LUIS FIDEL MOLINA VÁZQUEZ y Otros.
Expediente 397/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- LUIS FIDEL MOLINA VÁZQUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Fidel Molina Vázquez, Jesús Arcadio Sánchez Aispuro, Israel Gómez Zúñiga, Marcos Ricardo Ramírez Eleno, José Fidel Martínez Soto, José Morales Ramírez, Mancal Cota Yamamoto, José Alfredo Nava Pérez, Juan Carlos Cruz Tadeo y Jaime de Jesús Corrales Romero, por propio derecho contra actos de la Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto Jalisco, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 397/2019. 2. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman, en esencia: La Negligencia y falta de atención médica que constantemente han reportado. 3.- SUSPENSIÓN DE PLANO. Se estima que no existen datos que precisen que el acto reclamado, potencialmente, ponga en peligro la vida de los quejosos, en consecuencia, el suscrito no se encuentra obligado a actuar de inmediato a través de la suspensión de plano y de oficio prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que se erige como el medio idóneo para prevenir la consumación del peligro que pudiera encontrase vida e integridad física de los quejosos. Por lo expuesto, no ha lugar a proveer sobre LA SUSPENSIÓN DE PLANO EL ACTO RECLAMADO, puesto que no existe evidencia de que se trate de aquellos que importen peligro de privación de la vida como lo establece el artículo 126 de la ley de amparo. 4.- INCOMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior se desprenden tres hipótesis para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: Será competente el juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigua ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se considera actualizada la primera regla de competencia, esto es, que el Juez de Distrito que debe conocer de la presente demanda de amparo es aquel en cuya jurisdicción tiene sus efectos el acto reclamado, que en este caso se trata del que ejerce jurisdicción en la localidad de El Salto, en el Estado de Jalisco. Para evidenciarlo, conviene traer a cuenta que los quejosos señalan como acto reclamado: La Negligencia y falta de atención médica que constantemente han reportado. Si bien se trata de un acto negativo, lo cierto es que conlleva efectos positivos, pues tal proceder omisivo atribuido a las responsables incide sobre la salud de los quejosos, lo cual tiene verificativo, invariablemente, en el lugar donde se encuentran internos, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", según lo narraron bajo protesta de decir verdad. Apoya lo anterior la tesis aislada número PC.XVI.P.J/3P, del Pleno de Circuito, décima época, visible a página dos mil ciento veinticuatro, tomo III, marzo de dos mil diecinueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario." Por tal motivo, si la ejecución del acto reclamado en el presente juicio de amparo se pretende ejecutar en El Salto, Jalisco, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al titular del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde pretende ejecutarse el acto reclamado, a fin de que provea conforme a derecho corresponda. Remítase el original del presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al juez que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Cúmplase. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
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