Luis Francisco Ruiz Soto

Expediente 368/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
368/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Francisco Ruiz Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTIDÓS DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Registro e integración de expediente. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por **************, por propio derecho y como representante común de los demandados en el juicio ordinario mercantil 6/2022-3 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa con sede en esta ciudad; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el número 368/2022-3B; y, atento al contenido se provee: Desechamiento. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Los anteriores preceptos facultan al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último, interpretado a contrario sensu, esto tomando en cuenta que la omisión reclamada ocurrió en un juicio laboral y no tiene efectos de imposible reparación. Los preceptos relacionados en el párrafo anterior son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. (.)." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Por su parte, el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)." De lo transcrito se advierte que tanto en los procedimientos jurisdiccionales, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en contra de omisiones o actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "imposible reparación"; o en aquellos casos en los que la parte quejosa hubiese quedado sin defensa o hubiese sido privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. De esta manera, se pone de manifiesto que los actos de ejecución irreparable únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; y no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa, en el apartado relativo de su demanda de amparo, señala literalmente los actos reclamados, del modo siguiente: ACTO RECLAMADO. ANTECEDENTES DEL: Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa EL COLORADO TOURS, S.A. DE C.V., celebrada en fecha 8 ocho de octubre del año 2022, se designó para representar al Consejo de Administración de la citada persona moral a los CC. *************** en calidad de Presidente, ******************** en calidad de Tesorero y ***************** en calidad de Secretario, dicha asamblea se celebró con publicación de convocatorias y todos y cada uno de los requisitos que exige la Ley General de Sociedades Mercantiles. Que la Asamblea de Accionistas supra citada fue plenamente conocida por los CC. *******************, ***************, ************************, ****************, *******************, ya que comparecieron en diversos juicios de amparo, y también se le requirió al señor **************** por conducto de corredor público a efecto de que rindiera cuentas e hiciera entrega de los bienes de la moral denominada EL COLORADO TOURS, S.A. DE C.V. Con fecha 28 veintiocho de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, los CC. ************, **************, ***************, ****************, ******************, celebraron SIN PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS, y sin estar legitimados para ello, una asamblea general de accionistas de la empresa EL COLORADO TOURS, S.A. DE C.V., donde se autonombraron como titulares del Consejo de Administración, misma que fue protocolizada en el Licenciado Ricardo Sabrían Vega, Notario Público número 217 en el Estado de Sinaloa. Así las cosas, y ostentándose como miembros del Consejo de Administración, los CC. ***************, ****************, *********, *******************, *******************, promovieron solicitudes de providencias precautorias, primero ante el Juez Quinto de Distrito, quien se las desechó y posteriormente interpuso solicitud señalando a los Jueces Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con la preconcebida intención de que se remitiera al Juzgado Séptimo de Distrito, quien recibió y tramitó la solicitud de providencias precautorias. En este tenor, mediante proveído de fecha 4 cuatro de marzo del año 2022 dos mil veintidós, el C. Juez Séptimo de Distrito decretó providencias precautorias a efecto de que "permanezca la integración del Consejo de Administración de la sociedad denominada El Colorado Tours, S.A. de C.V., en los términos resueltos en el acta de asamblea ordinaria de accionistas del 28 de diciembre de 2021, por consiguiente continúe conformado por Mario Arturo Ruíz Soto como Presidente, María del Carmen Castro Gutiérrez como Secretario, Mario Arturo Ruíz Castro como Tesorero y la suscrita María del Carmen Ruíz Castro como Comisario, en base a lo resuelto en dicha asamblea, que se encuentra protocolizada en Escritura Pública número 7441, volumen (XVII) DÉCIMO SÉPTIMO, Libro I PRIMERO de fecha 30 de Diciembre de 2021, ante la fe del Licenciado Ricardo Sibrian Vega, Notario Público número 177 en el Estado de Sinaloa, inscrita en el Registro Público de Comercio de Los Mochis, Sinaloa, sobre el Folio Mercantil electrónico 22851 el 17 de enero de 2022, con número único de documento 202200009886000T. Que desde antes de que se decretara la providencia cautelar se hizo del conocimiento que dichas actas fue llevadas a efecto sin la