Luis Francisco Pablo Solís Cano
Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Francisco Pablo Solís Cano
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el seis de octubre de dos mil veintidós, en el toca 399/2022, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO, Se declara infundado el presente recurso de queja 399/2022, interpuesto por Luis Francisco Pablo Solís Cano, en contra del acuerdo dictado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por la Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Poza Rica, en el juicio de amparo indirecto 263/2022 " En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó, la demanda de amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la papeleta de turno remitida por la Técnico del Enlace Administrativo OCC, Adscrita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Rio, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, al informar que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Luis Francisco Pablo Solís Cano, en contra del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, le correspondió conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con domicilio en Boca del Rio, Veracruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101de la Ley de Amparo, remítase al supracitado Tribunal Colegiado, el escrito original de agravios, junto con el testimonio certificado formado con las constancias necesarias para la substanciación del medio de impugnación que se trata. Con independencia a lo anterior, a fin de que el tribunal tenga acceso total al presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 5/2022 y 7/2022; que fomenta el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional a través de la utilización de juicios en línea y el envío y recepción de constancias de forma electrónica, se pone a su disposición la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite esa función, con la finalidad de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con domicilio en Boca del Rio, Veracruz, pueda consultar el expediente electrónico del índice de este juzgado, con posterioridad a que la persona encargada en dicho órgano haya relacionado el expediente de su índice, con el presente juicio de amparo, mediante la aplicación de las herramientas denominadas "Vincular con otro órgano" y "Relacionar con expediente de origen", del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En virtud de lo expuesto, se instruye al secretario (a) de este juzgado, para que verifique que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado, así como vigilar su coincidencia con el expediente físico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá realizar todas las acciones necesarias para conformar debidamente el expediente electrónico. Cabe destacar que en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se rindió el informe justificado en los siguientes términos. "(.) Consecuentemente, se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. (.)".
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por la parte quejosa ********************, a través del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; agréguese a los autos una copia del ocurso de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la ley de la materia, se rinde el informe justificado relativo a la queja de que se trata y dígase al Tribunal Colegiado que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En tal virtud y en atención a la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, gírese oficio vía correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; adjuntando copia de los agravios, los datos necesarios para su registro y el turno correspondiente a la normativa vigente (de manera aleatoria o relacionada). En virtud de lo expuesto, y para efectos de registro, se precisan los datos siguientes: NUMERO DE JUICIO DE AMPARO: ******************** FECHA DE RECEPCIÓN DE LA DEMANDA: ******************** ********************MBRE DEL QUEJOSO: ******************** ********************MBRE DEL DEFENSOR, PERSONA DE CONFIANZA, AUTORIZADO O REPRESENTANTE: ******************** TERCERO INTERESADO: ******************** EXISTE TIPO DE JUICIO O PROCEDIMIENTO QUE SE PROMUEVE: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ACTOS RECLAMADOS: "Los autos de fechas siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el principal del juicio de amparo número ********************, radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz; y día ocho del mismo mes y año, en el incidente de suspensión, y en que se resuelve: (.) En similar sentido que Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad los anteriores, el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el principal del referido juicio de amparo indirecto del caso, fundamentalmente porque en el mismo, se omite resolver la solicitud de expedición de certificaciones realizada por el quejoso, en términos de lo que dispone el artículo 8 Constitucional". MATERIA: ADMINISTRATIVA AUTORIDADES RESPONSABLES: JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, POZA RICA, VERACRUZ SECRETARIO QUE RECIBE LA DEMANDA: SARAH CAROLINA VÁZQUEZ GARCÍA RECURRENTE: QUEJOSO ******************** CLASIFICACIÓN DEL ASUNTO EN URGENTE Y ******************** URGENTE: ******************** URGENTE RECURSO INTERPUESTO: QUEJA FECHA DEL AUTO COMBATIDO: FUNDAMENTO LEGAL EN EL QUE ENCUADRA EL RECURSO 97, FRACCIÓN I, INCISO A) OBSERVACIONES ******************** CORRESPONDE A NINGÚN REQUERIMIENTO REALIZADO POR ALGÚN TRIBUNAL Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
