Luis Gerardo Flores Zarate
Expediente 980/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/07/2019
Partes del expediente
- Luis Gerardo Flores Zarate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el veinticinco de julio de dos mil diecinueve; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se acordó lo siguiente: Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto dictado el dos de julio de dos mil diecinueve (fojas 43 a 46) por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. Atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificadas las partes archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte QUEJOSA NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del auto dictado el 02/julio/2019; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que se resolvió lo siguiente: Agréguese a los autos tanto el informe justificado como las documentales allegadas por la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar; lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. La parte quejosa, reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la omisión de: La omisión de ejecutar de manera oficiosa el laudo originado en el expediente 961/2016-A2. Acto reclamado, respecto del cual se actualiza la causal de sobreseimiento, prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Precepto, que establece como causal de sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. De entrada, es preciso enfatizar que no todo lo que deja de hacerse constituye una omisión, sino que, su existencia depende de la capacidad de realizar la acción, la oportunidad de actuar, y la existencia de una razón para proceder, por lo general, al tenor de una norma que permita esperar esa actuación. Es así, porque la certeza de una omisión lleva a adscribir responsabilidad a la autoridad obligada en el área del Derecho, dentro de un entorno causal, por lo que su existencia implica atribuir el deber jurídico correspondiente, en tanto la inexistencia de la abstención, no trae como consecuencia la vinculación de responsabilidad. Entonces, una actitud omisa se sujeta a la presencia del deber legal correlativo a cargo de la autoridad, es decir, su certeza se determina en función de las obligaciones normativas que a ésta corresponden, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; pero no sólo por el hecho de incurrir en un no hacer. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable ha sido omisa en dar seguimiento a la ejecución del laudo en el juicio laboral natural, en todas sus etapas hasta el total cumplimiento del mismo. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al originar la jurisprudencia 2a./J. 67/2000, número de registro 191323, de rubro: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO"; consideró, en lo que aquí interesa, que el incidente de liquidación de laudo y la interlocutoria respectiva, no forman parte del procedimiento de ejecución. De lo transcrito, se desprende la obligación del Tribunal responsable de proveer la inmediata y eficaz ejecución de los laudos que emita, para lo cual despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiendo que, de no cumplir con la resolución, se procederá al uso de los medios de apremio. De igual forma, se advierte que una vez notificado el auto de ejecución, la demandada en el procedimiento de origen debe dar cumplimiento al laudo en el plazo de treinta días, y en caso de no hacerlo, se procederá a la imposición de las medidas de apremio consistentes en sanciones económicas, y en su caso, la suspensión del cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. Asimismo, el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al emitir la jurisprudencia PC.III.L. J/8 L (10a.), número de registro 2010367, de rubro: "EJECUCIÓN DE LAUDO. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, UNA VEZ SOLICITADA POR EL INTERESADO ES INNECESARIO SU IMPULSO EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN"; estimó, que resultaba necesaria la solicitud por parte interesada a fin de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco contara con la obligación de proveer la ejecución de lo laudado sin necesidad de impulso procesal posterior. Ahora, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se advierte la emisión del acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; por el que tuvo por recibido el escrito de fecha siete de marzo del año en curso de la parte actora, aquí quejosa, en el que promovía incidente de liquidación de laudo, así también mediante proveído de trece de junio pasado, en el que turno los autos a la vista del pleno a efecto de resolver lo conducente a la planilla de liquidación. Por lo que, aún no transcurrían los plazos previstos por los artículos 141 a 143 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que la autoridad responsable contara con la obligación inmersa en el acto reclamado, a saber, de proveer la ejecución de lo laudado sin necesidad de impulso procesal posterior. Lo anterior, si se toma en consideración que el estado procesal en que se encontraba el juicio laboral a la presentación de la demanda de garantías, no lo permitía, pues aún no se realiza la cuantificación de las prestaciones laudadas, toda vez que del proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado por el tribunal responsable, se advierte que apenas en esa data, se ordenó turnar los autos a efecto se dicte interlocutoria a la planilla de liquidación, por lo que hasta el momento en que se emita la citada resolución, surgirá la obligación de la autoridad de cumplir con el fallo. Así, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda no existía un deber jurídico a cargo de la autoridad responsable. De manera que, la inactividad de la autoridad no se constituye en una omisión, ni puede derivar responsabilidad alguna de ese no hacer. En el entendido que, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia de amparo tendría que ocuparse de actos u omisiones posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del asunto. Así pues, al concretarse la causa citada con antelación, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, pues a nada práctico conduciría esperarse a que se celebre la audiencia constitucional, toda vez que el resultado sería en el mismo sentido. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es las NUEVE HORAS CON TREINTA YCINCO MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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