Luis Gerardo Rubio Díaz

Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
180/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Rubio Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de septiembre de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio con auto inserto de cuenta, signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; el cual quedó registrado bajo el amparo en revisión 590/2023, de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; uno de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, y toda vez que el presente asunto se encuentra debidamente integrado, pues se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas de la sentencia, así como del proveído de cinco de julio del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la mencionada sentencia. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito. Expediente electrónico. En la inteligencia de que, todas las actuaciones de este juzgado constarán únicamente en el expediente electrónico del presente juicio de amparo, pues en el caso, el expediente físico contendrá sólo las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Ello, pues conforme al nuevo esquema de trabajo los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, razón por la cual las determinaciones judiciales estarán firmadas electrónicamente y no serán agregadas al expediente físico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; cinco de julio de dos mil veintitrés. Escrito. Visto lo de cuenta, se recibe escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de Revisión. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copia del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del juicio de amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, ******************** solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otras, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en el artículo 14 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 180/2023-II, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Torreón, Coahuila de Zaragoza, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo. i. La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 54, fracción II, inciso 1, 60, fracción II, inciso 3), 169 y Tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2022. ii. La expedición y promulgación de los artículos 12 al 36 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad. iii. La aplicación de las normas reclamadas, mediante el cobro y recepción de pago de los derechos por concepto de inscripción de documentos, contenidos en los recibos con números de folio ********************de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En lo que respecta al acto de aplicación atribuido a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, debe destacarse que para los efectos de este juicio de amparo, no existe. Es así, pues el acto de ejecución que se le reclama, no puede ser imputado a esa autoridad, ya que la parte quejosa acreditó haberse autoaplicado el precepto legal que reclama. Consecuentemente, el cumplimiento de la norma no puede ser atribuido a esa autoridad. De esta forma, sin prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto de esa autoridad responsable. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 367, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, pues así se advierte del contenido de sus respectivos informes justificados. La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuyen a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forman parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Máxime, que la norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA". Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso, la autoridad responsable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, así como el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados alegaron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria. Debe desestimarse la actualización de esa causal de improcedencia. En efecto, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como pruebas los recibos con número de folios ********************de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia de los mencionados formatos únicos de pago, como si se tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por tanto, los recibos de pago en cuestión tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS". Por otra parte, respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, consistente en la publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, éste último, interpretado en sentido contrario. Ello, ya que a ésta no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que el acto que se le reclama no fue impugnado por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo de la norma tildada de inconstitucional. Efectivamente, en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendentes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. En el caso, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte quejosa hubiere formulado concepto de violación alguno tendente a combatir de ilegal el procedimiento de publicación de la norma reclamada en el que tiene participación la autoridad responsable. Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia, y procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 23, octubre de 2015, tomo III, página 2248, de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS". Luego, al no advertirse otra causal de improcedencia, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU RANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Decisión judicial. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda. La parte quejosa sostiene, en esencia, que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) así como el artículo 12 del Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintidós, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal. Es así, debido a que los derechos por inscripción o registro de documentos que fueron motivo de los cobros reclamados se establecieron tomando en consideración al tipo de acto u operación que se contiene en el documento a inscribirse y al monto de la operación; y en el caso, para fijar el monto del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado representa la prestación del servicio independientemente del valor de la operación. En ese sentido, la tasa o cuota establecida no va en relación directa con el costo que representa para el Estado la prestación de ese servicio, ya que la cantidad a pagar depende del monto o valor de la operación que se contenga en el documento a inscribir; por lo que, el monto a pagar será distinto, atendiendo al valor de la operación, no obstante que para el Estado representa el mismo costo prestar el servicio de inscripción de los documentos cuando su valor sea de cierta cantidad, exceda de la anterior cantidad, o bien cuando se refiere a la cancelación de inscripciones en el registro o por inscripción de avisos preventivos por cada lote o inmueble, otorgando así un trato inequitativo y desproporcional. Asimismo, la parte quejosa argumenta que los preceptos impugnados al establecer que por los mismos servicios se cobren cantidades distintas, atendiendo tanto al valor de la operación como al contenido o denominación del documento a inscribir, se traduce en un trato desigual y desproporcional para sujetos que reciben el mismo servicio por parte del Estado, ya que