Luis Fernando Migueles Ayala

Expediente 587/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
587/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Migueles Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva que, por una parte, sobreseyó y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Lo anterior, se ordena hacerlo constar en la carátula de los cuadernos incidentales. 3. Se agrega oficio. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Juez de Control de Sistema de Justicia Penal, Acusatorio, Región, Morelia, Michoacán, sin que haya lugar a realzar mayor pronunciamiento dado que este asunto se encuentra concluido.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. ACUSE DE RECIBO. Visto lo de cuenta, se tiene al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusando recibo de las constancias enviadas con motivo de la separación de juicios decretada el seis de septiembre pasado e informando que con ellas se dio inicio a los juicios de amparo 1278/2021 y 1279/2021 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. 1.1. ENVÍO DE TESTIMONIOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, como lo solicita el juzgado oficiante, se ordena remitir copia certificada del incidente de suspensión derivado de este asunto a cada uno de los juicios de amparo de su registro; sin que sea factible remitir el original, dado que al haberse conservado en este órgano jurisdiccional el conocimiento de uno de los mandamientos de captura reclamados por el peticionario de amparo, debe conservarse el original del aludido cuaderno incidental; de igual modo, se le hace saber que tal como se indica en la certificación que antecede, no fue exhibida garantía con motivo del otorgamiento de la medida cautelar.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarle dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 587/2021 promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, por alegada violación de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral de la Región Morelia y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEEER EN EL JUICIO DE AMAPRO Y; NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Orden de localización, presentación, aprehensión y detención; y su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado trata de ejecutarse en Morelia, Michoacán, en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: Agente del Ministerio Público Adscrita a la Mesa V, de la Unidad Especializada en la Investigación del Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, con residencia esta capital. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. Negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de localización, presentación y detención, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas que desvirtúen tales negativas. En consecuencia y con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades mencionados. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Primeramente se acota que en atención a la separación de juicios ordenada en auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la presente resolución sólo se emprenderá el estudio correspondiente a los actos derivados de la causa penal 70/2021, reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, quien al rendir el informe justificado aceptó su existencia, consistente en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso. Lo que se corrobora con el contenido del disco óptico que el juez responsable presentó como prueba, el cual contiene el registro audiovisual de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión emitida contra Luis Fernando Migueles Ayala, relativa a la causa penal 70/2021; así como archivo electrónico donde constan por escrito los resolutivos de dicha orden de aprehensión. Que merece valor probatorio de documental pública conforme a los artículos 210-A, en relación con el diverso 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora, las autoridades señaladas en los incisos I al III precisadas en el considerativo que antecede, negaron la existencia del acto reclamado, empero, al tener el carácter de ejecutoras dicha negativa se desvirtúa, pues en cualquier momento pueden recibir la orden de ejecutar la orden de aprehensión reclamada, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa expuso que se transgreden en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, señalando como conceptos de violación, en esencia, que no ha cometido conductas ilícitas o tipificadas por la ley que amerite que se le prive de la libertad personal y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Los motivos de disenso son infundados sin que se observe motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, establece las formas de conducción del imputado, a efecto de lograr que se encuentre presente en todas las etapas del proceso, lo cual se logra a través de: Citatorio para la audiencia inicial. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Como requisito para esas formas de conducción al proceso, el numeral en análisis, en su segundo párrafo, indica que en la clasificación jurídica que realice el agente del Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Así pues, el caso previsto en la fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al juez de Control que lo cite a audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al caso previsto en la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de Control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Mientras que, la orden de aprehensión referida en la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido ante la presencia del juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación. En este caso, deben colmarse los requerimientos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: Que sea librada por la autoridad judicial