Luis Gerardo Flores Zarate

Expediente 3724/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3724/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Flores Zarate

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 23/febrero/2018 se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada treinta de enero de dos mil dieciocho (foja 13), mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En esas condiciones, atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Director de Asuntos Internos y Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido de encontrarse imposibilitado para cumplir con el requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de febrero pasado; agréguese a los autos para los efectos legales que haya lugar y se reserva acordar lo conducente hasta que las demás autoridades responsables cumplan con la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio que remite el Juez Primero de lo Civil en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 4/2018-4 del índice de este órgano jurisdiccional, que se giró a efecto de notificar el acuerdo de nueve de enero del año en curso; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo. Tramítese la baja administrativa de la comunicación oficial aludida, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, se advierte que en la comunicación oficial de cuenta el tercero interesado aclaró su nombre correcto, siendo Francisco Gregorio Barba Barba, por tanto se le tiene haciendo dicha aclaración. En otro orden, vista la comunicación oficial de cuenta, se advierte que el referido tercero interesado no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de enero pasado y se ordena que ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le hagan por lista en términos de lo que establece el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta y como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 106/2017, promovido contra actos de autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir, por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, remitiéndoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se les apercibe de las consecuencias que implica su falta, tal como lo disponen los artículos 142 y 260 de la Ley de Amparo. En el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán manifestar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. En términos de lo dispuesto por la fracción II del referido artículo 138 de la ley de la materia, se señalan las ONCE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Notifíquese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, en términos de los artículos 5, fracción IV, y 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, por oficio. En atención a la certificación de cuenta, en el particular no se emite la orden de compulsa y certificación correspondiente; toda vez que la parte quejosa omitió adjuntar copias de los documentos anexos a fin de emitir la orden respectiva. Luego, del análisis integral de la demanda de garantías se deduce que se reclama de la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Mejora Regulatoria y del Director del Diario Oficial de la Federación: El Acuerdo número referido. Emitir pronunciamiento en relación al anterior, de conformidad con lo previsto por los artículos 69-J, 69-H y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La publicación del Acuerdo controvertido. Cabe precisar, que a la Comisión Reguladora responsable le reclamó el acto delimitado bajo el anterior inciso a); en tanto, que de la Comisión Federal, el fijado bajo el diverso inciso b); y del Director, el restante en el inciso c). Por otra parte, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que se solicita la medida suspensional para el efecto de que las autoridades responsables no apliquen en lo presente ni en lo futuro el Acuerdo reclamado. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito únicamente se pronunciará por lo que hace a la solicitud plasmada en el capítulo de suspensión. En primer término, debe decirse que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como, los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a fin de que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de las autoridades responsables. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que exista la solicitud del quejoso (interés jurídico y afectación). 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3) El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. 4) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, se la suspensión provisional de los actos reclamados; esto es, para impedir la aplicación presente y futura del Acuerdo tildado de inconstitucional. Ciertamente, en estos casos, es improcedente conceder la medida de que se trata, pues de concederse y conminar a las autoridades responsables a fin de que no apliquen en lo presente ni en lo futuro el Acuerdo reclamado, se tendrían que analizar cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, lo que no es factible analizar en el incidente de suspensión. Lo anterior es así, porque las resoluciones de suspensión no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo en el juicio de amparo, pues en su momento abarcará todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si el acto reclamado afecta derechos de la parte quejosa e implica alguna violación de garantías, y esa amplitud de estudio no es propia del incidente de suspensión. En el entendido que en el presente incidente, no se prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado que la parte agraviada considera violatorios de sus derechos fundamentales, ya que dicho estudio se deberá hacer en el juicio principal de donde emana la presente incidencia. Sin que obste lo anterior, que si bien es cierto que la suspensión provisional de los actos reclamado, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el órgano jurisdiccional debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización. Asimismo, se les informa a las autoridades responsables que sólo se les notificará por oficio, los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia Se tienen como autorizados de la parte quejosa a Higinio Arriola Borbón, Jesús Arriola Borbón, Víctor Manuel Salas Díaz, Jesús Alexandro Arriola Corral, Miguel Ángel García López, Nohemí Adriana Hernández del Hoyo y Esteban Sandoval Lechuga, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado y en razón de que cuentan con cédula inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. De conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (modificado en el Acuerdo General Conjunto S/N-2007), y del Acuerdo General del propio Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que sus datos personales se harán del conocimiento de terceros, pero podrán oponerse en los términos, plazos y condiciones establecidos en esos ordenamientos.

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