Luis Hoyo García

Expediente 185/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
185/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Luis Hoyo García
  • María Sámano Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. REANUDACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO En términos de la Circular SECNO10/2021, emitida el trece de febrero de dos mil veintiuno, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina, entre otras cosas, que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levanta la suspensión de plazos y términos decretada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte; es procedente la reanudación en el presente asunto. SE AGREGA OFICIO Intégrese el oficio del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; en ese sentido, se ordena agregar sin mayor proveído en razón de que dicha misiva fue recibida el tres de noviembre de dos mil veinte, acordando su contenido el cuatro siguiente. COPIAS. Finalmente, agréguese el escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita copia simple de todo lo actuado en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena expedir a su costa las reproducciones solicitadas, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos. En ese sentido, deberá solicitar la creación de un código QR, a efecto de que esté en posibilidades de ingresar a este juzgado. ??????????????? ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y carece de relevancia documental. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    En cumplimiento al apercibimiento realizado mediante aviso de treinta de noviembre de dos mil veinte, se notifica por lista a la parte quejosa la determnación de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Autoridad desahoga requerimiento Intégrese el oficio signado por la Jefa de Área de Registro B, del Registro Agrario Nacional, Delegación Estado de México, mediante el cual remite copia certificada de las inscripciones registrales respecto de las solicitudes de trámite 15180032776, 15180039705, 15180039706 y 15190014073, mediante las que, la parte quejosa solicitó la adopción del dominio pleno sobre las parcelas 119, 226, 87 y 12 del Ejido San Miguel Ameyalco, municipio de Lerma, Estado de México. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. Sobreseimiento fuera de audiencia En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de lo estipulado en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es ".La omisión de emitir una respuesta respecto a las solicitudes de trámite 15180032776, 15180039705, 15180039706 y 15190014073, solicitando la adopción del dominio pleno sobre las parcelas 119, 226, 87 y 12 del Ejido San Miguel Ameyalco, municipio de Lerma, Estado de México, y como consecuencia de ello, la expedición de títulos de propiedad.". Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que los títulos de propiedad que reclama la parte quejosa ya fueron emitidos en su favor, debiendo realizar diversos trámites administrativos para que se concretice tal registro, circunstancia que no está contemplada en la reclamación del juicio constitucional. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tal consideración se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, pagina 731, Quinta Época, con registro 321701, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    .- Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. De una revisión del estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional está fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte; se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a efecto de que en el término improrrogable de tres días proporcionara información de la expedición de los títulos de propiedad respecto a las solicitudes de trámite 15180032776, 15180039705, 15180039706 y 15190014073, en donde se solicitó la adopción del dominio pleno sobre las parcelas 119, 226, 87 y 12 del Ejido San Miguel Ameyalco, municipio de Lerma, Estado de México, a favor de los quejosos Luis Hoyo García y María Sámano Fernández. Asimismo, en caso de contar con los títulos de propiedad referidos, remitir copia certificada, legible y completa de los mismos; por tanto, no es posible realizar la diligencia de mérito. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En consecuencia, lo procedente es diferirla y señalar las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil veinte para su celebración. Notifíquese.

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