Luis German Rodriguez Cueto

Expediente 1160/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 37 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1160/2021
Año
2021
Actuaciones
37
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Luis German Rodriguez Cueto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que en esta fecha causó estado la sentencia dictada en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  3. Principal

    Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Maribel Villanueva Salas.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Luis Germán Rodríguez Cueto, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y los actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 42 FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio conocido en esta Ciudad. H. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, con domicilio conocido en esta Ciudad. ACTOS RECLAMADOS: DE LA H. JUNTA ESPECIAL 42 FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, con domicilio conocido en esta Ciudad, le reclamo: EL JUICIO LABORAL 219/2014, ya que como lo demostraré en su momento procesal oportuno, no fui formalmente notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades hacendarias y en consecuencia no fui oída en procedimiento administrativo. DE LA H. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, con domicilio conocido en esta Ciudad, le reclamo: EL AMPARO DIRECTO 689/2020, ya que como lo demostraré en su momento procesal oportuno, no fui formalmente notificado de ningún Juicio +o Procedimiento en mi contra por parte de las Autoridades Responsables y en consecuencia no fui oído en procedimiento administrativo. Dichas faltas de notificación y llamamiento a Juicio llevado con desconocimiento de la Quejosa y que dieron pie a sanciones Judiciales y Laborales, y por tal motivo al no seguir los lineamientos esenciales de todo procedimiento, transgrede las Garantías Individuales del Suscrito." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Previos escritos aclaratorios, por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, fue admitida contra actos de la Junta Especial número Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1160/2021, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó emplazar al tercero interesado y dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Luego, en el mismo auto admisorio, por lo que respecta a los actos que reclamados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, consistentes en la orden de cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo directo 689/2020, se desechó de plano la demanda por advertirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo indirecto que corresponde a la competencia territorial de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, es el siguiente: La falta de emplazamiento al juicio laboral 219/2014, y todo lo actuado con posterioridad. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptó el mismo; lo cual, sin duda es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditado el acto de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2º de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó la junta responsable, consistente en las constancias originales que conforman el juicio laboral 219/2014; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Consecuentemente, al tener por cierto el acto reclamado, lo subsecuente es aperturar el capítulo de improcedencia o procedencia del juicio de amparo. CUARTO. Procedencia. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5, de la presente ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.)" Es importante destacar que al determinar, respectivamente, los artículos 5, 73 y 77 de la Ley de Amparo, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y los efectos que debe tener la sentencia emitida en un juicio de garantías que concede el amparo, en cuanto que incurra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que, si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo que no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, pues en su caso existiría la posibilidad de conceder el amparo por un acto que, en principio, no les cause perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese supuesto los efectos restitutorios del amparo sería en contra de los estatuido en los preceptos citados de la ley de la materia. Ahora bien, es importante tener presente que se entiende por la afectación al interés jurídico, apoyándose al respecto en la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por la Sala Auxiliar, visible en la página 46, Tomo Parte VII, Séptima Época, del Apéndice de 1985, que dice: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial" De lo anterior se infiere que por afectación o perjuicio en el interés jurídico, debe entenderse la ofensa a los derechos o intereses de una persona, lo que se traduce en que el acto reclamado causa perjuicio a una persona física o moral y lesiona directamente en su persona o patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada; y tal interés jurídico consiste en la identidad de la persona que ejerce la acción constitucional con aquélla en cuyo favor está instituido legalmente el derecho que se considera violado por el acto de autoridad, de modo que cuando no existe esa identidad, debe considerarse que el acto impugnado no lesiona el derecho que se pretende defender. Ahora bien, interpretada a contrario sensu la disposición legal contenida en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se deduce que para la procedencia del juicio de amparo contra un acto de autoridad, es indispensable que éste afecte los intereses jurídicos de los quejosos, es decir, que les produzca un agravio dentro de su esfera tutelada por la ley. Así las cosas, el interés jurídico consiste en la identidad de la persona que ejercita la acción de amparo, con el individuo en cuyo favor la ley protege un derecho, el que se estima ha sido conculcado por la autoridad al realizar el acto o actos reclamados; porque de lo contrario, se infiere, que si un acto de autoridad no lesiona un derecho previsto o tutelado por la ley, contra él será improcedente la vía intentada por no afectar ningún interés jurídico de persona alguna, aun cuando tal acto pueda perjudicarla material o económicamente. