Luis Fernando Tlalmanalco Castillo

Expediente 531/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
531/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Fernando Tlalmanalco Castillo
  • Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con adscripción al Distrito Judicial de Tabares (denominación correcta)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con adscripción al Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas de la causa penal C-256/2020, y dado que los mismos resultan innecesarios que continúe a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.

  2. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL (SENTENCIA)

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 531/2020. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE LIC. EMMANUEL REYNA VELEZ, JUEZ de Control Y DE ENJUICIAMIENTO PENAL, CON SEDE EN ACAPULCO, GUERRERO, CON JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES. ACTO RECLAMADO "El ilegal auto de vinculación a proceso de fecha dieciséis de septiembre del dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en la continuación de la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial C-256/2020" SEGUNDO. Precepto Constitucional transgredido. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 531/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó emplazar a juicio como tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto emitido dentro de juicio, el cual tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación y cuyo procedimiento se ventila por un juzgado penal con domicilio dentro del ámbito de jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con adscripción al Distrito Judicial de Tabares, el auto de vinculación a proceso de dieciséis de septiembre de dos mil veinte, emitido en su contra dentro de la carpeta judicial C-256/2020 por su posible participación en la comisión del hecho que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la ley citada, en agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura, en concordancia con los artículos 21, fracción II (delito permanente o continuo), 22, fracción I (dolo), y 26, apartado A, fracción II (coautoría), del Código Penal del Estado de Guerrero; así como la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con adscripción al Distrito Judicial de Tabares, en virtud de que así lo reconoció al rendir su informe con justificación (fojas 25 y 26 de autos), manifestación expresa que basta para tenerlos por plenamente evidenciados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Certeza que se corrobora además, con el disco óptico en formato de videograbación DVD que contiene: (i) la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte, en la que se formuló imputación, se solicitó vinculación a proceso y se decretaron medidas cautelares, (ii) así como su continuación de dieciséis de septiembre de dos mil veinte, en la que se vinculó a proceso al aquí quejoso; disco que remitió el responsable y que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que los discos ópticos en formato de videograbación DVD de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, acompañados por las autoridades judiciales responsables como anexos a su informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo y se tienen por desahogadas sin audiencia especial. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El quejoso fue notificado de la vinculación a proceso en la propia audiencia de dieciséis de septiembre de dos mil veinte, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el diecisiete de septiembre dos mil veinte, en términos del artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dieciocho de septiembre al ocho de octubre de dos mil veinte, descontándose los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, así como tres y cuatro de octubre de ese año, por corresponder a sábados y domingos; por lo que al haberse presentado la demanda el siete de octubre de dos mil veinte, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días que establece el numeral 17, en relación con el 18 de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, se estima oportuno narrar los principales antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del informe justificado rendido por la juez responsable, siendo éstos: 1. En audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso de Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; José Antonio Carbajal Díaz, alias "el congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" -aquí quejoso-, sin embargo éstos pidieron la prorrogación del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica, por lo que el juez responsable señaló las doce horas del dieciséis siguiente para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia. Finalmente, a solicitud de la representación social, se impuso a los imputados, entre ellos el aquí quejoso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en términos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, por tratarse del delito de desaparición cometida por particulares. 2. El dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se continuó con la audiencia inicial, en la que la juez responsable dictó auto de vinculación a proceso, entre otros, en contra de Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, aquí quejoso, por el hecho que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la citada ley, en agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura, en concordancia con los artículos 21, fracción II (delito permanente o continuo), 22, fracción I (dolo), y 26, apartado A, fracción II (coautoría), del Código Penal del Estado de Guerrero; y determinó que quedó vigente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. SEXTO. Precisión de los conceptos de violación. El quejoso esencialmente sostiene que se violentaron sus derechos humanos en virtud de los siguientes argumentos: 1.- Le causa agravio la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en contra de Luis Fernando Tlamanalco Castillo (sin la segunda "l") quien es una persona diversa del quejoso, toda vez que su primer apellido es distinto, a saber Tlalmanalco (con la segunda "l"), motivo por el cual se ordenó ilegalmente que se privara de su libertad y se le recluyera en el Centro de Readaptación Social. 2.- Le causa agravio el auto de vinculación a proceso toda vez que no cumple con el requisito previsto en la fracción I, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es que "Se haya formulado imputación", pues si bien es cierto sí se realizó, ésta se formuló a una persona diversa del quejoso, es decir, a Luis Fernando Tlamanalco (sin la segunda "l") Castillo, toda vez que su nombre es Luis Fernando Tlalmanalco (con la segunda "l") Castillo, y por ende dicha vinculación que se realizó en su contra es ilegal. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales resultan infundados, aún suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones siguientes. En relación con la resolución de vinculación a proceso, los numerales 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, establecen: "Artículo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Artículo 17.