(citatorio) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. RADICACIÓNVisto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 13969/2022, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo número 249/2022, de su índice. Ahora bien, por cuanto hace al proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, de la cual se desprende que el Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por Luis Francisco Pablo Solís Cano, contra actos del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declinándola en favor de este Juzgado de Distrito, se acuerda: Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 263/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE ACEPTA LA DEMANDA DE AMPARO Con fundamento en los artículos 36 y 52 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada, pues evidentemente por razón de territorio y dada la naturaleza del acto reclamado el juzgado oficiante no puede conocer de la demanda en cuestión. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se estima que la demanda de amparo resulta improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Puesto que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En efecto, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." El precepto anterior establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto se explica, porque no es dable que los actos emitidos por los jueces de amparo puedan ser considerados como actos reclamados en un juicio de amparo, pues se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos de autoridad; esto es, se ejercería control constitucional sobre un órgano creado ex profeso para velar que los actos emitidos por las autoridades en contra de los gobernados, no sean contrarios a la Constitución, lo cual afectaría incluso la seguridad jurídica y la cosa juzgada constitucionalmente. Al respecto, resulta ilustrativo, en la parte conducente, el criterio que se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, página 829, décima época, registro digital 2018315, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Ahora bien, precisamente por lo antes dicho, la improcedencia que establece la norma transcrita no debe entenderse en el sentido de que la actuación del juez constitucional se dé únicamente en una "resolución" y que sólo respecto de éstas sea improcedente el amparo. Más bien, atendiendo a su objeto y sistematicidad, esta causal de improcedencia debe entenderse como referida, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias. En el caso, del escrito de demanda se advierte que el impetrante del amparo es parte quejosa en el juicio de amparo 249/2022 del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y los actos que por esta vía combate son: "Los autos de fechas siete de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el principal del juicio de amparo número 472/2021-II-A, radicado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz; y día ocho del mismo mes y año, en el incidente de suspensión, y en que se resuelve: (.) En similar sentido que Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad los anteriores, el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el principal del referido juicio de amparo indirecto del caso, fundamentalmente porque en el mismo, se omite resolver la solicitud de expedición de certificaciones realizada por el quejoso, en términos de lo que dispone el artículo 8 Constitucional". De las transcripciones que preceden, se desprende que los actos reclamados versan sobre la omisión o negativa de resolver sobre la petición de expedición de las copias certificadas solicitadas por el quejoso, dentro del expediente 472/2021-II-A del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, promovido por el propio impetrante del amparo. En ese orden de ideas, de las manifestaciones hechas por el promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que lo que pretende impugnar sos los acuerdos de siete de octubre y treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictados en el juicio de amparo 472/2021-II-A del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, que versan sobre la omisión o negativa de resolver sobre la petición de expedición de las copias certificadas solicitadas por el quejoso. De lo anterior, esta juzgadora federal concluye que al reclamar actos emitidos dentro de un juicio de amparo indirecto, es inconcuso que no son impugnables a través del juicio de amparo, puesto que, como ya quedó asentado anteriormente, no se puede ejercer un medio de control de la constitucionalidad sobre otro medio de la misma naturaleza. Lo anterior, en el entendido que la disposición atinente a que la vía constitucional es improcedente contra resoluciones en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, dispuesta en el citado artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, debe entenderse referida a todas aquellas determinaciones dictadas por el juzgador de amparo en los asuntos sometidos a su decisión, ya sean de trámite (tal como acontece en la especie), la sentencia misma, o bien en la fase de su ejecución. En ese sentido, ha quedado evidenciado que los actos que por esta vía se combaten, así como su ejecución, constituyen determinaciones de mero trámite emitidas dentro de los actos del juicio de amparo 472/2021-II-A del índice del Juzgado Décimo Tercero Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y por tanto resultan inimpugnables en la presente vía constitucional. Máxime, que la propia Ley de Amparo establece medios de defensa en contra de las determinaciones adoptadas por parte de los órganos jurisdiccionales encargados de la tramitación del juicio de amparo, por lo que, de ser el caso, esos son los que se pueden hacer valer. Por consiguiente, y al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Francisco Pablo Solís Cano, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa al promovente, que en caso de que desee consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberá generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se le otorgará un Código QR que permitirá a las partes en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.
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