Luis Fernando Figueroa Peña

Expediente 984/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
984/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
08/09/2015

Partes del expediente

  • Luis Fernando Figueroa Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA 4 B INC. 984/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, dictado en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión, del cual se ordena agregar copia certificada en cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar, se ordenó el archivo de ese expediente. En consecuencia y, toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Se comunica a las partes que por haberse negado por una parte y, concedido por otra, la suspensión definitiva, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Así también, que durante los primeros tres años estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, de conformidad con los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dictó la interlocutoria respectiva, se procederá a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    -Mesa 4-B, Pral. 984/2015, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído dictado el cuatro del mes actual (fojas 55-57), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO, dicho auto. Toda vez que en la Secretaría de este Juzgado, obra un tomo anexo, que contiene la copia certificada del expediente 77/2014, que el juez Cuarto de lo Penal, residente en esta ciudad, remitió por oficio 4315 (foja 29); devuélvase dicha documental, a la autoridad citada, toda vez que carece de objeto su permanencia en este órgano jurisdiccional. En otro aspecto, las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el auto inicial por lo que hace a dicha parte procesal; por lo que, éste y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, tomando en consideración que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por el quejoso, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    mesa 4 b inc. 984/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil quince. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, Ana Alejandrina Adame Vidales, en su carácter de tercera interesada, no señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, aun cuando fue emplazada a ese juicio de amparo, por lista de acuerdos, el veinticuatro de julio de dos mil quince, como se aprecia de la copia certificada de las documentales que obran en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, mismas que se ordenan agregar a los autos. En consecuencia, dedúzcase copia certificada del 1) proveído de veintidós de julio de dos mil quince y 2) y de las constancias de notificación respectivas, para ser agregada a este incidente de suspensión. Téngase por hecha la notificación que se hizo de la interlocutoria dictada el veintiuno de julio de dos mil quince (fojas 54-58), por lista de acuerdos, a Ana Alejandrina Adame Vidales, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  4. Principal

    -Mesa 4-B, Pral. 984/2015 Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil quince. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que las autoridades responsables, jueces Primero, Segundo, Tercero y Quinto de lo Penal y los secretarios judiciales encargados por ministerio de ley, de los Juzgados Sexto y Séptimo de lo Penal, residentes en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 21, 22, 24, 26, 14 y 16), negaron la existencia de los actos que les atribuye el quejoso Luis Fernando Figueroa Peña, consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra; por tanto, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia, respecto de las citadas autoridades responsables, por las consideraciones siguientes: Se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia del acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia, pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Ahora, aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que la responsable rinde su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, dada la inexistencia de los actos reclamados a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal, residentes en esta ciudad, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia, respecto de las citadas autoridades, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia del acto reclamado; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 4693, suscrito por la juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del centro, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución de término constitucional dictada el veintisiete de julio del año que transcurre, en la causa penal 77/2014, de su índice, instruida contra el agraviado LUIS FERNANDO FIGUEROA PEÑA. Ahora bien, como se advierte de la copia certificada remitida por la juez Cuarto de lo Penal del distrito judicial del centro, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público, que dictó auto de formal prisión contra el aquí peticionario de amparo LUIS FERNANDO FIGUEROA PEÑA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito culposo de daños, cometido en perjuicio de Ana Alejandrina Adame Vidales. Por ello, es evidente que en este juicio de amparo se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la improcedencia del juicio de amparo, contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica; por tanto, al reclamarse la orden de aprehensión y, haberse dictado auto de formal prisión contra el inculpado, aquí quejoso LUIS FERNANDO FIGUEROA PEÑA, hubo cambio de situación jurídica; en esas condiciones, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y atento al principio de prontitud de justicia que consagra el numeral 17 constitucional, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA, EN EL JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del tomo XXVII, Junio de 2008, materia penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el IUS con el número 169410, de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN." Así como la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad; como así lo ilustra la jurisprudencia 647, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 434, del tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, materia común, Séptima Época, registrada en el IUS con el número 394603, del tenor siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del auto de sobreseimiento fuera de audiencia relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil quince, según proveído dictado el tres del mes en curso (foja 37 vta.). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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