publicación de convocatorias y se exhibió el acta 167 ciento sesenta y siete de fecha 8 ocho de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, con la cual el Juez advertía la existencia previa de otro consejo de administración. Es el caso de que ante, la premura del tiempo e imposibilidad del levantamiento de providencias precautorias, -no obstante haberse exhibido de nuestra parte billete de depósito por la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el Juez Sétimo de Distrito en el Estado de Sinaloa se ha negado a levantarlas. Seguido por sus trámites el juicio mediante proveído de fecha 23 veintitrés de mayo del año en curso, el C. Juez Séptimo de Distrito del Estado de Sinaloa, ordenó la apertura del periodo de pruebas en los autos del juicio Ordinario Mercantil "Nulidad de Acta de Asamblea" número 6/2022-3 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, el cual, en su parte conducente, reza: "Por otra parte, agréguese los escritos de cuenta firmados por el licenciado Agustín Carlos Saldaña Benard, y por lo que hace al primer ocurso, en atención a su contenido y como lo solicita, en términos del artículo 1383, del Código de Comercio, se ordena la apertura del periodo de pruebas en el presente juicio, y toda vez que dicha etapa no puede exceder de cuarenta días, los primeros diez días serán para ofrecimiento y los treinta días siguientes para el desahogo de pruebas, por lo que se requiere a las partes para que en los términos antes citados, ofrezcan sus pruebas, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se proveerá lo que en derecho corresponda." Que habiendo transcurrido el término de diez días para ofrecimiento de pruebas, por escrito presentado en fecha 9 nueve de junio del año 2022 dos mil veintidós, nuestro mandatario judicial en términos del párrafo tercero, del artículo 1069 del Código de Comercio, Licenciado AGUSTÍN CARLOS SALDAÑA BENARD, solicitó auto de admisión de pruebas, recayendo proveído de fecha 10 diez de junio del año 2022 dos mil veintidós, el cual me permito citar conforme al tenor literal siguiente: "Los Mochis, Sinaloa, diez de junio del año 2022 dos mil veintidós. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta firmado por el licenciado Agustín Carlos Saldaña Benard, autorizado legal de la parte demandada, mediante el cual solicita se provea sobre las pruebas ofrecidas en el presente juicio; en atención a lo anterior, dígasele que una vez que las labores de este juzgado lo permitan, se resolverá lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el licenciado José Manuel Soto Gámez, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe." Posteriormente, por escrito presentado el día 14 catorce de junio del año 2022 dos mil veintidós, se pidió de nueva cuenta se proveyera respecto la admisión de pruebas, recayéndole el auto de fecha quince de junio del año 2022 dos mil veintidós. Me permito transcribir el auto en comento, el cual reza: "Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta firmado por el licenciado Agustín Carlos Saldaña Benard, autorizado legal de la parte demandada, mediante el cual solicita se provea sobre las pruebas ofrecidas en el presente juicio; en atención a lo anterior, dígasele que una vez que las labores de este juzgado lo permitan, esto es, se analice todo el material probatorio aportado por las partes y las constancias que comprenden el presente juicio, se resolverá lo que en derecho corresponda, lo cual una vez emitido se le notificará a las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó el licenciado José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la licenciada Nazareth Peñuelas Villegas, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe." Es el caso de que, tal y como se advierte de lo anteriormente narrado, han transcurrido más de 20 veinte días hábiles desde que se abrió el periodo probatorio, sin que se haya dictado auto de admisión de pruebas, en términos del artículo 1383 del Código de Comercio, el cual establece que el "juez fijará de oficio o a petición de parte que se abra el mismo a prueba, no pudiendo exceder de cuarenta días, de los cuales los diez días primeros serán para ofrecimiento y los treinta siguientes para desahogo de pruebas." Llama la atención de que para ordenar las providencias precautorias el C. Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, las dictó sin dilaciones y cuando se trata de actuaciones que impulsan el procedimiento, se abstiene de dictar lo correspondiente aduciendo que cuando lo permitan las labores del juzgado, lo que se constituye en una abierta y deliberada dilación procesal, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la justicia y el principio de tutela judicial efectiva. Que la dilación injustificada en el proceso, transgrede en perjuicio del quejoso el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiéndose éste como parte esencial de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y al debido proceso, por lo que considero se surte en la especie una violación franca y manifiesta del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Y es en virtud de lo anterior, que el acto de autoridad que por esta vía se reclama me causa perjuicio en mi esfera de