Luis Gabriel Jop Corzo

Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
91/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Jop Corzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acepta competencia Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio que remite el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo promovido por Luis Gabriel Jop Corzo contra actos de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso j, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se determinó que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para concocer del juicio de amparo. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente cuaderno, observándose lo dispuesto en los numerales 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que los mismos se remitieron al juzgado mencionado con antelación, es decir, la presente determinación se actúa en un cuaderno de antecedentes que se ordenó formar mediante proveídos de cuatro y diez de febrero, y veintisiete de abril, todos de dos mil veintiuno. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse al expediente físico.

  2. Principal

    No acepta incompetenciaVisto el comunicado que suscribe el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso 2776/2021, por el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, informa que no acepta la competencia plateada por este órgano jurisdiccional, dado que el "(.) peticionario de amparo señaló como autoridades responsables a este Juzgado y los restantes Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre otras, lo que hace evidente la incompetencia legal de este órgano de control constitucional (.)". La autoridad oficiante sustenta lo anterior debido a que -infiere- debe prevalecer la imparcialidad en todo asunto, de manera que no es factible ser juez y a su vez parte en los asuntos que se sometan a consideración, lo que se contrapone a las reglas de competencia, pues si la ley no faculta al órgano jurisdiccional de autoridad, éste no puede intervenir en el asunto planteado. Bajo esa premisa, conduce a concluir que se encuentra impedido legalmente para conocer del juicio de derechos fundamentales que se promueve. Consideraciones previas Es importante resaltar que la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Así, un juzgado es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. La competencia es una condición presupuestal sine qua non, para que la actuación de una determinada autoridad en el desarrollo de la función estatal que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, se le ha considerado como un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. A partir de la idea de que la jurisdicción aplica la ley y que ello constituye una función exclusiva del Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, entonces todos los jueces y tribunales tienen jurisdicción, mas sólo uno tendrá competencia para resolver la litis concreta y el órgano para poder conocer de ella, debe tener jurisdicción. Ante un hecho concreto, la facultad que tiene el órgano jurisdiccional, sea cual fuere, para conocerlo y dilucidar los intereses en él controvertidos, es lo que se llama competencia, cuyos criterios de definición son los siguientes: Por materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo, pues debido a la creciente necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio, por lo que establecen órganos juzgadores que conocen una materia en específico. La materia pues, es el criterio que se sustenta en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa; esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso y, como se ha dicho, este criterio de distribución de la actuación judicial obedece a la necesidad de conocimientos especializados respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate sujeto a juzgamiento. Por territorio. Éste es el ámbito espacial, dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos judiciales, en este punto no sobra mencionar que dentro del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano jurisdiccional que tiene competencia en todo el territorio nacional, de modo que sus resoluciones son válidas sin ningún criterio territorial que las cuestione y su jurisdicción abarca a cada entidad federativa. Por grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. De lo antes expuesto, se pone de manifiesto que la naturaleza material del acto de autoridad reclamado, ha sido fundamental para la precisión de la competencia de los órganos jurisdiccionales, pues la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por ese motivo, pueden ponderar en forma pronta y expedita las distintas soluciones en los casos concretos. En efecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, estableció que se debe analizar la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad, con la finalidad de fijar correctamente la competencia, tomando como punto de partida la función de las autoridades que el quejoso señaló como responsables, sin emitir pronunciamiento alguno sobre si éstas pueden ser consideradas como responsables para efectos del juicio de amparo. Destacado lo anterior, es preciso hacer referencia a la especialización por materia penal conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se obtiene que en cuanto a la especialización por materia y, concretamente, en la materia penal, a partir de la reforma a los artículos 18 y 21 constitucionales, de dieciocho de junio de dos mil ocho, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Ahora, es pertinente tomar en cuenta lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la competencia 65/2012, pues estableció en lo que aquí interesa, que para determinar la competencia por razón de la materia si el acto reclamado motivo del conflicto incide en los mecanismos para lograr la reinserción social de los sentenciados con motivo de la ejecución de la pena, corresponde a la materia penal. De igual forma, en tal determinación, se precisó que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al resolver los amparos en revisión 151/2011, 197/2011, 202/2011, 203/2011 y 204/2011, en todos se abordó la interpretación del penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, así como el "traslado de sentenciados, traslado de reos", en los que se consideró, lo siguiente: a) El tema de ejecución de penas, ahora está reservado constitucionalmente a la materia penal, ya que su naturaleza ha dejado de ser administrativa, al haberse judicializado por la materia penal. b) La competencia para conocer de los asuntos relativos a este tema constitucionalmente está reservada a la materia penal, ello a partir de que con la reforma constitucional surge el cambio que origina extraer este tipo de asuntos de la materia administrativa. c) La naturaleza oponible de lo administrativo o penal en cuanto a la competencia