Luis Fernando Salazar Irabien

Expediente 483/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
483/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
01/10/2018

Partes del expediente

  • Luis Fernando Salazar Irabien

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las partes el veinticuatro de septiembre del presente año, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa Luis Fernando Irabién Salazar, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo del año en curso, dictada en la causa penal 2/2018, y con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que: a) Realizara el estudio correspondiente al elemento del delito "actos abusivos de poder"; en el entendido que debería señalar con qué pruebas se acreditaba; b) Determinara con precisión cuáles eran las hipótesis que se contemplaban como elementos del delito de violencia familiar, siendo estas: que la conducta del quejoso se encontrara dirigida a dominar, someter, controlar o agredir a la ofendida; y a realizar un daño en su integridad física, psicológica, patrimonial, económica o sexual; además, cómo y con qué probanzas se demostraban; c) Explicara las razones relativas a las circunstancias del tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo. d) Precisara la calidad del agente con relación a la sujeto pasivo. e) Expusiera los razonamientos relativos a la probable responsabilidad del inculpado, en la comisión del ilícito que se le atribuye, para lo cual, en su caso debería establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditaba, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomara en cuenta, f) Justipreciara pormenorizadamente el dictamen psicológico emitido, debiendo precisar si el mismo era apto para ser tomado en consideración. Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y se requirió a las responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de trece de septiembre del presente año, dictada en la causa penal 2/2018, con la que, en primer término, dejó insubsistente la diversa de catorce de marzo del presente año, y decretó auto formal prisión en contra del inculpado, aquí quejoso. Ahora bien, en la citada resolución, en primer término, la responsable atendió lo relativo a las circunstancias de tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo -inciso c)-, respecto a lo cual determinó: ".Por lo tanto, en el caso particular . los hechos se centrarán solamente en el último año antes de la interposición de la querella (6 de mayo del año 2013 al 6 de mayo del año 2014) pero sí se analizarán en su todo, esto es, desde el inicio de las conductas." . Posteriormente, señaló los elementos del delito de violencia familiar, entre los que analizó el relativo a la acción abusiva de poder, concluyendo que se advertía que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, de control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto de los actos de aquel. Seguidamente, analizó los elementos que integran la conducta típica del ilícito de violencia familiar, señalando las pruebas con las que tuvo por acreditado cada uno de ellos. Posteriormente, a fin de precisar la calidad del agente con la sujeto pasivo -inciso d)- la responsable concluyó que existía entre ellos una relación extramarital, esto es, una relación sentimental fuera de matrimonio pero análoga a ésta, tan es así, señaló, que de dicha relación procrearon una hija, actualizándose así la hipótesis consistente en la relación de hecho. Ahora bien, a fin de satisfacer el efecto amparador contenido en el inciso e), la responsable determinó que la probable responsabilidad del inculpado, en la conducta abusiva de poder, se acreditó pues durante todo el tiempo que duró la relación de hecho con la agraviada, en todo momento impuso por medios violentos sus decisiones, es decir, advirtió que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto a los actos de aquél, señalando a su vez los elementos probatorios con los que alcanzó tal determinación. Finalmente, respecto al inciso f), la Juez responsable le otorgó al dictamen psicológico el valor de indicio, con base en los preceptos 149 y 219 del Código de Procedimientos en Materia Penal, en virtud de que, adujo, describía a la persona en el estado en que se le encontró, la metodología, procedimiento y técnicas de evaluación verificados, así como las conclusiones a las que arribó. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las partes el veinticuatro de septiembre del presente año, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa Luis Fernando Irabién Salazar, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo del año en curso, dictada en la causa penal 2/2018, y con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que: a) Realizara el estudio correspondiente al elemento del delito "actos abusivos de poder"; en el entendido que debería señalar con qué pruebas se acreditaba; b) Determinara con precisión cuáles eran las hipótesis que se contemplaban como elementos del delito de violencia familiar, siendo estas: que la conducta del quejoso se encontrara dirigida a dominar, someter, controlar o agredir a la ofendida; y a realizar un daño en su integridad física, psicológica, patrimonial, económica o sexual; además, cómo y con qué probanzas se demostraban; c) Explicara las razones relativas a las circunstancias del tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo. d) Precisara la calidad del agente con relación a la sujeto pasivo. e) Expusiera los razonamientos relativos a la probable responsabilidad del inculpado, en la comisión del ilícito que se le atribuye, para lo cual, en su caso debería establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditaba, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomara en cuenta, f) Justipreciara pormenorizadamente el dictamen psicológico emitido, debiendo precisar si el mismo era apto para ser tomado en consideración. Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y se requirió a las responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de trece de septiembre del presente año, dictada en la causa penal 2/2018, con la que, en primer término, dejó insubsistente la diversa de catorce de marzo del presente año, y decretó auto formal prisión en contra del inculpado, aquí quejoso. Ahora bien, en la citada resolución, en primer término, la responsable atendió lo relativo a las circunstancias de tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo -inciso c)-, respecto a lo cual determinó: ".Por lo tanto, en el caso particular . los hechos se centrarán solamente en el último año antes de la interposición de la querella (6 de mayo del año 2013 al 6 de mayo del año 2014) pero sí se analizarán en su todo, esto es, desde el inicio de las conductas." . Posteriormente, señaló los elementos del delito de violencia familiar, entre los que analizó el relativo a la acción abusiva de poder, concluyendo que se advertía que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, de control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto de los actos de aquel. Seguidamente, analizó los elementos que integran la conducta típica del ilícito de violencia familiar, señalando las pruebas con las que tuvo por acreditado cada uno de ellos. Posteriormente, a fin de precisar la calidad del agente con la sujeto pasivo -inciso d)- la responsable concluyó que existía entre ellos una relación extramarital, esto es, una relación sentimental fuera de matrimonio pero análoga a ésta, tan es así, señaló, que de dicha relación procrearon una hija, actualizándose así la hipótesis consistente en la relación de hecho. Ahora bien, a fin de satisfacer el efecto amparador contenido en el inciso e), la responsable determinó que la probable responsabilidad del inculpado, en la conducta abusiva de poder, se acreditó pues durante todo el tiempo que duró la relación de hecho con la agraviada, en todo momento impuso por medios violentos sus decisiones, es decir, advirtió que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto a los actos de aquél, señalando a su vez los elementos probatorios con los que alcanzó tal determinación. Finalmente, respecto al inciso f), la Juez responsable le otorgó al dictamen psicológico el valor de indicio, con base en los preceptos 149 y 219 del Código de Procedimientos en Materia Penal, en virtud de que, adujo, describía a la persona en el estado en que se le encontró, la metodología, procedimiento y técnicas de evaluación verificados, así como las conclusiones a las que arribó. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las partes el veinticuatro de septiembre del presente año, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa Luis Fernando Irabién Salazar, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo del año en curso, dictada en la causa penal 2/2018, y con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que: a) Realizara el estudio correspondiente al elemento del delito "actos abusivos de poder"; en el entendido que debería señalar con qué pruebas se acreditaba; b) Determinara con precisión cuáles eran las hipótesis que se contemplaban como elementos del delito de violencia familiar, siendo estas: que la conducta del quejoso se encontrara dirigida a dominar, someter, controlar o agredir a la ofendida; y a realizar un daño en su integridad física, psicológica, patrimonial, económica o sexual; además, cómo y con qué probanzas se demostraban; c) Explicara las razones relativas a las circunstancias del tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo. d) Precisara la calidad del agente con relación a la sujeto pasivo. e) Expusiera los razonamientos relativos a la probable responsabilidad del inculpado, en la comisión del ilícito que se le atribuye, para lo cual, en su caso debería establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditaba, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomara en cuenta, f) Justipreciara pormenorizadamente el dictamen psicológico emitido, debiendo precisar si el mismo era apto para ser tomado en consideración. Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y se requirió a las responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de trece de septiembre del presente año, dictada en la causa penal 2/2018, con la que, en primer término, dejó insubsistente la diversa de catorce de marzo del presente año, y decretó auto formal prisión en contra del inculpado, aquí quejoso. Ahora bien, en la citada resolución, en primer término, la responsable atendió lo relativo a las circunstancias de tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo -inciso c)-, respecto a lo cual determinó: ".Por lo tanto, en el caso particular . los hechos se centrarán solamente en el último año antes de la interposición de la querella (6 de mayo del año 2013 al 6 de mayo del año 2014) pero sí se analizarán en su todo, esto es, desde el inicio de las conductas." . Posteriormente, señaló los elementos del delito de violencia familiar, entre los que analizó el relativo a la acción abusiva de poder, concluyendo que se advertía que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, de control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto de los actos de aquel. Seguidamente, analizó los elementos que integran la conducta típica del ilícito de violencia familiar, señalando las pruebas con las que tuvo por acreditado cada uno de ellos. Posteriormente, a fin de precisar la calidad del agente con la sujeto pasivo -inciso d)- la responsable concluyó que existía entre ellos una relación extramarital, esto es, una relación sentimental fuera de matrimonio pero análoga a ésta, tan es