Luis Fidel Molina Vazquez
Expediente 1158/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Fidel Molina Vazquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Incorpórese a los autos, el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal... promovido por ********* y otros, contra actos de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "OCCIDENTE" y otras autoridades; e informa que se avocó a conocer del trámite de la demanda de amparo y quedó radicada con el número *********, de su estadística... archívese este expediente como totalmente concluido, y transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha de este acuerdo, procédase a su desincorporación y destrucción... Finalmente, remítase al Juzgado que ahora conoce del asunto, el oficio **********, dirigido al Director General de Seguridad y Custodia, devuelto por estafeta, para que acuerde lo conducente en el juicio de amparo ***********, de su índice. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta población, el once del actual y recibida en este Juzgado el mismo día, promovida por ........; por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese con el número 1158/2019. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. En tales condiciones, se hace del conocimiento a las partes, que pueden realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, se les realicen las notificaciones vía electrónica y puedan presentar las promociones por ese mismo medio a efecto de agilizar el procedimiento. Por tanto, como está dispuesto en el artículo 3°, quinto y séptimo párrafos, de la citada Ley de Amparo, así como 90 y 92, del también referido Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, se comisiona al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado. II. Estudio de la suspensión. Ahora bien, la parte quejosa manifiesta en el capítulo de "Acto Reclamado" la negligencia y la falta de atención médica. Por tanto, a fin de proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud del aquí quejoso recluido en un centro penitenciario, este órgano jurisdiccional está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar las reciba adecuada y oportunamente; por tanto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, consistente en la falta de atención médica. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para el efecto que comunique lo procedente, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la hora en que queden notificadas de este acuerdo y por el cual se les remite el oficio con transcripción del mismo; en el entendido que, de no hacerlo, se actualizará el supuesto previsto por el artículo 209 del Código Penal Federal. Apoya lo anterior la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 8 P (10a.), cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su disposición." Robustece lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales." Incompetencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de mérito; por tanto, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, en atención a las razones que a continuación se expondrán. Las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario o de las partes. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 153, publicada en la página 267, Tomo VII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA, APLICACIÓN DE LAS LEYES DE. Las normas que regulan la competencia por función o materia, se apoderan de las relaciones jurídicas procesales en el estado en que se encuentran, rigiendo inmediatamente, por ser de orden público." Los actos reclamados consistes en: "Negligencia y falta de atención médica". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtiene tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar, a prevención. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda. En esa tesitura, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado fuera el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente demanda de amparo, era menester que el acto reclamado se tratara de ejecutar o se estuviera ejecutando en esta ciudad, lo que en el caso no acontece, pues de la lectura de la demanda se advierte que los citados quejosos, se encuentran privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto Jalisco, esto es, el acto que reclama, tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional; de ahí que se sostenga que el acto reclamado se materializará fuera de la demarcación territorial de este juzgado; por tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda, y es evidente que debe conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con número de registro 316005, publicada en la página 119, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." De igual forma la tesis con número de registro 237105, publicada en la página 73, Séptima Época, materia común, 217-228 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ: Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado" Por consiguiente, remítase el presente juicio de amparo al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, para que determine si acepta la competencia planteada por razón de territorio. Con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notificación a la parte quejosa vía exhorto. Por otra parte, en función a que los citados quejosos, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", con residencia en El Salto Jalisco, el cual se encuentra localizado fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, habilite al personal del Juzgado a su cargo, a fin de que: En auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a un actuario de su adscripción a fin de que notifique el presente acuerdo a los quejosos ....., circunstancia de la cual deberá elaborar constancia respectiva. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial de esa adscripción para que realice la presente notificación en horas y días hábiles. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado, solicitando respetuosamente que, desahogada la solicitud, remita la comunicación oficial respectiva, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que su envío por la vía ordinaria resulta innecesario. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto, salvo aquellos que se consideren de sigilo. Precisando, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese a la parte quejosa vía exhorto.
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