Luis Fernando Salazar Irabien

Expediente 1199/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1199/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Luis Fernando Salazar Irabien

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que mediante proveído de ocho de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Siendo que la última notificación a las partes del acuerdo de mérito se hizo por medio de la lista de estrados el catorce de enero actual, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Por lo que, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia firmada el siete de diciembre pasado, en el primer punto resolutivo se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, y con libertad de jurisdicción dictara una nueva, en la que analizara si los hechos imputados encuadraban o no en una diversa hipótesis delictiva siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Y, en su caso, establecidos los elementos del delito determinara pormenorizadamente si las pruebas los demostraban, debiendo establecer los medios de convicción con los que se acreditaban y expusiera las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomara en consideración, estableciendo una adecuada relación entre cada uno de los elementos del delito con las pruebas conducentes para su demostración; a fin de que el quejoso pudiera conocer con certeza las pruebas que sirvieron para demostrar cada uno de los elementos del cuerpo del delito y así preparar una adecuada defensa. Posteriormente, por auto de dos de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 13 de tres de enero del año que transcurre (foja 121), comunicó que el propio tres de enero dictó una nueva resolución en la que: Dejó insubsistente el auto de formal prisión de trece de septiembre de dos mil dieciocho dictado en contra del aquí quejoso LUIS FERNANDO SALAZAR IRABIEN. Siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción, determinó que los hechos imputados encuadraban en la hipótesis delictiva de violencia familiar equiparada, para lo cual; Estableció los elementos del delito precisando las pruebas que los demostraban, determinó su alcance y valor probatorio señalando los medios de convicción con los que se acreditaban y esgrimió los razonamientos por los que llegó a su conclusión. Finalmente, decretó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso, por el delito de violencia familiar equiparada, previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 229 del Código Penal del Estado vigente en la época de tales hechos. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable se encontraba obligada a dejar insubsistente el acto reclamado y con libertad de jurisdicción, dictar una nueva determinación siguiendo las directrices establecidas en la sentencia ejecutoriada, lo que así realizó y acreditó, de ahí que se considere destruido el acto atribuido a la autoridad responsable, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, debiendo anexar para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el legajo de copias certificadas de las constancias que integran la causa penal 02/2018, que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, ocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el siete de diciembre de dos mil dieciocho, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo primero concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo al agraviado en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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