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La intelección de los dispositivos antes transcritos, permite considerar que: en el primero, se garantiza que ninguna persona pueda ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino es mediante el seguimiento de un juicio ante los órganos jurisdiccionales preexistentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo, consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Entendiéndose por fundamentación, la cita del o los preceptos aplicables al caso; y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Mientras que en el tercero, se consagra el derecho de todo individuo a una recta, pronta, completa e imparcial administración de justicia en los tiempos y términos que las leyes secundarias señalen. Finalmente, en el último de los numerales el constituyente federal, estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama, es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal de corte acusatorio cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior denominada intermedia, si el material obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo atribuido. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación a proceso se realiza en función de hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y exista la probabilidad que el imputado los cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando haya indicios razonables que así permitan suponerlo. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la interpretación armónica del dispositivo en mención y el contenido del artículo 19 de la Carta Magna, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que lo ha dictado, ha sido acorde a derecho. Los requisitos de forma son: 1.- Que exista formulación de la imputación; 2.- Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, 3.- Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los requisitos de fondo consisten en: 4.- La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; 5.- Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 6.- Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que tales exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del imputado, sino que los datos de prueba establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de la participación del activo; dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. En este aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que debe considerarse a la etapa de investigación como un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado "cuerpo del delito", sino que, a fin de respetar la directriz constitucional, únicamente, se requiere determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que podríamos definir como la identificación de la norma penal relevante y que efectivamente, el hecho materia de la imputación aconteció. En esa tesitura, el análisis del acto aquí combatido (auto de vinculación a proceso) se debe practicar en seguimiento a esa óptica, aclarando que por hecho ilícito no debe entenderse un anticipo de la tipicidad, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual, acreditando los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico procesal de los elementos del tipo, no con pruebas sino con datos. Por ende, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Cobra relevancia al respecto la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En ese orden de ideas, para la emisión de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, de la reproducción del disco compacto enviado por el juez responsable como anexo a su informe justificado, se obtiene, en lo que interesa, que la audiencia inicial celebrada el diez de septiembre de dos mil veinte en la carpeta judicial C-256/2020, se llevó a cabo en los siguientes términos. El representante social procedió a formular imputación contra de Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; José Antonio Carbajal Díaz, alias "el congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" -aquí quejoso-, haciéndoles saber que se seguía una investigación en su contra, con base en los siguientes hechos: Que el siete de mayo del año dos mil veinte aproximadamente a las quince horas la denunciante y testigo presencial de identidad reservada de iniciales CVVS (madre de la víctima) llegó al domicilio de su ex suegra, ubicado en calle Panteón Viejo, número 5, de la Colonia Ampliación Santa Cruz de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, donde también se encontraba su hijo Víctor Miguel Moreno Ventura, visitando a su abuela paterna. Que aproximadamente a las dieciocho horas Víctor Miguel Moreno Ventura le dijo a su madre que iba a salir a la tienda con razón social "La Esquina" a platicar con sus amigos, pero que cuando ella se fuera para su casa le hablara para que se fueran juntos. Entonces, aproximadamente a las diecinueve horas, la denunciante salió de la casa de su ex suegra para buscar a su hijo Víctor Miguel Moreno Ventura para decirle que ya se fueran y caminó con dirección hacia la tienda con razón social "La Esquina", que se encuentra ubicada en la calle Animas de la Colonia Ampliación Santa Cruz de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y a una distancia aproximadamente diez metros observó que su hijo se encontraba sentado en un escalón que se encuentra en la tienda con razón social "La Esquina" platicando con sus amigos de nombre Gamaliel y Beatriz, cuando de pronto observó que se estacionó frente a la citada tienda un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, con placas de circulación HBG1466 del servicio particular del Estado de Guerrero, que era conducido por Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; y en el asiento del copiloto iba Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; en el asiento trasero del vehículo iba José Antonio Carbajal Díaz, alias "el congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" -aquí quejoso-. Automóvil que iba custodiado por dos motonetas color negro, una conducida por Román García Navarrete, alias "el tacho" y la otra por Adrián, alias "el gugul" y atrás viajaba Ángel David Flores Medrano, alias "el pinky" (menor de edad que lleva su proceso por la vía conducente). A quienes identificó porque la denunciante vivió en esa Colonia durante muchos años y afirmó conocerlos desde que eran niños. Asimismo, la testigo observó que todos los sujetos portaban armas de fuego chicas de color negro. Que Adrián, alias "el gugul" le apuntó con la pistola a su hijo Víctor Miguel Moreno Ventura y le dio la orden a los demás gritándoles: "suban a este hijo de su puta madre porque ahorita se lo va a cargar la verga culero, le dije que no lo quería ver en la Colonia porque lo iban a matar. A ver tu tacho y pinky cuiden que no venga nadie y quédense arriba de las motonetas, estén atentos. Tu ardilla y jumil agárrenlo de las manos y súbanlo al carro en el asiento de atrás. Y tu congo abre la puerta y tu cuche llévalos para los pozos de agua, nosotros los seguimos. Este hijo de su puta madre ahorita vas a ver quién es la verga en la Colonia." Sin embargo la testigo no pudo hacer nada y observó cómo subieron al vehículo a la víctima y se lo llevaron con las motonetas custodiando el carro. Por lo anterior, la representación social estimó que tales hechos podrían constituir el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura. Lo anterior, en concordancia con los artículos 21, fracción II (delito permanente o continuo), 22, fracción I (dolo), y 26, apartado A, fracción II (coautoría), del Código Penal del Estado de Guerrero. También, le hizo saber que la persona que depone en su contra es la denunciante de identidad reservada de iniciales CVVS. Acto seguido, el juez responsable preguntó a los imputados, si habían entendido la imputación que se les formuló, a lo que contestaron que sí habían entendido, les preguntó si había alguna aclaración, contestaron que no, también les cuestionó si querían rendir declaración sobre la formulación de imputación, respondiendo que se reservaban