competente; Que preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, y; Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Adicional a dichos requisitos, debe colmarse la necesidad de cautela que exige la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En cuanto a dicho tópico -necesidad de cautela-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de epígrafe: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA." Resolvió que la orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal, que tiene como objetivo garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal ante el juez de Control, por tanto, presupone la carga al agente del Ministerio Público, al obligarlo a justificar frente al juez, la necesidad de cautela de la persona indiciada, lo cual se logra porque: a) Existe riesgo de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia; b) Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Entonces, la orden de aprehensión debe entenderse como una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que, su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado, ya que no implica necesariamente que el indiciado guardará prisión preventiva, pues ello sería materia de objeto de medidas cautelares. En el caso en concreto, la fiscalía como medio de conducción del imputado al procedimiento, optó por solicitar al juez de Control que girara orden de aprehensión al quejoso, en términos de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, del análisis realizado al acto reclamado, se obtiene que aquél fue dictado por una autoridad judicial competente para ello, ya que, en el caso, la orden de aprehensión fue emitida por un juez de control perteneciente a la región de Morelia, Michoacán, quien, de conformidad con los artículos 36, fracción XIII, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán, ejerce jurisdicción en el ámbito territorial que corresponde a esta ciudad, lugar en el que ocurrió el hecho a que alude la causa penal de origen. De manera que se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad identificado en el punto 1, consistente en que la orden de aprehensión fuera dictada por autoridad competente para ello. Se suma a lo anterior, la circunstancia de que, al emitir el acto reclamado, el juez responsable relató diversos antecedentes de investigación, dentro de los cuales evidenció la existencia de la denuncia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, contenida en el acta de reconocimiento de cadáver de la persona que en vida respondiera al nombre de José Antonio Díaz Rosales, realizada ante el ministerio público, en la que Sandra Verónica y Esmeralda Díaz Rosales identificaron al occiso como su hermano y manifestaron su deseo de presentar denuncia por la privación de la vida de que fue objeto derivada de haberse accionado armas de fuego en su contra cuyos proyectiles impactaron su cuerpo. Esto es, conforme al relato precedente, se aprecia que la denuncia corresponde a un hecho constitutivo de un delito, el cual fue identificado por el juez responsable como homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado de Michoacán, vinculados con los numerales 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del citado ordenamiento legal, el que tiene señalada pena de prisión como sanción. En ese sentido, la constancia del acto reclamado permite advertir que se cumple con el requisito de procedibilidad identificado en el punto 2, ya que el Juez responsable estableció que, previo al dictado de la orden de aprehensión, precede una denuncia de un hecho que la ley señale como delito que se sanciona con pena privativa de libertad. Igualmente, el juez responsable estableció que la agente del ministerio público anunció que obraban en la carpeta de investigación diversos datos de los cuales podía advertirse que a) se había cometido un hecho constitutivo de delito; y, b) existía la probabilidad de que el indiciado Luis Fernando Migueles Ayala [aquí quejoso] lo había cometido o participado en su comisión, los cuales identificó como: Constancia de aviso de noticia criminal de veintidós de noviembre de dos mil veinte, realizada por el agente del ministerio público, en la que asentó que aproximadamente a las quince horas, un agente de investigación, le avisó que en la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, se había privado de la vida a una persona del sexo masculino, que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en su cuerpo. Informe policial de veintidós de noviembre de dos mil veinte, elaborado por un agente policial, en el cual hace de conocimiento que aproximadamente a las catorce horas con cincuenta y tres minutos de esa fecha, vía radio, recibió la noticia de que en la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, habían privado de la vida a una persona del sexo masculino, motivo por el cual, junto con personal pericial, se constituyó en el referido sitio donde constató la existencia del cadáver de una persona del sexo masculino, que yacía tirado en el suelo, el que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, percatándose además que el lugar se encontraba resguardado por un elemento de la policía municipal (primer respondiente), mismo que recibió la noticia criminal. Acta de reconocimiento e identificación de cadáver de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, realizada por el ministerio público, en la que consta que comparecieron Sandra Verónica y Esmeralda, de apellidos Díaz Rosales, quienes identificaron el cadáver de la persona que en vida respondía al nombre de José Antonio Díaz Rosales, virtud a que era su hermano, proporcionaron los generales de éste y manifestaron su deseo de presentar denuncia penal por los hechos que dieron origen a su fallecimiento, al caso por haberse disparo en su contra proyectiles de arma de fuego que le