Luis Gonzalo Botello Ortiz

Expediente 139/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
139/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Gonzalo Botello Ortiz
  • César Alfredo González Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Testimonio de queja Intégrese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en los autos del recurso de queja 44/2021 de ese índice, en la cual, se advierte que declaro infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra la resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, en el presente asunto. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.

  2. Principal

    II.- Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil veintiuno. Tribunal acusa recibo Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del medio de impugnación promovido por la parte quejosa, el cual fue registrado bajo el número de recurso de queja 44/2021, de su índice; lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    II.- Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil veintiuno. Recepción de escrito Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benítez Jaramillo, César Alfredo González Vázquez, Daniela García Abarca y Sergio José Botello Ortiz, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de doce de marzo del año en curso, en el que este órgano de control constitucional determinó desechar la demanda de amparo interpuesta. Se tiene por interpuesto el recurso Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. Rendición de informe En ese sentido, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benítez Jaramillo, César Alfredo González Vázquez, Daniela García Abarca y Sergio José Botello Ortiz, por los razonamientos jurídicos expuestos en el auto combatido. Innecesario dar vista para señalar constancias Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deben remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que en virtud de la naturaleza del auto combatido no existen demás partes en este asunto. Remisión del recurso El informe de la materia de la queja deberá estar remitirse al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, en turno, el cual debe de estar acompañado de copia certificada de la totalidad del juicio de amparo indirecto 139/2021-II de este índice, así como, el original del escrito de expresión de agravios y copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado, lo anterior para la substanciación del referido medio de impugnación. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benítez Jaramillo, César Alfredo González Vázquez, Daniela García Abarca y Sergio José Botello Ortiz, por propio derecho, contra la autoridad y acto reclamado que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Integrantes del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. ACTO RECLAMADO Impedir su ingreso como abogados a las audiencias de conciliación de sus clientes en su carácter de parte solicitante o trabajadores y con ello el desempeño de su profesión. RADICACIÓN DE DEMANDA Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 139/2021-II y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Este juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, en virtud de que el quejoso carece de una afectación real y actual en su esfera jurídica. La Ley de Amparo, en el precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a las razones que a continuación se expondrán. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De las normas transcritas se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo y, además, cumpla las condiciones formales que contiene el propio precepto y que se traducen en que el interesado alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es claro que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso ya que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Entonces, el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe derivar directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado, la emisión del acto reclamado, porque sólo la existencia de una afectación directa e inmediata en los derechos del quejoso, lo faculta a combatir las violaciones que a su criterio genera el mencionado acto así como, en su caso, el proceso que le dio origen; de manera tal que no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa cuestión se cumpla. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico, como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, sin que éste último concepto jurídico se traduzca en una apertura absoluta para que cualquier persona acuda al juicio de amparo, por cualquier motivo, sustentándose en un interés simple. Para comprender el tipo de interés que requiere un ciudadano para encontrarse legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal, conviene precisar en qué consiste el interés jurídico, el legítimo y, por ende, el simple. Robustece lo anterior, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 822 que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE: La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora bien, el interés jurídico, que tiene como presupuesto indispensable que se cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. Lo anterior significa que son dos los supuestos que generan el interés jurídico: la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, así como el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para combatir un acto de autoridad mediante el juicio de amparo, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/172 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO: El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Por su parte, el interés legítimo es definido por la doctrina como una institución que faculta a todas aquellas personas, que sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo protegido por una norma objetiva, tienen interés en que la violación al derecho o libertad sea reparado. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del ciudadano, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado, que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. De lo hasta aquí expuesto conviene destacar que un requisito indispensable para acreditar la titularidad del interés legítimo es la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del individuo, directa o indirecta. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no tiene un derecho subjetivo específico o un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Como se ve, el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, quien, además de satisfacer los requisitos formales que el propio precepto prevé, debe ser titular de un derecho, o bien, tener interés legítimo, ya sea individual o colectivo. Es decir, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que diga tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto, y para establecer su procedencia es indispensable examinar el caso concreto a efecto de establecer qué tipo de interés le es exigible. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Por tanto, los peticionarios del amparo Luis Gonzalo Botello Ortiz, Blanca Guadalupe Arizmendi Cardozo, Lizette Benítez Jaramillo, César Alfredo González Vázquez, Daniela García Abarca y Sergio José Botello Ortiz, por propio derecho, reclaman que se les impide su ingreso como abogados a las audiencias de conciliación de sus clientes en su carácter de parte solicitante o trabajadores y con ello el desempeño de su profesión, aunado a por lo que aplicado al caso concreto, este juzgado advierte que no existe ninguna afectación jurídica, toda vez que las omisiones que reclaman a la autoridad responsable, no causa ninguna afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa de manera directa; pues en el caso, dicho ingreso es para la asistencia de sus clientes, en ese aspecto la junta deberá verificar que las partes que tengan la asistencia jurídica necesaria y eventualmente que no se cumpliera, serán ellos lo que en todo caso verían una afectación a su esfera jurídica, no así los promoventes. Además, si en su caso, existieran restricciones para el ingreso al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, debido a la implementación de medidas para evitar mayor número de contagios del virus COVID-19, esta encuentra justificada, pues dicha restricción de acceso tiene un origen valido, en virtud de la implementación de medidas sanitarias para evitar un mayor número de contagios del virus COVID-19, misma que está establecida en diversos órganos de gobierno, la cual obedece a una situación de salud pública generada a nivel mundial y no a un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica como se expuso en párrafos precedentes. Por consiguiente, ante la ausencia de una afectación real y actual a la parte quejosa, es evidente que carece de interés jurídico para promover juicio de amparo, en virtud de que no ha tenido una afectación ocasionada por el acto de autoridad que le cause perjuicio inmediato a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular. Se afirma lo anterior, ya que los actos reclamados no le causa un agravio personal y directo a la parte promovente del amparo, dado que no concretiza la afectación a su esfera jurídica y no precisa bajo qué circunstancias le depara perjuicio alguno. Es aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 17 del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, del rubro y tenor literal siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 123 del Volumen 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." En consecuencia, el acto reclamado no le crea una afectación real y actual a la parte quejosa en su esfera jurídica, por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En otro punto, se tiene a los propios quejosos autorizados para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo en su escrito de demanda, en virtud de no ser contrario a derecho. DIGITALIZACIÓN En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados Notifíquese personalmente.

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