el derecho de declarar. Por lo que la Fiscalía procedió a solicitar la vinculación a proceso de los imputados e indicó que contaba con los siguientes datos de prueba: La denunciante y testigo de identidad reservada con iniciales CVVS, en cuanto a que ella manifiesta lo ocurrido el siete de mayo de dos mil veinte. Acta de nacimiento expedida a nombre de Víctor Miguel Moreno Ventura. Informe de puesta a disposición rendido mediante oficio 336/2020 de diez de julio de dos mil veinte, suscrito por Leonardo Olmedo Morales, agente de la policía ministerial del Estado adscrito al Sector Mozimba, que remite al informe policial homologado de la policía ministerial, el acta de aseguramiento, inventario y cadena de custodia e impresiones fotográficas de una unidad y la descripción del lugar, en el que esencialmente se informa que el día diez de julio de dos mil veinte, personal adscrito de la policía ministerial sector Mozimba aseguró un vehículo con las características descritas por la denunciante. Dictamen en materia de mecánica identificativa vehicular de vehículo, rendido mediante oficio 708 de siete de agosto de dos mil veinte por el perito licenciado Daniel Cadena García, adscrito a la Coordinación Regional de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que en esencia concluye que el vehículo no fue alterado en sus números de identificación. Dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense con número de folio FGE/CRSPA/1836/2020 de siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por Jessi Antonio Cervantes Hernández, perito en materia de criminalística de campo, del que se desprende que se trasladó a los lugares en que ocurrieron los hechos que se investigan. Acta de informe de investigación con número de oficio 474/2020 de cuatro de agosto de dos mil veinte, suscrito por el policía ministerial Leonardo Olmedo Morales, mediante el cual rinde y adjunta la entrevista realizada a la denunciante y testigo de identidad reservada de iniciales CVVS el cuatro de agosto de dos mil veinte en la cual manifestó de manera toral que el quince de junio de dos mil veinte aproximadamente a las dieciocho horas, caminada por la calle Niño Perdido en la Colonia Ampliación Santa Cruz pues iba a visitar a su ex suegra que se encuentra enferma y en el camino vio iba Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla" y a Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy" y les preguntó qué dónde tenían a su hijo, contestando Javier Medrano Hernández: "cállese pinche vieja, sí, nosotros nos lo llevamos y lo tenemos guardado y no le vamos a decir donde está y váyase a la verga de aquí, deje de estar chingando porque también a usted se la va a cargar la verga junto con toda su familia". Entrevista que realizó la denunciante de identidad reservada de iniciales CVVS de veinte de agosto de dos mil veinte, quien en lo esencial manifestó lo sucedido el quince de junio de dos mil veinte descrito en el dato de prueba que antecede. Acta de informe de investigación con número de folio 489/2020 de siete de agosto de dos mil veinte, suscrito por Leonardo Olmedo Morales, agente de la policía ministerial, mediante el cual establece que ese día personal de esa Coordinación se constituyeron en los lugares en que acontecieron los hechos en compañía del perito en materia de criminalística de campo y fotografía forense Jessi Antonio Cervantes Hernández, así como de la denunciante. Una vez hecho lo anterior, el juez responsable le informó a los imputados que tenían el derecho de que se les resolviera su situación jurídica inmediatamente en esa audiencia, dentro de las setenta y dos horas o que podría ampliar el plazo a ciento cuarenta y cuatro horas en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que previa consulta con su defensa, los imputados solicitaron se resolviera su situación jurídica en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, señalándose al efecto las doce horas del dieciséis de septiembre de dos mil veinte para la continuación de la audiencia inicial. A su vez, la Fiscalía solicitó se resolviera lo conducente a la medida cautelar, habiendo escuchado a las partes, el juez responsable impuso como medida cautelar prisión preventiva por el término que dure el procedimiento, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva oficiosa, en términos del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, por tratarse del delito de desaparición cometida por particulares. Luego, el dieciséis de septiembre de dos mil veinte se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en ella el defensor particular del quejoso ofreció como prueba su acta de nacimiento, sin embargo no se admitió por defectos en su ofrecimiento; entonces, no habiéndose admitido ningún medio de prueba, una vez cerrado el debate entre las partes, el juez responsable resolvió la situación jurídica de los imputados, dictando auto de vinculación a proceso, entre otros, en contra de Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" -aquí quejoso-, por el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura; en concordancia con los artículos 21, fracción II (delito permanente o continuo), 22, fracción I (dolo), y 26, apartado A, fracción II (coautoría), del Código Penal del Estado de Guerrero, en los términos siguientes: ".en la audiencia que concluye con la fase de vinculación a proceso se obtiene que los imputados en términos del artículo 19 constitucional y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y previa consulta con sus defensores respectivos decidieron acogerse a la duplicidad del término constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas, por tanto, este momento es para resolver la solicitud o la situación jurídica en la que deberán quedar los imputados. Al caso, primeramente, se establece si la solicitud planteada por el Ministerio Público resulta procedente, ello en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que precisa que para vincular o no a proceso se requiere: Fracción I, que se haya formulado imputación; en la audiencia previa el ministerio público les hizo saber a todos los imputados que se había iniciado una investigación en su contra por el hecho que la ley penal señala como el delito de desaparición de persona cometido por particulares. Fracción II, que una vez formulada la imputación se haya dado oportunidad a los imputados de declarar; cuestión que también se agotó en aquella audiencia, donde se les dio la oportunidad debidamente asistidos por cada uno de sus defensores, los imputados se acogieron al derecho de guardar silencio, es decir, se reservaron el derecho de declarar. Por lo tanto, verificado que ha sido lo anterior, toda vez que todo ello ha quedado patente en audio y video de la presente audiencia inicial y que derivo en la presente resolución que está por emitirse se formuló imputación a los imputados y éstos se reservaron el derecho a declarar. Antes de ello, es menester precisar que la audiencia que nos ocupa se rigió por los principios del sistema acusatorio, fue una audiencia en la que se privilegió la continuidad y la concentración, pues se agotaron los actos procesales respectivos de manera continua y en una sola audiencia, con la excepcionalidad de esta duplicidad del término de ciento cuarenta y cuatro horas para poder continuarla, lo que se llevó a cabo sin dilación en atención de derechos humanos de acceso a la justicia tanto de la parte ofendida como de los imputados. Se llevó a cabo el contradictorio o el principio de contradicción, es la relación que existe entre las partes, una relación dialéctica, de argumentos y