derechos públicos subjetivos, de los que todo mexicano gozamos, por lo que considero deberá concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a efecto de restituir el suscrito quejoso en la garantía violada.". Ahora bien, cabe destacar que la parte quejosa aduce que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 17, esencialmente el segundo de esos preceptos, en virtud de que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, ha sido omiso en pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas en el juicio ordinario mercantil 6/2022-3; no obstante haber ordenado la apertura del periodo probatorio en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por lo que han transcurrido más de veinte días de los treinta restantes en términos del artículo 1383 del Código de Comercio. Sobre el tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, la Sala ejemplificó que dichos supuestos podía ser la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Agregó que lo anterior pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, -tratándose de afectaciones dentro de un procedimiento- destacó que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el amparo indirecto interpuesto contra actos de esa naturaleza -8, 14 y 17 dentro de procedimiento-, es por regla general, notoriamente improcedente. Cierto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional al resolver la contradicción de tesis 325/2015, señaló: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite en este caso en la etapa de ejecución de laudo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Estas consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, como ya se precisó, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, por regla general, el amparo deviene improcedente y debe desecharse cuando se reclamen actos derivados de un procedimiento que tengan su naturaleza en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, es oportuno destacar que la Sala estimó una excepción consistente en que el Juzgador advierta una inactividad que conlleve la paralización del procedimiento; sin embargo, si el responsable Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ordenó la apertura del periodo de pruebas en los autos del juicio ordinario mercantil 6/2022-3, según el dicho de la parte quejosa bajo protesta de decir verdad; asimismo, al transcurrir los diez días del periodo de ofrecimiento de pruebas, a solicitud del autorizado legal de la parte demandada en el mercantil --de quien dice ser representante común el aquí quejoso- - tendente a que se emitiera auto de admisión de pruebas, le recayó auto el diez de junio de este mismo año, en el sentido de que se proveería al respecto una vez que las labores del juzgado lo permitieran. Lo anterior, no puede ser considerado como un acto que afecte derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, cuenta habida de que como se ha dicho, en el caso, el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, ordenó la apertura del periodo de pruebas en los autos del juicio ordinario mercantil 6/2022-3. Y es a partir del cierre de la fase de su ofrecimiento la que debe tomarse en cuenta a efecto de establecer si la dilación que reclama es o no excesiva para pronunciarse respecto de la admisión o no de las pruebas ofertadas por las partes; por lo que se observa que se encuentra en un término razonable para proveer al respecto. Ello atento a lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2ª./J.48/2016, en el sentido de que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trata de violaciones de naturaleza adjetiva; sin embargo, y como se apuntó anteriormente, en el caso no se advierte una dilación manifiesta que afecte los derechos sustantivos de la solicitante de amparo, en la medida que el Tribunal responsable ha llevado a cabo diversos actos encaminados a la prosecución del juicio natural, y tampoco se puede hablar de una transgresión a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De igual forma la diversa jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Criterio que ha sido sostenido de igual forma por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias números 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.), derivadas de la contradicción de tesis 130/2014, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada."1 "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8° constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento."2 1 Época: Décima Época; Registro: 2008883; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.); Página: 478. 2 Época: Décima Época; Registro: 2008884; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.); Página: 480. Habilitación de días y horas inhábiles. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Domicilio y autorizados. De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Vicente Guerrero, número 223 Norte, Colonia Centro, en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Agustín Carlos Saldaña Benard y Sergio Alonso Fierro Tapia. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente de medios preparatorios que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos.

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