Luis Gerardo Temix Xolo
Expediente 481/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Gerardo Temix Xolo
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Remite copia de la determinación emitida el seis de junio de dos mil veintidós en el juicio de amparo 560/2022-B de su estadística. De su contenido se advierte el homólogo federal aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este expediente como asunto concluido... Por otra parte, consta en autos que el tres de junio del año en curso se agregó el oficio (copia para conocimiento) signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Hizo del conocimiento las gestiones realizadas en relación con la denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito realizada en este sumario. En consecuencia, remítase dicho comunicado al órgano jurisdiccional competente, previa copia simple que se agregue al sumario para debida constancia. Lo anterior, para los efectos legales que procedan en el juicio de amparo 560/2022-B de su estadística. Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese la copia para conocimiento del oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. De su contenido se advierten las gestiones realizadas en relación con la denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito realizada en este sumario (auto de veintisiete de mayo del año en curso). En esencia, remitió la documentación relativa al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz a fin de que proceda a la apertura de la investigación ministerial respectiva. De lo anterior se toma nota. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, quien se ostenta como defensor particular de **********, contra actos del 1. Juez de Distrito Especializado en Sistema Acusatorio, en su carácter de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal (Francisco Manuel Negrete Márquez), y otra autoridades. Regístrese con el número 481/2022-I en el Libro Uno de Juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -INCOMPETENCIA- Del estudio íntegro del ocurso de cuenta, se advierte el quejoso señala como actos reclamados: "A) EL ILEGAL INFUNDADO E INCONSTITUCIONAL AUTO DE VINCULACIÓN DICTADO EN CONTRA DE MI REPRESENTADO LUIS GERARDO TEMIX XOLO, EN FECHA 5 DE MAYO DEL 2022 DENTRO DEL PROCESO PENAL 143/2022 RELATIVO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1374/2022 EMITIDO POR LA RESPONSABLE ORDENADORA Y SU PRETENDIDA EJECUCIÓN. B) EL ILEGAL, INJUSTIFICADO, INMOTIVADO, E INCONSTITUCIONAL AUTO QUE RESOLVIÓ LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE LA AUDIENCIA INICIAL, MEDIANTE LA CUAL SE IMPUSO MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA "JUSTIFICADA", que fuera emitido por la responsable dentro del referido proceso penal en perjuicio de los derechos humanos y fundamentales de mi representado y su pretendida ejecución. C) EL ILEGAL, INJUSTIFICADO, INMOTIVADO E INCONSTITUCIONAL AUTO QUE RESOLVIÓ LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN LA AUDIENCIA INICIAL dentro del proceso penal referido en perjuicio de los derechos humanos y fundamentales de mi representado y su pretendida ejecución. D). LA ILEGAL, INJUSTIFICADA, INMOTIVADA E INCONSTITUCIONAL TORTURA, MALTRATO, VEJACIONES, TRATOS CRUELES Y DENIGRANTES Y SU CUMPLIMIENTO LLEVADO A CABO POR OFICIALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CABADA VERACRUZ Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ en perjuicio de los derechos humanos y fundamentales de mi representado y su pretendida ejecución. E) LA ILEGAL OMISIÓN y/o NEGLIGENCIA DE LAS RESPONSABLES DE CITAR Y HACER COMPARECER EN LA FECHA Y HORA DE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL ANTE EL JUEZ DE CONTROL, A LOS TESTIGOS JOSÉ LUIS ZAPOT QUIALA y LEONARDO SANDOVAL MERLÍN, ADOLFO DELGADO ECHAVARRÍA, propuestos por la defensa. F) LA ILEGAL OMISIÓN DE LLEVAR A CABO ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE ENTREVISTAS DE DIVERSOS TESTIGOS PRESENCIALES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA DETENCIÓN DE LUIS GERARDO TEMIX XOLO, diligencias que fueron solicitadas por escrito ante la fiscalía de conocimiento, toda vez que los mismos fueron intimidados por la policía municipal de Cabada, Veracruz y policía estatal. G) EL ILEGAL E INFUNDADO RETARDO EN LA PRÁCTICA DE DICTAMEN PERICIAL DE BÚSQUEDA DE INDICIOS DE TORTURA, VEJACIONES, MALOS TRATOS EN LA PERSONA DE MI REPRESENTADO BAJO EL ESTÁNDAR DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL, toda vez que el retraso en la práctica del dictamen causa que los efectos de la tortura se diluyan y desaparezcan resultando más difícil de verificar la existencia, según indica el texto del mismo protocolo aludido. H). EL ILEGAL, INFUNDADO E INCONSTITUCIONAL AUTO POR EL CUAL EL JUEZ DE CONTROL NEGÓ LA ADMISIÓN DE LA DEPONENCIA DE LOS TESTIGOS UNA MENOR DE EDAD DE INICIALES G.M.R. Y DE LA SEÑORA LETICIA MORALES RAMÍREZ, durante la celebración de la continuación de la audiencia Inicial." Ahora, cabe mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función del lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, cuyos efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión. Esto es, la ejecución de lo reclamado ocurre y continuará en el lugar donde radica el Juez de Control ante el cual se sigue el proceso de origen. Esto es, fuera del ámbito territorial donde este órgano ejerce su competencia legal. Por ende, se estima debe conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa. No es óbice a lo anterior que conforme la narrativa en la demanda, la detención se