de los jueces tratándose del tema de ejecución de penas, es una discusión que está superada por el propio texto Constitucional, pero que era importante realizar un pronunciamiento para poder determinar la competencia de los jueces federales de ahí en adelante. d) Cuando se votó la modificación de jurisprudencia 3/2008 (precedente en el que se sostenía premisas distintas) no había entrado en vigor el nuevo sistema de reinserción, lo cual ha generado cambio sustancial en cuanto a que no le corresponde más la supervisión del mismo a las autoridades administrativas, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces en materia penal. e) Concluyó que era factible interrumpir la jurisprudencia entonces vigente y dar certeza a todos los jueces y magistrados estableciendo nueva jurisprudencia que determine la competencia de los jueces en materia penal. Tales razonamientos quedaron expuestos en la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: 'ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.' y 'ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.', respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada". Es por lo anterior que este órgano jurisdiccional determinó remitir la competencia a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México, ya que los actos reclamados guardan relación directa con la ejecución de la pena emitida en una sentencia de carácter penal. Sentadas las premisas anteriores, es dable recordar que lo que reclama el promovente de amparo es lo siguiente: Represalias; Amenazas; Actos de molestia; Intimidación; y, La orden de traslado a un centro de reclusión diverso. En relación con los actos reclamados consistentes en la orden de traslado de una Penitenciaria de la Ciudad de México a uno diverso, así como las represalias, amenazas, actos de molestia e intimidación, encuentra solución en las razones expuestas jurisprudencialmente por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citadas; por tanto, es legalmente competencia por razón de materia, para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Luis Gabriel Jop Corzo, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Sentado lo anterior, resulta necesario atender lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que el juicio constitucional tiene una naturaleza especial, en el que rige una regla específica, donde la Ley de Amparo, en el artículo 38, establece la competencia de los juzgadores de Distrito en aquellos casos en que se reclama un acto específicamente determinado de un juez de Distrito, o bien cuando se señalan a todos los juzgadores de Distrito en una misma circunscripción territorial (hipótesis que se actualiza en el caso). En relación con lo anterior, es de indicarse que a partir de la interpretación de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 38 de la Ley de Amparo el máximo tribunal ha señalado que tales normas establecen un sistema para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en los casos señalados en el párrafo anterior, precisando que se debe de atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a emitir, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que éste ejerce su jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. En ese orden de ideas, el máximo Tribunal puntualizó que cuando se señalen como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en Materia Penal de un ámbito territorial, debe estarse a los anteriores criterios a efecto de fijar la competencia; como se advierte de la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito". No resulta menos importante mencionar que, si bien en dicha jurisprudencia se interpretaron los artículos 42, primer párrafo, y 36 de la Ley de Amparo abrogada, son sustancialmente iguales a los artículos 37, primer párrafo y 38 de la normatividad vigente, por ello, puede decirse válidamente que dicho criterio continua vigente, conforme al transitorio sexto de la Ley de Amparo en vigor. Como se ha explicado en párrafos que anteceden, cuando se señala como autoridades responsables a todos los jueces de amparo que ejercen jurisdicción sobre el territorio donde el acto reclamado ha de tener ejecución material, se actualiza la regla especial sobre competencia establecida por el artículo 38 de la ley de la materia y, en el caso, corresponde el conocimiento al más cercano a ellos, atendiendo a la materia que desempeñan los jueces señalados como responsables y su proximidad territorial. Así tenemos que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala, entre otras, como autoridades responsables a todos los Jueces de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quienes atribuye como acto reclamado la orden de traslado de la Penitenciaria de la Ciudad de México a uno diverso, así como represalias, amenazas, actos de molestia e intimidación, las cuales -de existir- tendrían ejecución material en el lugar donde actualmente se encuentra privado de su libertad. Se declina competencia En relación con lo anterior, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte que el Segundo Circuito, se ubica territorialmente en el Estado de México, y dentro de éste aquellos con residencia en Naucalpan de Juárez, por tanto, es el más inmediato respecto del Primer Circuito. Lo anterior, atendiendo a la distancia en kilómetros que estipula la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de acuerdo a la consulta que se realizó en la página de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde se constató que entre la Ciudad de México y Naucalpan de Juárez únicamente media una distancia total de quince kilómetros, razón por la cual el juez de distrito que radique en esa demarcación es el que debe conocer de la presente demanda de garantías, siendo el juez de distrito más cercano a la circunscripción territorial del Primer Circuito. Así las cosas, tomando en consideración que el quejoso Luis Gabriel Jop Corzo reclama un acto de naturaleza penal, que tendría ejecución en la Ciudad de México, mismo que atribuye, entre otros, a la totalidad de los jueces en materia de amparo penal de la Ciudad de México, se actualiza la regla especial de competencia contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo y la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones y apelando a una justicia pronta y expedita, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, con el propósito de que se avoque al conocimiento del juicio, dada la competencia que se le plantea, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Se ordena formar cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, lo anterior hágase del conocimiento al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin de que determine lo que en derecho corresponda. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente proveído y agréguese al expediente físico.