contraargumentos, cada uno se hizo cargo de los argumentos de la otra, a través de la oralidad y atendiendo al control horizontal que impera en el sistema procesal penal. Hubo inmediación, la cual no se limita a la presencia del juez y de las partes, sino que ésta es un control que tiene el juez, control de la información que se vierte en la audiencia, tan es así que se llevaron a cabo acotaciones, requerimientos específicos, y se resolvió cada una de las exposiciones o solicitudes planteadas por las partes. Se llevó a cabo a través del principio de publicidad no obstante la falta de público en el área destinada para tal, por condiciones propiamente de la pandemia que se ha establecido que no es permitido que exista público en las audiencias de este sistema previendo las recomendaciones sanitarias que se han hechos a las autoridades tanto federales como estatales, incluso el Consejo de la Judicatura Estatal ha establecido esa determinación, pero la publicidad no se agota con la presencia del público, sino que es la videograbación de la audiencia y que los imputados que es a quienes se les resuelve en este momento conozcan los motivos y fundamentos del decisor, es decir, del juez que está por resolver y, eventualmente, si acaso existe inconformidad también la propia autoridad revisora, la superioridad, quien conozca a través de esta publicidad dada en la videograbación de los fundamentos y motivos de la decisión que está por tomarse. Dicho lo anterior, debe decirse que atendiendo a la etapa procesal en la que nos encontramos, el estándar probatorio es mínimo, pues se requiere de indicios razonables que permitan establecer la probable existencia de un hecho delictivo y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él. Habla el ministerio público y el asesor jurídico respecto a un estándar de prueba mínimo que establece efectivamente que la razonabilidad, pues así lo indica el propio artículo 316 en su fracción III, pero vale explicar a las partes, a los imputados qué es un estándar probatorio, éste es un nivel mínimo de corroboración de una hipótesis, al caso, la Fiscalía estableció una imputación por un hecho probablemente delictivo y la probabilidad de que ustedes lo hayan cometido o participado en él, entonces lo que es exigible para poder tener por establecido eso es que exista un nivel mínimo que corrobore tales circunstancias y más adelante volveremos justo a eso, donde se centrara la resolución. Al caso entonces, vamos a entender un estándar probatorio como una regla de decisión de un nivel mínimo de corroboración de una hipótesis planteada al caso en la imputación, cuyo estándar de la no vinculación partirá de una causa o de extinción de la acción penal o de exclusión del delito indicada en el artículo 31 del Código Penal del Estado. Bajo la luz del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se justifica y se motiva la resolución de la siguiente manera, donde se extrae lo siguiente, dos hipótesis establece la fracción III del artículo 316 adjetivo; el establecimiento del hecho, es decir, la relación típica entre un hecho y una norma y que éste hecho pueda encuadrarse en una descripción normativa al caso, lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que establece un hecho genérico a quien cometa cierta acción, lo cual describiremos más adelante, pues en abstracto y tal como quedó establecido en esta audiencia inicial con la formulación de imputación realizada por la Fiscalía, mediante el cual se le hizo saber al imputado que se le había iniciado una investigación en su contra por hechos ocurridos el catorce de mayo de este año dos mil veinte. Ministerio Público: Su Señoría, los hechos son el siete de mayo no catorce de mayo. Juez: Perdón, gracias por la aclaración, siete de mayo del año dos mil veinte, donde se encuentra la tienda con razón social "La Esquina", en ese sentido, es entonces que lo que se debe de verificar es que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, cabe traer a colación la jurisprudencia con número de registro 2014800, cuyo rubro establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO BASTA QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL DE MANERA QUE PERMITE IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE". Vuelvo a esta explicación de que es la relación típica entre un hecho y un supuesto de hecho genérico en la norma, al caso, en la ley general citada y que se hace de la siguiente manera, establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que debe existir primeramente la existencia previa de una persona, al caso tal hipótesis se corrobora con el acta de nacimiento expedida a nombre de Víctor Miguel Moreno Ventura, por el Coordinador Técnico del Sistema Estatal de Registro Civil Guerrero, la cual acredita el nacimiento de la víctima, documento de identidad que resulta relevante porque establece la existencia de la víctima, es decir, que existió en el mundo real, que la víctima fue registrada viva ante el Registro Civil respectivo. Resultan pertinentes porque establecen una relación entre el hecho y el elemento descrito en la norma, y resulta útil porque establece esta circunstancia, es decir, la preexistencia al caso de Víctor Miguel Moreno Ventura. Asimismo, este documento se encuentra relacionado o encuentra congruencia con la entrevista de la testigo de identidad reservada CVVS, quien establece que el siete de mayo del año dos mil veinte se encontraba visitando su hijo a su abuela paterna, es decir, a su ex suegra tal y como lo estableció en dicha entrevista de catorce de mayo ante la autoridad ministerial, pues lo que en estos momentos interesa, la madre de la víctima desaparecida y testigo de identidad reservada fue a visitar a su ex suegra y que ahí estaba su hijo, es decir, lo vio, existió en el mundo real su hijo, tan es así que ella lo vio. A quien salió a buscar a la calle para decirle que ya se fueran y camino con dirección hacia la tienda con razón social "La Esquina" y a una distancia aproximadamente diez metros observó que su hijo se encontraba sentado en un escalón que se encuentra en la tienda con razón social "La Esquina" y estaba platicando con sus amigos Gamaliel y Beatriz, es decir, la entrevistada vio a su hijo el día siete de mayo de dos mil veinte, circunstancia que se vuelve relevante y congruente pues los datos de prueba analizados desde lo individual se complementan entre sí y en su conjunto se vuelven útiles y suficientes para establecer la existencia con vida de Víctor Miguel Moreno Ventura, por tanto dichos antecedentes resultan razonables para indicar la preexistencia de la mencionada víctima, en atención a los numerales 260, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto a que la privación, por cuanto a que esa existencia previa de una persona, en el caso la víctima, sea privada de su libertad, esto lo corrobora la Fiscalía con la entrevista de catorce de mayo de dos mil veinte a la testigo y denunciante de identidad reservada CVVS, que en lo que interesa dijo que salió de la casa de su ex suegra a la calle a busca a su hijo Víctor Miguel para decirle que ya se fueran y camino con dirección hacia la tienda con razón social "La Esquina" a una distancia aproximada de diez metros observó que se encontraba sentado su hijo en el escalón que daba acceso a dicho local comercial, platicando con sus amigos Gamaliel y Beatriz, cuando de pronto observó que se estacionó un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, con placas de circulación HBG1466 del servicio particular, que era conducido por Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; y en el