llevó a cabo en Ángel R. Cabada, Veracruz (antecedente marcado con el romano II). Sin embargo, como se dijo, los efectos de lo reclamado conllevan una ejecución material e implican que el procesado, aquí directo quejoso, continúe a disposición del Juez de Control residente en Xalapa, Veracruz. Por lo que la competencia para conocer del amparo interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y demás actos comprendidos desde el control de la detención, donde además alega fue víctima de tortura, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el órgano jurisdiccional que conoce del proceso penal de origen. Cobra aplicación, por identidad de las razones que la sostienen, la jurisprudencia 32 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo, página 39, Registro digital 1002098, Novena Época, Materia Penal, siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Así también, por las razones que informa, resulta ilustrativa al caso la tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 541 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, con registro digital: 2006473, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Las violaciones a derechos humanos en la primera fase de investigación del nuevo sistema de justicia penal pueden ser reclamables en amparo, por lo que esta Primera Sala sostiene la Jurisprudencia 1a./J. 107/2007, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.". Ello no se contrapone a la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), también sostenida, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Lo anterior es así, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. Lo que reconoce el segundo criterio es la revisión de constancias conforme a la naturaleza jurídica del nuevo sistema de justicia penal, pero ello no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el primer criterio rector para la admisión de pruebas en cuestiones de excepcionalidad, incluso, de máximo rigor al tratarse de tortura. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Al respecto, un caso paradigmático es la tortura, pues además no debe perderse de vista que versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso." Máxime que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. En el caso siendo nota distintiva se trata de actuaciones dentro de un proceso penal, en cuyo caso surten efectos dentro de la jurisdicción del juez que conoce de la causa. Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto. Y con fundamento en los artículos, 37 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el numeral Cuarto, fracción VII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, quien desde luego se encuentra en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al homólogo federal aludido, para que determine lo conducente, solicitando el acuse de recibo de estilo.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo signada por **********, quien se ostenta como defensor particular de **********, contra actos del 1. Juez de Distrito Especializado en Sistema Acusatorio, en su carácter de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal (Francisco Manuel Negrete Márquez), y otra autoridades. Regístrese con el número 481/2022-I en el Libro Uno de Juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -INCOMPETENCIA- Del estudio íntegro del ocurso de cuenta, se advierte el quejoso señala como actos reclamados: "A) EL ILEGAL INFUNDADO E INCONSTITUCIONAL AUTO DE VINCULACIÓN DICTADO EN CONTRA DE MI REPRESENTADO LUIS GERARDO TEMIX XOLO, EN FECHA 5 DE MAYO DEL 2022 DENTRO DEL PROCESO PENAL 143/2022 RELATIVO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1374/2022 EMITIDO POR LA RESPONSABLE ORDENADORA Y SU PRETENDIDA EJECUCIÓN. B) EL ILEGAL, INJUSTIFICADO, INMOTIVADO, E INCONSTITUCIONAL AUTO QUE RESOLVIÓ LA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO DE LA AUDIENCIA INICIAL, MEDIANTE LA CUAL SE IMPUSO MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA "JUSTIFICADA", que fuera emitido por la responsable dentro del referido proceso penal en perjuicio de los derechos humanos y fundamentales de mi representado y su pretendida ejecución. C) EL ILEGAL, INJUSTIFICADO, INMOTIVADO E INCONSTITUCIONAL AUTO QUE RESOLVIÓ LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN EN LA AUDIENCIA INICIAL dentro del proceso penal referido en perjuicio de los derechos humanos y fundamentales de mi representado y su pretendida ejecución. D). LA ILEGAL, INJUSTIFICADA, INMOTIVADA E INCONSTITUCIONAL TORTURA, MALTRATO, VEJACIONES, TRATOS CRUELES Y DENIGRANTES Y SU CUMPLIMIENTO LLEVADO A CABO POR OFICIALES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE CABADA VERACRUZ Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ en perjuicio de los derechos humanos y fundamentales de mi representado y su pretendida ejecución. E) LA ILEGAL OMISIÓN y/o NEGLIGENCIA DE LAS RESPONSABLES DE CITAR Y HACER COMPARECER EN LA FECHA Y HORA DE LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL ANTE EL JUEZ DE CONTROL, A LOS TESTIGOS JOSÉ LUIS ZAPOT QUIALA y LEONARDO SANDOVAL MERLÍN, ADOLFO DELGADO ECHAVARRÍA, propuestos por la defensa. F) LA ILEGAL OMISIÓN DE LLEVAR A CABO ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y OBTENCIÓN DE ENTREVISTAS DE DIVERSOS TESTIGOS PRESENCIALES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN EL LUGAR, FECHA Y HORA DE LA DETENCIÓN DE LUIS GERARDO TEMIX XOLO, diligencias que fueron solicitadas por escrito ante la fiscalía de conocimiento, toda vez que los mismos fueron intimidados por la policía municipal de