así, señaló, que de dicha relación procrearon una hija, actualizándose así la hipótesis consistente en la relación de hecho. Ahora bien, a fin de satisfacer el efecto amparador contenido en el inciso e), la responsable determinó que la probable responsabilidad del inculpado, en la conducta abusiva de poder, se acreditó pues durante todo el tiempo que duró la relación de hecho con la agraviada, en todo momento impuso por medios violentos sus decisiones, es decir, advirtió que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto a los actos de aquél, señalando a su vez los elementos probatorios con los que alcanzó tal determinación. Finalmente, respecto al inciso f), la Juez responsable le otorgó al dictamen psicológico el valor de indicio, con base en los preceptos 149 y 219 del Código de Procedimientos en Materia Penal, en virtud de que, adujo, describía a la persona en el estado en que se le encontró, la metodología, procedimiento y técnicas de evaluación verificados, así como las conclusiones a las que arribó. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a las partes el veinticuatro de septiembre del presente año, sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que les fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Mediante sentencia firmada el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa Luis Fernando Irabién Salazar, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución reclamada de catorce de marzo del año en curso, dictada en la causa penal 2/2018, y con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que: a) Realizara el estudio correspondiente al elemento del delito "actos abusivos de poder"; en el entendido que debería señalar con qué pruebas se acreditaba; b) Determinara con precisión cuáles eran las hipótesis que se contemplaban como elementos del delito de violencia familiar, siendo estas: que la conducta del quejoso se encontrara dirigida a dominar, someter, controlar o agredir a la ofendida; y a realizar un daño en su integridad física, psicológica, patrimonial, económica o sexual; además, cómo y con qué probanzas se demostraban; c) Explicara las razones relativas a las circunstancias del tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo. d) Precisara la calidad del agente con relación a la sujeto pasivo. e) Expusiera los razonamientos relativos a la probable responsabilidad del inculpado, en la comisión del ilícito que se le atribuye, para lo cual, en su caso debería establecer con qué medios de convicción debidamente valorados conforme a la ley, se acreditaba, exponiendo las razones de su conclusión, así como el alcance y valor probatorio de las constancias que tomara en cuenta, f) Justipreciara pormenorizadamente el dictamen psicológico emitido, debiendo precisar si el mismo era apto para ser tomado en consideración. Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y se requirió a las responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio recibido el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de trece de septiembre del presente año, dictada en la causa penal 2/2018, con la que, en primer término, dejó insubsistente la diversa de catorce de marzo del presente año, y decretó auto formal prisión en contra del inculpado, aquí quejoso. Ahora bien, en la citada resolución, en primer término, la responsable atendió lo relativo a las circunstancias de tiempo en que aconteció la conducta reprochada al activo -inciso c)-, respecto a lo cual determinó: ".Por lo tanto, en el caso particular . los hechos se centrarán solamente en el último año antes de la interposición de la querella (6 de mayo del año 2013 al 6 de mayo del año 2014) pero sí se analizarán en su todo, esto es, desde el inicio de las conductas." . Posteriormente, señaló los elementos del delito de violencia familiar, entre los que analizó el relativo a la acción abusiva de poder, concluyendo que se advertía que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, de control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto de los actos de aquel. Seguidamente, analizó los elementos que integran la conducta típica del ilícito de violencia familiar, señalando las pruebas con las que tuvo por acreditado cada uno de ellos. Posteriormente, a fin de precisar la calidad del agente con la sujeto pasivo -inciso d)- la responsable concluyó que existía entre ellos una relación extramarital, esto es, una relación sentimental fuera de matrimonio pero análoga a ésta, tan es así, señaló, que de dicha relación procrearon una hija, actualizándose así la hipótesis consistente en la relación de hecho. Ahora bien, a fin de satisfacer el efecto amparador contenido en el inciso e), la responsable determinó que la probable responsabilidad del inculpado, en la conducta abusiva de poder, se acreditó pues durante todo el tiempo que duró la relación de hecho con la agraviada, en todo momento impuso por medios violentos sus decisiones, es decir, advirtió que existía un abuso de poder dirigido a agredir psicológicamente, esto es, una actitud dominante, de sometimiento, control y desafiante del activo que condujo a un estado de subordinación a la agraviada respecto a los actos de aquél, señalando a su vez los elementos probatorios con los que alcanzó tal determinación. Finalmente, respecto al inciso f), la Juez responsable le otorgó al dictamen psicológico el valor de indicio, con base en los preceptos 149 y 219 del Código de Procedimientos en Materia Penal, en virtud de que, adujo, describía a la persona en el estado en que se le encontró, la metodología, procedimiento y técnicas de evaluación verificados, así como las conclusiones a las que arribó. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables, se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO

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