asiento del copiloto iba Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; en el asiento trasero del vehículo iba José Antonio Carbajal Díaz, alias "el Congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil". También iban custodiados por dos motonetas conducidas por Román García Navarrete, alias "el tacho" y otra motoneta conducida por Adrián, alias "el gugul"; atrás viajaba el menor que ya ha quedado también establecido en audiencia inicial que tiene esa calidad. Que los ubica (la testigo) y los conoce porque son de la Colonia, porque los conoce desde que eran niños y fue entonces que observó que bajaron Javier Medrano Hernández, José Antonio Carbajal Díaz y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, y de las motonetas Román García Navarrete y Adrián, alias "el gugul" y la otra persona. Que todos portaban pistolas, armas chicas de color negra. Que Adrián le apuntó con la pistola a su hijo Víctor Miguel y que le dijo a los demás que se lo subieran, que se lo iba a cargar la verga, que le dijo que ya no lo quería ver en la Colonia porque lo iba a matar, dando las ordenes respectivas dijo que se lo llevaran a los pozos de agua y lo siguieron a los pozos de agua para que supieran quien era la verga en la Colonia. Al ver esto la denunciante no pudo hacer nada establece porque las personas estaban armadas, las que se llevaron a su hijo, resultando relevante al respecto, pues convierte en posible que la víctima no desapareció por sí, es decir no se fue por propio pie sino que dicha desaparición resultó de haber sido levantado, como se dice comúnmente, pues son pertinentes con el tema de prueba relacionado con los hechos, y útiles con lo pretendido con la Fiscalía en estos momentos personalizadas individualmente y concatenadas entre sí con el siguiente dato de prueba que da confirmación a tal circunstancia. El oficio número 336/2020 de diez de julio del año en curso, suscrito por Leonardo Olmedo Morales, agente de la Policía Ministerial del Sector Mozimba que remitió informe policial homologado, acta de aseguramiento, inventario y cadena de custodia, impresiones fotográficas de una unidad y la descripción del lugar informado, que siendo las catorce horas del día diez de julio de este año el suscrito encargado de la Coordinación y los señores ciudadanos Carlos Ortiz Corona, Coordinador de Grupo y el agente Leonardo Olmedo Morales, personal adscrito a la Coordinación de la Policía Ministerial Sector Mozimba se encontraban realizando actividades propias de su labor a bordo de la unidad oficial de marca Dodge Ram de color blanco con placa de circulación H96712 particulares del Estado de Guerrero, balizada con emblemas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, y al ir circulando sobre la calle Benito Juárez, de la Colonia María de la O tuvieron a la vista un vehículo estacionado de marca Chevrolet, tipo Chevy Monza, con placas de circulación HBG1466, por lo que descendieron de su unidad oficial para verificar la unidad motriz ya que tienen las mismas características y placas de circulación que manifestó la testigo de identidad reservada CVVS de iniciales en su declaración en la carpeta de investigación correspondiente iniciada por el delito de privación de la libertad en agravio de su hijo Víctor Miguel Moreno Ventura. Que en ese vehículo se trasladaban las personas a su decir de la testigo presencial de los hechos y de identidad reservada por lo que los policías ministeriales pusieron en vigilancia a distancia para ver si salía el propietario de la unidad, aproximadamente estuvo en vigilancia seis horas sin que se acercara alguien por lo que se optó por preguntar a vecinos del lugar y que éstos les respondieron que eran unos jóvenes que paseaban en ese vehículo y que andaban asaltando, así como que se encargaban de cobrar cuota, le dijeron los nombres de quienes andaban en ese vehículo, que en la serie de diecisiete dígitos 3G1SE5467S206179 que tiene en el tablero derecho se observó a través del parabrisas en la base de datos de la Fiscalía General del Estado donde se obtuvo de registro que no contaba con reporte de robo. Se encontró abierto de los seguros, inspeccionaron la cajuela, localizaron permisos de circulación del servicio público del Estado de Guerrero y con placas de circulación mencionadas en la carpeta de investigación. Por lo que a las diecinueve quince horas el agente Leonardo Olmedo Morales aseguró dicha unidad motriz y realizó el embalaje y la cadena de custodia de las placas aseguradas el cual se refiere que es un vehículo marca Chevy, tipo Monza, con vidrios polarizados con una placa de circulación en la parte frontal con número HBG1466, del servicio particular del Estado de Guerrero con el número de serie ya establecido y que a las diecinueve veinte solicitó el servicio de grúas Santa Lucía para su traslado de dicho vehículo al corralón puesto a disposición ante el Ministerio Público. Es relevante esta circunstancia porque establece la existencia del vehículo por el cual las personas que levantaron o privaron de la libertad a la víctima, fue descrito e incluso el número de la placa o del permiso de circulación como el mismo que portaba el vehículo que la policía ministerial puso a disposición del ministerio público, es congruente porque se confirma con el antecedente de investigación dictamen en materia identificativa vehicular de automotores, rendido en el oficio 708 por licenciado Daniel Cadena García, perito verificador y adscrito a la Coordinación General de Peritos Regional de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, que en sus conclusiones establece que el vehículo sujeto al estudio no presenta alteración, marcación, injerto de números y letras de identificación alfanuméricos vehicular, los cuales corresponden a la marca, tipo y modelo antes mencionados. De acuerdo con el número de serie del motor corresponde al año dos mil cinco, la cual al número de serie de la caja de velocidades corresponde al año dos mil uno. Lo que resulta relevante pues de manera individual el informe policial indica que derivado de los actos de investigación la policía ministerial aseguró el vehículo descrito por la denunciante dada la coincidencia no solo con la descripción sino con las placas del servicio particular del Estado de Guerrero y en segundo por ser un informe policial que establece fiabilidad en estos momentos de que el vehículo asegurado es coincidente por el visto y descrito por la denunciante. Es decir, existe razonabilidad en lo dado a conocer a través de los antecedentes en estudio, pues se concatena tal circunstancia con el dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense con número 1836/2020, suscrito por Jessi Antonio Cervantes Hernández, perito en dicha materia, adscrito también a Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, que concluyó que el trabajo criminalístico de observación, descripción, fijación, fotografía, desarrollado en el cuerpo del presente dictamen fue llevado de acuerdo a la observación que se llevó el día viernes siete de agosto del presente año en compañía de la policía ministerial y de la denunciante CVVS en la calle Las Animas de la Colonia Ampliación Santa Cruz de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, así también con el interior de las Grúas Santa Lucía. Dichos lugares están citados y fueron ubicados que son los puntos referidos donde sucedieron los hechos y cuestiones que se investigan, es decir, dicho dato establece la existencia del lugar donde pudo haber ocurrido el hecho delictivo, donde se complementan entre sí y a su vez resultan útiles para ver razones posibles de que