Luis Fernando Gómez Navarrete
Expediente 493/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2016
Partes del expediente
- Luis Fernando Gómez Navarrete
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la demanda de amparo, promovida por Luis Fernando Gómez Navarrete, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: Administrador General de Recursos y Servicios, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal;Administrador Central de Apoyo Jurídico, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal; y,Administrador de Ciclo de Capital Humano, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal.Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 493/2016-IIII-A. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, en atención primordialmente a que dicho acto se encuentra vinculado con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en específico, con el artículo 61 de la citada ley, por lo que procede analizar tales aspectos, lo que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado es: "De todas las autoridades se reclama la emisión, notificación y ejecución de la suspensión temporal de los sueldos y salarios, y prestaciones de seguridad social, derivada de la suspensión de los efectos del nombramiento como trabajador de base, misma que fue hecha del conocimiento del suscrito mediante oficio número 300-04-00-00-00-2015-0161, de fecha 09 de Marzo de 2015, la cual fue notificada el 13 de Marzo de 2015." Al respecto, se considera que es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]""Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."De los preceptos transcritos, se obtienen los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, es regla genérica el plazo de quince días hábiles, tomando en consideración las siguientes hipótesis para ser computados: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho plazo, se reputará consentido el acto, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el artículo 17 de la ley de la materia, pues en tal virtud, el plazo será de treinta días e incluso en cualquier tiempo.En el presente asunto, se actualiza la hipótesis señalada en el inciso b), ya que los actos reclamados derivan de un oficio 300-04-00-00-00-2015-0161 de nueve de marzo de dos mil quince, donde se le informó sobre la suspensión de los efectos de su nombramiento como trabajador de base, el cual le fue notificado el trece del mismo mes y año, como lo señala el propio quejoso; por tanto, a partir de esa fecha se considera que el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, ubicándose así en el supuesto señalado en el inciso b) antes transcrito ya que se hizo conocedor de los actos que ahora reclama, de ahí que debe atenderse al supuesto de contar el término para la presentación de la demanda a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.Lo que se corrobora con la manifestación hecha en su escrito de demanda, en el sentido de que fue notificado del acto reclamado el trece de marzo de dos mil quince; manifestación que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa."Por tanto, no se requiere de diversa probanza para tener por cierta la fecha en que el peticionario del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado, sino que se tiene como fecha cierta la de trece de marzo de dos mil quince.Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010, página: 5 de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En tal sentido, si el solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos que reclama, el trece de marzo de dos mil quince, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo indirecto, empezó a contar al día siguiente de aquél en que surtió efectos dicha notificación; es decir, el diecisiete de marzo de dos mil quince. Por tanto, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, ya había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el numeral invocado, los que se deben contar a partir del día siguiente en que el hoy quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, el diecisiete de marzo de dos mil quince, puesto que el dieciséis de marzo surtió sus efectos la notificación, y feneció dicho plazo el siete de abril de dos mil quince, descontándose los días catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de marzo de dos mil quince, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo.En este contexto, si el quejoso presentó su demanda de amparo fuera de los plazos legales, se entiende que consintió tácitamente el acto reclamado en estudio, lo que hace improcedente el juicio constitucional, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que dio origen a este juicio, por considerarse manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Leoncio, número 765, fraccionamiento Villas del Rey II de esta ciudad, y como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Guadalupe Murrieta Lozano. Por lo que respecta a Edgar Gudiño, se le tiene autorizado solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en virtud de que no tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Notifíquese personalmente al quejoso.Así lo proveyó y firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida del Secretario que autoriza y da fe Julio César Bravo Deza, quien certifica que la promoción y el presente acuerdo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/JCBD/cyrr
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