LUIS FIDEL MOLINA VAZQUEZ y Otros.

Expediente 718/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
718/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • NICOLAS ENRIQUE NOYOLA MARTINEZ y Otros.
  • LUIS FIDEL MOLINA VAZQUEZ y Otros.
  • Juan Angel Calles Cohen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO NICOLAS ENRIQUE NOYOLA MARTINEZ, EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Luis Fidel Molina Vázquez, Juan Ángel Calles Cohén, Nicolas Enrique Noyola Martínez, Jorge Arturo García Correa, Juan Fco Robles Martínez, Cesar Ruíz Torres, Juan Vera Ovando, Erasmo García Galván, Miguel Armando Morgan Hernández y Román Ricardo Palomo Rincones, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 718/2018-5B. Ahora bien, toda vez que la competencia legal es de orden público y, por tanto, no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado federal, para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco y solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que se les otorgue atención médica. Pues bien, el suscrito juzgador carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, para llegar a dicha conclusión es necesario considerar la previsión del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Con relación a la interpretación del precepto transcrito y retomando por similitud el artículo 36 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció tres reglas para fijar la competencia, a saber: a) La establecida en el último párrafo consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido la resolución, en este supuesto, basta que quede debidamente acreditado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla contenida en el primer párrafo se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro considerado para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que requieren de ejecución. c) La tercera regla constituye un matiz de la segunda, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el competente será ante el que se presente la demanda. Como se aprecia, las reglas de competencia por razón de territorio contenidas en el trascrito artículo 37 tienen como eje rector la ejecución material del acto reclamado, empero, tratándose de aquellos actos que no la tienen, lo que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito, es el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto. Ahora bien, la palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Por tanto, ejecutar, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. El artículo 37 de la Ley de Amparo, al emplear la voz ejecución, reafirma ese entendimiento, al calificar la palabra ejecución con la característica de "material", esto es, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal, la ejecución material implica un cambio en la situación jurídica del quejoso, ya sea que le impone una carga o le priva o limita algún derecho. Así, para determinar si el acto reclamado tiene o no ejecución atendiendo a su naturaleza intrínseca y no a su forma de expresión, se considera conveniente distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos, de conformidad con lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J.152/2009 . ".En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". Conforme a las precisiones reaIizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la naturaleza intrínseca de los actos de autoridad, el suscrito Secretario encargado del despacho por vacaciones del Titular estima que el acto reclamado por los quejosos en este juicio de amparo, consistente en la negligencia y falta de atención médica, al hacer caso omiso las autoridades responsables de las solicitudes que han hecho los mismos, aun cuando es de naturaleza negativa por conducta omisiva, lleva implícita una ejecución material al tener efectos positivos, esto es, implica una conducta de hacer por parte de las autoridades responsables. Ello en virtud de que los quejosos se encuentran privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, es decir, bajo la potestad de las autoridades penitenciarias del citado centro de reclusión, a quienes, en su caso, es reprochable la atención médica especializada solicitada por los quejosos; por tanto, el acto reclamado en este juicio de amparo tiene ejecución material en dicho centro penitenciario. En ese sentido, si bien puede considerarse que el acto reclamado implica per se, una ejecución material, lo cierto es que conforme a lo manifestado por los quejosos en la demanda de amparo, se desprende que materialmente tiene ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Estado de Jalisco, esto es, dentro de la jurisdicción que ejercen los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Ciertamente, la premisa tendente a que el acto reclamado tiene ejecución material en el Estado de Jalisco, donde se encuentran recluidos los quejosos, es correcta porque en el caso se trata de definir la competencia del Juez de Distrito y no debe confundirse la naturaleza del acto con el perjuicio, dado que la naturaleza del acto se determina conforme a éste, es decir, si introduce o no un cambio a la realidad (positivo); si no afecta la realidad existente (negativo); si implica un no hacer de la autoridad o la inacción de la autoridad (omisivo); sin embargo, no puede determinarse que el acto reclamado por los quejosos en esta instancia tenga ejecución en este circuito, dado que la certeza radica en que los quejosos se encuentran recluidos en un centro federal con residencia en el Estado de Jalisco y, por ende, en caso de existir el acto reclamado, la