Víctor Miguel Moreno Ventura fue privado de su libertad y en su conjunto hasta estos momentos suficientes para dotar de razonabilidad la hipótesis fáctica de la Fiscalía y en consecuencia, una relación típica con la norma general en análisis. Datos de prueba que son relevantes, o sea, son idóneos, son pertinentes, son útiles y son suficientes como ha quedado establecido en términos del artículo 260, 261, 262, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por cuanto hace a que la privación de la libertad sea con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte, se vuelve relevante lo citado por el ministerio público respecto a la entrevista realizada a la testigo de identidad reservada de fecha catorce de mayo del año dos mi veinte, que en lo que interesa adujo que ella vio como fue privado de la libertad su hijo, enlazado de manera natural con el acta del informe en materia de investigación con número 474/2020, suscrito por Olmedo Morelos Leonardo, agente de la policía ministerial, quien entrevistó a la testigo de identidad reservada que el motivo de su presencia en la oficina de la policía ministerial es de que iba a visitar a su suegra que se encontraba enferma y en el camino vio a Javier Medrano Hernández, y le preguntó que le dijera donde tenían oculto a su hijo, éste le contestó "cállese pinche vieja, sí, nosotros nos lo llevamos y lo tenemos guardado y no le vamos a decir donde está, váyase a la verga de aquí, deje de estar chingando porque también va usted junto con toda su familia", lo que resulta relevante con el hecho y pertinente con los demás datos de prueba pues en su segunda entrevista de fecha veinte de agosto de dos mil veinte la testigo de identidad reservada establece dichas circunstancias, que preguntó a Javier Medrano Hernández, que donde estaba su hijo, que le dijeran donde estaba ocultado, contestándole de la forma en la que ya quedo establecida por parte de Javier Medrano Hernández. Entonces el objetivo de la presente resolución indica la posibilidad de que la privación de la libertad de Víctor Miguel fue con finalidad de ocultar su suerte o paradero, pues al resultar congruente lo dicho por la entrevistada, pues infiere que éste fue levantado, es decir, que la entrevista realizada por la Fiscalía permite inferir indiciariamente la actualización de la privación de la libertad con la finalidad de ocultar a la víctima. Lo anterior analizado bajo las hipótesis de los artículos 260, 261, 263 y 265. Un siguiente supuesto establecido también en la norma, que la desaparición forzada sea cometido por particulares, para establecer la hipótesis en estudio sirven las entrevistas tanto de catorce de mayo y veinte de agosto, ambas del presente año realizadas por la denunciante y testigo presencial de los hechos que el órgano ministerial informó que el siete de mayo mientras visitaba a su ex suegra salió a visitar a su hijo para que ya se fueran y lo encontró en la tienda con razón social "La Esquina" y a una distancia de aproximadamente diez metros se encontraba él sentado en el escalón que da introducción al local comercial, con sus amigos platicando Gamaliel y Beatriz, entonces llegó un vehículo Chevy, color blanco, el que al igual ya ha sido descrito y dos motonetas que los custodiaban a decir de la propia testigo y que fue Adrián, alias "el gugul" que viajaba en una de estas motos quien le apuntó con una pistola a su hijo y le dijo que ya no lo quería ver en la Colonia y que éste dio las órdenes para que se lo llevaran a los pozos de agua de la misma Colonia y donde le dijo que para que viera quien era la verga en la Colonia porque lo iba a matar y porque ya le había dicho que no lo quería ver ahí. Que la testigo no pudo hacer nada por las circunstancias en la que se llevó a cabo el hecho. Concatenado todo lo anterior, es establece la posibilidad de que la desaparición forzada con el fin de ocultar a la víctima, su suerte o paradero fue llevada a cabo por particulares, quienes no forman parte de ninguna institución del Estado que permitan establecer la justificación del hecho acaecido, lo que se extrae de la entrevista analizada, siendo relevante con el hecho, congruente con los demás datos de prueba y útil al momento en el que nos encontramos y en su conjunto resultan suficientes para establecer el encuadramiento del hecho al supuesto de la conducta delictiva como es el caso que nos ocupa. Por tal motivo se tiene actualizada la primera hipótesis de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues se establece que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley penal señala como delito, es decir hay indicios razonables que permiten así suponerlo. De la probable autoría y participación son los mismos datos de prueba que se han analizado previamente en los que se establece como fue que cada uno de los imputados actuó pues mientras Moisés conducía el Chevy blanco, Javier Medrano iba en el lado del copiloto y atrás Antonio Carbajal y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, que en las motonetas iba Román García y Adrián, alias "el gugul", que se bajan de vehículo y es Adrián, quien le apunta al hijo de la víctima (sic) y le profiere diversas amenazas por cuanto le había dicho que no lo quería ver en la Colonia, que se lo iba a cargar la verga, dio órdenes para que lo subieran al vehículo y les dijo que se lo llevaran a los pozos de agua de la Colonia. Por tanto, queda establecido que los imputados de manera meramente indiciaria a través de esa entrevista realizada a la testigo de identidad reservada como fue en que llevaron a cabo o distribuyeron la conducta desplegada. Por tanto, también se queda actualizada entonces la segunda hipótesis de la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues existen indicios razonables que permiten suponer que así lo haya sido o así haya ocurrido por parte de los imputados. Entonces se establece la posibilidad del hecho delictivo y la posibilidad de que los imputados pudieron haberlo cometido. Por cuanto hace a los argumentos planteados por los defensores particulares de los imputados, la defensa de Moisés Roberto Manzano Sandoval, Javier Medrano Hernández, José Antonio Carbajal Díaz. (.) Por cuanto a la defensa de Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, donde establece un error de forma por parte de este juzgador al momento de emitir la orden de aprehensión, la cual ha sido un mandato consumado, tan es así que nos encontramos en una audiencia de vinculación a proceso y efectivamente como lo plantea el ministerio público y asesor jurídico en el momento de la formulación de imputación en donde se le hace saber los hechos en que pudo haber participado la Fiscalía estableció el nombre tal cual es de Luis Fernando y sus apellidos con la derivación formal que este juzgador tuvo, aunado a que la orden de aprehensión fue ejecutada, que sirvió efectivamente de conducción ante este órgano jurisdiccional para que se pudiera resolver estas circunstancias en las que nos encontramos y de obligaciones probatorias distintas a la de la orden de aprehensión la cual cumplió su cometido e incluso perdió todos sus efectos al momento de que fueron presentados ante esta autoridad jurisdiccional. Sería ocioso establecer otra circunstancia al respecto cuando de la imputación es concreto el ministerio público y correcta amen del error formal que también se hará la aclaración pertinente en la propia cuestión de la carpeta para efectos de que ninguna circunstancia distinta, no obstante de que es un acto ya consumado, la ejecución de la orden de aprehensión, por tanto también se desvirtúa lo manifestado