Luis Fernando Rivera Arambula (Representante común) y Otros.

Expediente 893/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
893/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Luis Fernando Rivera Arambula (Representante común) y Otros.
  • Luis Fernando Rivera Arambula (Representante común)

Actuaciones

  1. Principal

    pral 893/2019 mesa 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Remisión de comunicación. Agréguese el oficio del encargado de la Dirección Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, por el que rinde informe en relación a la suspensión de oficio decretada de plano a favor de *** y otros. Ahora, toda vez que en acuerdo de veintiuno de octubre del año en curso -fojas 47 a 48- se tuvo al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, comunicando que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ***, contra actos del director del área Médica del Centro Penitenciario número dos "Occidente"; en consecuencia, remítase el oficio de cuenta al juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, previa copia certificada que se deje en autos. Notifíquese....

  2. Principal

    PRAL 893/2019 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Acusa recibo y acepta competencia. Agréguese el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, por el cual acusa de recibo de los autos originales de este juicio de amparo; además, comunica que dicho órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada por este Juzgado en acuerdo de catorce de octubre del año en curso -fojas 8 a 13-, para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ***, contra actos del director del Área Médica del Centro Penitenciario número Dos "Occidente" Federal. Archivo del expediente. Como fue aceptada la competencia declinada, en tanto que en este expediente y en la caja de valores no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; se provee: Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Tomando en consideración que en proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve se concedió la suspensión de oficio decretada de plano -fojas 8 a 13-; por tanto, con fundamento en la fracción III del referido punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y el auto de incompetencia, previa digitalización. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Recepción de comunicación. Por otra parte, glósese el oficio signado por el juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por el que devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 448/2019 y origen 222/2019, que se envió a fin de notificar a los quejosos 1) Guillermo Bucio Tinoco, ***, por conducto de su representante común 8) ***, el proveído de catorce de este mes -fojas 8 a 13-. En consecuencia, dése de baja en el libro cuatro de Juzgado, relativo a las comunicaciones oficiales que se llevan en este órgano jurisdiccional, previas las anotaciones correspondientes; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. ...

  3. Principal

    PRAL.893/2019-5*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Demanda de amparo y registro. Con la demanda de amparo presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el día de hoy y recibida en este órgano jurisdiccional en esta fecha, promovida por 1) Luis Fernando Rivera Arambula, 2) Guillermo Bucio Tinoco, 3) Humberto Agustiniano Mendoza, 4) Rubén González Moreno, 5) Abundio Mendoza Gaitan, 6) Juan Carlos Montañez Cabral, 7) Juan Alberto Hernández Aguilar y 8) Adrián Reyes Cadena, por propio derecho, contra actos del del director del Área Médica del Centro Penitenciario número Dos "Occidente" Federal; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 893/2019. 2. Competencia. Lugar de ejecución del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos actualmente se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número "2" Occidente, con residencia en Puente Grande, Jalisco, lugar en que tendrá ejecución el acto que en esta vía constitucional se reclama. Estudio de competencia. Por ser un presupuesto procesal de orden público, se analiza en primer término lo relativo a la competencia. En ese contexto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes (.). VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" (.)". La interpretación de los artículos transcritos lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; dichas reglas son: 1. Con independencia de donde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces federales ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en esos lugares. 3. Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente el juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un juez de Distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en (foja 4): La nula atención médica especializada (sic). Mismo que se reclama al área médica del centro Penitenciario número dos "Occidente" Federal. Con base en lo anterior, se advierte que el acto reclamado es susceptible de tener una ejecución material, en el centro de reclusión ubicado en el Estado de Jalisco, pues es ahí donde la parte quejosa se encuentra recluida. Por ello, es necesario destacar que si el acto reclamado se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente"; se actualiza el primer supuesto citado; de ahí que corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que estén teniendo ejecución los actos reclamados. En tales condiciones, este órgano de control constitucional está impedido para conocer de la demanda planteada por la parte quejosa, ya que carece de competencia legal, en virtud de que el acto se ejecuta en un lugar diverso al en que este Juzgado ejerce jurisdicción. En consecuencia, remítanse estos autos al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno, La decisión que precede tiene sustento en lo previsto en el apartado Cuarto, fracción III, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se específica la competencia territorial de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/3 P (10a.) de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario". Se solicita el acuse de recibo correspondiente. 3. Suspensión respecto de atención médica. No obstante que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo; sin embargo, atendiendo a que el derecho fundamental a la salud se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, como un derecho humano indispensable, y en la especie el acto reclamado se hace consistir en la falta de atención médica a los quejosos (sin que este Juzgado cuente con mayores datos respecto a la gravedad de los padecimientos de los aquí quejosos, pues dicha circunstancia no se especifica en el escrito de demanda); por ende, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano, se concede la suspensión a 1) Luis Fernando Rivera Arambula, 2) Guillermo Bucio Tinoco, 3) Humberto Agustiniano Mendoza, 4) Rubén González Moreno, 5) Abundio Mendoza Gaitan, 6) Juan Carlos Montañez Cabral, 7) Juan Alberto Hernández Aguilar y 8) Adrián Reyes Cadena, para que, las autoridades responsables: a) De inmediato y con carácter de urgente, realicen las gestiones necesarias para que se proporcione a los quejosos 1) Luis Fernando Rivera Arambula, 2) Guillermo Bucio Tinoco, 3) Humberto Agustiniano Mendoza, 4) Rubén González Moreno, 5) Abundio Mendoza Gaitan, 6) Juan Carlos Montañez Cabral, 7) Juan Alberto Hernández Aguilar y 8) Adrián Reyes Cadena, la atención médica que requieran. b) Previa revisión médica, se les suministren los medicamentos que en su caso le sean indicados en la receta correspondiente, en la inteligencia de que si la gravedad de los internos lo requieren, se proceda en los términos del artículo 50 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, a fin de salvaguardar su salud y evitar que se ponga en riesgo su vida. Por las consideraciones que contiene, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento". Y la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, quinta época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales. Informe sobre la suspensión de oficio. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para el efecto de que informen a este juzgado lo que proveyeron en relación a dicha suspensión, lo que deben hacer dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la hora en que queden notificadas de este acuerdo. Se hace saber a la autoridades responsables que, para el caso de no comunicar el acatamiento de la referida suspensión, se dará vista al agente del Ministerio Público para que, en su caso, sean sancionadas en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en que incurra, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Dada la urgencia de tal medida, se ordena notificar esta determinación a las autoridades responsables, vía estafeta. Designación de representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común a Luis Fernando Rivera Arambula. 4. Notificación. Dado que los quejosos 1) Luis Fernando Rivera Arambula, 2) Guillermo Bucio Tinoco, 3) Humberto Agustiniano Mendoza, 4) Rubén González Moreno, 5) Abundio Mendoza Gaitan, 6) Juan Carlos Montañez Cabral, 7) Juan Alberto Hernández Aguilar y 8) Adrián Reyes Cadena, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", con fundamento en el artículo 26, fracción I, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese exhorto, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno, para que comisione personal a su cargo, a efecto de que se haga presente en el referido centro de reclusión y notifique de manera personal este acuerdo a la parte quejosa, por conducto de su representante común. Se conceden facultades amplias al juez exhortado, a fin de que brinde el apoyo en los términos solicitados Precisión No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que en el espacio donde aparece el nombre de Juan Carlos Montañez Cabral, no obre, al parecer, su firma autógrafa, su huella dactilar o la firma de otra persona a su ruego; porque este órgano jurisdiccional no se encuentra en aptitud de pronunciarse al respecto, en razón de la incompetencia anteriormente decretada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Con las constancias respectivas, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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