negar el acceso a la información y a la justicia respecto del expediente CMO/AI/004/2022; o bien, d) La omisión de salvaguardar los derechos fundamentales. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, deberá realizar una narración sucinta, completa y cronológica de los antecedentes del acto reclamado, de la cual se desprenda el estado procesal del juicio del que emana el acto reclamado. (.)" En cumplimiento a lo anterior, en el ocurso que se provee el quejoso señala como acto reclamado: +++. Asimismo, realizó una narración sucinta, completa y cronológica de los antecedentes del acto reclamado. De lo anterior se aprecia que el justiciable dio cabal cumplimiento a la citada prevención; por ende, se tiene por desahogada la misma y se ordena proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda de amparo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es: La nulidad de la constancia de alineamiento de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, expedida con determinadas restricciones, por el Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado los diversos señalados por la parte quejosa, toda vez que éstos son consecuencia directa de la emisión de la citada constancia, pues en base a ellos se expidió en los términos planteados en la misma; esto es, con las restricciones ahí plasmadas. DESECHAMIENTO En el caso, este órgano de control constitucional advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se exponen: +++. Las disposiciones constitucionales y legales transcritas, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Es aplicable la jurisprudencia 447, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394403, que establece: +++. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra del acto reclamado, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: +++. Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al respecto, conviene citar los artículos 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establecen: +++. Del análisis de los artículos anteriormente reproducidos, es factible concluir que la interposición del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, no exigen mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, es de sostenerse que, en el caso concreto, se advierte la actualización de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado en estudio, consistente en la nulidad de la constancia de alineamiento de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, expedida con determinadas restricciones, por el Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano y sus consecuencias. Lo anterior es así, toda vez que el citado acto reclamado fue emitido por autoridades distintas de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, esto es, por autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Otzolotepec, Estado de México; es decir, el Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Urbano y otras; por lo que, los particulares afectados tienen que interponer el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, toda vez que dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que este es susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución, no menos verídico resulta que la parte quejosa se encuentra obligada a promover dicho medio de defensa, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. Luego, en el caso respecto del acto reclamado consistente en la constancia de alineamiento de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, expedida con las restricciones ahí precisadas, procede el juicio contencioso administrativo conforme a la fracción II del diverso precepto 229 del citado ordenamiento legal. Por tal motivo, dado que los artículos 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al cual se encuentran sujetos los actos de autoridad que se reclaman en esta vía constitucional, previene el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, como medio de defensa mediante el cual el gobernado puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama, inclusive la suspensión del acto reclamado, es de sostenerse el agotar dicho medio de defensa es obligatorio para la parte quejosa, en atención al principio de definitividad. En abundamiento, como ya se dijo del contenido de los artículos 125, 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, no exigen mayores requisitos que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; asimismo, se precisa que los citados artículos de la Ley de Amparo son de idéntica redacción a aquellos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia IX.1º.J/9, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1031, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189268, que establece: +++. Por otro lado, no pasa desapercibido para esta Secretaria encargada del despacho la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1043, del tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el número de registro 328203, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA", así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3715, del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 327723, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA", mediante las cuales se establece que "la posibilidad" de un recurso para combatir el acto reclamado no es un motivo de indudable y manifiesta improcedencia que justifique desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, en razón a que en el presente asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el citado recurso, sino que constituye una afirmación, pues en torno al tema materia del acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto el trece de marzo de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 452/2012 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, emitió la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.), publicada en la página 933, del Tomo 1, del Libro XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio del año dos mil trece, Décima Época, materia común, con número de registro 2003858, que establece: +++. De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. Se cita por su contenido la tesis II.1o.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1766, del tomo II, del Libro VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, registro 160114, que establece: +++. Por tanto, en el caso concreto, conforme a las Jurisprudencias antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el impetrante de amparo señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que - como ya se precisó- aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. Se cita por su contenido, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la página 259, tomo XV enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, octava época; que dice: +++. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX de la Ley Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Con fundamento en el ordinal 280 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, como lo solicitó la parte quejosa se autoriza la devolución del contrato privado de compraventa de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, previa firma que por su recibo se otorgue y copia certificada de la misma se deje en autos para constancia legal. En el entendido que quien acuda para ello deberá presentarse debidamente identificado, dentro del horario asignado para la actividad presencial de este Juzgado de Distrito, que es de 09:30 a 14:30 horas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid.19 y reforma, adiciona, deroga diversas disposiciones, relativas a la utilización de diversos medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo.
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