Luis Galindo Pérez

Expediente 632/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
632/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Galindo Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 632/2021; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, recibido ese mismo día ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en esa fecha a este Juzgado Octavo, LUIS GALINDO PÉREZ, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: .Acuerdo de fecha 20 de octubre de 2020, la postergación excesiva de la fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 632/2020, se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó, una vez que se reanudaron los términos con motivo de la suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria, con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dentro de un juicio laboral, que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda se obtiene que Luis Galindo Pérez, como parte actora en el juicio laboral 727/2019, reclama de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el hecho que en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, es decir, fuera del término que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado, en razón de que si bien el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no hizo manifestación alguna sobre el particular, al atender el requerimiento de once de marzo del año en curso, de las constancias remitidas se advierte la certeza del acto reclamado; documentales públicas a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, ya que de las mismas se obtiene que por acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, se difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, para el dieciséis de marzo del año en curso. CUARTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, éste último aplicado a contrario sensu. La parte quejosa, en esencia alega que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio la garantía que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral, se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, porque al emitir el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, señaló una fecha distante para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, esto es, fuera del lapso señalado por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 873. En este punto, es importante tener en consideración que si bien es cierto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia 2ª./J.45/2007, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", dicho criterio ya no es aplicable en virtud de que mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013, la propia sala del Máximo Tribunal de la Nación determinó abandonar el criterio contenido en la tesis aludida al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior adquiere relevancia en tanto que constituye un hecho notorio la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, sobre lo cual destaca el hecho de que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; cuestión que a su vez repercutió en la forma, frecuencia y modalidades en las que las actividades esenciales -como la jurisdiccional- se desarrollan. Esto último implica necesariamente que el acto reclamado debe ponderarse en función de dicha contingencia sanitaria. Entonces, si de las constancias que allegó la junta responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se desprende que efectivamente el veinte de octubre de dos mil veinte, es decir, durante la vigencia de la pandemia, se fijaron las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, para que tuviera lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, no puede soslayarse el periodo vacacional de la autoridad responsable, así como los lineamientos adoptados con motivo de dicha situación sanitaria que incluso provocó la restricción de las labores ordinarias para reducirlas a las cuestiones más urgentes precisamente durante los meses de diciembre y febrero del año en curso. Entonces, el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y partiendo del hecho de que no es factible que mediante el presente juicio se constriña a la junta responsable a que en lo sucesivo observe y acate los plazos y términos legales respecto de todos los actos que deba desplegar en el futuro, es decir que se conceda la protección constitucional para que la responsable desahogue el procedimiento hasta el dictado del laudo que corresponda; que en el marco de dicha situación puede apreciarse justificada la fecha señalada para la audiencia en cuestión, máxime que la señalada para ese efecto con posterioridad quedó inmersa en el tiempo en el que se redujo sustantivamente la actividad jurisdiccional, quedando solamente la atención de los asuntos más urgentes. Por tanto, es inconcuso que a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable señalara una fecha más próxima, dada la situación sanitaria descrita en relación con la forma de organización para la atención de los asuntos que mantiene dicha autoridad; pues de hacerlo, implicaría desatender aquél esquema de trabajo que de suyo constituye una forma de protección para los funcionarios encargados de la actividad jurisdiccional adscritos a la responsable como para los propios justiciables; aunado a que de las constancias remitidas se advierte que la parte actora y la demandada se encuentran notificada y emplazada, el dieciséis y veintiséis de marzo respectivamente; situación que pone de manifiesto que en la especie opera la causal de improcedencia en estudio. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Cobra actualidad sobre el particular la jurisprudencia número P./J 90/97, emitida por el Peno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 632/2020. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veinte de abril del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias que en copia certificada remitió el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, como complemento de su informe justificado rendido en autos, las cuales no fueron conocidas con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veinte de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diecinueve de marzo del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación a la parte demandada en el expediente laboral 727/2019; por tanto, ténganse por recibidas las documentales de mérito como complemento del informe justificado rendido en autos; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo Notifíquese.

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