Luis Francisco Pablo Solís Cano

Expediente 331/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
331/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Francisco Pablo Solís Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios A 354/2022 del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, así como el testimonio de la resolución pronunciada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la queja 207/2022, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ..., en contra del auto dictado el quince de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto número 331/2022 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, con sede en Poza Rica, Veracruz, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por el propio recurrente." Glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente asunto como concluido y toda vez que devuelve el testimonio certificado de este juicio de amparo; sin embargo, resulta innecesario agregarlo al sumario en virtud de que únicamente se tratan de copias certificadas del presente asunto; por tanto, para un mejor manejo del expediente, consérvese en la secretaría de este juzgado, y en su oportunidad, procédase a su destrucción. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio E-3823/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de quince de junio del año en curso, dictado en el presente asunto, radicándolo bajo el número de toca 207/2022. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la papeleta de turno remitida por la Técnico del Enlace Administrativo OCC, Adscrita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintitrés de los actuales, al informar que el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del acuerdo de quince de junio del año en curso, le correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al supracitado Tribunal Colegiado, el escrito original de agravios, junto con el testimonio certificado formado con las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación que se trata. Con independencia a lo anterior, a fin de que el tribunal tenga acceso total al presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 5/2022, 7/2022 y 9/2022; que fomenta el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional a través de la utilización de juicios en línea y el envío y recepción de constancias de forma electrónica, se pone a su disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite esa función, con la finalidad de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz, pueda consultar el expediente electrónico del índice de este juzgado, con posterioridad a que la persona encargada en dicho órgano haya relacionado el expediente de su índice, con el presente juicio de amparo, mediante la aplicación de las herramientas denominadas "Vincular con otro órgano" y "Relacionar con expediente de origen", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de lo expuesto, se instruye al personal de este juzgado, para que verifique que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, así como vigilar su coincidencia con el expediente físico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente el expediente electrónico. Cabe destacar que en el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, se rindió el informe justificado en los siguientes términos. "(.) Consecuentemente, se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. (.)". Notifíquese; y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con domicilio en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓNVisto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 16724/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo número 305/2022, de su índice. Ahora bien, por cuanto hace al proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, de la cual se desprende que el Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Luis Francisco Pablo Solís Cano, contra actos del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declinándola en favor de este Juzgado de Distrito, se acuerda: Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 331/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE ACEPTA LA DEMANDA DE AMPARO Con fundamento en los artículos 36 y 52 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada, pues evidentemente por razón de territorio y dada la naturaleza del acto reclamado el juzgado oficiante no puede conocer de la demanda en cuestión. Acúsese recibo. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO Derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 46 del Acuerdo General que sustenta esta determinación, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para que realice la captura del presente juicio a fin de equilibrar las cargas procesales. DESECHAMIENTO Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Puesto que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]. El precepto anterior establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto se explica, porque no es dable que los actos emitidos por los jueces de amparo puedan ser considerados como actos reclamados en un juicio de amparo, pues se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos de autoridad; esto es, se ejercería control constitucional sobre un órgano creado ex profeso para velar que los actos emitidos por las autoridades en contra de los gobernados, no sean contrarios a la Constitución, lo cual afectaría incluso la seguridad jurídica y la cosa juzgada constitucionalmente. Al respecto, resulta ilustrativo, en la parte conducente, el criterio que se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, página 829, décima época, registro digital 2018315, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. Ahora bien, precisamente por lo antes dicho, la improcedencia que establece la norma transcrita no debe entenderse en el sentido de que la actuación del juez constitucional se dé únicamente en una resolución y que sólo respecto de éstas sea improcedente el amparo. Más bien, atendiendo a su objeto y sistematicidad, esta causal de improcedencia debe entenderse como referida, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias. En el caso, del escrito de demanda se advierte que el impetrante del amparo es parte quejosa en el juicio de amparo 472/2021 del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y los actos que por esta vía combate son: El auto de fecha veintitrés de mayo del año en curso, dictado por la autoridad responsable, Juez Décimo Tercero de Distrito, el que en la parte de interés dice: Ahora, respecto de las copias que solicita, dígasele al promovente que, como se le dijo en proveído de radicación, se autorizan las que solicite, haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta en nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso al público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia, debido a que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se tiene centro de copiado de acceso al público. La aplicación de las medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para asegurar la continuidad de las actividades catalogadas como esenciales, aprobadas por la responsable Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se establece la reanudación de los plazos y términos procesales, la reactivación de actividades procesales, y en específico, reclamo la aplicación de los artículos 14, 16 y 17 del acuerdo general 21/2020, sin que al efecto se tenga en cuenta que los mismos, fueron reformados por el vigente (8/2022), y el anterior (7/2022), y que en la parte de interés, su artículo 17 posibilita ya, el ingreso, salida y reingreso mediante la autorización, en este caso del juzgador de amparo responsable (art.17). De las transcripciones que preceden, se desprende que los actos reclamados versan sobre la omisión o negativa de resolver sobre la petición de expedición de las copias certificadas solicitadas por el quejoso, dentro del expediente 472/2021-II-A del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, promovido por el propio impetrante del amparo. En ese orden de ideas, de las manifestaciones hechas por el promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que lo que pretende impugnar es el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 472/2021-II-A del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que versa sobre la omisión o negativa de resolver sobre la petición de expedición de las copias certificadas solicitadas por el quejoso. De lo anterior, esta juzgadora federal concluye que al reclamar actos emitidos dentro de un juicio de amparo indirecto, es inconcuso que no son impugnables a través del juicio de amparo, puesto que, como ya quedó asentado anteriormente, no se puede ejercer un medio de control de la constitucionalidad sobre otro medio de la misma naturaleza. Lo anterior, en el entendido que la disposición atinente a que la vía constitucional es improcedente contra resoluciones en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, dispuesta en el citado artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, debe entenderse referida a todas aquellas determinaciones dictadas por el juzgador de amparo en los asuntos sometidos a su decisión, ya sean de trámite (tal como acontece en la especie), la sentencia misma, o bien en la fase de su ejecución. En ese sentido, ha quedado evidenciado que el acto que por esta vía se combate, así como su ejecución, constituyen determinaciones de mero trámite emitidas dentro de los actos del juicio de amparo 472/2021-II-A del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el cual, si bien el quejoso se ostenta como víctima del delito, lo cierto es que no puede soslayarse que el acto reclamado se suscita en la tramitación de un juicio de amparo, y por tanto, resulta inimpugnable en la presente vía constitucional. Máxime, que la propia Ley de Amparo establece medios de defensa en contra de las determinaciones adoptadas por parte de los órganos jurisdiccionales encargados de la tramitación del juicio de amparo, por lo que, de ser el caso, esos son los que se pueden hacer valer. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Francisco Pablo Solís Cano, por su manifiesta e indudable improcedencia. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que el quejoso solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que el impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: Jurisperito. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; y, por oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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