primera ejecución material, sería precisamente en el centro penitenciario, con sede en el Estado de Jalisco. En consecuencia, aun cuando el acto reclamado es de naturaleza negativa por conducta omisiva, como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J.35/2008 , lo cierto es que en el caso, el acto reclamado tiene efectos positivos, pues consiste en la omisión de otorgar atención médica a los quejosos y ésta es reprochable a las autoridades penitenciarias del centro de reclusión donde se encuentran internos, por lo que no podría tener una ejecución material en el Estado de Sinaloa, sino en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; por tal razón, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que establece la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado dado que, en la especie, el acto reclamado necesariamente tendrá ejecución y surtirá sus efectos en el Estado de Jalisco. En consecuencia, una eventual concesión del juicio de amparo provocaría que el acto reclamado tenga ejecución en El Salto, Estado de Jalisco y, acorde al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución. En esa tesitura, puesto que el acto que en esta vía se impugna, sólo tendrá ejecución en el Estado de Jalisco, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno; por tanto, el suscrito Secretario encargado del despacho por vacaciones del Titular declara carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer del presente asunto y ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, a quien se estima competente para conocer del mismo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Por consiguiente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, así como los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al citado cuerpo de leyes, en términos de su artículo 2, gírese atento exhorto en línea a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal y por comisión de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar, a quien corresponda, para que notifique personalmente a los quejosos Luis Fidel Molina Vázquez, Juan Ángel Calles Cohén, Nicolas Enrique Noyola Martínez, Jorge Arturo García Correa, Juan Fco Robles Martínez, Cesar Ruíz Torres, Juan Vera Ovando, Erasmo García Galván, Miguel Armando Morgan Hernández y Román Ricardo Palomo Rincones, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, el presente acuerdo y se sirva devolverlo por la misma vía con las constancias relativas.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Séptimo de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Ciudad Judicial Federal, Zapopan, con el que devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 731/2018, en virtud de que los quejosos Luis Fidel Molina Vázquez, Juan Angel Calles Cohen, Jorge Antonio García Correa, Juan Francisco Robles Martínez, César Ruiz Torres, Juan Vera Ovando, Erasmo García Galván, Miguel Armando Morgan Hernández y Román Ricardo Palomo Rincones quedaron notificados del proveído de veinte de enero de dos mil dieciocho. Acúsese recibo. Se tiene a los quejosos por notificados del proveído de referencia, en términos de la diligencia practicada el nueve de enero de dos mil diecinueve, por el actuario adscrito al juzgado de referencia. Por otra parte, de la razón levantada por el actuario judicial adscrito a dicho juzgado, se advierte que no fue posible notificar personalmente a quejoso Nicolás Enrique Noyola Martínez del proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado, toda vez que dicho quejoso fue puesto en libertad desde el veintidós de diciembre pasado; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese ese acuerdo, este auto y los subsecuentes al citado impetrante de garantías por medio de lista así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Finalmente, y toda vez que los quejosos Luis Fidel Molina Vázquez, Juan Angel Calles Cohen, Jorge Antonio García Correa, Juan Francisco Robles Martínez, César Ruiz Torres, Erasmo García Galván y Román Ricardo Palomo Rincones, al ser notificados del proveído de veinte de diciembre del año próximo pasado, en el que se les notificó que se remitió por incompetencia la demanda de garantías a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con sede en Zapopan, solicitaron copias de la demanda; por tanto, con copia certificada de la citada diligencia de notificación contenida en el exhorto 731/2018, envíese al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a quien tocó conocer del juicio de amparo para su conocimiento y efectos legales correspondientes, el cual registró bajo número 1529/2018-I, de su índice.

  3. Principal

    Visto el oficio vía correo electrónico número 78869/2018, signado por el Juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Ciudad Judicial Federal Zapopan, mediante el cual acusa recibo del exhorto 731/2018 e informa que se procedió a su diligenciación; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 105413/2018, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual acusa recibo del oficio 3930-5B, de fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, con el que se le remitió los autos originales del presente juicio de amparo, comunica que acepta la competencia; por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; dado que el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, se avoco al conocimiento del juicio de amparo 718/2018; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un cuaderno de antecedentes con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

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