contrariamente a ello, a la autoridad le genera el mismo esfuerzo y costo al inscribir un título o documento que contenga la transmisión de un inmueble que el cancelar la inscripción, aún y cuando no se conozca el importe de los derechos pagados para su inscripción. Además, a través del decreto en cuestión por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, se establece un trato diferenciado al fijar diversos descuentos a la citada cuota atendiendo el valor de la operación contenida en el documento que se inscribe, lo que al final genera que los contribuyentes paguen distintas cuotas por un mismo servicio. Así, en concepto de la parte quejosa, los artículos combatidos son inconstitucionales, porque otorgan un trato distinto para sujetos que se encuentran en la misma situación, pues no obstante que el hecho generador del derecho es el mismo para todos -la inscripción o cancelación de inscripción-, la ley otorga un trato desproporcional e inequitativo, ya que atienden al valor de la operación y a la denominación formal del concepto. En conclusión, la parte quejosa sostiene que si existen diferentes cantidades, cuotas o montos para el pago de los derechos registrales, pero es igual el procedimiento que debe realizar el Registro Público de la Propiedad en todos los casos, es evidente que las cantidades o cuotas no guardan relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento ajeno que es, en el caso particular, el monto o valor de la operación a inscribir, así como la denominación formal del concepto, inscripción o cancelación. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo. Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio. Por su parte, los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2022, establecen lo siguiente: "Artículo 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (.) II. Se pagará una cuota de $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100 m.n.), en los siguientes supuestos: 1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado. (...) Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan". "Artículo 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente: TARIFA (...) II. Se pagará una cuota de $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100 m.n.), en los siguientes supuestos: (...) 3). La inscripción (sic) actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan.". De los preceptos legales transcritos, se observa que establecen una cuota fija de $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, los citados artículos en modo alguno establecen distintas tarifas ni hacen distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Dicho de otro modo, los preceptos legales en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación. Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio. Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el hecho que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador hubiere determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio, esto es $21,300.00 (veintiún mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional) y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, el cual para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva. Es así, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, debido a que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo que, la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente. Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, marzo de 2010, página 1032, de rubro siguiente: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, diciembre de 2010, página 497, de rubro siguiente: "ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA". En otro aspecto, no asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que el artículo 56, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2022, se cobran por otros servicios, en cantidades inferiores a las normas reclamadas, y que por ello existe una distinción en el cobro por los servicios prestados por el Registro Público. En efecto, en el dispositivo legal señalado por la parte quejosa, se advierte que prevé el depósito de cualquier otro documento y el pago de la cantidad de $284.00 (doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100). No obstante ello, si bien el artículo 56, fracción II de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevé una diversa cuota inferior al precepto reclamado; lo cierto es, que aquella porción normativa prevé servicios distintos a la inscripción o registro de documentos que refiere el artículo tildado de inconstitucional, pues dispone el pago de $284.00 (doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100); pero no así la inscripción de documentos previstos en la diversa porción normativa que reclama la parte quejosa. Por lo que, los servicios que se contemplan en ese numeral no guardan similitud con los servicios previstos en el artículo 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración. Además, el solo hecho que existan cuotas distintas para inscribir un documento ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, en la medida que, como puede apreciarse, son distintos los procedimientos a efectuar dependiendo del documento a inscribir. De modo que, si en el caso, el precepto legal combatido establece una tarifa mayor a la diversa señalada en dispositivo distinto, ello obedece al proceso que implica su inscripción; sin embargo, el procedimiento no se agota en un solo acto genérico de inscribir, ni se trata de idéntico servicio, pues la actividad registral requiere una estructura administrativa, operativa y funcional para alcanzar su fin, que también depende de la naturaleza y no del monto del documento a inscribir. Aunado a que, las tarifas que se establecen en la legislación combatida, no tienen por qué ser iguales para todos los documentos que se pretendan inscribir, en la medida que, dependiendo de su contenido, ameritan un análisis diferente, pero ello no hace patente la inconstitucionalidad de la norma reclamada, y dicha confronta es insuficiente, por sí sola, para considerarla inconstitucional, en la medida que las legislaturas locales cuentan con la libre configuración en materia tributaria, sin mayor exigencia que las disposiciones que emitan se encuentren apegadas a la Constitución. Del mismo modo, tampoco asiste razón a la parte quejosa, cuando refiere que el costo por el servicio de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad es desproporcional y desmedido, en cuanto a que la actualización de la tarifa no aconteció de acuerdo al índice inflacionario, lo que originó que ésta sea excesiva. Máxime, que la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previstos en los preceptos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda de Coahuila de Zaragoza, es superiores al costo que tiene en el mercado, y por ende, desproporcional, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos con número de folio ********************de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, las cuales si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no son idóneas para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio. Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 343/2013, sustentó el criterio que cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Explicó que ello era así, porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Ello no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la parte quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen; circunstancias que no acontecieron en el caso particular, dado que la parte quejosa omitió presentar prueba alguna que acredite tal aseveración. Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace a los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. OCTAVO. Estudio del diverso artículo 169 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, con relación a los cuales resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. En otro entorno, a la parte quejosa, con motivo de los recibos con número de folio ********************de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, a nombre de la parte quejosa, se le aplicaron el diverso artículo 169 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022, por conceptos de "fomento para el deporte en el estado". Respecto de esas contribuciones adicionales, existe jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que es inconstitucional la legislación cuando se establece un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos por concepto de impuestos y derechos; por lo que respecto de dichos artículos procede la suplencia de la queja, en términos de la fracción I del artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 2, página 1288, de rubro siguiente: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA". Los artículos 166 a 170 y de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, disponen lo siguiente: "CAPITULO SEGUNDO PARA EL FOMENTO AL DEPORTE EN EL ESTADO Artículo 166. Es objeto de esta contribución la realización de pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, así como los accesorios que se paguen. No se considerarán incluidos en el objeto de ésta contribución los pagos correspondientes al Impuesto Sobre Nóminas, al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, al Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos relativos a eventos teatrales y de circo, al Impuesto Sobre Hospedaje, al Impuesto Sobre Ingresos por Premios Derivados de Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos, al Impuesto Adicional Sobre los Derechos que se causen por los Servicios de Registro Público, los Derechos que se causen por los Servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, y los que se causen por los Servicios prestados por las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, relativas al Derecho de Acceso a la Información Pública. En todo caso, los ingresos que se generen por esta contribución, se destinarán exclusivamente a infraestructura deportiva. SUJETO Artículo 167. Son sujetos de esta contribución, las personas físicas, morales o unidades económicas que realicen pagos por concepto de impuestos, derechos y cualquier otra contribución que se cause conforme a la presente ley y demás disposiciones fiscales del Estado, con excepción de los señalados en el artículo anterior. BASE "Articulo 168. La base de esta contribución, es el importe de los pagos que se realicen por concepto de impuestos, derechos y demás contribuciones incluyendo sus accesorios, excepto los pagos de las contribuciones que se exceptúan en el artículo 166 de esta ley. TASA Artículo 169. La cuota correspondiente a esta contribución para el fomento al deporte, será de $10.00 (DIEZ PESOS 00/100 M.N.), sobre el monto de uno de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, que se paguen con excepción de los señalados. PAGO Artículo 170. El pago de esta contribución deberá efectuarse en las autoridades fiscales, Instituciones de Crédito o establecimientos autorizados, en el mismo recibo con que se realicen los pagos objeto de esta contribución". De lo anterior, se advierte que dichos impuestos tiene por objeto gravar el cumplimiento de otras obligaciones fiscales, pues la base sobre la cual se calcula su monto se conforma con el importe de los pagos de otras contribuciones estatales, al que debe aplicarse la tasa indicada, lo que revela que no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta imposición a través de un impuesto primario, sino que fue estructurado para gravar globalmente todos los pagos que se hagan de otras contribuciones. En ese sentido, la parte quejosa acreditó la aplicación de los impuestos, con los recibos con número de folio ********************de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, correspondiente al pago de contribuciones por concepto de "fomento para el deporte en el estado". Así, el impuesto para el fomento para el deporte en el estado, establecido en los artículos 166 al 170 de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022, resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, en tanto que no participa de la misma naturaleza jurídica del tributo primigenio sobre el que se calcula su monto, ya que al ser su objeto la cantidad que se llegue a pagar por otra contribución, se desnaturaliza la esencia misma del impuesto y sus finalidades. Ello es así, en tanto que la base sobre la cual se calcula el monto de los mencionados impuestos, se conforman con el importe del pago de otras contribuciones estatales, a los cuales debe cobrarse $10.00 (diez pesos 00/100 moneda nacional), sobre el monto de uno de los pagos por concepto de los impuestos, derechos y cualquier otra contribución y los accesorios de éstos, respectivamente. En ese sentido, la expresión económica elegida por el legislador para estructurar el hecho imponible, de manera alguna refleja la capacidad contributiva de los causantes como elemento indispensable del tributo, pues atiende al monto realizado con motivo del pago de una contribución diversa -derechos inscripción de documentos-; de ahí que, la circunstancia de que esta erogación sea considerada como hecho imponible, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, pues no toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente, ya que no grava sus ingresos, utilidades ni rendimientos, en tanto que tiene por objeto gravar los pagos por conceptos de impuestos, derechos y cualquier contribución establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza. En atención a lo expuesto, y a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales trasgredidos, en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, realice lo siguiente: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 169 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y no se aplique en lo futuro. b) Se dejen sin efecto los actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, contenida en los recibos con números de folio ********************de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, y se devuelvan las cantidades enteradas por concepto de "fomento para el deporte en el estado". En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de 2008, de rubro siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Cabe aclarar que con independencia que en este juicio se sobreseyó respecto de la autoridad denominada Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, esta determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia, entre ellas a la autoridad antes citada; y por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, página 144, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos atribuidos al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por las consideraciones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

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