  3. Principal

    Cumple requerimientoAgréguese a los autos para que surta sus efectos el comunicado que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual informa que el nueve de los actuales se turnó el juicio de amparo 91/2021 al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; lo anterior, en virtud de que esta potestad federal se declaró incompetente para conocer de dicho juicio de derechos fundamentales. Solicitud de información En esas condiciones, solicítese de la manera más respetuosa al Juzgado Décimo Primero de Distrito de amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que, de no tener inconveniente alguno, informe si se avocó del conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luis Gabriel Jop Corzo y si aceptó la competencia para conocer dicho juicio. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    Exhorto diligenciadoVisto el comunicado que suscribe electro´nicamente la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciado el exhorto 19/2021 (nu´mero de orden 39), que se le envio´ para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara al directo quejoso Luis Gabriel Jop Corzo el auto de cuatro de febrero pasado. Diligenciación de encomienda que se acredita con las constancias que adjunta al oficio que se provee. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Requerimiento Ahora, de las constancias que remite la autoridad oficiante a la comunicación oficial de cuenta se evidencian dos razones actuariales. En tales circunstancias, resérvense las mismas hasta en tanto se tenga certeza de quién conocerá la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional por lo que ve al acto reclamado consistente en el traslado. No obstante, para dar celeridad a ello, se ordena girar atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que en el plazo de TRES DÍAS (contado a partir de aquel en que cause efectos la notificación de este proveído), tenga a bien informar a cuál Juzgado de Distrito le fue turnada la demanda promovida por Luis Gabriel Jop Corzo, que dio origen al juicio de amparo en que se actúa o, bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Lo anterior con la finalidad de estar en aptitud de solicitar al órgano jurisdiccional respectivo, informe la determinación que haya adoptado con relación a la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse al expediente físico.

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