provocaron la muerte. Informe pericial sobre levantamiento de cadáver de la persona que en vida respondiera al nombre de José Antonio Díaz Rosales de fecha veintidós de noviembre de dos mil veinte, realizado por el perito adscrito a la unidad de servicios periciales, quien se constituyó en las inmediaciones de la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, de ésta ciudad, donde constató la existencia del cuerpo de la persona en cita, el que presentaba impactos producidos por proyectil de arma de fuego, sitio donde también localizó varios casquillos percutidos, así como una bala amorfa. Informe de necropsia de veintidós de noviembre de dos mil veinte, realizado por el médico forense adscrito a la unidad de servicios periciales, y escena del crimen, quien determinó que el deceso de la persona que en vida respondía al nombre de José Antonio Díaz Rosales obedecía a las lesiones ocasionadas por el impacto de dos proyectiles de arma de fuego que ocasionaron laceración de tejido nervioso central con fractura de bóveda de cráneo, asimismo determinó que dicho cadáver presentaba diversas lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego. Acta de entrevista rendida por Sandra Verónica Diaz Rosales, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, quien dijo ser hermana de la persona que en vida respondía al nombre de José Antonio Díaz Rosales, que por dicho de su cuñada Carolina García Gabriel, sabe que su hermano fue privado de la vida el veintidós de noviembre de dos mil veinte, en las inmediaciones de la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, de esta ciudad, cuando caminaba por la vía pública junto con Carolina García Gabriel y fue atacado por dos sujetos del sexo masculino que accionaron armas de fuego en su contra, que por comentario de esta última persona sabe que uno de los sujetos que privaron de la vida a su hermano es el ahora imputado, quien días antes del evento fatal lo había amenazado de muerte virtud que le debía dinero y no tenía con que pagarle. Acta de entrevista rendida por Carolina García Gabriel, quien dijo ser pareja sentimental de la persona que en vida respondía al nombre de José Antonio Díaz Rosales, que dicha persona fue privada de la vida el veintidós de noviembre de dos mil veinte, cuando circulaban juntos por la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, de esta ciudad, precisamente por dos sujetos que accionaron armas de fuego en su contra, siendo uno de ellos el ahora imputado, a quien reconoció virtud que con anterioridad había acudía a su domicilio en diversas ocasiones a venderle droga a su pareja José Antonio Díaz Rosales y en atención a que éste le realizaba diversos mandados cuando se lo pedía su agresor, que sabe que día antes de dicho evento, el imputado amenazó al occiso a razón de que le debía dinero de una droga que le había comprado y no tenía con que pagarle, motivo por el cual le indicó que le daba unos días para conseguir el dinero y sino lo mataría, que momentos posteriores a la agresión de que fue objeto el occiso se refugió en un domicilio próximo al sitio del evento y cuando salió se percató que su pareja se encontraba tirada en el suelo, que al agresor de éste, es decir al imputado, lo conoce desde hace aproximadamente cuatro años. Acta de entrevista rendida por Angelica González Calderón, quien dijo ser vecina del sitio en cuyas inmediaciones fue agredido el occiso José Antonio Díaz Rosales, a quien junto con su pareja Carolina García Gabriel conocía de tiempo atrás, que el veintidós de noviembre de dos mil veinte, cuando se encontraba en su domicilio escuchó disparos de arma de fuego, momentos después se percató que ingresaba a su casa Carolina García Gabriel quien alterada le indicó que José Antonio Díaz Rosales había sido agredido con armas de fuego, motivo por el cual salió de su domicilio y advirtió que dicha persona se encontraba tirada en el suelo, inconsciente, con sangre en su cuerpo y cabeza, momentos en que indicó a una vecina que llamara una ambulancia, arribando posteriormente al lugar elementos de la fiscalía quienes realizaron su trabajo. Textualización de la entrevista realizada al menor de iniciales S. D.G., en la que indicó ser hijo de José Antonio Díaz Rosales y Carolina García Gabriel, que el veintidós de noviembre de dos mil veinte, se encontraba en la calle, advirtió que venían juntos sus papás, escuchó unos disparos y vio que dos sujetos eran los que disparaban en contra de su progenitor, por lo que éste cayó al suelo y enseguida acudió al sitio donde yacía José Antonio Díaz Rosales. Con lo anterior, se justifica el requisito 3, relativo a que obren datos de prueba establezcan que se ha cometido el hecho. Asimismo, el juez responsable asentó que los datos de prueba reseñados por la fiscalía le permitían tener justificado el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de José Antonio Díaz Rosales y la probable participación del indiciado en su perpetración, ya que, en su criterio, le permitían considerar verosímil el planteamiento realizado por el representante social. Ello, en virtud de que los datos de prueba reseñados por el fiscal ponían de relieve que José Antonio Díaz Rosales fue privado de la vida por dos sujetos que accionaron en su contra armas de fuego, cuyos proyectiles impactaron su cuerpo y le ocasionaron la muerte virtud de las lesiones causadas, lo que aconteció aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veinte, cuando circulaba por la vía pública junto con su pareja Carolina García Gabriel, precisamente en la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, lo que acreditaba el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en agravio de José Antonio Díaz Rosales en términos del artículo 117, 132 y 135, fracción I, inciso b), en términos de los artículos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Calificativa