Luis Enrique Ruiz Reyes y Otros.
Expediente 120/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Enrique Ruiz Reyes y Otros.
- Cristal Guadalupe Ruiz Reyes y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
INC.120/2017-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado de autos de este cuaderno incidental, del que se advierte que con fecha diez de marzo del año en curso (fojas 57 a 61), se dictó la interlocutoria correspondiente en la que se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en los términos ahí indicados. Ahora, toda vez que con fecha veinticuatro de octubre de este año, se tuvo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Decimotercer circuito, confirmando la sentencia dictada en el juicio principal del cual deriva esta pieza incidental (fojas 66 a 68) y que 2) el veintiocho de noviembre siguiente se tuvo por cumplida la citada sentencia ordenándose, además, el archivo del expediente principal 120/2017 (fojas 69 a 73). Archivo. Por tanto, como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Carece de relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el original de este expediente será depurable una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
C.A PRAL 120/2017 7B" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la presidenta de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintinueve de noviembre de este año, dictado en el toca penal 13/2017, de su índice, en el cual señaló fecha y hora para celebrar la audiencia de revisión de la medida cautelar solicitada por los aquí quejosos 1) *****, 2) ***** y 3) *****. En el entendido que, por auto de veintiocho de noviembre del año en curso, atento a los efectos de la sentencia dictada en este juicio y una vez revisadas las actuaciones de la autoridad responsable, se tuvo por cumplida la misma. ...fórmese cuaderno de antecedentes para proveer lo conducente; y, en su oportunidad, glósese esta actuación al expediente principal. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído de catorce de noviembre del año en curso (fojas 262 y 263), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede, de oficio, a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia dictada en audiencia celebrada el once de abril de dos mil diecisiete, engrosada el veinte siguiente (fojas 153 a 165), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca (foja 164): ". a) Deje insubsistente el acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 13/2017 únicamente en la parte que determinó declarar improcedente la admisión del incidente de revisión de la medida cautelar hecha valer por la parte quejosa. b) Hecho lo cual, emita uno diverso en el que confirme lo que no es materia de concesión y admita a trámite el incidente de revisión de medida cautelar de prisión preventiva solicitada ." II. Por ejecutoria de diecinueve de septiembre este año (fojas 206 a 236), dictada en el amparo en revisión 362/2017 (expediente auxiliar 617/2017), el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, confirmó la resolución recurrida. III. En acuerdo de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 237 a 239), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. IV. Por oficio número 731, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la presidenta de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo (foja 256) y, al efecto, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha -nueve de noviembre del año en curso- en el toca penal 13/2017, de su índice (fojas 257 vuelta a 261); documental con la cual, en proveído de catorce de noviembre de este año (foja 262 y 263), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que lo hubieren hecho. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que fue confirmada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez (fojas 206 a 236), al resolver el amparo en revisión 362/2017 (expediente auxiliar 617/2017), se establece que la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 257 vuelta a 261): 1.- Dejó insubsistente el auto de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 13/2017, del índice de la Sala responsable (foja 258). 2.- Emitió un diverso proveído en el cual, atendiendo al segundo efecto de la sentencia dictada en este juicio de amparo, admitió a trámite el incidente de revisión de la medida privativa de libertad personal o prisión preventiva, promovida por los sentenciados 1) Cristal Guadalupe Ruiz Reyes, 2) Luis Enrique Ruiz Reyes y 3) Luis Alberto Sánchez Reyes -aquí quejosos- (foja 259 vuelta). Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena devolución de tomo anexo. Toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obra un tomo anexo, correspondiente a la copia certificada del expediente 91/2015 (T.P. 13/2017), del índice del Juzgado Primero Penal del distrito judicial Centro, Oaxaca, que la autoridad responsable, Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, acompañó a su informe justificado (foja 143 y vuelta); en consecuencia, devuélvase la citada documental, toda vez que carece de objeto su permanencia en este órgano jurisdiccional. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.120/2017 M7-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído de catorce de noviembre del año en curso (fojas 262 y 263), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede, de oficio, a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia dictada en audiencia celebrada el once de abril de dos mil diecisiete, engrosada el veinte siguiente (fojas 153 a 165), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca (foja 164): ". Deje insubsistente el acuerdo de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 13/2017 únicamente en la parte que determinó declarar improcedente la admisión del incidente de revisión de la medida cautelar hecha valer por la parte quejosa. Hecho lo cual, emita uno diverso en el que confirme lo que no es materia de concesión y admita a trámite el incidente de revisión de medida cautelar de prisión preventiva solicitada ." II. Por ejecutoria de diecinueve de septiembre este año (fojas 206 a 236), dictada en el amparo en revisión 362/2017 (expediente auxiliar 617/2017), el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, confirmó la resolución recurrida. III. En acuerdo de veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 237 a 239), se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. IV. Por oficio número 731, de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la presidenta de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo (foja 256) y, al efecto, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha -nueve de noviembre del año en curso- en el toca penal 13/2017, de su índice (fojas 257 vuelta a 261); documental con la cual, en proveído de catorce de noviembre de este año (foja 262 y 263), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que lo hubieren hecho. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que fue confirmada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez (fojas 206 a 236), al resolver el amparo en revisión 362/2017 (expediente auxiliar 617/2017), se establece que la autoridad responsable Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes de Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de la resolución de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 257 vuelta a 261): 1.- Dejó insubsistente el auto de seis de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca penal 13/2017, del índice de la Sala responsable (foja 258). 2.- Emitió un diverso proveído en el cual, atendiendo al segundo efecto de la sentencia dictada en este juicio de amparo, admitió a trámite el incidente de revisión de la medida privativa de libertad personal o prisión preventiva, promovida por los sentenciados 1) Cristal Guadalupe Ruiz Reyes, 2) Luis Enrique Ruiz Reyes y 3) Luis Alberto Sánchez Reyes -aquí quejosos- (foja 259 vuelta). Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ordena devolución de tomo anexo. Toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obra un tomo anexo, correspondiente a la copia certificada del expediente 91/2015 (T.P. 13/2017), del índice del Juzgado Primero Penal del distrito judicial Centro, Oaxaca, que la autoridad responsable, Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, acompañó a su informe justificado (foja 143 y vuelta); en consecuencia, devuélvase la citada documental, toda vez que carece de objeto su permanencia en este órgano jurisdiccional. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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