Cabada, Veracruz y policía estatal. G) EL ILEGAL E INFUNDADO RETARDO EN LA PRÁCTICA DE DICTAMEN PERICIAL DE BÚSQUEDA DE INDICIOS DE TORTURA, VEJACIONES, MALOS TRATOS EN LA PERSONA DE MI REPRESENTADO BAJO EL ESTÁNDAR DE PROTOCOLO DE ESTAMBUL, toda vez que el retraso en la práctica del dictamen causa que los efectos de la tortura se diluyan y desaparezcan resultando más difícil de verificar la existencia, según indica el texto del mismo protocolo aludido. H). EL ILEGAL, INFUNDADO E INCONSTITUCIONAL AUTO POR EL CUAL EL JUEZ DE CONTROL NEGÓ LA ADMISIÓN DE LA DEPONENCIA DE LOS TESTIGOS UNA MENOR DE EDAD DE INICIALES G.M.R. Y DE LA SEÑORA LETICIA MORALES RAMÍREZ, durante la celebración de la continuación de la audiencia Inicial." Ahora, cabe mencionar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función del lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, cuyos efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión. Esto es, la ejecución de lo reclamado ocurre y continuará en el lugar donde radica el Juez de Control ante el cual se sigue el proceso de origen. Esto es, fuera del ámbito territorial donde este órgano ejerce su competencia legal. Por ende, se estima debe conocer del presente asunto el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Xalapa. No es óbice a lo anterior que conforme la narrativa en la demanda, la detención se llevó a cabo en Ángel R. Cabada, Veracruz (antecedente marcado con el romano II). Sin embargo, como se dijo, los efectos de lo reclamado conllevan una ejecución material e implican que el procesado, aquí directo quejoso, continúe a disposición del Juez de Control residente en Xalapa, Veracruz. Por lo que la competencia para conocer del amparo interpuesto contra el auto de vinculación a proceso y demás actos comprendidos desde el control de la detención, donde además alega fue víctima de tortura, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el órgano jurisdiccional que conoce del proceso penal de origen. Cobra aplicación, por identidad de las razones que la sostienen, la jurisprudencia 32 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Primera Sección - Competencia para conocer del juicio de amparo, página 39, Registro digital 1002098, Novena Época, Materia Penal, siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Así también, por las razones que informa, resulta ilustrativa al caso la tesis 1a. CCIV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 541 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, con registro digital: 2006473, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS. SU RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN OBLIGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL AL ESTUDIO DE VIOLACIONES Y PRUEBAS SUPERVENIENTES RELACIONADAS CON LA PRIMERA FASE DE INVESTIGACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Las violaciones a derechos humanos en la primera fase de investigación del nuevo sistema de justicia penal pueden ser reclamables en amparo, por lo que esta Primera Sala sostiene la Jurisprudencia 1a./J. 107/2007, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL PROCESO PENAL CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SON SUPERVENIENTES Y TENGAN VINCULACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.". Ello no se contrapone a la Jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), también sostenida, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Lo anterior es así, porque si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio ha admitido como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tengan directa relación con hechos de la investigación, más aún, si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal. Lo que reconoce el segundo criterio es la revisión de constancias conforme a la naturaleza jurídica del nuevo sistema de justicia penal, pero ello no implica que pierda vigencia y obligatoriedad el primer criterio rector para la admisión de pruebas en cuestiones de excepcionalidad, incluso, de máximo rigor al tratarse de tortura. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el hecho de que la autoridad responsable no hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, tratándose de la primera fase del nuevo procedimiento penal, no es impedimento para que el tribunal de amparo admita y valore medios de prueba supervenientes que tengan vinculación directa con violaciones a derechos humanos en dicha etapa de investigación. Al respecto, un caso paradigmático es la tortura, pues además no debe perderse de vista que versa sobre un tema de pronunciamiento previo y oficioso." Máxime que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. En el caso siendo nota distintiva se trata de actuaciones dentro de un proceso penal, en cuyo caso surten efectos dentro de la jurisdicción del juez que conoce de la causa. Consecuentemente, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto. Y con fundamento en los artículos, 37 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el numeral Cuarto, fracción VII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se estima competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, quien desde luego se encuentra en condiciones de decidir si acepta o no el conocimiento del asunto. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse las actuaciones que integran el presente juicio al homólogo federal aludido, para que determine lo conducente, solicitando el acuse de recibo de estilo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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