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio en el sentido de que, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; y por consiguiente, es un presupuesto procesal para la procedencia de la acción de amparo que el acto o la ley reclamados, causa perjuicio al quejoso; es por ello que aquélla ha definido cuál es el alcance del concepto de perjuicio, estableciendo al respecto que para los efectos del amparo no debe tomarse en cuenta en los propios términos de la ley civil, o sea como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio sino, más bien, como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Luego, conviene relacionar las constancias remitidas por la junta responsable al informe con justificación, deducidas del juicio laboral 219/2014, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en el artículo 2, al ser expedidas por autoridad en el ejercicio de sus funciones, de las que se desprende que: En el caso, del examen de las constancias del juicio de amparo se advierte que el impetrante reclama la falta de emplazamiento al juicio laboral 219/2014, promovido por J. Inés Barbosa Ramos y/o José Inés Barbosa Adriano en contra de la persona física Martha Alicia Sánchez Solís y otros, virtud que es esposo de la demandada y se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que -refiere-, es dueño del cincuenta por ciento de la sociedad conyugal, y la falta de emplazamiento al citado juicio laboral, afecta de manera directa su patrimonio. De las constancias remitidas por la junta responsable, se advierten como antecedentes los siguientes: Mediante escrito de cinco de febrero de dos mil catorce, J. Inés Barbosa Ramos y/o José Inés Barbosa Adriano, demandó en la vía laboral a las fuentes de trabajo denominadas Tyson de México, S. de R. L. de C.V. y a quien resulte responsable de la misma. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil quince, la junta responsable mandó llamar a juicio a Martha Alicia Sánchez Solís. Seguido el juicio por todas sus etapas procesales, el veinte de septiembre de dos mil veinte, la junta responsable emitió laudo. Inconforme con lo anterior, el hoy tercero interesado J. Inés Barbosa Ramos y/o José Inés Barbosa Adriano, promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad y mediante ejecutoria de uno de julio de dos mil veintiuno, concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el tribunal obrero responsable, el seis de agosto de dos mil veintiuno, emitió laudo condenatorio en contra de Martha Alicia Sánchez Solís. Al no encontrarse debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, requirió de nueva cuenta el cumplimiento a la junta responsable. En ese sentido, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, el tribunal obrero responsable, emitió de nueva cuenta laudo condenatorio en contra de Martha Alicia Sánchez Solís. Sobre esa base y una vez que se relacionaron las constancias del juicio de origen, se obtiene que el aquí quejoso es tercero extraño al procedimiento natural del que emana el acto reclamado, dado que no figura como parte procesal, pues en aquél, la parte actora es J. Inés Barbosa Ramos y/o José Inés Barbosa Adriano y los demandados Tyson de México, S. de R. L. de C.V. y Martha Alicia Sánchez Solís. En ese sentido cobra actualidad el criterio jurídico sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 720, tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente.". En lo conducente, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C.J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1305, tomo XXII, julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del siguiente tenor: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Ahora bien, es menester reiterar que para la procedencia del juicio de amparo deben satisfacerse los presupuestos legales siguientes: a).- Un acto reclamado; b).- Una violación constitucional; c).- Una parte agraviada; y d).- La existencia de un perjuicio que afecte a dicha parte. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución General de la República, los individuos que sufren una afectación en su persona o patrimonio derivada de una ley o un acto de autoridad que viole sus derechos humanos, tienen legitimación para promover la acción de amparo. A su vez, el artículo 107, fracción I, del mismo ordenamiento supremo, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendiéndose por agravio para los efectos del juicio de amparo una lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, una ofensa, un daño o una afectación indebida que deriva de la ley o de un acto de autoridad. Así, la legitimación para ejercitar la acción de amparo opera en el caso de que la parte agraviada sufra una afectación en su esfera jurídica, o una lesión de acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 5 citado de la ley que reglamenta la vía extraordinaria de defensa, esto es, que su ejercicio está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, de modo que la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión, de modo que ese derecho que se protege por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico. Entonces, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos General de la República, así como de los tratados internacionales reconocidos por el estado mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, como pueden ser actos de desposeimiento, material o virtual, es claro que el supuesto básico en que debe descansar tal reclamación es la posesión del bien o la demostración de su propiedad a través, claro, de los diversos medios de prueba aportados al juicio; por tanto, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico y en consecuencia decretar el sobreseimiento, pero en caso de acreditarse la propiedad del bien, conceder la protección de la Justicia Federal a quien se ve afectado por el acto impugnado si la posesión o propiedad de la cosa sobre la cual se dirige pertenece a su esfera jurídica. Ello es indispensable, pues se tiene presente que los artículos 5 y 77 de la Ley de Amparo, respectivamente, prevén el principio de instancia de parte agraviada y los efectos que debe tener la sentencia dictada en el juicio que conceda el amparo, pues la demostración del interés jurídico, la acreditación del perjuicio y la consecuente demostración de la propiedad y posesión del bien, encierra una declaración de restitución para el caso concreto, por lo que se hace necesario exigir para la procedencia del juicio constitucional que quien acude a la solicitar la protección de la Justicia Federal demuestre plenamente el interés jurídico. Lo expuesto, encuentra apoyo en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 193-198 Primera Parte, página 110, que se lee: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." Cabe aclarar que las "partes de un juicio" son aquellas personas que litigan en un juicio o procedimiento administrativo, que se les denomina actor y demandado, y son quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el que se pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, o bien, sus excepciones, así como impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravien, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, a demandar cese de esa violación. Así las cosas, al no haberse instado la demanda de origen en contra del hoy peticionario de amparo Luis Germán Rodríguez Cueto, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues las partes en el juicio del que emana el acto reclamado, según quedó precisado, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal a demandar el cese de esa violación. Por lo tanto, dicha circunstancia no les confiere la facultad de reclamar en la vía de amparo indirecto la falta de emplazamiento, dentro del juicio laboral 219/2014, del índice del Juez responsable, precisamente por no figurar como parte, ya que queda claro que lo actuado en dicho juicio, sólo puede afectar y, por ende, conferir legitimación para reclamar durante el juicio o fuera de él, a quienes participaron en esa contienda, de la que no forma parte el quejoso, pues lo que se falle va dirigido únicamente en contra de las partes. Tiene aplicación la tesis VI.2º.C J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, página 1513, agosto de 2005, materia civil, novena época, que a la letra dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." Por las anteriores consideraciones, es indudable que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por la extinta Sala Auxiliar y la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este alto tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sea estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." (Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. Parte: VII. Tesis: 10. Página: 46.) "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Debiendo realizarse de manera directa la afectación de los intereses jurídicos, para la procedencia del juicio de amparo, sólo aquel que resulta afectado de esa manera puede promover el juicio de amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 127-132 Tercera Parte. Página: 55.) En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer en el juicio de amparo que nos ocupa, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Germán Rodríguez Cueto. Notifíquese; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, y debido a que es necesaria la notificación de las partes respecto a la suspensión de labores, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las diez horas del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, para su celebración, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Entrega de oficios. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Gómez Palacio, Durango, mediante el cual remite diversas constancias. Acuerdo. Asimismo, se le tiene por cumplimentando el requerimiento efectuado en proveído de doce de enero, mediante el cual le fueron requeridas diversas constancias para la debida integración del presente juicio de amparo. Vista. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con dichas documentales para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese personalmente.

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