que acertadamente se considera acreditada dado que el ofendido fue privado de la vida por dos sujetos del sexo masculino, que accionaron en su contra armas de fuego cuyos proyectiles lesionaron su cuerpo y ocasionaron su deceso. Asimismo, el juez responsable estableció la probabilidad de que el investigado Luis Fernando Migueles Ayala [aquí quejoso] había participado en la comisión del delito de homicidio calificado antes precisado, virtud que fue señalado como uno de los dos sujetos que accionaron armas de fuego en contra del agraviado José Antonio Díaz Rosales y a razón de esto le ocasionaron la muerte por las lesiones que le fueron inferidas, lo que ocurrió aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veinte, en las inmediaciones de la calle dieciséis de noviembre, de la colonia independencia, a la altura del número 381, de esta ciudad. Al respecto, debe señalarse que, a criterio de este órgano jurisdiccional, el juez responsable llegó a la conclusión de su determinación de manera libre y lógica con base en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo al juez de control colegir que existían los datos de prueba suficientes que hicieron evidente la comisión del hecho que la legislación punitiva tipifica como delito de homicidio calificado, además, que existe la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, pues los datos aportados por la Fiscalía así lo apuntaron. Sobre el particular, cobra relevancia el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del De´cimo Quinto Circuito en la tesis XV.3o.3 P (10a.), que establece: "ORDEN DE APREHENSIO´N. ESTA´NDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL.". Asimismo, debe señalarse que los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, revelan una sustitución en los requisitos siguientes: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior es así, ya que existe un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, pues el ejercicio relativo a la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decidirá si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, al dictar una orden de aprehensión basta con que el juez responsable encuadrara la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adoptó, el tipo penal aplicable. De igual manera, debe señalarse que el nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en una forma de conducción de la persona investigada para la continuación de la indagatoria, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Resulta aplicable, por identidad de razonamientos jurídicos, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En ese tenor, se considera satisfecho el requisito de procedibilidad identificado en el punto 4, ya que el juez responsable estableció que el agente del ministerio público anunció que obraban en la carpeta de investigación diversos datos de los cuales podía advertirse que a) se había cometido un hecho constitutivo de delito; y, b) existía la probabilidad de que el indiciado [aquí quejoso] lo había cometido o participado en su comisión. Ahora, en relación con la necesidad de cautela, el juez responsable estableció que aquélla se encontraba justificada virtud de la clasificación jurídica dada al hecho con apariencia de delito, mismo que tiene señalada una pena de prisión elevada, además que por su gravedad amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que alguna otra forma de conducción al proceso, implicaría la factibilidad que Luis Fernando Migueles Ayala se sustrajera a la acción de la justicia, por lo que se justifica la necesidad de librar la orden de captura como medida para obtener su presencia ante la autoridad judicial, de modo que, este órgano jurisdiccional considera que se encuentra cumplido el requisito adicional de procedibilidad, consistente en la demostración de la necesidad de cautela. Así pues, la orden de aprehensión combatida en esta vía reúne los requisitos de fundamentación y motivación; habida cuenta que quedaron expuestas las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración por el Juez responsable para la emisión de la misma, tal como se desprende de los datos de prueba que analizó y valoró, por cuanto existe adecuación entre los motivos aducidos y la norma punitiva aplicable al caso. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no vulnera derechos fundamentales del peticionario de amparo, ya que, como se dijo, la orden de aprehensión fue expedida por autoridad judicial en pleno ejercicio de sus funciones, por un hecho que la ley señala como delito, que existen datos que acreditan el hecho considerado como delito por ley y que probablemente dicho quejoso participo´ en la comisión del mismo, habida cuenta que el Juez responsable señaló´ las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, en concordancia con los preceptos legales infringidos, lo que implica adecuada fundamentación y motivación y por no actualizarse causa de justificación o excluyentes de responsabilidad a favor del aquí´ quejoso, así´ como no advertirse queja deficiente que deba de suplirse de oficio, en los términos que prevé´ el artículo 79 de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 91, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIO´N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerativo tercero y por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Luis Fernando Migueles Ayala contra el acto que atribuyó a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de este fallo, acorde con los motivos especificados en el séptimo considerando Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno , en que concluyó la emisión de este fallo Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe el Secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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