por la defensa de Luis Fernando. Y en su defecto se establece que los imputados en términos del artículo 21, fracción II del Código Penal del Estado de Guerrero ejercieron una conducta de acción que se ha prolongado en el tiempo puesto que no ha aparecido la víctima Víctor Miguel Moreno Ventura que lo realizaron en términos del artículo 22, fracción I, que dicha conducta fue desplegada de manera dolosa, es decir, que sin que tenga la obligación de conocer el derecho o como se puede integrar un delito o un tipo penal sí tienen consciencia porque no ha habido una data de prueba que pueda demostrar que ustedes no supieran, no estuvieran en un estado mental conveniente de que no supieran que lo que pudieran haber realizado como es la desaparición de la víctima no es contrario a las leyes, a la norma, al derecho, esa es la exigencia, no es el conocimiento de que propiamente como se integra un delito, el dolo está en la cuestión de la consciencia del hacer, el querer y obtener el resultado. Se llevó a cabo en términos del artículo 26, apartado A, fracción II, en grado de coautoría, es decir, hubo una distribución, de la propia mecánica de los hechos se puede advertir como un hecho psíquico, un plan anterior al hecho, o sea, debió de haber existido porque acudieron en el carro, las motonetas ante la víctima que se encontraba sentado en la tienda, en los escalones de la tienda "La Esquina" para bajarse, incluso "el gugul", Adrián alias "el gugul", dice llévenselo a los pozos de agua. Lo que acredita que hubo una división de tareas, hubo una distribución de tareas y sobre todo que tuvieron cada uno dominio o co-dominio funcional del hecho, pues cada uno llevo a cabo lo que realizaron para concluir con la posible desaparición de la víctima, ello se insiste en términos del artículo 26, apartado A, fracción II. Y al caso se establece lo indicado por el artículo 34 en relación con el 32 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es decir, la desaparición de persona cometido por particular establecida en dicha ley general. Entonces es de resolverse y se resuelve bajo los fundamentos y motivos antes precisados, siendo las quince horas con cincuenta minutos se dicta en contra de Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; José Antonio Carbajal Díaz, alias "el Congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" auto de vinculación a proceso en términos del artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales por su probable coautoría en el hecho que la ley general descrita con antelación señala como el de desaparición de persona cometido por particulares es agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura quedan vigentes entonces las medidas cautelares establecidas previamente de prisión preventiva oficiosa en contra de los imputados de mérito. (.)". Del análisis a la resolución se estima que, en el caso, se dio satisfacción a las exigencias formales para el dictado de un auto de vinculación a proceso, puesto que se encuentra acreditado que se formuló la imputación y se concedió a los imputados oportunidad para declarar, quiénes se reservaron su derecho de hacerlo, y la resolución de término constitucional se emitió dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas que la ley señala. En cuanto atañe a las exigencias de fondo, el juzgador estableció que los datos de prueba, al ser valorados conforme al artículo 265, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaban pertinentes hasta ese momento para establecer que el siete de mayo del año dos mil veinte aproximadamente a las diecinueve horas, la denunciante salió de la casa de su ex suegra para buscar a su hijo Víctor Miguel Moreno Ventura para decirle que ya se fueran y caminó con dirección hacia la tienda con razón social "La Esquina", que se encuentra ubicada en la calle Animas de la Colonia Ampliación Santa Cruz de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, y a una distancia aproximadamente diez metros observó que su hijo se encontraba sentado en un escalón que se encuentra en la tienda con razón social "La Esquina" platicando con sus amigos de nombre Gamaliel y Beatriz, cuando de pronto observó que se estacionó frente a la citada tienda un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, con placas de circulación HBG1466 del servicio particular del Estado de Guerrero, que era conducido por Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; y en el asiento del copiloto iba Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; en el asiento trasero del vehículo iba José Antonio Carbajal Díaz, alias "el congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" -aquí quejoso-. Automóvil que iba custodiado por dos motonetas color negro, una conducida por Román García Navarrete, alias "el tacho" y la otra por Adrián, alias "el gugul". Que Adrián, alias "el gugul" le apuntó con la pistola a su hijo Víctor Miguel Moreno Ventura y le dio la orden a los demás gritándoles de que subieran a la víctima al vehículo y lo llevaran a los pozos de agua, por lo que la denunciante observó cómo lo metieron al carro descrito y se lo llevaron custodiado por las dos motonetas. El juez también indicó que no se actualizó alguna causa de exclusión de la acción penal o excluyente del delito en términos de la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso, entre otros, en contra del aquí quejoso Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil", por el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometido por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura; en concordancia con los artículos 21, fracción II (delito permanente o continuo), 22, fracción I (dolo), y 26, apartado A, fracción II (coautoría), del Código Penal del Estado de Guerrero. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima correcta la actuación del juez responsable, en razón de que, tal como lo señaló en su determinación, los hechos reseñados son constitutivos del delito antes enunciado, puesto que, los datos de prueba invocados por el fiscal y los argumentos vertidos daban como resultado establecer que el siete de mayo de dos mil veinte los aproximadamente a las diecinueve horas, Víctor Miguel Moreno Ventura se encontraba sentado en un escalón que se encuentra en la tienda con razón social "La Esquina", que se encuentra ubicada en la calle Animas de la Colonia Ampliación Santa Cruz de esta ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, platicando con sus amigos de nombre Gamaliel y Beatriz, cuando de pronto se estacionó frente a la citada tienda un vehículo marca Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, con placas de circulación HBG1466 del servicio particular del Estado de Guerrero, que era conducido por Moisés Roberto Manzano Sandoval, alias "el cuche" o "el moy"; y en el asiento del copiloto iba Javier Medrano Hernández, alias "la ardilla"; en el asiento trasero del vehículo iba José Antonio Carbajal Díaz, alias "el congo"; y Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, alias "el jumil" -aquí quejoso-. Automóvil que iba custodiado por dos motonetas color negro, una conducida por Román García Navarrete, alias "el tacho" y la otra por Adrián, alias "el gugul". Que Adrián, alias "el gugul" le apuntó con la pistola a Víctor Miguel Moreno Ventura y le dio la orden a los demás de subirlo al carro y llevarlo para los pozos de agua, por lo que lo subieron al vehículo y se lo llevaron con las motonetas custodiando el carro. Motivo por el cual, este juzgador estima que tal como lo el juez responsable, los datos establecen que se han cometido hechos previstos en la ley