Luis Hernandez Aguilar
Expediente 1145/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Hernandez Aguilar
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1145/2023-V. Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Desahoga prevención Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por los quejosos ++++++++, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, y señalan lo siguiente: ".el acto reclamado es la integración de la carpeta de investigación en nuestra contra y como consecuencia de ello la separación de mi domicilio familia.". En tales condiciones se tiene desahogada la prevención formulada y se provee: Desechamiento El numeral 113 de la Ley de Amparo,1 establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por los quejosos debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento parcial por una causa de improcedencia. Ahora, es importante reiterar el acto que los quejosos señalan en su escrito aclaratorio: ".el acto reclamado es la integración de la carpeta de investigación en nuestra contra y como consecuencia de ello la separación de mi domicilio familia.". Sin embargo, de la constancia que anexaron en su demanda consistente en la medida de protección de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de investigación de marras, se desprenden diversas medidas de protección a favor de la víctima, entre ellas: "Primero. . . V.- La prohibición de realizar conductas de intimidación, vigilancia en el domicilio a la víctima u ofendido o personas relacionado (sic) con ellos; VI.- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo. Segundo.- .". Por consiguiente, en esas medidas que anexó la parte quejosa, no se dictó ninguna para separarlos de su domicilio En consecuencia, tomando en consideración lo anterior, y de la lectura integral de la demanda, y escrito aclaratorio, se desprende que el acto que desean combatir es el siguiente: La integración de una carpeta de investigación +++++, del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, y las consecuencia que de esa investigación deriven. Pero la integración de alguna carpeta de investigación formada por hechos con apariencia de delito o los actos de investigación, encuentra la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE".3 De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. A la luz de lo apuntado, es válido considerar que el inicio de una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con el inicio ni con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra el inicio de una carpeta de investigación, que atañe a la integración para la eventual determinación de la acción penal o actos de investigación, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obliga a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre los actos que reclaman los quejosos. Pues no genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones al quejoso, con la supuesta actividad que realicen las autoridades ministeriales señaladas como responsables, y menos ante el escenario de mera integración como se desprende de los antecedentes relatados por éste, pues ningún acto de molestia informó que haya sido emitido en su contra. Bajo este contexto, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos delimitados como: La integración de una carpeta de investigación y las consecuencias que deriven de esa investigación. Ello obedece, como se dijo, a que el inicio, integración o trámite de una carpeta de investigación, así como los actos de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos del quejoso, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de alguna carpeta iniciada contra aquél, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Luego, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el mencionado acto. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180028, que se titula: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Sólo resta indicar que tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno al inicio de una carpeta de investigación, porque esta sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, debe concluirse que la integración de una carpeta de investigación o actos de investigación, reclamados a las mencionadas autoridades ordenadoras, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. Bajo este contexto, se desecha de plano la demanda de amparo, pues el reclamo de los actos examinados -a las autoridades responsables tanto ordenadora como ejecutoras- en líneas precedentes, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, porque encontraron sendas causales de improcedencia manifiestas e indudables, en términos de las consideraciones expuestas. Conclusión que de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas Finalmente, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese de forma personal a los quejosos en su domicilio procesal.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 1145/2023-V. Puebla, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Desahoga prevención Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por los quejosos ++++++++, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, y señalan lo siguiente: ".el acto reclamado es la integración de la carpeta de investigación en nuestra contra y como consecuencia de ello la separación de mi domicilio familia.". En tales condiciones se tiene desahogada la prevención formulada y se provee: Desechamiento El numeral 113 de la Ley de Amparo,1 establece la obligación de examinar la demanda de protección; y si al hacerlo resaltara una causal de improcedencia manifiesta e indudable, procederá el desechamiento de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por los quejosos debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento parcial por una causa de improcedencia. Ahora, es importante reiterar el acto que los quejosos señalan en su escrito aclaratorio: ".el acto reclamado es la integración de la carpeta de investigación en nuestra contra y como consecuencia de ello la separación de mi domicilio familia.". Sin embargo, de la constancia que anexaron en su demanda consistente en la medida de protección de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de investigación de marras, se desprenden diversas medidas de protección a favor de la víctima, entre ellas: "Primero. . . V.- La prohibición de realizar conductas de intimidación, vigilancia en el domicilio a la víctima u ofendido o personas relacionado (sic) con ellos; VI.- Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII.- Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo. Segundo.