Luis Gerardo Cobo Fernandez

Expediente 1400/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1400/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Cobo Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso, y si bien adjuntó determinadas impresiones a su demanda, también es verdad que sólo son copias auténticas, motivo por el cual no constituyen documentos originales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1400/2022-IV. Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe el oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual el encargado de ese órgano jurisdiccional remite con una declaración de incompetencia legal por materia, el juicio de amparo ****** de su índice, formado con la demanda presentada por el quejoso *********, por derecho propio. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se acepta la competencia declinada. Del oficio que se recibe, se observa que el encargado del mencionado órgano jurisdiccional, ordenó la remisión del juicio de amparo *******, del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, formado con la demanda presentada por el quejoso *******, por derecho propio. Lo anterior, porque fue reclamado un oficio y consecuencias de naturaleza penal, por lo que se estimó que al tratarse de actos de diversa materia, era procedente la declaración de incompetencia legal. Por ello se consideró que la competencia legal para conocer del referido juicio, se actualiza a favor del juzgado que conozca de dicha materia, siendo éste un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En ese sentido, ya que el mencionado expediente correspondió por turno a este juzgado, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda presentada por el mencionado quejoso. Sobre todo porque los actos reclamados, tienen relación directa con una causa instruida al quejoso, por un hecho con apariencia de delito que es de naturaleza penal. En consecuencia, se instruye librar el oficio de acuse para el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que deberá enviarse por interconexión. Digitalización del juicio recibido. Debido a que el juicio de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de ese asunto y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que continúe la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que el juzgado de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por sendas causales de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de los actos siguientes: ".A. De la Autoridad Ordenadora la Titular de la secretaria (sic) de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla el oficio CJA:******* en el que se hizo referencia al acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2022 en el que dice haber anulado y dejado sin efecto oficio SPFDGJ*******, del 28 de octubre del 2022, signado por Juan Garza Seco Maurer, Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. B. El acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2022 en el que dice haber anulado y dejado sin efecto oficio ********, de 28 de octubre del 2022, signado por Juan Garza Seco Maurer, Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. C. De la Autoridad Ejecutora la Titular de la secretaria (sic) de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. A. La ejecución inminente que pretende dar a "El acuerdo de fecha 9 de noviembre de 2022" en el que dice haber anulado y dejado sin efecto oficio ********, de 28 de octubre del 2022, signado por Juan Garza Seco Maurer, Director General Jurídico de la Secretaria (sic) de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, toda vez que de la resolución que se impugna y sus puntos resolutivos en lo conducente la autoridad responsable ordenadora resolvió: anular y dejar sin efectos el oficio SPF-******** (sic) de fecha 28 de octubre de 2022 mediante el cual se puso en conocimiento del licenciado *******, JUEZ DE CONTROL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACAN PUEBLA en la CAUSA PENAL ******* que se sigue en contra del suscrito quejoso L********, por el hecho con apariencia de delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO EN SU MODALIDAD DE USO a pesar de que la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla tuvo conocimiento de que el hecho que se me imputa "no causó daño alguno a la Secretaria (sic) de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla" como agraviado en la CAUSA PENAL ******** que se sigue en contra del suscrito quejoso ********.". Sólo que los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación formulados por el quejoso, permiten visualizar que su reclamó está dirigido contra el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, debido a que esta anuló uno diverso emitido por su director general jurídico, en el cual este había aseverado que el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado el quejoso, en la causa penal *******, no generó daño a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. La anulación que hizo la titular de la mencionada secretaría, al oficio emitido por su director general jurídico, genera a decir del quejoso -como se desprende de los conceptos que violación que expresó en la demanda-, una infracción a derechos fundamentales porque habrá de impedir que alcance la suspensión condicional del proceso, que ya solicitó en la causa penal *********. Sin embargo, el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (que se adjuntó a la demanda en copia autentificada), sólo constituye un documento de la autoridad que tiene el carácter de víctima en la referida causa. Entonces, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, durante el trámite de asuntos del sistema acusatorio, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos fundamentales de la persona.3 Luego, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación jamás incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (que se adjuntó a la demanda en copia autentificada), sólo constituye un documento de la autoridad que tiene el carácter de víctima en la referida causa, motivo por el cual no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el oficio emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sólo tiene el efecto de fijar la postura de la mencionada secretaria, con miras a la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso, que parece haberse fijado en la causa penal ********, instruida contra el quejoso. En particular, la secretaria de marras informa haber anulado el oficio de su director general jurídico, en el cual este aseveró que el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado el quejoso, en la referida causa, no había generado daño a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Además, la referida secretaria manifiesta su oposición a la suspensión condicional del proceso que solicitó el quejoso, en la indicada causa penal, y anuncia (la secretaria) que habrá de expresar esa oposición en la respectiva audiencia cuando sea celebrada, para que continúe el trámite de la causa penal en aras de esclarecer los hechos, proteger a la víctima del delito, evitar que el imputado quede impune y conseguir que los daños se reparen. Luego, es válido considerar que el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sólo tiene el efecto de fijar la postura de la mencionada secretaria, con miras a la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso, que parece haberse fijado en la causa penal *******. Más aún, el comentado oficio únicamente podría generar una afectación a derechos adjetivos o procesales, que incidiría en las posiciones que van asumiendo las partes dentro de la causa penal. En otras palabras, si el quejoso llegara a obtener la suspensión condicional del proceso, en la audiencia que parece haberse fijado en la referida causa, ninguna repercusión habrá tenido el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Así, debe considerarse que el oficio en comento únicamente podría generar una afectación a derechos adjetivos o procesales, porque no determina una ruta específica de análisis para la suspensión condicional del proceso; y el que se haya anulado el diverso que emitió el director general jurídico, tampoco determina que vaya a negarse la suspensión condicional del proceso, dado que la posibilidad de que lo obtenga el quejoso, depende del plan de reparación que presente en la respectiva audiencia y el debate que ocurra ante el juez de control encargado de la causa penal. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, dado que ese documento sólo tiene el efecto de fijar la postura de la mencionada secretaria, con miras a la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso, que parece haberse fijado en la causa penal *********. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra el mencionado oficio, permiten descartar que este hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. En resumen, debe estimarse que el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sólo tiene el efecto de fijar la postura de la mencionada secretaria, con miras a la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso, que parece haberse fijado en la causa penal *******, motivo por el cual únicamente representaría un acto de mero impacto a derechos procesales. De ahí que no pueda considerarse que el oficio de marras haya afectado derechos sustantivos del quejoso, en el trámite dispuesto para la audiencia que parece haberse fijado para discutir la solicitud de suspensión condicional del proceso. Por tanto, se declara que el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (el principal acto combatido), encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Establecido lo anterior, también debe indicarse que el quejoso ejerció la acción de derechos fundamentales contra el oficio de marras, aun cuando este proviene de una autoridad que tiene el carácter de víctima y, por ende, parte procesal en la causal penal que se le instruye (a aquél), motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la diversa II del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Para demostrarlo conviene decir que el acto de autoridad debe entenderse como toda norma, hecho u omisión imputable a los órganos del Estado y que puede traducirse en una decisión o ejecución -incluso ambas- a través de la cual se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria, como deriva de la fracción II del artículo 5 de la legislación. Ahí destaca el elemento de voluntariedad que distingue al acto de cualquier acontecimiento, pues lleva a la obtención de un fin determinado; mientras la característica decisoria o ejecutiva del acto, se traduce en la coercitividad que le imprime naturaleza autoritaria y por ello puede producir afectación en bienes, derechos y situaciones de hecho. Esto ha sido definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las notas distintivas siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho -con independencia de la naturaleza formal- que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación nazca en los ordenamientos legales, al punto de dotar al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.4 En el presente caso, pretende el quejoso reclamar como principal acto, el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, que tiene dos alcances: 1. La secretaria de marras informa haber anulado el diverso de su director general jurídico, en el cual este aseveró que el hecho con apariencia de delito por el cual fue vinculado el quejoso, no había generado daño a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla; y 2. La referida secretaria manifiesta su oposición a la suspensión condicional del proceso que solicitó el quejoso, y anuncia (la secretaria) que habrá de expresar esa oposición en la respectiva audiencia cuando sea celebrada, para que continúe el trámite de la causa penal en aras de esclarecer los hechos, proteger a la víctima del delito, evitar que el imputado quede impune y conseguir que los daños se reparen. Tales alcances generan para aquél, según lo manifestó en la demanda de amparo, una infracción a derechos fundamentales. Sin embargo, el análisis del oficio reclamado (el principal acto), permite establecer que sólo fue emitido por una autoridad que tiene el carácter de víctima, en la causa penal *******, instruida contra el quejoso, razón por la cual debe considerarse que ese oficio proviene de una parte procesal, en el mismo plano donde se encuentra el quejoso, como imputado de la referida causa. Entonces, el oficio que pretende combatirse de la mencionada secretaria, se ubica en la relación procesal de la causa instruida al quejoso, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Luego, jurídicamente es imposible tener a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en el terreno de las autoridades responsables para el juicio de amparo, pues los oficios que emite, como el reclamado por el quejoso, encuadran en los actos que despliega aquélla como parte procesal, en específico con su carácter de víctima por el hecho con apariencia de delito considerado en la vinculación a proceso. Sobre todo porque el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, sólo tiene el efecto de fijar la postura de la mencionada secretaria, con miras a la celebración de la audiencia de suspensión condicional del proceso, que parece haberse fijado en la causa penal *******, instruida contra el quejoso. De ahí que la mencionada autoridad carezca de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la legislación, pues en ningún momento creó, modificó ni extinguió situaciones jurídicas en una relación de supra a subordinación. Por tanto, se declara que el oficio sin número de once de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (el acto principal de la demanda), también encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la diversa II del numeral 5, ambos de la legislación. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, dado que el oficio reclamado a la secretaria responsable, encontró sendas causales de improcedencia manifiestas e indudables, en términos de las consideraciones expuestas. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal, autorizados y medios de contacto. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito al inicio de su demanda, ubicado en la ciudad de Puebla. Luego, se descartan las direcciones de correo electrónico que ofreció aquél como domicilio para recibir notificaciones, pues las disposiciones de la Ley de Amparo, carecen de previsiones legislativas que autoricen la práctica de notificaciones por esos medios electrónicos. A pesar de lo anterior, se deja establecido que las direcciones de correo electrónico ofrecidas en la demanda, quedan recibidas como medios de contacto no procesales. Por otro lado, quedan autorizados los profesionistas ******* y ******** con las facultades amplias del numeral 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso así los designó y se encontró la cédula profesional de los nombrados, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las demás personas nombradas por aquél en el primer acápite de la demanda, porque sólo fueron designadas para recibir notificaciones y consultar el expediente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.

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