como ilícitos y que existe la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión. Asimismo, tampoco se observa, como lo señaló el juez responsable, que en el caso se actualice alguna causal de extinción de la acción penal o excluyente del delito a que se refiere los artículos 31 del Código Penal para el Estado de Guerrero y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, a continuación se procede a analizar los motivos de disenso hechos valer por el quejoso. En el primer concepto de violación, el quejoso alega que le causa agravio la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en contra de Luis Fernando Tlamanalco Castillo (sin la segunda "l") quien es una persona diversa del quejoso, toda vez que su primer apellido es distinto, a saber Tlalmanalco (con la segunda "l"), sin embargo no le asiste la razón en virtud de lo siguiente. En ese sentido, vale la pena mencionar que la defensa particular del aquí quejoso hizo valer el mismo argumento en la continuación de la audiencia celebrada el dieciséis de septiembre de dos mil veinte, pero con la diferencia de que en ese momento manifestó que se dolía de que la orden de aprehensión había sido girada en contra de un sujeto distinto y, en cambio, en este concepto de violación se duele de la medida cautelar impuesta otra vez en contra de alguien distinto en la audiencia inicial de diez de septiembre de dos mil veinte. Sin embargo en la audiencia de dieciséis de septiembre citada, el juez responsable esencialmente resolvió que si bien hubo un error de forma cometido al momento de emitir la orden de aprehensión, lo cierto es que dicha orden es un mandato consumado que visto como una forma de conducción del imputado al proceso, una vez que ésta se ejecuta, cumplió su cometido e incluso perdió todos sus efectos al momento de que el quejoso fue presentado ante esta autoridad jurisdiccional. Además señaló que la Fiscalía al momento de formular imputación en su contra estableció el nombre del quejoso correctamente, por lo que sería ocioso establecer otra circunstancia al respecto y determinó que se haría la aclaración pertinente en la carpeta judicial. Entonces, aunque ahora el quejoso se duele de la imposición de la medida cautelar, es válido traer a colación lo resuelto por el juez responsable porque de ahí se advierte que el error en su primer apellido fue saneado desde la formulación de imputación, de manera que cuando la Fiscalía le informó al quejoso que seguía una investigación formal en su contra quedó establecido que ésta se dirigía a Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, y no a una persona diversa como argumenta. Por lo que, contrario a lo que alega, más adelante en la audiencia de diez de septiembre de dos mil veinte, al momento en que el juez responsable fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa estaba claro que ésta fue impuesta al quejoso Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, pues el error formal en su apellido ya había sido subsanado, pues la persona sujeta al proceso claramente es el quejoso y es evidente que se trata de un simple error mecanográfico cometido al emitir la orden de aprehensión; de ahí que se estima que su concepto de violación es infundado. Bajo el mismo razonamiento, también es infundado su segundo concepto de violación pues, contrario de lo que argumenta, el auto de vinculación a proceso sí cumple con el requisito previsto en la fracción I, del artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es que "Se haya formulado imputación", pues como ya se estableció, ésta se formuló en contra del quejoso Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, y no en contra de un sujeto diverso. Por ende, contrario a lo alegado por el quejoso, la medida cautelar impuesta y el auto de vinculación a proceso se ajustaron a derecho, pues el quejosos estaba perfectamente identificado y el error en su apellido había sido subsana, además de que los datos de prueba reseñados resultan bastantes para iniciar con la investigación judicializada enderezada en su contra, por lo cual no se afectó el principio de presunción de inocencia, legalidad y seguridad jurídica. En conclusión, por las razones que se acaban de exponer, es dable que se ajusta a derecho lo resuelto por la autoridad responsable en cuanto a que los datos de prueba analizados, son aptos y suficientes para acreditar, cuando menos en la etapa procedimental en que se encuentra el controvertido de origen, el hecho que la ley señala como delito de desaparición cometido por particulares, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en agravio de Víctor Miguel Moreno Ventura. Además, se estima que se ajusta a derecho lo razonado por el juez responsable, en el sentido de que la probable comisión del quejoso en el hecho atribuido tiene el carácter de permanente o continuo pues su consumación se ha prolongado en el tiempo, dado que la víctima continua desaparecida, esto en términos del 21, fracción II, del Código Penal del Estado de Guerrero; que tuvo lugar a título doloso en términos del numeral 22, fracción I, del ordenamiento legal citado, esto es, con conocimiento de la conducta realizada y la voluntad para realizarlo; y que intervino a título coautor en términos del artículo 26, apartado A, fracción II, del Código en cita, y en tal sentido, no existe transgresión alguna a sus derechos fundamentales como incorrectamente lo reclaman el quejoso. Así las cosas, se arriba a la convicción de que se ajustan a derecho las consideraciones de la autoridad responsable en el sentido de que, existen datos de prueba suficientes para estimar agotados los requisitos que demandan los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como los numerales 154 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dictar un auto de vinculación a proceso y, en consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Luis Fernando Tlalmanalco Castillo, por las razones expuestas en el cuerpo de este fallo. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Fernando Tlalmanalco Castillo por las razones contenidas en el último considerando de este fallo. ... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero, diez de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obran los acuses de notificación de los terceros interesados Valfre Mendoza Cuevas y Ana María Telilz Calixto, Agente Titular del Ministerio Público Sector Mozimba y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 1, respectivamente, ambos con residencia en esta ciudad, referentes al acuerdo de trece de enero del año en curso, en el cual se levantó la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó su reanudación y se programó esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En tal virtud, se instruye a la C. Actuaria adscrita a este juzgado a que realice la notificación proveído de trece de enero de dos mil veintiuno por medio de lista a los terceros interesados referidos. Ahora bien, para dar margen a lo anterior y procurar que el expediente se encuentre debidamente integrado, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere para las CATORCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por último, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de personas justiciables y del personal jurisdiccional; y, ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten incluyendo la que con esta fecha se emite, se les practicaran por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Patricia Monserrat Mares Ayala, Secretaria adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

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