- .". Por consiguiente, en esas medidas que anexó la parte quejosa, no se dictó ninguna para separarlos de su domicilio En consecuencia, tomando en consideración lo anterior, y de la lectura integral de la demanda, y escrito aclaratorio, se desprende que el acto que desean combatir es el siguiente: La integración de una carpeta de investigación +++++, del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, y las consecuencia que de esa investigación deriven. Pero la integración de alguna carpeta de investigación formada por hechos con apariencia de delito o los actos de investigación, encuentra la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE".3 De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. A la luz de lo apuntado, es válido considerar que el inicio de una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con el inicio ni con la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra el inicio de una carpeta de investigación, que atañe a la integración para la eventual determinación de la acción penal o actos de investigación, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obliga a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre los actos que reclaman los quejosos. Pues no genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones al quejoso, con la supuesta actividad que realicen las autoridades ministeriales señaladas como responsables, y menos ante el escenario de mera integración como se desprende de los antecedentes relatados por éste, pues ningún acto de molestia informó que haya sido emitido en su contra. Bajo este contexto, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos delimitados como: La integración de una carpeta de investigación y las consecuencias que deriven de esa investigación. Ello obedece, como se dijo, a que el inicio, integración o trámite de una carpeta de investigación, así como los actos de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos del quejoso, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de alguna carpeta iniciada contra aquél, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Luego, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el mencionado acto. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180028, que se titula: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la tesis jurisprudencial I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA". Sólo resta indicar que tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno al inicio de una carpeta de investigación, porque esta sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, debe concluirse que la integración de una carpeta de investigación o actos de investigación, reclamados a las mencionadas autoridades ordenadoras, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. Bajo este contexto, se desecha de plano la demanda de amparo, pues el reclamo de los actos examinados -a las autoridades responsables tanto ordenadora como ejecutoras- en líneas precedentes, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, porque encontraron sendas causales de improcedencia manifiestas e indudables, en términos de las consideraciones expuestas. Conclusión que de ninguna forma contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas Finalmente, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notifíquese de forma personal a los quejosos en su domicilio procesal.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1145/2023-V.. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por +++++++ por propio derecho, en contra de actos del Agente del Ministerio Público adscrito a Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a los quejosos que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a los quejosos a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las diferentes imprecisiones en la demanda, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar causales de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el quejoso señaló como acto reclamado la integración de la carpeta de investigación +++++ y el "cumplimiento de la misma Sin embargo, de los antecedentes bajo protesta de decir verdad y los anexos presentados, se advierte medularmente la posibilidad de que "el cumplimiento" al que hace referencia versa sobre la notificación de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en la que se les hizo de conocimiento la determinación ministerial de diecisiete del mismo mes y año, en la que Lauro Peralta Salgado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres; acordó favorable la petición de dictar en favor de la víctima Nancy Anallely Hernández Anguiano diversas medidas de protección. Sin embargo, los antecedentes relatados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, son insuficientes para soportar la pretensión del quejoso. Entonces, debe requerirse la aclaración de la demanda en ese aspectos, para que aquél especifique cuales son los actos y contra qué autoridades los reclama en esta instancia constitucional; sin expresar manifestaciones que puedan ser falsas ni omitir hechos que le consten, porque esto podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Incluso debe indicarse que la aclaración corresponde al quejoso, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los distintos aspectos que resultaron irregulares. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones I, III, IV y V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Indique con precisión cuales son los actos que reclama; 2. A partir de lo anterior, delimite las autoridades a las que les reclama dichos actos. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio en el plazo otorgado en líneas anteriores, con copias para cada una de las partes. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no exhibir su escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. De conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el inmueble señalado en el proemio de su demanda, ubicado en Prolongación de la Avenida Reforma número cuatro mil setecientos seis, letra "C", de la Colonia Aquiles Serdán de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gonzalo Alfonso Portillo Castillo; ello por encontrarse registrada su cedula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y porque así fue expresamente solicitado. Por cuanto hace a las diversas personas que menciona en su escrito inicial, se tiene a +++++ como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso y a su apoderado el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. En consecuencia, queda recibida la oposición del apoderado a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese y cúmplase
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