Luis Gabriel Solorio Maciel
Expediente 481/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 481/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Gabriel Solorio Maciel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a Luis Gabriel Solorio Maciel, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: Las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, otorguen la atención médica integral al quejoso por lo que ve a su padecimiento, consistentes en insuficiencia renal crónica, para lo cual se hará la valoración médica correspondiente. El Director del Hospital General "Ramón Ponce" de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, deberá ordenar que se proporcione de manera gratuita la atención médica necesaria a los padecimientos del quejoso. Instruya al personal médico y administrativo de dicho hospital sobre el mandato anterior, en lo concerniente a la prestación del servicio de salud de Luis Gabriel Solorio Maciel. En el supuesto de que el Director del Hospital General "Ramón Ponce" de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, no cuente con el servicio que requiere el quejoso y de ser necesario que se le preste en una institución privada, las autoridades tendrán la obligación de subrogar el gasto y reportarlo a este juzgado de Distrito, con las constancias necesarias que acredite su dicho. 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables acreditaron que brindaron al promovente del amparo la atención médica gratuita y adecuada para contrarrestar sus padecimientos. Ello es así, ya que exhibieron la factura de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que acredita el pago de las sesiones de hemodiálisis que recibe el quejoso de manera subrogada, en la clínica privada Calidad en Hemodiálisis, S.A. de C.V., con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. De lo anterior, se observa que las responsables brindaron al peticionario del amparo la atención médica, respecto del padecimiento que le aquejaba, y además, acreditaron que realizaron el pago de las sesiones de hemodiálisis. Sin embargo, ello no las exime en lo subsecuente, de salvaguardar en su favor el derecho de recibir dicho tratamiento dialítico y los medicamentos necesarios para combatir sus enfermedades, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando al quejoso el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el peticionario del amparo tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma gratuita. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista al quejoso, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la parte quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: Visto lo de cuenta, téngase a téngase a Noé Díaz Munguía, apoderado jurídico de la Secretaria de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y representante legal de la autoridad responsable Director del Hospital General "Ramón Ponce", con sede en Apatzingán, Michoacán, remitiendo el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y allegando las constancias que indica para acreditarlo. Sin que haya lugar a requerir al impetrante de amparo, el expediente clínico aperturado a su nombre; toda vez que en autos obran las constancias suficientes para calificar el cumplimiento al fallo protector. En esa virtud, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este Juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, asimismo publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: SE RECIBE ESCRITO Visto lo de cuenta, téngase al quejoso Luis Gabriel Solorio Maciel, desahogando el requerimiento formulado en veintiséis de enero de los corrientes y al efecto manifiesta que, a la fecha las autoridades responsables han proporcionado la atención medica correspondiente a los padecimientos que presente, de manera subrogada; de lo anterior, se toma el debido conocimiento. ESTADO DE AUTOS Ahora bien, y toda vez que del sumario se desprende que las autoridades responsables Director del Hospital General "Ramón Ponce", con sede en Apatzingán y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ambos en el Estado de Michoacán de Ocampo, han sido omisas en informar el acatamiento a la ejecutoria de amparo, o bien, remitir la factura que garantice el pago por concepto de hemodiálisis respecto del aquí quejoso. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, requiérase por última vez a las autoridades responsables Director del Hospital General "Ramón Ponce", con sede en Apatzingán y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ambos en el Estado de Michoacán de Ocampo, para que dentro de un plazo de tres días, computado legalmente, hagan del conocimiento de este órgano jurisdiccional el acatamiento a la sentencia ejecutoriad, adjuntando las constancias que sostengan su dicho. Lo que deberán hacer con la debida anticipación, por una sola vía, al correo institucional (6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx). Se les apercibe a las autoridades responsables que, de no atenderse con la mayor diligencia y exhaustividad los requerimientos conducentes, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, esto es, se hará efectiva la multa y se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente y se proveerá lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal, se advierte que en proveídos de cuatro de noviembre y trece de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Director del Hospital General "Ramón Ponce", con sede en Apatzingán y Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ambos en el Estado de Michoacán de Ocampo, el acatamiento a la ejecutoria de amparo; sin que a la fecha lo hubieren hecho, respectivamente. REQUERIMIENTOS En esa virtud, con apoyo en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la impetrante de amparo, por conducto de su autorizado, para que dentro de un plazo no mayor a TRES DÍAS, computado legalmente, informe si a la fecha las autoridades responsables le han brindado la atención médica correspondiente, por lo que ve a su padecimiento, consistente en insuficiencia renal crónica, al tenor de la sentencia ejecutoriada, o bien, acredite el impedimento que tuvo para ello. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables en cita, para que dentro del improrrogable plazo de tres días, computado legalmente, remitan el cumplimiento al requerimiento formulado en el auto de referencia, es decir, se sirvan cumplir con la sentencia de mérito. Lo que deberán hacer del conocimiento de juzgado con la debida anticipación, por una sola vía, al correo institucional (6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx); asimismo, allegando las constancias conducentes. APERCIBIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que, de no atenderse con la mayor diligencia y exhaustividad los requerimientos conducentes, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno y se proveerá lo conducente. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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