Luis Gustavo Obispo Vera

Expediente 1109/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1109/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Gustavo Obispo Vera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo indirecto promovida por **********. Fórmese expediente. Regístrese con el número 1109/2019-IX. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" De la lectura íntegra de la demanda, se advierte la promovente medularmente señala como acto reclamado: "La determinación y/o resolución y/o acuerdo y/o auto emitido por la responsable y que ordena el pago de la reparación de daño para el día veintiséis de diciembre del año 2019." Ahora de los hechos del acto reclamado se desprende: - El quejoso fue vinculado a proceso en los autos de la proceso penal 44/2019, del índice del juzgado responsable, por los delitos de lesiones y violencia de Género en agravio de Liliana Morteo Duarte y por el delito de daños culposos en agravio de Marta Susana Duarte Hernández. - El peticionario de amparo solicitó la aplicación de un procedimiento abreviado, el cual se declaró procedente y se fijó monto de reparación del daño (por la cantidad de $256,553 a Liliana Morteo Duarte y $35,322 a Martha Susana Duarte Hernández). - Se apertura el proceso de ejecución de sentencia radicado bajo el número de carpeta E-101/2019 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. - El tres del presente mes y año, le notificaron a efecto de nombrar defensor en la etapa de ejecución de sentencia y comparecer a la audiencia de ejecución de diez de diciembre del presente año. -El diez de los actuales, acudió a la audiencia en donde le requirieron el pago de la reparación del daño teniendo como término para ello el veintiséis del mes y año que transcurre. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado fue dictado en la etapa de ejecución. Dada la naturaleza de su proceso es aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, en contra del acto reclamado la ley ordinaria prevé el recurso de apelación, previsto en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. -El citado numeral dispone: "Artículo 132. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) V. Reparación del daño En ese orden de ideas, es evidente que, previo al juicio constitucional, debe agotarse el recurso ordinario de defensa previsto en el precepto 132 indicado, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Por lo que, se itera, el promovente no agotó el medio de impugnación ordinario y, por tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII del cardinal 61 de la ley de la materia. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. No es ocioso abundar. El quejoso reconoce haber acordado en procedimiento abreviado la pena y monto de reparación del daño. Es claro esa decisión quedó firme. Refiere también se aperturó la sección de ejecución. Acudió ante el Juzgador de esa etapa en la audiencia de diez de diciembre de dos mil diecinueve. Considera el mandato ahí decretado -cumplir el veintiséis de diciembre- de pagar la reparación del daño es inconstitucional. Al efecto, dicho acto que emite en sección de ejecución del proceso penal. Ello actualiza la hipótesis del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Para que el amparo sea procedente debe el Juez calificar como cumplida la sentencia (o su imposibilidad). Solo hasta que se pronuncie esa decisión podrá analizarse en amparo lo actuado en esa fase procesal atinente a los actos jurídicos dictados después de concluido el juicio. Razón que actualiza también -a la par de la apuntada definitividad- la notoria improcedencia del juicio de amparo. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, esta última en relación con el arábigo 107, fracción IV, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, el juicio promovido resulta improcedente. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

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