Luis Fernando Gomez Navarrete

Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Gomez Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que: 1. El expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General. 2. Conservar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, inciso b), del artículo 17, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual, informa lo siguiente: -Que el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, recibió el oficio 8941/2022, proveniente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual contenía el diverso SGA/MOKM/442/2022, con la transcripción de los puntos resolutivos de la sentencia dictada dentro de la Controversia Constitucional 35/2020, donde se determinó declarar la invalidez del Decreto 03 por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California para crear el artículo 294. -Que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, recibió el engrose de la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro de la Controversia Constitucional 35/2020. -Que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, giró oficio 007632 dirigido a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, a efecto de continuar con el proceso de cumplimiento a la ejecutoria de amparo aquí emitida. -Que el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, realizó lo siguiente: -Giró los oficios PCG/384/2023; PCG/385/2023; y, PCG/388/2023 dirigidos al Auditor Superior; Secretario de Hacienda; y, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a efecto de que emitieran una opinión respecto a la viabilidad financiera de la ejecución del haber de retiro para los jueces del Poder Judicial del Estado de Baja California, mediante un estudio actuarial o de viabilidad financiera; y, al último de ellos, le solicitó además, que informara el número de jueces que integran actualmente el Poder Judicial del Estado de Baja California, y que están sujetos al régimen de retiro por edad; y quienes por el régimen de los quince años de servicios prestados. Asimismo, anexa las constancias con la que acredita tal situación, mismas que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos que obran en los archivos de la autoridad responsable. Sin embargo, dichas actuaciones son insuficientes para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues para cumplir con la misma, debe dar la intervención correspondiente al Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, para que éste a su vez, se encuentre en aptitud de presentar opiniones o alegatos que pudieran influir y moldear la conformación de la voluntad parlamentaria, a fin de que la citada norma sea resultado de un ejercicio democrático de deliberación. Cumpliendo además, con lo dispuesto en la controversia constitucional 35/2020, del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó: ".sí era relevante que el Poder Judicial de ese Estado de Baja California pudiera intervenir presentando sus opiniones o alegatos con pretensión de influir y moldear la conformación de la voluntad parlamentaria a fin de que el producto legislativo fuera resultado de un ejercicio democrático de deliberación en el cual, por lo menos, se escucha al representante del Poder Judicial a quien iba dirigida la norma que se pretendía adicionar mediante la iniciativa correspondiente." De lo anterior, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria citada, refiere que el Congreso del Estado de Baja California, previo a legislar debe dar la intervención correspondiente al Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, para que éste a su vez, se encuentre en aptitud de presentar opiniones o alegatos que pudieran influir y moldear la conformación de la voluntad parlamentaria. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, informe los actos que ha realizado al cumplimiento de la ejecutoria dictada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California. Lo que deberá realizar además, siguiendo los lineamientos que estipuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 35/2020, en ejecutoria emitida el quince de noviembre de dos mil veintidós; purgando los vicios del proceso legislativo correspondientes; es decir, darle la intervención al Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, para que esté en aptitud de intervenir en el proceso legislativo, al ser objeto de la norma que se pretendía adicionar mediante la iniciativa correspondiente, a efecto de que presente opiniones; y alegatos que tuvieren la pretensión de influir y moldear la conformación de la voluntad parlamentaria. Lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, y de no demostrar haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California; y, conforme a los lineamientos expuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, para seguir el trámite de la inejecución. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." (Énfasis añadido). Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, el que suscribe KARLOS GONZÁLEZ BAUTISTA, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dejado junto con copia del auto antes mencionado y del oficio y anexo que remite la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, registro 7278, en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica al TERCERO INTERESADO que dice...Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo; esto es, envía copia certificada de lo siguiente 1. Proveído de seis de mayo de dos mil veintitrés, donde dejó sin efectos la fecha y hora fijadas en auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés; y, en su lugar señaló las catorce horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia general dentro del cuaderno preliminar 264/2021, de su índice, respecto a la restitución del bien inmueble solicitado por la víctima (aquí tercero interesado). 2. Constancias de notificación relativas al auto de seis de mayo de dos mil veintitrés. 3. Un disco versátil digital (DVD), que contiene audiencia de quince de mayo de dos mil veintitrés, celebrada dentro del cuaderno preliminar 264/2021; número único de caso 01-2021-09552, donde se resolvió lo siguiente "Se niega la restitución del bien inmueble ubicado en predio kilómetro 99, carretera Tijuana-Ensenada, Zona Playitas de esta ciudad, con superficie de 292.56 metros cuadrados, debiendo quedar la situación del bien inmueble en mención en el mismo estado en el que se encontraba antes de la audiencia de fecha doce de noviembre del año de dos mil veintiuno." Ahora, visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el disco versátil digital, enviado por la autoridad responsable contiene el registro audiovisual de la audiencia general celebrada a las catorce horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cuaderno preliminar 264/2021; número único de caso 01-2021- 09552, del índice Juez de Control del Estado de Baja California, que se instruye en contra de *** por el delito de despojo; donde estuvieron presentes *** Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California; Irais Cervantes Sifuentes, Agente del Ministerio Público; César Romero Santos Díaz y Luis Guillermo Flores, asesores jurídicos y representantes de la ofendida Guadalupe Garmiño Esquerra; Carlos Roberto González Castro, abogado particular; así como el imputado Eli Oviedo Díaz. Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; y, se deja a disposición en esta Secretaría para su reproducción el disco versátil digital enviado por la autoridad responsable para su consulta. Apercibidas que de no consultar el disco de referencia dentro del plazo concedido en el párrafo que antecede y de no hacer manifestación al respecto, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento.

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